Actualidad Política

10 de noviembre de 2026

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El concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Popular, Carlos Izquierdo, ha defendido la estrategia marcada por Alberto Núñez Feijóo ante la situación política nacional y ha asegurado que el objetivo del Partido Popular es lograr un cambio de Gobierno definitivo, eficaz y respaldado por una mayoría suficiente.

Izquierdo ha afirmado que nadie está trabajando más que el presidente nacional del Partido Popular para construir una alternativa al actual Ejecutivo y abrir una nueva etapa política en España.

“No conozco a una persona que esté trabajando más para relevar a Pedro Sánchez que Alberto Núñez Feijóo”, ha señalado.

El portavoz popular ha explicado que, aunque muchos ciudadanos desean un cambio inmediato, las decisiones políticas deben adoptarse desde la responsabilidad y el sentido común.

“Una cosa es lo que nos pide el cuerpo y otra lo que nos pide la cabeza. Las mociones de censura solo se presentan para ganarlas”, ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que impulsar una moción de censura sin los apoyos parlamentarios suficientes solo serviría para reforzar políticamente al actual presidente del Gobierno.

“Si una moción no sale adelante, quien termina fortalecido es precisamente aquel al que se pretendía sustituir”, ha destacado.

Carlos Izquierdo ha señalado que la actual aritmética parlamentaria hace inviable una mayoría alternativa en estos momentos, debido a la posición de algunos socios parlamentarios que continúan sosteniendo al Ejecutivo.

A su juicio, el Partido Popular está actuando con responsabilidad al priorizar una estrategia que permita construir una mayoría sólida capaz de garantizar un cambio político estable y duradero.

“El objetivo es que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno, pero hacerlo de forma definitiva y con una alternativa capaz de gobernar España”, ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que los españoles no pueden seguir soportando una situación de bloqueo político permanente y ha defendido la necesidad de ofrecer una alternativa basada en la estabilidad institucional, la gestión y la confianza.

Por último, ha reivindicado el trabajo que está desarrollando el Partido Popular para articular una mayoría suficiente que permita abrir una nueva etapa política en España y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Las Cortes de Aragón han aprobado una iniciativa del Partido Popular para reclamar al Gobierno de España el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 por el Ministerio de Educación para financiar con 200 millones de euros el Plan de Adaptación Climática de los centros educativos.

La propuesta, defendida por la portavoz de Educación del PP en las Cortes de Aragón, Silvia Casas, ha salido adelante pese a la abstención del PSOE, una posición que los populares consideran contradictoria al tratarse de un compromiso anunciado en su día por Pilar Alegría cuando ocupaba la cartera de Educación.

Casas ha criticado que, cuatro años después del anuncio realizado por el Ministerio, los fondos comprometidos continúen sin llegar a las comunidades autónomas.

“El compromiso existió, el dinero se anunció y se cuantificó, pero cuatro años después seguimos sin noticias de esos 200 millones de euros”, ha señalado.

La portavoz popular ha lamentado la falta de avances en un proyecto que debía servir para adaptar los centros educativos a las nuevas condiciones climáticas y mejorar el bienestar de alumnos y docentes.

Asimismo, ha reprochado al PSOE su abstención en una iniciativa que reclama el cumplimiento de un compromiso adquirido por quien hoy lidera el socialismo aragonés.

“Resulta incomprensible que el PSOE ni siquiera respalde aquello que anunció y prometió cuando estaba al frente del Ministerio de Educación”, ha afirmado.

La iniciativa aprobada también reclama que el asunto sea incluido en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Educación para conocer el estado real del plan, el calendario previsto y los mecanismos de financiación destinados a las comunidades autónomas.

Silvia Casas ha defendido que la mejora de las infraestructuras educativas debe ser una prioridad y ha recordado que Aragón continúa avanzando en la modernización de sus centros mientras espera los recursos comprometidos por el Gobierno central.

Por último, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas y garantice la financiación necesaria para adaptar los centros educativos a los desafíos climáticos del futuro.

El Partido Popular de Galicia ha denunciado el nuevo perjuicio que el Gobierno de Pedro Sánchez causa a Galicia tras decidir eliminar los convenios que permitían a numerosos ayuntamientos colaborar con el Programa de Turismo del Imserso, facilitando la reserva de plazas y la atención personalizada a las personas mayores.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha criticado una decisión adoptada de forma unilateral y sin diálogo con los municipios afectados, que obligará a miles de mayores a gestionar sus viajes exclusivamente por internet o a través de agencias de viajes, eliminando un servicio de proximidad que llevaba décadas funcionando con éxito.

“Estamos ante un nuevo castigo a Galicia y, especialmente, al medio rural y a las personas mayores, que son quienes más dificultades tienen para afrontar trámites digitales”, ha afirmado.

Prado ha realizado estas declaraciones en Lalín junto al alcalde y senador José Crespo, así como representantes de otros municipios afectados, donde ha reivindicado el derecho de los mayores a recibir una atención cercana, personalizada y adaptada a sus necesidades.

La dirigente popular ha asegurado que el PPdeG llevará esta reivindicación a todas las instituciones y continuará defendiendo la recuperación de un servicio que facilitaba la participación de miles de gallegos en los programas turísticos del Imserso.

Por su parte, José Crespo ha lamentado que el Gobierno central elimine un sistema que permitía resolver dudas, organizar grupos y ayudar a las personas con mayores dificultades de movilidad, acceso digital o gestión administrativa.

“El Ayuntamiento ofrecía mucho más que información; prestaba un servicio de acompañamiento y cercanía fundamental para muchos mayores”, ha señalado.

El PPdeG considera que esta decisión incrementará la brecha digital, dificultará el acceso de los mayores a los programas del Imserso y supondrá una nueva pérdida de servicios para los municipios rurales.

Asimismo, Paula Prado ha reprochado al BNG su falta de reacción ante una medida que perjudica directamente a Galicia y ha lamentado que los nacionalistas continúen respaldando las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez incluso cuando afectan negativamente a los gallegos.

Por último, los populares han reafirmado su compromiso con la defensa del medio rural, de las personas mayores y de unos servicios públicos cercanos que garanticen igualdad de oportunidades independientemente del lugar de residencia.

La diputada autonómica y portavoz de Ganadería del Partido Popular de Cantabria, Belén Ceballos, ha puesto en valor la entrada en vigor del nuevo Plan de Recría 2026-2028, una iniciativa impulsada por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que contará con una inversión de 9 millones de euros destinada a reforzar el futuro del sector ganadero de la comunidad autónoma.

Ceballos ha destacado que este nuevo plan responde a un compromiso adquirido por la presidenta cántabra con los profesionales del sector y ha recordado que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca trabaja desde abril de 2024 de manera coordinada con los ganaderos para dar respuesta a sus demandas.

“Buruaga cumple su compromiso con los ganaderos. Este plan era una petición del sector y hoy es una realidad que refuerza el presente y el futuro de nuestras explotaciones”, ha afirmado.

La portavoz popular ha explicado que podrán beneficiarse de estas ayudas las explotaciones destinadas a la producción y reproducción de ganado bovino, equino, ovino y caprino, siempre que los animales estén inscritos en los correspondientes libros genealógicos.

Las ayudas cubrirán hasta un máximo de 30 animales por titular y contemplan importes que oscilarán entre los 100 y los 400 euros por ejemplar, con especial atención a las razas autóctonas más amenazadas como la Pasiega, Monchina, Tudanca y Parda de Montaña.

Ceballos ha subrayado que el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector ganadero no termina con la aprobación de este programa y ha avanzado que el Gobierno regional ya trabaja en nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la actividad ganadera.

Entre ellas, ha destacado el futuro Plan de Fomento de la Carne, orientado a impulsar y promocionar la calidad de la producción cárnica cántabra, así como el diseño de un nuevo plan específico para el sector lácteo.

“El sector ganadero es clave para Cantabria, para su economía y para la conservación del medio rural. Es un motor económico y social imprescindible para muchos municipios de nuestra comunidad”, ha señalado.

Por último, la diputada popular ha reiterado que el Gobierno de Buruaga mantiene una apuesta firme por el campo cántabro y por garantizar la rentabilidad y el relevo generacional en las explotaciones ganaderas.

Las Cortes de Aragón han aprobado una iniciativa del Partido Popular para reprobar el uso que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho de su condición de expresidente del Gobierno y exigir explicaciones sobre las informaciones que le afectan, así como reclamar responsabilidades políticas ante el deterioro de la imagen institucional de España.

La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha defendido la iniciativa y ha asegurado que la situación que rodea al expresidente socialista “no es un caso más”.

“Estamos hablando de un expresidente del Gobierno de España. Ha arrastrado la dignidad del cargo por el fango y la indignidad”, ha afirmado.

Allué ha lamentado el impacto que estas informaciones están teniendo sobre la imagen internacional de España y ha acusado al PSOE de utilizar las instituciones para protegerse de las consecuencias políticas de los escándalos que afectan a dirigentes socialistas.

La dirigente popular ha reclamado al PSOE aragonés que abandone el silencio y exija responsabilidades políticas a la dirección nacional de su partido.

“Salgan de su burbuja, miren a su alrededor, lean la prensa internacional y exijan elecciones generales”, ha señalado.

La iniciativa aprobada por las Cortes de Aragón condena el perjuicio causado a la imagen de España y de sus instituciones y reclama explicaciones sobre los hechos que están siendo objeto de investigación.

Asimismo, insta a asumir responsabilidades políticas por el deterioro de la confianza institucional durante la presente legislatura y plantea la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse democráticamente sobre la situación política del país.

Elena Allué ha defendido que la regeneración institucional y la recuperación de la confianza de los ciudadanos deben ser prioridades absolutas para garantizar el prestigio de las instituciones democráticas.

Por último, ha insistido en que España necesita recuperar la credibilidad y la estabilidad política mediante un nuevo mandato que permita abrir una etapa de mayor transparencia y responsabilidad pública.

El Partido Popular de Torrelavega ha anunciado su apoyo a la movilización vecinal convocada este viernes en la Avenida del Besaya para protestar por la gestión de las zonas verdes y el arbolado urbano llevada a cabo por el equipo de gobierno PRC-PSOE.

La concejal del PP, Lucía Montes, ha lamentado que regionalistas y socialistas vuelvan a actuar “tarde y mal” en cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad y ha recordado que su grupo lleva meses reclamando labores de poda y conservación en distintos puntos del municipio.

“Durante meses hemos solicitado actuaciones de mantenimiento en el arbolado urbano sin obtener respuesta. Ahora nos encontramos con una poda masiva y agresiva que genera preocupación entre vecinos y colectivos”, ha señalado.

Montes ha criticado que estas actuaciones se estén desarrollando en una época especialmente sensible para la fauna urbana debido a la presencia de nidos ya asentados, lo que ha incrementado el malestar ciudadano.

La edil popular ha asegurado que el Partido Popular respaldará la concentración vecinal en defensa de una gestión más responsable, transparente y consensuada de las zonas verdes de la ciudad.

“Nos sumamos a esta movilización ante la imposición y la falta de escucha que está demostrando el equipo de gobierno. Los vecinos merecen ser escuchados y participar en las decisiones que afectan a su entorno”, ha afirmado.

Asimismo, ha denunciado que la actitud del Ejecutivo local hacia la oposición se reproduce también en su relación con los ciudadanos.

“El mismo ninguneo que sufren los grupos de la oposición lo están sufriendo los vecinos de Torrelavega. La gestión de las zonas verdes es un ejemplo más de la falta de planificación y de proyecto para la ciudad”, ha añadido.

Por último, el Partido Popular ha reiterado su compromiso con una política medioambiental basada en el diálogo, la planificación y el respeto al entorno urbano, apostando por actuaciones de mantenimiento adecuadas y consensuadas con los vecinos.

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha reclamado al PNV que aclare públicamente las informaciones que relacionan a la exmilitante socialista Leire Díez con dirigentes y entornos vinculados al nacionalismo vasco, y ha lamentado el silencio que, a su juicio, mantiene la formación jeltzale ante las últimas revelaciones conocidas.

A su llegada al Parlamento Vasco, De Andrés ha asegurado que echa de menos una posición clara del PNV para desvincularse de las actuaciones y manifestaciones atribuidas a Leire Díez, conocida en los últimos días por las informaciones que la sitúan en el centro de diversas polémicas políticas.

El líder popular ha recordado que distintas informaciones públicas han señalado supuestas referencias de Leire Díez al PNV en conversaciones y gestiones relacionadas con empresarios y terceros interlocutores.

“Echo de menos que el PNV se pronuncie desligándose de Leire Díez y aclarando a la opinión pública si existía algún tipo de relación o si hablaba en su nombre con algún fundamento”, ha señalado.

De Andrés ha destacado además que el propio entorno socialista ha realizado manifestaciones que vinculan a determinados empresarios relacionados con el caso con las relaciones políticas entre PSOE y PNV, por lo que considera necesario que los nacionalistas ofrezcan explicaciones.

Asimismo, ha subrayado que distintas informaciones periodísticas apuntan a posibles referencias al PNV en las agendas y contactos atribuidos a Leire Díez, lo que, a su juicio, incrementa la necesidad de transparencia.

“El silencio no ayuda a despejar dudas cuando aparecen reiteradamente referencias al PNV en este asunto”, ha afirmado.

El presidente del PP vasco ha defendido que los ciudadanos merecen conocer toda la información relacionada con posibles actuaciones que afecten a la credibilidad institucional y a la confianza pública.

Por último, ha pedido al PNV que aclare de manera inequívoca si existió algún tipo de interlocución o actuación realizada por Leire Díez en nombre de la formación nacionalista y que contribuya a disipar cualquier duda sobre este asunto.

El Grupo Parlamentario Popular ha logrado sacar adelante en el Pleno de la Asamblea una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de España a reforzar la legalidad en la ejecución de las penas por terrorismo, fortalecer el control judicial sobre los beneficios penitenciarios y ampliar la protección de los derechos de las víctimas.

La iniciativa parte de la necesidad de corregir determinadas disfunciones en el sistema de ejecución penal que afectan especialmente a los delitos de terrorismo y plantea una reforma integral de la normativa vigente para garantizar el cumplimiento efectivo de las penas y el respeto a las víctimas.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Daniel Portero, encargado de defender la propuesta, ha reclamado una revisión de los mecanismos que permiten la concesión de beneficios penitenciarios sin que exista una colaboración efectiva con la Justicia ni una desvinculación real del entorno terrorista.

“No puede ser que baste una declaración genérica de arrepentimiento cuando todavía quedan cientos de asesinatos sin resolver y las víctimas siguen esperando verdad y justicia”, ha señalado.

Entre las medidas aprobadas, el PP propone modificar el artículo 90.8 del Código Penal para reforzar los requisitos exigibles para acceder a la libertad condicional en delitos de terrorismo, estableciendo expresamente la necesidad de una colaboración real, efectiva y verificable con la Justicia.

Asimismo, la iniciativa plantea reformar el artículo 72.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para exigir la validación judicial previa de determinadas progresiones de grado y reforzar las garantías legales en la ejecución de las penas.

Los populares también reclaman cambios en la regulación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para garantizar que esta figura mantenga un carácter estrictamente excepcional y cuente con mayores controles jurídicos.

Además, la propuesta contempla reforzar el papel del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad en la fase de ejecución penal y ampliar los derechos de participación e información de las víctimas en los procedimientos que afecten al cumplimiento de las condenas.

El texto aprobado solicita igualmente que se garantice el cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de terrorismo antes de acceder a determinados beneficios penitenciarios.

Daniel Portero ha defendido que la protección de las víctimas, el respeto al Estado de derecho y el cumplimiento efectivo de las penas deben seguir siendo principios irrenunciables en cualquier política penitenciaria.

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