Díaz Ayuso: «En España ya no importa la verdad, importa quién escribe, investiga o juzga».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió sobre el grave deterioro institucional que vive España:
“Últimamente nos debatimos mucho más entre fiscales, cárceles, fontaneros. Refrescar página se ha convertido en un deporte en el periodismo español. Al menos todo se va sabiendo. Las piezas se van colocando y nos explican por qué estamos viviendo un momento tan siniestro en nuestra democracia y por qué le falta luz”.
La dirigente popular señaló que muchos ciudadanos “han perdido el arrojo de querer saber” y alertó de que se están normalizando “decisiones liberticidas que cada día, con cualquier pretexto, se van imponiendo en política, desde las instituciones e incluso en la vida anónima de los ciudadanos”.
El Partido Popular comparte esta denuncia y advierte de que España se está convirtiendo “en lo que no éramos: un país de desconfianza y de sospechas”, donde la credibilidad pública depende de quién “escriba, juzgue, investigue, legisle u opine”, una dinámica que pervierte la presunción de inocencia y degrada la vida democrática.
El PP subraya que este clima de oscuridad institucional es consecuencia directa de las políticas del Gobierno, de sus ataques a las instituciones y de la utilización partidista de organismos que deberían ser neutrales. Esta situación, advierte el Partido Popular, está dañando gravemente la confianza en el Estado de Derecho y en el funcionamiento de los poderes públicos.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la defensa de la libertad, la separación de poderes, la transparencia y la regeneración democrática. Frente a la opacidad y la erosión institucional, el PP continuará exigiendo responsabilidad política, defendiendo el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y protegiendo la democracia española frente a cualquier intento de manipulación o control.
Antonio Silván: «Por primera vez, desde la Transición, un Gobierno señala a jueces por cumplir la ley».
El Senado dará hoy luz verde, a una moción del GPP en el Pleno del Senado, por la que reprueba las constantes interferencias del Gobierno en la independencia del Poder Judicial, así como su relación conflictiva con el Poder Legislativo, por ser contrarias al Estado democrático y de Derecho, y le insta a asumir responsabilidades políticas.
En concreto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Antonio Silván, defiende que la iniciativa viene motivada por el “hostigamiento institucional e intimidación” del Gobierno de Sánchez al Poder Judicial.
Lamenta que “por primera vez, desde la Transición, un Gobierno señala a jueces por cumplir la ley”, en referencia a las intromisiones y los infundios lanzados por el Gobierno contra el Tribunal Supremo y sus magistrados con motivo del procedimiento judicial resuelto con la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como refleja la moción.
Ante esta situación, el senador por León remarca que “el Tribunal Supremo ha hablado. Y el Gobierno debe acatar, no atacar”. A continuación, recuerda cómo se han producido declaraciones “impropias” de un país europeo, como cuando Sánchez proclamó públicamente que García Ortiz “es inocente” o a toda una vicepresidenta llamando a la movilización civil contra los jueces del TS; cuando la realidad es que ha cometido “una vulneración gravísima” por revelar secretos en el ejercicio de su función.
Frente a unos hechos que en cualquier país deberían haber provocado “dimisiones y respeto institucional,” la reacción del Gobierno fue “partidista y agresiva”.
Asegura que este fallo que condena al fiscal general es una “advertencia institucional: las instituciones están por encima de la Gobierno y nunca al revés”.
Afea al Gobierno y al PSOE que “justifiquen, normalicen y politicen” el comportamiento del fiscal general -que también ha sido reprobado en el Senado por una amplia mayoría- y “disfracen la condena con victimismo político, “hay un hecho que no cambia”: su condena e inhabilitación.
DESPRECIO INSTITUCIONAL Y BLOQUEO SISTEMÁTICO AL LEGISLATIVO
Por otra parte, la iniciativa de su Grupo denuncia una circunstancia que, hasta ahora, no se había vivido en nuestra democracia: el desprecio institucional, bloqueo sistemático y obstrucción deliberada al Poder Legislativo.
Silván reprocha que está inédita situación se refleja en la rutina de la Cámara Alta con proposiciones aprobadas aquí son “frenadas” en el Congreso o enmiendas aprobadas que son “rechazadas artificialmente” del trámite. Ante esto asegura que el Parlamento “no está para servir al Gobierno, para controlarlo, está para defender el Estado de Derecho y la Constitución”.
En este contexto, el portavoz adjunto denuncia que “cuando un Gobierno insulta al Poder Judicial y se burla del Legislativo, está erosionando los fundamentos del sistema. Esto es populismo autoritario”.
“Basta de utilizar la Fiscalía como herramienta política. Basta de señalar magistrados por ejercer su función. Basta de vaciar al Parlamento cuando no conviene. Basta de gobernar como si la mayoría fuese propiedad privada”, destaca.
Antes de concluir, Antonio Silván se dirige a la bancada socialista para decirles: “España no pertenece al sanchismo, ni al presidente Sánchez. España pertenece a la Constitución y a la ley y aquí está el Partido Popular para recordarlo”.
Ester Muñoz reivindica el deporte como elemento de cohesión social frente a la división generada por el Gobierno.
El Partido Popular ha abogado por fomentar la salud física y mental a través de la práctica deportiva, en unas jornadas sobre salud y deporte celebradas en el Congreso de los Diputados, en las que también se ha destacado la importancia de la actividad física como motor económico y de cohesión social.
La Jornada La salud como actividad esencial en el deporte, inaugurada por la portavoz del GPP, Ester Muñoz, y clausurada por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha contado con la participación de deportistas, representantes de federaciones y asociaciones deportivas, miembros de fundaciones e instituciones del deporte y responsables de distintas administraciones públicas, agrupados en tres mesas redondas que han estado moderadas por el portavoz de Deportes del GPP en el Congreso, Javier Merino, y por los diputados Antonio Román y Patricia Rodríguez.
En dicha jornada, se ha apostado por generalizar el ejercicio físico para promover la salud pública, puesto que “solo el 11% de los españoles practican deporte de forma regular”; de garantizar el acceso a la actividad física y deportiva en todas las etapas de la vida y para todos los niveles de renta; del deporte de alto rendimiento y el apoyo al deporte femenino; así como de la práctica deportiva como factor de inclusión social y referente de superación, por lo que se ha incidido en impulsar el envejecimiento activo para mayores y la actividad para personas con discapacidad.
En la inauguración de dicha jornada, Ester Muñoz ha destacado la relación directa entre la práctica deportiva y la salud mental, y ha puesto de manifiesto que las enfermedades de salud mental siguen en aumento, especialmente entre los jóvenes. “La mayor causa de mortalidad no natural en jóvenes de hasta 27 años es el suicidio”, ha incidido.
De igual modo, ha defendido su papel como elemento de “unión y de cohesión”, frente al uso que hace el Gobierno del mismo para “dividir y enfrentar”, ante las continuas cesiones del Ejecutivo a los independentistas y las exigencias de estos para que selecciones autonómicas puedan jugar competiciones deportivas internacionales. “Los deportes en equipo son buenos en los niños y son buenos en los jóvenes porque ayudan a trabajar en equipo, a estar con otras personas, a no minusvalorar a otros”, ha sentenciado.
Por su parte, Carmen Fúnez ha defendido el deporte como “política de Estado” y ha apelado a conseguir este objetivo de la mano de la sociedad civil, con la que el PP “trabaja y dialoga” de modo permanente para ir incorporando nuevas propuestas a su programa de gobierno, dado que el PP es “un partido con vocación de gobierno”.
Fúnez ha planteado la prescripción del ejercicio físico como “política preventiva” frente a las enfermedades, “tanto las físicas, las que afectan al cuerpo, como aquellas relacionadas con la salud mental”. De hecho, según ha indicado, la OMS destaca que “el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo y, a su vez, genera un gasto sanitario evitable de más de 1.300 millones al año, mientras que la actividad física regular reduce un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares, un 40% la diabetes tipo 2 y un 25% el cáncer de colon y de mama”.
Feijóo: «No puede defender a las mujeres quien archiva denuncias en su propia casa».
El presidente del PP adquiere diez compromisos prioritarios para combatir la inseguridad, que pasan, entre otros, por una estrategia integral, la aprobación de la ley de Multirreincidencia, la persecución a quienes capten a jóvenes para delinquir, desbloquear la ley antiokupación, agravar las sanciones por el uso de armas blancas o mejorar las condiciones de los agentes policiales
Reclama penas más duras “que disuadan a los agresores” porque las violaciones han crecido un 217% y uno de cada cuatro violadores son reincidentes y propone el agravamiento y cumplimiento efectivo de las penas y la extensión de la prisión permanente revisable para depredadores sexuales y violadores reincidentes. “Es evidente que este debate debemos planteárnoslo”, subraya
“El incremento histórico de las agresiones sexuales y el alarmante incremento de las violaciones demuestra que hacen falta nuevas normas que reviertan el fracaso de la ley del Solo sí es sí y mecanismos que impidan errores tan graves como las de estos meses”, enfatiza, en referencia a las pulseras anti maltrato
Asegura que la protección de las mujeres exige coherencia absoluta y critica duramente al PSOE por archivar denuncias internas de acoso. “Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables o cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador. No puede proclamarse defensor de las mujeres quien las ha abandonado en su propia casa”, apunta
Reclama que la protección de las víctimas de violencia machista sea competencia del Ministerio del Interior y considera una auténtica vergüenza las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno diciendo que la Policía y la Guardia Civil son “la primera barrera” que se encuentran las víctimas. “Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas este Gobierno por su declaraciones y legislaciones irresponsables”, subraya
“La Policía es la primera garantía de la seguridad de las víctimas. Y muchas veces el primer abrazo o el primer hombro en el que pueden llorar muchas de ellas”, añade.
Apunta que España necesita “una estrategia integral mucho más ambiciosa” porque la mitad de los españoles y el 60% de los jóvenes creen que la seguridad está empeorando. “Es una señal que debemos atender con la importancia que tiene”, apunta
Destaca la multirreincidencia como una de los puntos “más vulnerables” del sistema y considera “incomprensible” que la Ley de Multirreincidencia que presentó el PP siga bloqueada en el Congreso” cuando cuenta con los votos necesarios para aprobarse
Pide combatirla con instrumentos como que valor de lo hurtado no sea excluyente cuando existan antecedentes, endurecer penas por acumulación de delitos leves, aplicar prisión provisional ante el riesgo de reincidencia, juicios rápidos con acumulación de causas para estos supuestos y expulsiones inmediatas en el caso de extranjeros
Asegura que “los jóvenes no pueden ser tratados como mercancía” para que los adultos eviten las consecuencias y propone un protocolo específico para evitar el uso instrumental de los menores actuando con mayor intensidad contra la captación de menores para actividades delictivas
Sostiene que hay que fortalecer la lucha contra el crimen organizado asfixiándolo económicamente, blindando al estado frente a la infiltración criminal y dotando de mayor protección a quien colabora desde dentro para desarticular organizaciones y dotar de más recursos a al Policía
Explica que la cibercriminalidad supone ya un 19% de los delitos y propone mejorar la legislación, la concienciación social y la cooperación con las empresas tecnológicas porque se trata de delitos con especial incidencia en los jóvenes a través de coacciones, amenazas y delitos sexuales, y en los mayores por estafas y fraudes
Se compromete a desbloquear la ley antiokupas con desalojo en 48 horas del PP dotándola de los medios que sean necesarios. “Es una prioridad para los ciudadanos y debe serlo también de los responsables públicos”, señala
Decálogo de medidas para que España siga siendo un país seguro:
1. Una estrategia integral ambiciosa.
2. Ley contra la multirreincidencia.
3. Agravamiento de penas y extensión de la prisión permanente revisable para delitos sexuales.
4. Protocolo específico para evitar la captación de menores.
5. Lucha contra el crimen organizado.
6. Mejora de la lucha contra la cibercriminalidad.
7. Ley antiokupas.
8. Persecución del uso creciente de armas blancas.
9. Apuesta por la prevención.
10. Equiparación salarial, reconocimiento de profesión de riesgo y jubilación anticipada
Fernando Pastor: «Pérez Llorca configura un Consell solvente para impulsar la nueva etapa que merece esta tierra».
El síndic del GPP, Fernando Pastor, GPP ha señalado que el nuevo Consell presentado hoy por Pérez Llorca “es un Consell solvente para cumplir los compromisos del Pacte de Les Corts”.
Fernando Pastor ha valorado de forma “muy positiva” la composición del nuevo Consell. “Los compromisos y las políticas anunciadas por el presidente Pérez Llorca la semana pasada, dentro del marco del Pacte de Les Corts necesitaban de un gobierno solvente como este para poder ponerlas en marcha y para poderlas ejecutar. Se trata de un gobierno serio, abierto, que va a afrontar con un nuevo impulso las políticas del Pacte de Les Corts”.
Respecto a la creación de una vicepresidencia primera centrada en vivienda, empleo, juventud e igualdad, “se pone de relieve que, en estos momentos, es un Consell en sintonía con la sociedad al centrarse en vivienda, principalmente el acceso de los jóvenes, y el empleo”, ha añadido.
Pastor ha concluido que “es un gobierno que garantiza la estabilidad. Es evidente que tiene trazas de continuidad porque el trabajo y el proyecto del Partido Popular continúa. Es un gobierno solvente al frente de la nueva etapa, del nuevo momento, de ese momento que el presidente Pérez Llorca quiere que predomine el pacto, el diálogo y la estabilidad. Estamos ante una nueva etapa que debe recuperar nuestra autoestima y el orgullo de ser valencianos”.
Ignacio Dancausa: «Es normal que se vote al PP cuando se defiende a la mayoría que madruga y trabaja».
El presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, ha afirmado que la confianza de los madrileños en el Partido Popular “no es una cuestión de discurso”, sino el resultado de políticas reales que han protegido a trabajadores, autónomos, empresarios y jóvenes. “La población no es tonta y no vota por un vídeo o un mensaje”, ha subrayado.
Durante su intervención, Dancausa recordó que, durante la pandemia, “los trabajadores, los autónomos y los empresarios vieron cómo había un Gobierno totalitario que decía que cuanto más cerrasen mejor y ponía todas las trabas posibles para que no prosperase su negocio”. Frente a estas decisiones, destacó que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de esas políticas y salvó miles de negocios y miles de familias de la ruina económica.
En materia de juventud, el presidente de NNGG Madrid puso en valor la reciente medida aprobada por el Gobierno regional para establecer deducciones fiscales a los jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente, remarcando que “Madrid ayuda a quienes se esfuerzan”. En este sentido, ha defendido que una de las misiones de Nuevas Generaciones es “combatir a los ‘ninis’ y apoyar a los ‘sísis’, a los que sí estudian y sí trabajan”.
Asimismo, Dancausa destacó medidas como la deflactación del IRPF, la eliminación de trabas administrativas para empresarios y la cuota cero para autónomos durante los dos primeros años, políticas que han permitido que “quienes trabajan y quien se esfuerza en Madrid puedan ganarse mejor la vida”.
Dancausa concluyó que “la grandísima mayoría de la población madrileña se esfuerza y trabaja”, y por ello “es normal que voten al Partido Popular y a Ayuso”.
Carmen Riolobos: «Donde el Gobierno creó un problema, el PP ha construido soluciones claras, útiles y reconocidas por 25 asociaciones».
La portavoz de Consumo del Grupo Popular en el Senado, Carmen Riolobos, ha denunciado el intento del Gobierno de Sánchez de convertir la Ley de Atención a la Clientela en “un catálogo de imposiciones lingüísticas y agendas ideológicas”, tras una tramitación “exprés” en el Senado después de permanecer 600 días bloqueada en el Congreso.
Riolobos advierte de que el Ejecutivo pretendía transformar una ley sobre derechos del consumidor en una norma centrada casi exclusivamente en cuestiones lingüísticas, siguiendo “las prioridades políticas de Sánchez para mantenerse en el sillón de la Moncloa”.
Las 51 enmiendas del Partido Popular han revertido completamente ese enfoque, “dándole la vuelta como un calcetín” y dando lugar a una ley equilibrada que protege al consumidor, garantiza el cumplimiento por parte de la Administración General del Estado y establece criterios claros de formación para el personal de atención al cliente.
La senadora por Toledo pone en valor que la norma ahora ofrece orden, justicia y soluciones reales, tras corregir el rumbo que habían impulsado el Gobierno y sus socios. Riolobos destaca el trabajo conjunto con más de 25 asociaciones empresariales y sociales, entre ellas OCU, CERMI y la Asociación de Expertos en Relaciones con los Consumidores.
La dirigente popular critica la posición de Vox, que intentó vetar la ley en su totalidad, y recuerda que “no se trata del ‘no a todo’, sino de trabajar para mejorar una ley necesaria para los consumidores”.
Riolobos denuncia que los grupos de la Izquierda Confederal pretendían añadir “más obligaciones, más sanciones y más burocracia” sin valorar el impacto real en empresas, administraciones y usuarios. El PP, en cambio, ha priorizado una norma realista, eficaz y compatible con el funcionamiento del mercado y los servicios públicos.
“Hoy tenemos una buena ley porque el PP ha trabajado para evitar una imposición ideológica que nada tenía que ver con el consumidor”, concluye Riolobos.
Inmaculada Hernández: «La ley corrige excesos del Gobierno y garantiza una protección real al consumidor».
El Grupo Parlamentario Popular ha celebrado la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela tras la incorporación de 51 enmiendas del Partido Popular, que “cambian por completo el texto inicial del Gobierno y dan como resultado una ley que mira y protege al consumidor”, tal y como destacan las senadoras Inmaculada Hernández y Carmen Riolobos.
Las enmiendas del Grupo Popular se centran en tres ejes fundamentales:
- Rebaja del IVA en productos básicos y esenciales.
- Una política lingüística sensata que respeta la diversidad sin imponer obligaciones imposibles.
- El cumplimiento obligatorio de la norma por parte de las administraciones.
La portavoz adjunta del GPP, Inmaculada Hernández, subraya que el PP ha corregido “excesos” del texto original y ha protegido a los ciudadanos frente a la escalada de precios, impulsando un IVA reducido del 4% para la carne, el pescado y las conservas, así como la exención total del IVA (0%) para leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.
“Es el momento de proteger a los consumidores, especialmente a las familias más vulnerables, que llevan cinco años consecutivos soportando fuertes subidas de precios”, afirma Hernández. La senadora recuerda que el PSOE intentó vetar la rebaja del IVA alegando pérdida de ingresos, mientras “despilfarra dinero público y convive con escándalos que indignan a la sociedad”.
En materia lingüística, Hernández denuncia el intento de los grupos nacionalistas —con el beneplácito del PSOE— de convertir la ley en “una Torre de Babel”, imponiendo a empresas de todo el territorio la obligación de atender en cualquier lengua cooficial. “Era un disparate usar las lenguas como arma política”, señala. Las enmiendas del PP garantizan la atención en castellano en todo el país y promueven el uso de lenguas cooficiales allí donde se utilizan y tienen posición estatutaria.
El Grupo Popular afirma que la ley resultante “tiene rigor, es aplicable y no ahoga con burocracia a las empresas”, y que esta modificación ha sido decisiva para proteger a consumidores, trabajadores y administraciones.