Jon Echeverría rechaza que recordar los crímenes de ETA sea politizar.
El vicesecretario de Organización y Acción Política de Nuevas Generaciones de Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha defendido la necesidad de reforzar entre los jóvenes el conocimiento sobre Miguel Ángel Blanco y la historia criminal de ETA.
“Dos de cada tres jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y creo que la obligación de Nuevas Generaciones es revertir esta ignorancia”, ha afirmado.
Echeverría ha advertido de que el desconocimiento de lo ocurrido durante décadas puede favorecer la manipulación del relato y la pérdida de la memoria democrática. El Ministerio del Interior atribuye a las distintas ramas de ETA el asesinato de 853 personas entre 1968 y 2010.
Memoria frente al olvido
El dirigente juvenil popular ha reivindicado el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular de Ermua secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997.
Su asesinato provocó una movilización social sin precedentes contra el terrorismo y dio origen al denominado Espíritu de Ermua, convertido en símbolo de unidad democrática, dignidad y rechazo a la violencia.
Echeverría ha insistido en que Nuevas Generaciones continuará explicando a los jóvenes quiénes fueron las víctimas, quiénes ejercieron la violencia y qué coste tuvo para España la defensa de la libertad.
Críticas a la normalización política de Bildu
El vicesecretario de NNGG Gipuzkoa ha denunciado lo que considera una normalización política de quienes no han realizado una condena suficientemente clara de la historia de ETA.
También ha recordado que EH Bildu incluyó en sus candidaturas municipales de 2023 a 44 personas condenadas por delitos relacionados con ETA, siete de ellas por asesinato, una circunstancia denunciada entonces por el Partido Popular.
Echeverría ha rechazado que recordar estos antecedentes suponga utilizar políticamente el terrorismo y ha defendido que la verdadera politización consiste en adoptar decisiones sobre los condenados de ETA sin tener en cuenta la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas.
Una deuda con quienes defendieron la libertad
El dirigente popular ha denunciado igualmente los ataques y actos vandálicos sufridos por sedes y representantes del Partido Popular en Euskadi. El PP vasco ha advertido reiteradamente de que este tipo de intimidaciones no pueden normalizarse dentro de una sociedad democrática.
“Tenemos una deuda impagable con todos los que dieron la vida para que hoy disfrutemos de libertad”, ha señalado Echeverría.
En este sentido, ha recordado especialmente a Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, así como al conjunto de los asesinados por ETA, y ha reafirmado el compromiso de Nuevas Generaciones con la transmisión de su legado. El PP vasco mantiene actos y programas específicos para preservar entre los jóvenes la memoria de Ordóñez y del resto de víctimas del terrorismo.
El Partido Popular defiende una memoria basada en la verdad, sin equidistancias y con las víctimas en el centro, para que las nuevas generaciones conozcan el precio que numerosos españoles pagaron por defender la democracia y la libertad.
García Martín: «Esto no es lawfare, esto es Justicia»
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez tras la condena de su hermano, David Sánchez.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
“Ayer conocimos una nueva condena al sanchismo. El hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado e inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante nueve años”, ha señalado García Martín.
El portavoz regional ha asegurado que Sánchez está “políticamente inhabilitado para gobernar” y ha acusado al Ejecutivo de intentar desacreditar las resoluciones judiciales cuando afectan al entorno del presidente.
“Esto no es lawfare, esto es Justicia”, ha recalcado, antes de reclamar que los miembros del Gobierno respeten la sentencia y dejen de atacar a los jueces por realizar su trabajo.
García Martín ha defendido que la resolución constituye “un mensaje de esperanza para la democracia” y demuestra que ninguna persona está por encima de la ley.
“Cualquier presidente decente presentaría hoy mismo su dimisión y convocaría elecciones. Nadie está por encima de la ley, tampoco Pedro Sánchez”, ha concluido.
Eli Vigil recuerda que Podemos denunció la plaza de David Sánchez en 2017.
La secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid y diputada autonómica, Elisa Vigil, ha advertido de la gravedad de los ataques dirigidos contra jueces, magistrados y miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por investigar asuntos relacionados con el entorno del presidente del Gobierno. Vigil fue nombrada secretaria de Comunicación del PP madrileño el pasado 6 de julio.
En declaraciones al programa En boca de todos, Vigil ha defendido que España necesita una Justicia con recursos suficientes y unas instituciones respetadas, con independencia de que las resoluciones judiciales gusten más o menos a los distintos partidos.
“La Justicia necesita medios y lo que necesitamos en este país es respetar las decisiones judiciales”, ha afirmado.
Podemos denunció la plaza en 2017
Vigil ha recordado que fue Podemos quien, en julio de 2017, denunció públicamente la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz que posteriormente fue adjudicado a David Sánchez.
La formación reclamó entonces información sobre las razones para crear la plaza y sobre el procedimiento seguido para cubrirla.
“La memoria en este asunto parece muy cortoplacista. En 2017 fue Podemos quien denunció que se hubiera otorgado la plaza al hermano de Pedro Sánchez”, ha señalado Vigil.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado ahora a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
Defensa de la independencia judicial
La dirigente popular ha calificado de “muy grave” que se trate de desacreditar a los jueces encargados de investigar procedimientos relacionados con personas próximas al Ejecutivo.
Vigil ha rechazado que se clasifique a los magistrados en función de supuestas afinidades políticas y ha recordado que deben ser valorados por sus actuaciones profesionales y por el cumplimiento de la ley.
“Cada juez puede tener la ideología que quiera, pero lo grave es que se está atentando contra el Estado de derecho”, ha subrayado.
También ha denunciado los intentos de elaborar o buscar información destinada a desprestigiar personalmente a jueces y agentes de la UCO que participan en investigaciones judiciales.
“Se está señalando personalmente a los jueces”
Vigil ha asegurado que el debate político ha superado los límites razonables cuando se señala públicamente a los responsables de instruir causas judiciales.
“A mí me parece dantesco que se ataque a una jueza por estar instruyendo el caso del hermano de Sánchez”, ha afirmado.
La secretaria de Comunicación del PP de Madrid ha señalado que no conoce personalmente a ninguno de los jueces que intervienen en estos procedimientos y ha rechazado que las discrepancias con sus decisiones justifiquen acusaciones de amiguismo o parcialidad.
Más medios y respeto institucional
Elisa Vigil ha defendido que cualquier resolución judicial puede ser recurrida mediante los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico, pero no debe responderse mediante ataques personales o campañas de descrédito.
El Partido Popular defiende reforzar los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, garantizar la independencia de jueces y fiscales y proteger el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Vigil ha reclamado al Gobierno que abandone la confrontación con las instituciones y respete la separación de poderes como garantía fundamental de cualquier democracia.
José Antonio Sánchez: «Puebla de la Sierra recibe 1,1 millones para vivienda y servicios públicos»
El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha visitado junto al alcalde de Puebla de la Sierra, Pedro Bautista Sánchez Núñez, las actuaciones financiadas por el Gobierno regional para mejorar los servicios públicos y favorecer el desarrollo del municipio.
La inversión asciende a 1.098.613 euros e incluye el Centro de Usos Polivalentes, con 259.289 euros; la mejora de edificios municipales, con 133.918 euros; actuaciones de embellecimiento urbano, con 99.985 euros; tres viviendas municipales de alquiler asequible, con 499.971 euros, y un almacén de servicios, con 105.450 euros.
Sánchez ha destacado que estas actuaciones permitirán mejorar las infraestructuras, facilitar el acceso a la vivienda, generar oportunidades económicas y atraer nuevos vecinos.
“Comunidad de Madrid y Ayuntamiento trabajamos juntos para crear mejores infraestructuras y servicios públicos para quienes viven aquí y para quienes quieran venir a vivir”, ha señalado.
Marifran Carazo: «La transformación de la avenida Don Bosco comienza a hacerse visible»
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que las obras de transformación de la avenida Don Bosco avanzan según lo previsto y comienzan a hacerse visibles.
Tras completar las infraestructuras de saneamiento, los trabajos entran ahora en la fase de instalación de nuevos pavimentos, mejora del paseo central, ampliación del arbolado y renovación del alumbrado con tecnología LED.
“La transformación de la avenida Don Bosco avanza según lo previsto”, ha señalado Carazo.
El Ayuntamiento impulsa así una avenida más accesible, moderna, verde y adaptada a las necesidades de los vecinos del Zaidín.
David Muñoz: «La Comunidad Valenciana afronta nuevos retos demográficos y de seguridad»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, David Muñoz, ha presentado las enmiendas de la formación a los Presupuestos de la Generalitat para 2026 en materia de seguridad y emergencias.
VOX propone que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias analice la relación entre los cambios sociodemográficos, la concentración de población en entornos urbanos y la evolución de la delincuencia.
Muñoz ha defendido la necesidad de disponer de «datos objetivos» para diseñar políticas de seguridad y ha reclamado dejar atrás, según sus palabras, la «corrección política» en el debate sobre inmigración y criminalidad.
Protocolos contra bandas y más coordinación policial
Las enmiendas incluyen la creación de protocolos específicos frente a bandas juveniles y grupos organizados, así como una mayor coordinación entre las policías locales y el resto de las administraciones.
VOX también plantea reforzar el control administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda, perseguir el fraude en el padrón municipal y combatir la ocupación ilegal.
Según los datos citados por Muñoz, las personas extranjeras representan cerca del 20% de la población de la Comunidad Valenciana. El diputado sostiene que el crecimiento demográfico y la presión migratoria deben analizarse junto con las preocupaciones de los vecinos sobre la seguridad.
«Queremos datos objetivos para saber qué está pasando y cómo debemos actuar», ha afirmado.
Muñoz ha concluido que las propuestas de VOX buscan proteger los barrios frente a la violencia, la masificación y la delincuencia, al tiempo que se refuerzan los medios y las infraestructuras de los servicios de emergencias.
Alfonso Serrano pide máxima transparencia sobre nacionalidad, padrón y censo electoral.
El secretario general del Partido Popular de Madrid y senador, Alfonso Serrano, ha exigido al Gobierno de España que facilite toda la información relacionada con la concesión de la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática.
Serrano ha defendido que el debate terminaría rápidamente si el Ejecutivo actuara “correctamente y con transparencia” y respondiera a las preguntas formuladas por el Partido Popular.
“Si se diera toda la información que reclama la ciudadanía y que estamos solicitando los partidos políticos, el debate se acabaría enseguida. El Gobierno lo tiene muy fácil”, ha afirmado.
Alfonso Serrano ocupa la Secretaría General del PP de Madrid y es senador designado por la Asamblea de Madrid.
Críticas a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática
El dirigente popular ha cuestionado la forma en la que se incorporó y posteriormente se aplicó el procedimiento de acceso a la nacionalidad incluido en la Ley de Memoria Democrática.
Serrano considera que se ha realizado una interpretación “sesgada e interesada” que habría ampliado considerablemente el número de posibles beneficiarios, por lo que reclama conocer los expedientes tramitados, las nacionalidades concedidas y los criterios utilizados por las oficinas consulares.
La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 reconoce el derecho de opción a determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero, incluidos hijos y nietos en los supuestos establecidos por la norma. El plazo de presentación de solicitudes finalizó en octubre de 2025.
Nacionalidad y participación electoral
Serrano ha advertido de que la adquisición de la nacionalidad española no solo supone asumir los derechos y obligaciones correspondientes, sino que también puede permitir la participación en procesos electorales.
Por ello, ha pedido al Gobierno que detalle cómo se están incorporando los nuevos ciudadanos al Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero y al censo electoral.
El PERE se configura mediante los registros de matrícula de las oficinas consulares e incluye, entre otros datos, el municipio español de inscripción a efectos electorales. El Instituto Nacional de Estadística publica además las cifras del Censo Electoral de Residentes Ausentes por provincias, municipios, países y consulados.
“Esto no tiene nada que ver con el racismo”
El secretario general del PP madrileño ha rechazado que sus críticas tengan una motivación racista y ha situado el debate en la transparencia, la igualdad de criterios y la vinculación efectiva con España.
Serrano ha comparado la situación con la de extranjeros que llevan diez o quince años residiendo en ciudades españolas y que, al no contar con la nacionalidad, no pueden participar en determinadas elecciones.
Frente a ello, ha cuestionado que personas nacidas y residentes siempre fuera de España puedan acceder a la nacionalidad y quedar vinculadas electoralmente a un municipio sin que el Gobierno explique públicamente los criterios empleados.
El PP reclama cifras y respuestas
Alfonso Serrano ha insistido en que corresponde al Ejecutivo despejar cualquier duda mediante la publicación de datos completos y la contestación de las iniciativas parlamentarias registradas.
“Si lo que estoy diciendo es falso, el Gobierno lo tiene muy fácil para demostrarlo: que responda a todas las preguntas que ha planteado el Partido Popular”, ha señalado.
El Partido Popular defiende que la concesión de la nacionalidad española debe realizarse con seguridad jurídica, controles suficientes y máxima transparencia, garantizando tanto los derechos de los solicitantes como la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Arroyo exige recuperar la conexión ferroviaria directa entre Cartagena y Madrid.
La presidenta del Partido Popular de Cartagena y alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y el senador del Partido Popular Francisco Bernabé han denunciado que las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de España agravan el aislamiento ferroviario de Cartagena y perjudican las posibilidades de crecimiento industrial, logístico y económico del municipio.
En la rueda de prensa también han participado los senadores Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga, así como el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Contratación del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés.
Arroyo denuncia tres nuevos agravios ferroviarios
Noelia Arroyo ha asegurado que el Ministerio de Transportes responde “con silencio y nuevas decisiones que empeoran nuestra situación” a las reclamaciones institucionales planteadas desde Cartagena.
La alcaldesa ha identificado tres actuaciones que, según ha denunciado, incrementan el aislamiento ferroviario de la ciudad: la conexión de las mercancías con el Corredor Mediterráneo mediante un ramal en Alicante, la prórroga del actual contrato ferroviario entre Cartagena y Murcia y el mantenimiento del cierre de la línea directa con Madrid.
“Un corredor de segunda” para Cartagena
Arroyo ha criticado que el Ministerio pretenda conectar los tráficos de mercancías de Cartagena con el Corredor Mediterráneo a través de Alicante.
A su juicio, esta solución configura “un corredor de segunda”, puesto que al norte de Alicante se proyectan plataformas diferenciadas para viajeros y mercancías, mientras que al sur ambos tráficos compartirían una única infraestructura.
La alcaldesa ha lamentado que el Ayuntamiento conociera esta decisión a través de los medios de comunicación y no directamente por el Ministerio, pese a las consecuencias que puede tener para el Puerto de Cartagena, Escombreras, la futura Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos y el conjunto de la actividad industrial y logística.
Críticas a la prórroga del servicio Cartagena-Murcia
Como segundo agravio, Arroyo ha señalado la decisión del Consejo de Ministros de prolongar durante tres años el actual modelo de servicio ferroviario entre Cartagena y Murcia.
El Ayuntamiento ya había denunciado que esta prórroga consolida un servicio considerado insuficiente y mantiene el aislamiento ferroviario sin ofrecer avances hacia una conexión moderna entre ambas ciudades.
La alcaldesa considera que esta decisión perjudica a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales del transporte público, al renunciar a modernizar una de las conexiones ferroviarias más importantes de la Región de Murcia.
Más de cuatro años sin tren directo a Madrid
Arroyo ha denunciado también que la línea ferroviaria directa entre Cartagena y Madrid permanece cerrada más de cuatro años después de su interrupción.
La regidora ha recordado que el corte fue anunciado inicialmente por un periodo de dos años, pero los compromisos de reapertura se han aplazado sucesivamente.
“No abrirla en el plazo prometido también es una decisión”, ha afirmado.
La alcaldesa ha reiterado la propuesta elaborada por el Ayuntamiento y la Cátedra de Movilidad Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena para recuperar provisionalmente la conexión directa mediante trenes híbridos mientras concluyen las obras necesarias para la llegada de la alta velocidad.
Consecuencias para el Puerto, la ZAL y la industria
Arroyo ha advertido de que el aislamiento ferroviario reduce la competitividad del Puerto de Cartagena y dificulta el desarrollo de proyectos estratégicos.
Entre las iniciativas afectadas ha citado la nueva terminal de contenedores de Barlomar, la ZAL de Los Camachos, las instalaciones industriales de Escombreras y proyectos relacionados con el ámbito de la defensa como CAETRA.
También ha reprochado al Ministerio que no haya respondido a la carta remitida por el Ayuntamiento para solicitar una reunión ni a las iniciativas promovidas por el Pleno municipal, los alcaldes de Cartagena, Madrid y Albacete y las cámaras de comercio de la Región de Murcia.