Actualidad Política

7 de noviembre de 2026

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El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el respaldo unánime de todos los presidentes autonómicos del PP a la excepcionalidad valenciana derivada de la dana, en el marco del frente común en defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica justo, solidario y acordado entre todas las comunidades.

Pérez Llorca ha realizado esta valoración tras el encuentro celebrado en Zaragoza por los presidentes autonómicos del Partido Popular en el que han firmado junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la llamada ‘Declaración de Zaragoza’: un manifiesto que fija una posición común en defensa de un sistema de financiación justo, solidario y alejado de privilegios.

“Estoy muy satisfecho de ver que contamos con el apoyo de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular para trabajar por lo que nos corresponde a todos los valencianos”, ha señalado. En este sentido, ha subrayado que “todos los presidentes autonómicos han apostado por que exista una excepcionalidad por el tema de la dana”, algo que, a su juicio, “demuestra el compromiso del presidente Feijóo y de todo el PP con la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”.

El líder del PPCV ha insistido en que el objetivo es “un sistema que respete también nuestra autonomía fiscal”, y ha criticado que “los independentistas pretendan decirnos qué tenemos que hacer en nuestra economía y en nuestra hacienda”. Asimismo, ha advertido de que el modelo que plantean Oriol Junqueras y Pedro Sánchez “supone que impuestos que hemos eliminado en la Comunitat Valenciana, como el impuesto de sucesiones o las bajadas del IRPF, tendrían que volver a implantarse”.

“Mientras existan estas condiciones, el Partido Popular no va a negociar nada”, ha remarcado Pérez Llorca, quien ha dejado claro que “otra cosa distinta es que se plantee un sistema de financiación justo, con todos sentados en una mesa”. “Ahí sí habrá diálogo y negociación”, ha añadido, rechazando “los pactos en despachos cerrados, los acuerdos secretos y los privilegios para unos a costa de castigos para otros”.

En el mismo acto, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la ‘Declaración de Zaragoza’ “podría ser suscrita por todos los presidentes autonómicos de España” y ha acusado al Gobierno de Sánchez de “usar a los catalanes y mentirles”, al señalar que “esto no va de Cataluña, va de poder”. “Es una transacción con los separatistas para seguir en La Moncloa”, ha afirmado.

Feijóo ha cuestionado que Sánchez pacte la financiación con Junqueras y no con el president catalán, y ha recordado que “el sistema actual es el que ya pactaron en 2009 el PSOE y ERC y no ha funcionado”. “El mismo camino lleva a los mismos resultados”, ha advertido, defendiendo que “el sitio de Cataluña está en la mesa en la que nos sentamos todos”. El líder del PP se ha comprometido a impulsar “un modelo de financiación justo, transparente y para todos los españoles”, con grupos de trabajo técnicos y políticos, y a acordar un nuevo modelo con todas las comunidades antes de llevarlo a las Cortes en el primer año de gobierno.

Realidad incuestionable de la infrafinanciación

Pérez Llorca ha subrayado que la ‘Declaración de Zaragoza’ es beneficiosa para la Comunitat Valenciana porque “sienta las bases del modelo que merecen y necesitan valencianos, castellonenses y alicantinos”, al devolver el debate al marco constitucional y multilateral. “La financiación es de las personas y no de los territorios, y lo que es de todos debe decidirse entre todos, no mediante pactos bilaterales condicionados por el independentismo”, ha recalcado.

Además, el acuerdo reconoce una realidad “incuestionable”: que la Comunitat Valenciana es la peor financiada del sistema actual, una infrafinanciación estructural agravada por la dana, lo que refuerza la necesidad de contemplar una excepcionalidad para nuestro territorio “desde la igualdad y sin privilegios”. El Partido Popular se compromete, además, a aprobar un nuevo sistema de financiación en el plazo de un año desde su llegada al Gobierno y a activar un fondo transitorio mientras se culmina la reforma.

El modelo defendido por el PP apuesta por ser “más simple, más transparente y centrado en la población y en las necesidades reales de gasto”, sin subir impuestos ni recuperar figuras ya eliminadas en la Comunitat Valenciana, como el impuesto a la muerte, y respetando la autonomía fiscal. “La financiación autonómica no puede ser moneda de cambio política y debe garantizar, desde la Constitución, la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos”, ha concluido Pérez Llorca.

“Mi obligación y mi vocación están claras: defender a los valencianos. Y eso pasa por exigir una solución inmediata a la infrafinanciación y por no apoyar un modelo que divide, discrimina y no resuelve nada”.

 La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Verónica Marcos ha denunciado que “el PSPV solo se acerca a las víctimas cuando cree que puede sacar rédito político, pero las abandona cuando se trata de ayudar de verdad, empatizar con ellas o investigar lo ocurrido bajo su responsabilidad”. Marcos ha reaccionado así a la actitud mostrada por el alcalde de Mislata y secretario general de los socialistas en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ante la investigación del trágico accidente sucedido en su localidad hace cuatro años.

La parlamentaria popular ha considerado “demoledor” el testimonio de los padres de una de las niñas fallecidas, ya que desmonta públicamente el relato sostenido por el alcalde socialista. “Lo que hemos visto no es una crítica política, es una acusación moral”, ha subrayado Marcos. “Son unos padres destrozados los que acusan directamente al alcalde de mentir sobre algo tan básico como haber hablado con ellos. Y eso es gravísimo”.

La diputada del GPP ha señalado además como “especialmente indignante” la actitud mostrada por Bielsa ante las cámaras al presumir de no haber sido citado a declarar, pese a ser el máximo responsable municipal en el momento de los hechos. “Esa forma de decir ‘no me han investigado’ no es una defensa, es una actitud chulesca e impropia de un alcalde ante la muerte de dos niñas”, ha denunciado.

Marcos ha recordado que Bielsa aseguró públicamente que había hablado “mucho” con las familias de las menores fallecidas, una afirmación que los padres de Vera han desmentido de manera rotunda. “Ni una llamada. Solo una carta fría y burocrática”, ha lamentado.

En su opinión “lo más grave no es solo la mentira, sino la falta absoluta de empatía y la utilización del dolor ajeno para protegerse políticamente”. “Cuando toca construir un relato público, el PSPV dice estar al lado de las víctimas. Pero cuando toca dar explicaciones, asumir responsabilidades o esclarecer qué falló en una feria que no era segura, se esconden”, ha afirmado.

Un comportamiento que, según Marcos, es habitual en el PSOE cuando se trata de utilizar las desgracias ajenas en beneficio político propio, y que “ya hemos visto en los últimos meses con las personas afectadas por la dana” de octubre de 2024. “Lo mínimo que merecen las víctimas es respeto, verdad y que se investigue hasta el final todo lo ocurrido, sin actitudes arrogantes ni excusas”, ha concluido.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire el sistema de financiación autonómica pactado con el separatismo y que revierta “las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el independentismo”, con el fin de reiniciar el proceso desde el principio en los foros comunes, que es donde debe negociarse.

Feijóo ha criticado duramente que el PSOE “le quite recursos al Estado porque se lo pide Oriol Junqueras, pero luego le pida al PP que se haga cargo de la factura y apoye al Estado”. “No se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo”, ha sentenciado.

El presidente del PP ha reiterado su compromiso de impulsar un modelo de financiación autonómica justo, transparente y pensado para todos los españoles, subrayando que “el dinero de todos se reparte entre todos”. En este sentido, ha anunciado que en su primer mes como presidente del Gobierno convocará una Conferencia de Presidentes monográfica sobre financiación, retomará los grupos técnicos de trabajo con todas las comunidades y dedicará el primer año de mandato a consensuar un nuevo modelo antes de llevarlo a las Cortes Generales.

Feijóo ha advertido de que cualquier acuerdo en esta materia deberá respetar los principios recogidos en la Declaración de Zaragoza y ha dejado claro que el Partido Popular “no suscribirá ningún acuerdo que promueva la desigualdad entre españoles, imponga privilegios de unos sobre otros o establezca particularidades que no estén basadas en hechos objetivos”.

Asimismo, ha instado a Sánchez y a Junqueras a que “dejen de usar y de mentir a los catalanes”, asegurando que “Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa”. En este contexto, ha denunciado que “un inhabilitado por malversar fondos públicos, que no gobierna en ninguna comunidad, sea ungido como ministro de Hacienda del Gobierno”. “Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco el del resto de los españoles”, ha afirmado.

El líder popular ha defendido que el PP “no va a tolerar que se expulse a Cataluña del sitio que le corresponde”, que es una mesa en la que se sientan todas las comunidades. Ha recordado que del acuerdo bilateral nació el actual modelo de financiación, “el mismo que hoy critican quienes lo diseñaron en 2009”, y ha advertido de que “cuando se utiliza el mismo camino, se llega a los mismos resultados”.

Feijóo ha señalado que Sánchez no ha sido capaz de reformar el sistema de financiación en más de siete años porque “se ha equivocado de interlocutor” y porque España “no tiene un presidente del Gobierno libre, sino maniatado por los partidos que le dieron la investidura”.

Además, ha advertido de que “ni el independentismo que ha dilapidado el dinero público ni el Gobierno que lo ha convertido en mordidas” están en condiciones de dar lecciones sobre financiación, y ha subrayado que “no falta más recaudación, sino que sobra la mala gestión de este Gobierno”. “Que el separatismo deje de pedir dinero público para sus embajadas y que los socialistas dejen de destinarlo a sus mordidas”, ha añadido.

Por último, Feijóo ha recalcado que el Partido Popular no renunciará jamás a un proyecto común, destacando que, frente al “desguace del Estado” que impulsa el Gobierno, son las comunidades autónomas las que están sosteniendo una auténtica política de Estado. Ha trasladado tres mensajes “inequívocos” del PP: apoyo firme a Cataluña, defensa de la igualdad de todos los españoles y reivindicación de la política como servicio público.

“En España caben los matices y las diferencias, pero no caben las fronteras internas, ni los chantajes, ni los privilegios”, ha afirmado, preguntándose si Sánchez y Junqueras aceptarían este modelo en la financiación local, en la declaración de la renta o en el funcionamiento de la UE. “Nadie que defienda el progreso puede defender una financiación desigual sin que se le caiga la cara de vergüenza”, ha concluido, calificando la propuesta conocida como la de “un Gobierno a la desesperada”.

El portavoz de Infraestructuras y Transportes del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha afirmado que “Aena arremete contra el aeropuerto de Castellón para tapar su fracaso en la gestión de los aeropuertos regionales y de proximidad”. El diputado del GPP ha denunciado que las críticas del presidente de Aena, Maurici Lucena, “no son casuales ni inocentes”, sino “un intento de desacreditar un modelo que funciona y que deja en evidencia las carencias del sistema que dirige desde Madrid”.

González de Zárate ha respondido así a las descalificaciones “injustas y profundamente desinformadas” del presidente de Aena a esta infraestructura “precisamente el día en que se anuncian sus mejores cifras de crecimiento y la mayor programación de rutas de su historia”.

El diputado popular ha recordado que “la aportación anual de la Generalitat al aeropuerto de Castellón es de 8 millones de euros, muy lejos de las cifras que se repiten interesadamente”. En poco más de 11 años, el aeródromo castellonense “ya supera en número de pasajeros a 18 aeropuertos de la red de Aena y en 2025 ha crecido un 16%, cuadruplicando el crecimiento medio del sistema aeroportuario estatal”, ha explicado el parlamentario popular.

El portavoz del GPP en la materia ha destacado que el aeropuerto de Castellón ha optado por la diversificación, la reducción de gastos y el aumento de ingresos con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, “todo un ejemplo de buena gestión”. En este sentido, ha exigido a Aena que “publique los resultados individualizados de todos sus aeropuertos”, porque “no todos son tan rentables como se pretende vender aunque se repartan dividendos millonarios”.

González de Zárate ha contextualizado estas declaraciones del presidente de Aena en el “abandono sistemático del Gobierno central a las infraestructuras valencianas”. “Resulta llamativo que mientras Aena presume de récords y beneficios cuestionables, los valencianos seguimos esperando las mejoras prometidas en los aeropuertos de Alicante y Valencia”, ha señalado. “Quizá lo que molesta es que una infraestructura gestionada desde la Comunitat Valenciana funcione y dé resultados”, ha concluido.

Cuca Gamarra denuncia colapso, inseguridad jurídica y desprotección de los ciudadanos tras la implantación precipitada de la conocida como ‘Ley Bolaños’

El Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia urgente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el desconcierto, colapso y caos que está provocando la implantación de su Ley de Eficiencia de la Justicia, una reforma que impone un nuevo modelo de organización de los tribunales y cuyos efectos negativos ya habían sido advertidos por el PP y por los profesionales del sector judicial.

La situación se ha agravado tras la implantación obligatoria de la tercera fase de los tribunales de instancia, ejecutada al cierre del año conforme a un calendario “poco realista” y marcado por la precipitación, lo que ha generado graves consecuencias en el funcionamiento de la Justicia. Apenas quince días después, el Partido Popular denuncia un atasco generalizado, así como desconcierto y colapso en los órganos judiciales, fruto de la improvisación y el descontrol absoluto del Gobierno.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que “el Gobierno quería llegar al 1 de enero de 2026 con una foto, aunque le diera igual que la Justicia funcionara”. En este sentido, ha reprochado al ministro Bolaños haber intentado reorganizar la Justicia de espaldas a jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que son quienes sostienen el sistema cada día.

Gamarra ha exigido explicaciones urgentes al ministro de Justicia y que detalle qué medidas piensa adoptar de forma inmediata para corregir los problemas generados por su ley. “Esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa”, ha denunciado.

Bloqueo, inseguridad y desprotección al ciudadano

El Partido Popular lleva meses alertando de la inseguridad jurídica, el bloqueo del sistema, las dificultades entre operadores jurídicos y las disparidades interpretativas que está provocando la implantación de esta norma, con retrasos, disfunciones y vulneraciones de los derechos de los ciudadanos. Todo ello está llevando a situaciones absurdas en materia de reparto, custodia y separación de tareas dentro de los juzgados.

Ya en el mes de octubre, el Grupo Popular impulsó una iniciativa para exigir al Ejecutivo la modificación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el objetivo de evitar que se convirtieran en un nuevo elemento de bloqueo y garantizar unidad de criterios en todo el territorio nacional, mediante protocolos claros, directrices homogéneas y formación específica para los operadores jurídicos.

Más recursos para el sistema judicial

Para Cuca Gamarra, la Ley de Eficiencia Judicial impulsada por Bolaños constituye “otro desastre legislativo del Gobierno” y ha reclamado eliminar obstáculos y reforzar medios para mejorar la Justicia, frente a una legislación que está generando inseguridad jurídica y a un Ejecutivo que no dota al sistema de los recursos humanos y presupuestarios necesarios.

Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno esté pactando y troceando la financiación autonómica con un separatista que ni siquiera gobierna, mientras no ofrece recursos ni acuerdos a las comunidades autónomas para mejorar los servicios públicos esenciales, entre ellos la Justicia, o para paliar la situación crítica de determinados juzgados, como los de violencia contra la mujer.

Precisamente en esta materia, el PP alerta de que la ‘Ley Bolaños’ está teniendo un efecto disuasorio en las víctimas, ya que en muchos casos las mujeres se ven obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros para interponer una denuncia o declarar contra su agresor. Tanto el Partido Popular como asociaciones y profesionales del ámbito judicial han denunciado reiteradamente estos efectos perversos, sin que el ministro haya adoptado medida alguna.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha calificado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la creación de un supuesto fondo soberano como “el último intento para no hacer el ridículo y tener que devolver fondos europeos no ejecutados”.

Según Nadal, se trata de una maniobra de última hora para ganar tiempo y evitar la imagen de fracaso en la gestión de los fondos Next Generation. “Es sencillamente intentar, en la recta final, crear un instrumento que permita no dar una sensación de fracaso total”, ha señalado.

El dirigente popular ha sido contundente al afirmar que los fondos europeos han sido “una de las grandes esperanzas de la economía española y uno de los grandes fracasos del Gobierno socialista”. En su opinión, el Ejecutivo recurre de nuevo a un anuncio grandilocuente “con mucho humo” para evitar la “imagen deplorable de tener que devolver los fondos europeos”.

“Cuando uno gestiona tan mal los fondos que está en riesgo de devolverlos, se saca un conejo de la chistera en el último momento. Básicamente, eso es lo que ha planteado el Gobierno”, ha añadido.

Alberto Nadal ha aclarado que lo anunciado no puede considerarse un fondo soberano, ya que no responde al modelo de países como Noruega, Chile o los estados del Golfo, que utilizan este tipo de instrumentos para ahorrar e invertir en el futuro los ingresos extraordinarios procedentes de materias primas. “Aquí no hay ahorro previo ni excedentes: hay fondos europeos mal gestionados”, ha subrayado.

Asimismo, ha advertido del carácter profundamente intervencionista del actual Ejecutivo, señalando que “no ha habido en la historia de España un Gobierno más intervencionista que este”. Aunque ha reconocido que no se conocen aún los detalles del uso del fondo, ha considerado “razonable la sospecha” sobre sus verdaderas intenciones.

“Hemos visto un Gobierno que emite deuda pública para entrar en empresas, controlar consejos de administración y cambiar presidentes. ¿Va a utilizar este fondo para eso? No lo sabemos, pero la sospecha es más que razonable”, ha indicado, tras mantener junto a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, una reunión con empresarios y visitar comercios en Zaragoza.

Nadal ha lamentado además que el Gobierno haya sido incapaz de gestionar correctamente los fondos europeos, hasta el punto de tener que devolver un 37% de los recursos, “casi toda la parte correspondiente a préstamos”. También ha reprochado que ya existía un fondo similar de 2.000 millones de euros, que apenas se utilizó y que estaba destinado “a las mismas políticas que los PERTES que han fracasado”.

“No han sido capaces de gestionar los fondos europeos ni de impulsar las políticas de productividad, tecnología o energía que prometieron. Y ahora pretenden hacerlo metiéndolos en un fondo y dando préstamos. Evidentemente, no”, ha remarcado.

Finalmente, el vicesecretario del PP ha defendido que Aragón cuenta con “un gran gobierno autonómico del Partido Popular que está haciendo las cosas muy bien”, pero sufre la falta de un Gobierno nacional que acompañe y apoye ese esfuerzo. “Aragón no tiene un buen Gobierno de España con el que apoyarse”, ha concluido.

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelodones, Javier Tato, ha denunciado que la nueva tasa de basuras que están pagando los vecinos es consecuencia directa de la Ley 7/2022, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y no de ninguna exigencia europea, como pretende justificar el Ejecutivo socialista.

“Conviene recordar por qué se está pagando esta tasa en todos los pueblos y ciudades de España”, ha señalado Tato, quien ha explicado que dos de los impuestos que hoy pagan los ayuntamientos a las mancomunidades han sido impuestos directamente por el Gobierno de España a través de esta norma.

El concejal popular ha aportado cifras concretas para evidenciar el impacto de la ley en las arcas municipales: antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, el Ayuntamiento de Torrelodones abonaba aproximadamente 250.000 euros anuales por estas tasas. “Hoy, Torrelodones paga en torno a 750.000 euros al año, es decir, medio millón de euros más, como consecuencia directa de esta ley”, ha subrayado.

Javier Tato ha desmentido además que la imposición de esta tasa venga determinada por una directiva europea. “No hay ninguna directiva europea que obligue a imponer una tasa a los ciudadanos. Decir lo contrario es falso”, ha afirmado con rotundidad. “Europa no exige que se cargue este coste a los vecinos; es una decisión política del Gobierno de Sánchez”, ha añadido.

Desde el Partido Popular, Tato ha lamentado que el Ejecutivo socialista traslade su política fiscal a los ayuntamientos, obligándoles a repercutir nuevos costes sobre los vecinos y limitando la autonomía municipal, al tiempo que incrementa la presión fiscal sobre familias y contribuyentes.

“El resultado es claro: más impuestos, más tasas y menos margen para los ayuntamientos, todo ello a costa de los ciudadanos”, ha concluido el concejal popular, reiterando el rechazo del PP a una norma que “expolia a los municipios y castiga injustamente a los vecinos”.

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola ha manifestado, en respuesta al PSRM, que “si el PSOE de la Región se conforma con estar a la cola de los peor financiados de España, con nosotros que no cuente”.

“El delegado de Pedro Sánchez en la Región aplaude que el independentismo catalán acapare el 55% de los fondos de la financiación y que entre los demás nos repartamos las migajas, pero desde el PP no lo vamos a consentir”, ha advertido Guardiola.

“Con el modelo acordado entre Sánchez y el independentista Junqueras, la Región de Murcia sigue estando en el vagón de cola de la financiación: pasamos de ser los últimos a los terceros peor financiados”, ha incidido la portavoz, que ha recordado que “llevamos años siendo la peor comunidad financiada de toda España, y ahora no vamos a aceptar nada que mantenga ese agravio comparativo”.

“Pedro Sánchez se ha quedado solo: ninguna comunidad autónoma, ni siquiera los propios socialistas, lo han respaldado, a excepción de Cataluña”, ha incidido. “Es la mejor prueba de que está hecha a la medida de Junqueras y del independentismo”, ha apostillado.

“Los socialistas de la Región deberían reflexionar y hacérselo mirar, porque en realidad, además de los propios Sánchez y Junqueras, son los únicos que respaldan esta injusticia”, ha remarcado Guardiola.

“Lo que debería hacer el Gobierno de Sánchez es retirar este nuevo ejercicio de trilerismo tan propio de él y sentar a todas las CCAA en la misma mesa para negociar un sistema que no quiebre ni la igualdad ni la solidaridad”, ha concluido.

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