Elena Bastidas destaca la modernización y simplificación de la Renta Valenciana de Inclusión.
La portavoz de servicios sociales del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la nueva Renta Valenciana de Inclusión aprobada por el Consell va a permitir incrementar los beneficiarios y mejorar una prestación para adaptarla a las actuales necesidades”.
Bastidas ha señalado que “este nuevo modelo de Renta Valenciana de Inclusión ahora ha pasado a ser compatible con el trabajo y permite a sus beneficiarios tener un itinerario de acompañamiento de forma que no sea solo una ayuda económica en exclusiva, sino también una herramienta eficaz para la efectiva inclusión de la persona. Es decir, ahora pasa a ser una prestación promocional compatible con el trabajo».
La portavoz popular ha afirmado que “este Consell está garantizando el derecho de las personas más vulnerables de la Comunitat, con medidas concretas y efectivas. Se ha mejorado la gestión de la Renta Valenciana de inclusión, simplificando el proceso, agilizando y facilitando su acceso para adaptarla a la realidad de la sociedad valenciana”.
Para Elena Bastidas “estamos hablando de una herramienta importante para combatir la pobreza y la exclusión social, como un elemento de integración vital para muchas familias”.
Bastidas ha recordado que “ahora se ha ampliado el perfil de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que compatibilicen la Renta Valenciana de Inclusión con otros subsidios, lo que ha permitido incrementar los beneficiarios”.
En este sentido, la diputada popular ha señalado que “la norma se aprobó hace seis años y ahora el Consell la ha modificado para mejorarla y corregir las deficiencias del modelo anterior. Entre otras cuestiones, se ha liberado de carga burocrática a los profesionales de los servicios sociales municipales”.
Luis Martínez: «Somos los que más aportamos a Agroseguro y los que menos recibimos del Gobierno».
El portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, Luis Martínez, ha exigido al Gobierno la declaración de zona catastrófica de las comarcas de Los Serranos, la Plana Baixa, el Camp de Morvedre y el Alto Palancia, gravemente afectadas por los episodios de pedrisco sucedidos en los últimos meses. El diputado popular ha lamentado que «Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda a la agricultura valenciana».
Martínez ha señalado que el temporal «afectó gravemente cosechas agrícolas y frutales» ante lo que el Consell de Carlos Mazón solicitó «que se declarara zona catastrófica» sin embargo, «hasta estos momentos, Sánchez no ha respondido, nos ha dado la espalda y es incomprensible porque los daños están ahí».
Para el diputado popular «es indignante» el silencio del Ejecutivo Central y ha subrayado que se trata «de una muestra más del sectarismo del Gobierno hacia la Comunitat Valenciana y sus agricultores que viene a sumarse al sectarismo que está teniendo también con los afectados de la dana o al no ingreso del FLA».
Asimismo, Luis Martínez ha puesto en valor el trabajo del Consell, «que sí apuesta por la agricultura, como así lo demuestra su aportación de 33 millones de euros a Agroseguro, sistema a través del cual los agricultores pueden asegurar sus cosechas para que en caso de episodios como estos puedan recuperar parte de la inversión». En ese sentido ha destacado que «la Comunitat Valenciana es la autonomía que más aporta a este fondo, mientras que el Gobierno de España ha reducido su aportación”.
El portavoz del GPP ha recordado que “hasta que el Gobierno no declare la zona catastrófica no se pueden dar ayudas y que los agricultores puedan paliar esas pérdidas en algunos casos millonarias”. Además, ha añadido que “en el momento que se declare es cuando Conselleria puede dar ayudas que sean compatibles con las de Agroseguro”.
Ester Muñoz: «El Ejecutivo se pone la venda antes de la herida en el caso del fiscal».
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, critica que el Ejecutivo está preparando el relato para cuando condenen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que por eso ya hablan de lawfare. “Se ponen la venda antes de la herida”, señala
Ve gravísimo que el presidente, durante su comparecencia del lunes, dijese que no le importa estar toda la legislatura sin presupuestos. “Él ya ha dejado claro que le da igual el Parlamento, que vamos a seguir endeudándonos y que ya vendrán otros y pagarán”, asevera
Considera que Pedro Sánchez ha pasado muchas líneas rojas y que tendría que haber convocado elecciones porque, entre otras cosas, “no haya sido capaz de presentar los Presupuestos ni cumplir la previsión constitucional de, al menos, presentarlos”
Afirma que “hay suficientes cuestiones para derribar a este Gobierno pero que Pedro Sánchez ha dejado bien claro que él actúa con impunidad y que no le importa”. “Lo que distingue a un delincuente común de la mafia es que la mafia delinque con impunidad y con chulería”, sentencia
Advierte que no esperan mucho de los socios de Gobierno, “porque prefieren mirar hacia otro lado mientras aprovechan para rapiñar más cesiones de poder”
Recuerda los escándalos de este Gobierno que considera “de suficiente envergadura como para haber derribado diez gobiernos”. “La amnistía, el número 2 de Sánchez en un furgón de camino a la prisión, su mujer, su hermano, su fiscal general del Estado”, enumera
Preguntada por qué el comisionado del Gobierno para la DANA no ha dimitido tras falsear su currículum, responde que esa actitud demuestra, precisamente, la diferencia entre los populares y la izquierda: “Me alegro de que los valores del PP no tengan nada que ver con los de la izquierda”,
subraya
Sostiene que el Partido Popular además de fiscalizar al Gobierno tiene que presentar una alternativa porque “los españoles tienen que saber qué es lo que va a pasar cuando Sánchez se vaya y es que España vuelva a funcionar, que se vuelva a hablar de la Vivienda, de los salaries, de los problemas reales de la gente”
María Tormo: «Las empresas como Ipla son clave para generar oportunidades en nuestra ciudad».
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Industria, Vicente Martínez-Galí, y la concejala de Promoción Económica y Empleo, Silvana Rovira, ha visitado las instalaciones de las empresa Ipla, situada en el polígono industrial Ramonet. El director general de la empresa, Emilio Latorre, les ha explicado la historia, funcionamiento y planes de futuro de esta empresa, que facturó el pasado ejercicio cerca de 20 millones de euros y que destina entre el 60 y el 70% de su producción a la exportación.
«Las empresas son generadoras de oportunidades para nuestros vecinos, por eso, resulta importante que lleven a cabo planes de crecimiento que redunden en creación de empleo y nuevas líneas de negocio, basadas en la I+D para lograr ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado, como lo es Ipla», ha señalado la alcaldesa.
Se trata de una empresa especialista en paletizado automático con más de 30 años de experiencia, comprometida en ofrecer a sus clientes seriedad, calidad y un elevado nivel de servicio durante todo el desarrollo del proyecto de paletizado. En sus instalaciones de Almassora trabajan casi un centenar de empleados y, en estos momentos, planifican la ampliación de su sede.
El objetivo, según ha explicado Latorre, es construir una nueva nave de cerca de 4.500 metros cuadrados, en la explanada contigua a las instalaciones que abrieron en 2023. El crecimiento exponencial de la empresa les ha llevado a plantear ya una ampliación de la misma.
Miriam Guardiola: «Lucas no puede hablar de corrupción mientras calla sobre su partido».
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha reprochado al secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, su actitud “que se jacta de no ser condenado en vez de pedir disculpas, la mala educación no será delito, pero demuestra su catadura moral”.
Guardiola ha advertido que “los socialistas deberían aprender un poco porque la falta de responsabilidad penal no impide el reproche moral”. “Que hable de compra de votos un sanchista pata negra, cuyo jefe está en el poder gracias a un intercambio de apoyos a cambio de impunidad para delincuentes, solo puede provocar sonrojo”, ha denunciado la portavoz.
Además, ha recordado que “Lucas no puede hablar de corrupción cuando pertenece a un partido señalado por la UCO como una estructura donde ha anidado una banda criminal, un partido del que él forma parte sin decir ni una palabra y cuyo padrino político está en la cárcel”
Guardiola ha defendido que desde el Partido Popular “hacemos una política limpia, de respeto, sin los insultos a los que nos tiene acostumbrados Lucas” y ha pedido al PSRM “altura institucional y un mínimo de educación democrática”.
Juanfran Pérez: «No puede estar ni un minuto más en un cargo público».
El síndic del GPP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha exigido la dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción por falsificar su título para cobrar más como funcionario durante 36 años.
El síndic popular también ha anunciado que el GPP va a solicitar acceso a la investigación realizada por la Agencia Valenciana Antifraude para conocer los hechos y estudiar las acciones legales que correspondan. “Queremos investigar si las retribuciones que ha tenido en las distintas responsabilidades políticas que ha ejercido se ha valido de su supuesto título para cobrar unas retribuciones que seguramente no podía cobrar”.
“No podemos permitir que presuntos delincuentes estén al frente de responsabilidades públicas y orgánicas en la política valenciana representando al PSOE”.
“Los hechos son muy graves: falsificó su título a principios de los ochenta para convertirse en funcionario en grado A2. Estamos ante unos hechos presuntamente delictivos y fraudulentos cometidos por el Comisionado especial del Gobierno de España para la reconstrucción de la dana quien también es actualmente presidente del PSPV, José María Ángel Batalla”, ha añadido.
Juanfran Pérez ha afirmado que “no puede estar ni un minuto más en un cargo público alguien que es un presunto farsante, que ha estado estafando de manera continuada durante décadas a las arcas públicas. Es absolutamente insostenible que continúe al frente de ningún cargo público ni orgánico tras casi 40 años robando a las arcas públicas y engañando a toda la sociedad”.
El también secretario general del PPCV ha indicado que “Pedro Sánchez debe cesarlo de inmediato como comisionado especial para la reconstrucción de la dana. Además, también solicitamos a la señora Morant que lo cese presidente del partido socialista en la Comunitat Valenciana”.
Para Juanfran Pérez, “los socialistas valencianos son corresponsables de estos hechos que durante toda su vida política han estado ocultando. José María Ángel fue alto cargo del gobierno Puig. Durante todo el mandato de los gobiernos de Ximo Puig de forma deliberada han intentado tapar todos estos presuntos delitos cometidos en la Diputación Provincial de Valencia, protegiendo a Jose María Ángel Batalla, hasta ascenderlo a presidente de los socialistas valencianos por parte de Diana Morant, y a Comisionado especial del Gobierno de España para la dana”.
González de Zárate exige al Gobierno actuar ya para evitar nuevas tragedias por inundaciones.
El portavoz de Infraestructuras del GPP, Joserra González de Zárate, ha tildado de “indignante” que el Gobierno de España a través de la CHJ “no catalogue como prioritarias y urgentes las obras en cauces y barrancos para evitar futuras tragedias como la dana del 29 de octubre en toda la Comunitat Valenciana” y ha exigido “que se destinen los fondos necesarios y la inversión que nos merecemos todos los valencianos”.
El diputado popular ha recordado que “el peligro de desbordamiento se da en todo el territorio” por eso “es absolutamente necesario que se ejecuten inversiones en las tres provincias” y ha hecho especial hincapié en que “el plan de actuación de la CHJ no puede limitarse únicamente a reparar las infraestructuras dañadas, sino que tiene que limpiar cauces, instalar herramientas de medición y construir presas”.
González de Zárate ha remarcado que “contar con un Sistema de Alerta Temprana que funcione de verdad puede ayudar a salvar vidas y evitar daños personales, sin embargo, seguimos sin noticias de la CHJ en este sentido”.
“Mientras el Consell trabaja a marchas forzadas realizando actuaciones de reparación y mejora para la reconstrucción y a pleno pulmón tras no recibir ayudas del Estado, el Gobierno solo pretende ejecutar este año 1,5 millones de euros de los 500 que solicitó la Generalitat para toda la Comunitat Valenciana”.
El diputado popular ha subrayado la inversión de 150 millones de euros prevista por la Generalitat Valenciana para “crear una gran infraestructura verde en el antiguo cauce del Turia y en L’Horta Sud que conecte espacios naturales y actúe como defensa y escudo ante posibles inundaciones”.
Laura Chulià: «La única solución efectiva para Alfafar es el soterramiento de las vías».
La portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha mostrado su rechazo al paso subterráneo de Alfafar propuesto por Adif y ha reclamado al Gobierno que “escuchen las demandas de los vecinos para acabar con uno de los puntos negros ferroviarios con más víctimas mortales de España”.
La diputada popular ha hecho hincapié en que “ninguno de los municipios afectados está a favor de este proyecto que no pondría fin al problema y continuaría la senda de inseguridad que llevan años sufriendo por culpa de estas vías que forman una barrera arquitectónica entre Alfafar, Benetússer y Sedaví”. En ese sentido, Chulià ha subrayado que “la mejor opción es el soterramiento, sería la única manera efectiva y la más segura para todos”.
La construcción de un paso subterráneo “no es lo más idóneo para uno de los territorios que más afectados se vio por la dana del pasado mes de octubre, supondría un grave riesgo por su alta probabilidad de inundabilidad”.
Laura Chulià ha remarcado que “desde el Consell de Carlos Mazón se ha reclamado al Gobierno de Sánchez en numerosas ocasiones que actúe de manera urgente y soterre las vías para acabar con este paso a nivel mortal”.
Además, la portavoz del GPP ha remarcado que este proyecto “conllevaría un desvío del tráfico rodado, lo que afectaría de forma negativa al comercio local de la zona, tratándose de una calle que concentra casi un centenar de negocios y empresas”.