Noelia Núñez: «En 2025 el PP trabajará para que España sea un país de oportunidades que tenga un gobierno libre y limpio».
La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital subraya que este año termina con la “semana fantástica de la corrupción” de Pedro Sánchez, su entorno, su Ejecutivo y su círculo más cercano; y señala que 2025 no será mejor para el presidente del Gobierno porque “los escándalos continuarán y seguirá utilizando todo para protegerse”
Remarca que Sánchez debe pedir perdón a los españoles y presentar su dimisión “por utilizar las instituciones de todos para su estrategia personal de defensa”
Sostiene que gracias al Partido Popular los españoles podrán ahorrar 6.500 millones de euros en impuestos, un ahorro medio de 350 euros por familia
Destaca que el PP ha conseguido frenar el impuesto al diésel, que los españoles paguen menos en la factura de la luz frenando el impuesto a las energéticas; ha logrado la exención de impuestos para las ayudas que los empleadores den a sus trabajadores afectados por la dana y asegurar empleo e inversiones
Asevera que el Partido Popular, “sin cesiones ni chantajes, solo con el deber de servir a los españoles, es la alternativa al infierno fiscal al que somete Pedro Sánchez a todos los ciudadanos”
Incide en que, mientras en 2025 Sánchez y todo el PSOE solo trabajarán para mantenerse en el poder y defenderse de todas sus causas judiciales; el PP trabajará para que “España sea un país de oportunidades que tenga un gobierno libre y limpio”
Condena el ataque sufrido en un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo y traslada sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseos de pronta recuperación a los heridos
Verónica Marcos: «Mazón acompañó y ayudo a los alcaldes de la zona afectada por la riada desde el primer momento».
La diputada del GPP en Les Corts Valencianes, Verónica Marcos, ha defendido el papel de la Generalitat Valenciana acompañando a los alcaldes de la zona afectada por la riada «desde el primer momento», ayudándoles, entre otras cosas «a la retirada de los vehículos aunque no sea su competencia» y ha pedido a la delegada del Gobierno que «deje de enredar para eludir responsabilidades y traiga más peritos y active también desguaces fuera de la Comunitat Valenciana».
La diputada popular ha recordado que «el Real Decreto elaborado por el Gobierno de España es muy claro en cuanto a la gestión de la retirada de vehículos, por lo tanto cada administración tiene que ejercer sus responsabilidades. Lo que dice ese Real Decreto es que la responsabilidad si están en los barrancos es del Gobierno, y si está en término municipal, la competencia es municipal».
Verónica Marcos ha remarcado que «para el president del Consell, Carlos Mazón, lo primero ha sido ayudar a los municipios, a pesar de que no fuera competencia de la Generalitat» mientras que por otro lado, la delegada del Gobierno y codirectora del CECOPI «ha utilizado su puesto no para aportar sino para meter cizaña y exigir responsabilidades a los demás».
Ante esto, ha pedido a Pilar Bernabé que «asuma sus responsabilidades, el Real Decreto del Gobierno establece claramente quiénes son los competentes en la retirada de los vehículos».
«Sánchez premia a los que han fallado a los valencianos, como la ministra Ribera, que no instaló sistemas de alerta temprana que sí tienen otras cuencas»
Verónica Marcos también ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya premiado «a los que han fallado a los valencianos, como la ministra Ribera, que no limpió ni dejó limpiar cauces ni instaló sistemas de alerta temprana que sí tienen otras cuencas, quien además no ha venido ni ha pisado Valencia».
A la diputada del GPP le han parecido «absolutamente vergonzosas» las últimas declaraciones del presidente de la CHJ indicando que la instalación de más sensores de medición del caudal no aportaría mucho y le ha insistido en que «son elementos que pueden salvar vidas».
En ese sentido, ha recordado que «además de ser un presidente desaparecido que todavía no ha dado la cara ante la ciudadanía y se esconde en su despacho, no tiene previsión de mejorar las infraestructuras hídricas del Júcar, tan necesarias y urgentes como así se demostró por desgracia el pasado 29 de octubre».
González de Zárate: «La inacción y el abandono del Gobierno de España y de la CHJ sigan poniendo en riesgo nuestra tierra. Necesitamos soluciones, no excusas».
El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado la «falta de compromiso y la dejación de funciones» por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y su presidente, Miguel Polo, ante la alarmante ausencia de inversión en nuevas infraestructuras en la Comunitat Valenciana para prevenir inundaciones en 2025. “El presupuesto de la CHJ para el año que viene es un insulto a los valencianos, ya que contempla cero euros para obras nuevas que puedan evitar desastres como el de la última riada”, ha lamentado González de Zárate. Frente a ello, el Consell tiene previsto invertir 2.500 millones de euros en un plan a cinco años frente a inundaciones.
El diputado del GPP ha criticado a Miguel Polo por su “apagón informativo” durante el temporal del pasado 29 de octubre y por su negativa a asumir responsabilidades. “La falta de autocrítica del presidente de la CHJ es indignante. En lugar de dar explicaciones y soluciones, prefiere culpar a otros y mirar hacia otro lado, mientras nuestras infraestructuras hídricas siguen abandonadas”, ha subrayado. “La sede de la CHJ está a unos minutos andando de Les Corts. Puede venir cuando quiera para dar todas las explicaciones”.
González de Zárate ha recordado que la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también es responsable de esta situación por haber “ignorado durante años las necesidades de la Comunitat Valenciana, paralizando proyectos esenciales como el acondicionamiento del barranco del Poyo. Las consecuencias de esta inacción han sido devastadoras para cientos de familias”, ha afirmado.
Por eso, el parlamentario popular ha exigido responsabilidades por la gestión de la CHJ durante la dana y un plan urgente de inversiones en nuevas infraestructuras que garanticen la seguridad de los valencianos. “No podemos permitir que la inacción y el abandono del Gobierno de España y de la CHJ sigan poniendo en riesgo nuestra tierra. Necesitamos soluciones, no excusas”, ha concluido González de Zárate.
Cristina Antón: «Silla no puede tener al frente de su ayuntamiento a una persona que vulnerando los principios democráticos más básicos».
La portavoz del PP de Silla, Cristina Antón, ha señalado que “las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil a Vicente Zaragozá, alcalde de Silla, que hoy hemos conocido son extremadamente graves y pueden ser constitutivas de diferentes delitos como el de abuso de poder por instigar a un policía a amenazar a una vecina, anciana e indefensa, por el simple hecho de ser simpatizante del PP”.
Para Cristina Antón, “los métodos antidemocráticos del alcalde de Silla son comportamientos más propios de regímenes dictatoriales como Venezuela, en el que se persigue a quien piensa diferente. Eso no podemos consentirlo en un país democrático como España y en un municipio como Silla. Hay unas reglas de juego en la democracia y unas líneas rojas que no se deben atravesar”.
La concejal popular ha indicado que “el alcalde socialista también insulta en sus conversaciones grabadas con el jefe de policía a los jueces de forma grave, lo que denota que no cree en el sistema democrático ni en el Estado de Derecho. Lo que dice es lo que piensa y ejecuta esa manera de pensar cuando decide amenazar a una vecina”.
Cristina Antón ha afirmado que “esta manera de proceder le inhabilita para continuar en el cargo. Silla no puede tener al frente de su ayuntamiento a una persona que reniega del sistema, que actúa de esta manera tan sucia, vulnerando los principios democráticos más básicos”.
Por último, la portavoz municipal del PP ha señalado que “desde el PP vamos a reclamar toda la información al consistorio sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y continuar con nuestra labor política de fiscalización. El PP respeta la actuación de la Justicia porque creemos en el Estado de Derecho y la división de poderes, y confiamos que se llegue hasta el fondo de la trama de corrupción que ensucia el nombre de Silla”.
Carlos Mazón: «Sánchez amenaza nuestras políticas sociales al no activar los 3.000 millones del Fondo de Liquidación».
El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha alertado sobre la amenaza del Gobierno de Sánchez de dejar sin efecto el Fondo de Liquidez Extraordinario de 3.000 millones de euros, destinado a garantizar la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Estos fondos son imprescindibles para una región históricamente infrafinanciada como la nuestra, por lo que su supresión supondría un grave perjuicio para los más vulnerables y podría en riesgo servicios básicos esenciales para los valencianos. Mazón ha hecho estas declaraciones antes de la Junta Directiva Provincial del PP de Alicante, celebrada en el Museo Arqueológico MARQ y a la que también ha asistido el secretario general del PPCV y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Juanfran Pérez.
Mazón ha incidido en que esta falta de financiación afecta directamente a las políticas sociales de las tres provincias. “Por primera vez en 12 años, el Ejecutivo socialista ha dejado de aprobar las aportaciones extraordinarias, que suponen más de 3.000 millones de euros para gastos en sanidad, educación y servicios sociales. Sin este fondo, nuestras políticas sociales corren el riesgo de bloquearse y colapsar, justo cuando más se necesita el apoyo del Gobierno de España”, ha señalado.
El presidente del PPCV ha recordado que estos fondos son esenciales para garantizar servicios básicos y de primera necesidad. “Es inadmisible que el Gobierno de Sánchez nos deje desprotegidos en uno de los momentos más difíciles para nuestra tierra, después de la riada y con una financiación injusta que venimos arrastrando desde hace años. No vamos a dar un paso atrás en la defensa de lo que nos corresponde y de lo que necesita la gente de esta tierra”, ha afirmado.
El líder popular ha subrayado el compromiso del PP con el pueblo alicantino y con toda la Comunitat Valenciana. “Me emociona recoger el cariño y el apoyo del partido de mi tierra, de mi provincia, que siempre ha estado ahí cuando más se ha necesitado. Esta solidaridad y ‘germanor’ entre Alicante, Valencia y Castellón es lo que nos define como pueblo y lo que debemos seguir defendiendo”, ha declarado.
Además, ha agradecido el apoyo de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, y del PP nacional, subrayando que “el respaldo de nuestros compañeros a nivel nacional es fundamental para esta reivindicación justa por el bienestar de los valencianos”.
Toni Pérez: “El PP es el músculo de la provincia de Alicante”
El presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha destacado durante su intervención que el Partido Popular “es el partido que mejor representa la voluntad de los alicantinos”. Pérez ha subrayado el compromiso del PP con todos los municipios, tanto desde el gobierno como desde la oposición. “El partido está vivo, con determinación y voluntad de seguir trabajando en proyectos importantes para el año 2025”, ha afirmado.
Pérez ha agradecido la presencia de Carlos Mazón y Ester Muñoz en la reunión y ha señalado que estas convocatorias son esenciales para “hacer balance y planificar el futuro con dinamismo y responsabilidad”.
Ester Muñoz: “El PP nacional quiere evitar que las ayudas a los afectados terminen gravadas con impuestos”
Por su parte, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha reafirmado el apoyo del partido a la Comunitat Valenciana y a todos los afectados por la riada. Muñoz ha explicado que el Partido Popular lleva días trabajando en una propuesta para evitar esta situación. “Hemos presentado enmiendas al plan fiscal del Gobierno de Sánchez para asegurar que las ayudas lleguen íntegras a las familias y a los empresarios afectados. Nadie puede concebir que el Gobierno recaude impuestos con el sufrimiento de quienes han perdido sus hogares, sus negocios y sus vidas”, ha subrayado.
La vicesecretaria ha puesto en valor la rapidez con la que la Generalitat Valenciana, bajo el liderazgo de Carlos Mazón, ha implementado medidas como la educación gratuita de 0 a 3 años. “Este tipo de políticas son un ejemplo de lo que se puede lograr con una financiación justa y con una administración comprometida con el bienestar de sus ciudadanos”, ha señalado.
Fernando Pastor: «El fiscal anticorrupción sostiene que los socialistas valencianos financiaron ilegalmente sus campañas».
El diputado del GPP Fernando Pastor ha señalado que “el PSPV todavía tiene que salir a explicar los contratos presuntamente amañados para financiar sus campañas electorales”.
“Hoy no es un buen día para los socialistas, no solo a nivel nacional con las declaraciones judiciales de Ábalos, Begoña Gómez o Aldama, sino también para los socialistas valencianos porque el caso Azud que investiga la financiación irregular del PSPV está más vivo que nunca”, ha indicado.
Pastor ha señalado que “alguien tendrá que salir a dar algún tipo de explicación sobre los contratos presuntamente amañados para financiar las campañas electorales del PSPV de 2007 y 2008 donde figuraban ilustres socialistas como Arcadi España, Rebeca Torró, Ximo Puig o el ilustre socialista valenciano José Luis Ábalos… Todos están en el disparadero de la causa y miran hacia otro lado”.
El diputado popular ha explicado que “el fiscal anticorrupción sostiene que los socialistas valencianos financiaron ilegalmente sus campañas y que, por tanto, no acepta la petición de sobreseimiento solicitada por un empresario. Estamos ante graves imputaciones al extesorero socialista, acusado de cohecho continuado y prevaricación administrativa, y a otros cargos, con pagos fraudulentos a cambio de presuntos amaños en la contratación pública. Hubo dopaje electoral, pero nadie explica nada”.
Nando Pastor ha indicado que “además, en este mismo Caso Azud se concluye en el informe de la Guardia Civil que el PSOE valenciano también usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para el cobro de mordidas. Nadie explica nada. Desde el PP propusimos en la anterior legislatura una comisión de investigación en Les Corts sobre la financiación irregular del PSPV en el caso Azud, pero siempre votaron en contra y no se celebró”.
Vicente Betoret: «Pretendemos ayudar tanto a particulares como autónomos y empresarios que tengan contratos, para que en circunstancias excepcionales como la riada las condiciones de los mismos puedan verse modificadas».
El PPCV ha presentado una proposición no de ley en Les Corts con el objetivo de implantar en el Código Civil la cláusula “rebus sic stantibus”, una herramienta que “salvaría a muchos ciudadanos de afrontar las consecuencias contractuales ante sucesos extraordinarios o imprevistos como la riada del pasado 29 de octubre”, ha defendido Vicente Betoret.
La aplicación de esta cláusula posibilitará que cuando las condiciones en las que se deben cumplir los contratos cambien de manera sobrevenida y excepcional, los mismos puedan modificarse o resolverse. Se trata de un “instrumento eficaz como así se ha demostrado en distintas crisis como la de 2008 o la covid” y en este caso “también puede ser muy útil para afrontar las consecuencias de la riada en la Comunitat Valenciana”, ha remarcado el diputado popular.
En esa misma línea, Betoret ha señalado que la propuesta pretende incorporar la doctrina del Tribunal Supremo que “establece que cuando las circunstancias de un contrato cambian de manera excepcional y sobrevenida, como en el caso de la riada que asoló la provincia de Valencia, las partes contratantes deberían estar obligadas a renegociar las condiciones para equilibrar las posiciones”.
Ante esto, “pretendemos ayudar tanto a particulares como autónomos y empresarios que tengan contratos, tanto de hipotecas, alquiler, compra o suministros, para que en circunstancias excepcionales como la riada las condiciones de los mismos puedan verse modificadas”, ha apuntado el diputado durante el debate en Les Corts.
Algo que ahora hay que reclamar ante los tribunales: “Pretendemos que se normalice y se incluya en nuestra legislación al igual que están haciendo países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Países Bajos y la gente pueda pedir directamente ese equilibrio en las obligaciones derivadas en los contratos para que una parte no quede desprotegida y a merced de la otra parte que podría exigir el cumplimiento tal y como está establecido en el contrato”.
Finalmente, Vicente Betoret ha pedido al PSPV su voto para la aprobación de esta PNL ya que de no ser así “tendrán que explicar a todos los vecinos afectados por la riada por qué están en contra de una herramienta que evitaría muchos problemas con contratos en vigor”.
Elena Bastidas: «La Ley de accesibilidad universal mejorará la vida de más de 400.000 personas en la Comunitat Valenciana».
La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado hoy que “la Ley de accesibilidad universal inclusiva es fruto del diálogo, el consenso y las aportaciones en positivo de todos los grupos políticos, expertos y asociaciones” que han participado en su elaboración. Se trata de una norma que responde a una reivindicación histórica y garantizará una mejora real en la vida de más de 400.000 personas en la Comunitat Valenciana.
El pleno de Les Corts ha debatido hoy el texto de la Proposición de Ley después de su aprobación en comisión, donde se consensuó su contenido con aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Bastidas ha puesto en valor “la voluntad de acuerdo del Grupo Popular, que ha trabajado para no quedarnos atrás por pequeñas diferencias, porque nadie lo entendería”.
Durante la sesión ha estado presente el recuerdo a Teresa Navarro, activista por los derechos de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. La parlamentaria popular ha destacado su “incansable lucha por una ley justa y necesaria, a la que sería merecido llamar Ley Navarro”.
Bastidas ha subrayado algunos aspectos clave de la ley como la inclusión de una terminología adecuada y la perspectiva de género, la protección de la lengua de signos y los derechos de sufragio pasivo, la adecuación de planes de emergencia y el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad.
Bastidas ha reiterado que la ley “da respuesta a las demandas de la sociedad civil y de plataformas representativas como CERMI”, por lo que su previsible aprobación es “una gran noticia para todas las personas con discapacidad”, que tras 8 años de espera merecen tener una ley “inclusiva, transversal y sin barreras”.