Antelo: «El islamismo no es religión, es una amenaza ideológica para España».
El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, defendió en una reciente intervención pública la postura firme del partido frente a la inmigración ilegal, el auge del islamismo y la inseguridad en determinadas zonas del país. Antelo insistió en la necesidad de deportar a todos aquellos extranjeros que hayan cometido delitos graves, afirmando que “quien viene a delinquir, a robar o a asesinar, no debe permanecer en España”.
Durante la entrevista, Antelo negó que Vox pretenda atacar a una religión concreta. “Esto no va de religiones, va de ideologías”, aseguró. En su intervención, distinguió entre el islam como religión y el islamismo como una ideología extremista que, según denunció, genera sociedades paralelas y atenta contra las libertades fundamentales, especialmente las de mujeres y personas homosexuales.
Asimismo, subrayó que Vox no se opone a que cada persona practique su fe en privado, sino que rechaza la cesión de espacios públicos para actividades que, a su juicio, no respetan la cultura ni la legalidad españolas. En referencia al caso de Jumilla, donde se solicitó el uso de un polideportivo para rezos colectivos, Antelo defendió que los espacios públicos deben dedicarse a fines que reflejen la identidad cultural española y su tradición cristiana, “que es la que ha hecho posible nuestras libertades”.
En un momento del debate, Antelo advirtió sobre el crecimiento del yihadismo en la Región de Murcia, citando informes de los propios sindicatos policiales. “Murcia es una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal y uno de los focos con más actividad yihadista de Europa”, aseguró.
El dirigente murciano acusó a ciertos sectores mediáticos de manipular los mensajes de Vox y de construir un relato distorsionado. “No se puede seguir troceando las intervenciones para confundir a la sociedad. Lo que defendemos es el orden, la seguridad y el respeto a nuestra cultura”, concluyó.
Vox ha reiterado en múltiples ocasiones que quienes llegan legalmente a España y se integran respetando la ley y la cultura nacional son bienvenidos. Sin embargo, tal como recoge su Programa Económico y de Vivienda, la formación promueve una política de «fronteras seguras» y la remigración de quienes incumplen la ley o rechazan integrarse. Este planteamiento incluye la expulsión de inmigrantes ilegales, delincuentes reincidentes y quienes promuevan ideologías contrarias a la libertad, la convivencia y la seguridad de los españoles.
Miriam Guardiola: «Defendemos la convivencia y la libertad frente al sectarismo político».
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha pedido hoy al resto de partidos que “abandonen el uso político e indecente de una manipulación” porque ellos “son los primeros que alimentan los discursos de odio por puro interés propio”.
Para Guardiola, queda patente que “están lanzando mensajes para dividir y enfrentar a la sociedad” y ha advertido de que “estamos ante una polémica ficticia más, una cortina de humo con la que intentan tapar los escándalos de corrupción que rodean al partido socialista en su conjunto”.
Además, Guardiola ha exigido a la delegada del Gobierno que deje de actuar como altavoz de Pedro Sánchez y “empiece a defender a los ciudadanos”, promoviendo cambios legislativos que impidan que “delincuentes reincidentes sigan campando a sus anchas”, como ha ocurrido en el caso del agresor de Torre Pacheco.
La portavoz del PPRM ha recordado que el texto de la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Jumilla la semana pasada “no establece ningún veto ni ninguna prohibición que contravenga los derechos y libertades reconocidos en la Constitución”.
Desde el Partido Popular, incide Guardiola, “seguiremos defendiendo la convivencia, el respeto y la libertad, frente a quienes intentan dividir a los ciudadanos con bulos y confrontación”. Así, ha defendido que “respetamos y defendemos la Constitución Española en todos sus términos” y en lo que en lo que se refiere al ejercicio de la libertad religiosa, que “merece el máximo respeto”, ha subrayado.
Antonia López: «Los ciudadanos no pueden pagar la ineficacia del Gobierno con más desplazamientos».
La senadora del PP Antonia López ha recordado que “estos centros son fundamentales para acercar la administración al ciudadano y evitar desplazamientos a otras ciudades”, y ha denunciado que “están siendo sostenidos con fondos propios por los ayuntamientos, a pesar de que se trata de una competencia impropia”.
A esta situación se suma ahora la intención de la Dirección General de Tráfico (DGT) de imponer nuevas condiciones para mantener operativos estos centros, como la informatización completa de sus instalaciones, cuyo coste también recaería sobre los consistorios, según ha trasladado ese departamento a los ayuntamientos en un borrador de convenio. Con el mismo intentan “endosar una competencia estatal que los ayuntamientos no pueden asumir”.
En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una pregunta en el Senado para saber si el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto asumir los gastos derivados de estas mejoras y si tiene previsto cerrar estas instalaciones en caso de que los ayuntamientos no puedan hacer frente a estos nuevos requisitos.
“El Gobierno debe comprometerse con la igualdad de oportunidades para los vecinos del Noroeste, el Altiplano y Lorca. No se puede obligar a los ayuntamientos a financiar servicios que no les corresponden y, mucho menos, castigar a los ciudadanos cerrando centros esenciales por una cuestión económica”, ha denunciado Antonia López.
La senadora también ha reclamado más examinadores para la Región de Murcia, ante unos tiempos de espera “inadmisibles” para poder presentarse al examen. Se trata de unas demoras que en algunos casos se alargan más allá de los tres meses.
Así, el Partido Popular exige al Ejecutivo que “escuche las demandas de los ayuntamientos afectados y garantice, con fondos estatales, tanto la continuidad del servicio como las mejoras técnicas necesarias para adaptarlo a las nuevas exigencias de la DGT”.
Miriam Guardiola: «Sánchez humilla a las víctimas con leyes que amparan a reincidentes».
La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha exigido a Pedro Sánchez “endurecer las leyes urgentemente para que no se repita lo ocurrido con el agresor reincidente de Torre Pacheco”, tras su puesta hoy en libertad.
“No puede ser que alguien con antecedentes vuelva a agredir y quede libre como si nada. Es una humillación para la víctima y una amenaza para todos”, ha señalado Guardiola, que ha reclamado al Gobierno de España “una respuesta contundente porque las leyes no pueden seguir siendo laxas con quienes reinciden una y otra vez”.
En este sentido, ha dicho que “este no es un caso aislado, por lo que el sistema necesita una reforma profunda”, ya que “la seguridad no puede seguir siendo la gran olvidada del Gobierno de Sánchez”. De hecho, sin “leyes claras, eficaces y firmes, lo único que conseguimos es desproteger a la población”, ha remarcado.
Guardiola tiene claro que esta situación solo cambiará cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa, ya que el presidente del PP, tal y como ha anunciado, impulsará en sus primeros cien días de Gobierno una ley multirreincidencia porque “delinquir no puede salir gratis y debe tener castigo”.
María Casajús: «La energía nuclear es clave para la estabilidad y la competitividad».
La diputada del PP, María Casajús, ha denunciado que “Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa por aferrarse al poder, incluso a trocear la política energética y convertirla en parte del pastel que reparte a sus socios independentistas”. “Primero nos atropellaron en el reparto de la capacidad eléctrica, dejando fuera a la Región de Murcia. Ahora, directamente nos pretenden trocear el mapa nuclear”, ha añadido.
“La Región de Murcia ha sido una de las más afectadas por el abandono del Gobierno de Sánchez, que la ha dejado fuera de las inversiones para reforzar el sistema eléctrico nacional”, ha advertido Casajús.
“Una planificación sectaria, arbitraria y desigual agrava aún más el riesgo de apagones y debilita el desarrollo industrial de polos estratégicos como el de Cartagena, que sigue sin recibir la atención que merece por parte del Estado”, ha remarcado la diputada. “Es intolerable que el secretario general de los socialistas, Francisco Lucas, justifique incluso inversiones en Orihuela mientras a la Región la dejan sola”, ha insistido.
Ante esto, Casajús ha explicado que el PP ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares y una política energética seria, basada en criterios técnicos y de seguridad, no en intereses partidistas.
“La energía nuclear es esencial para garantizar la seguridad energética, la competitividad industrial y la estabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente en zonas como Escombreras”, ha señalado.
La moción registrada por el PP solicita al Gobierno de España: revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, eliminando criterios ideológicos en favor de criterios técnicos y de seguridad; adecuar la carga fiscal de la energía nuclear a los niveles del resto de países miembros de la UE, para garantizar su viabilidad; evaluar el impacto económico y medioambiental del cierre programado de estas centrales, que pondría en riesgo el suministro, encarecería la factura energética y afectaría negativamente a la competitividad y al desarrollo de proyectos estratégicos.
“La igualdad entre españoles también se defiende desde la política energética, y desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo un trato justo para la Región de Murcia frente al abandono del Gobierno de Sánchez y el silencio cómplice del PSOE regional”, ha concluido Casajús.
Antelo: «España no puede seguir acogiendo a quienes Francia rechaza».
José Ángel Antelo, Presidente de VOX en la Regional de Murcia, ha denunciado públicamente que “la inmigración ilegal que llega a Francia, los franceses los deportan a España”. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el dirigente murciano ha lamentado que “España se haya convertido en el vertedero migratorio de Europa” por culpa de las políticas laxas del bipartidismo y de la Unión Europea.
“Con VOX y con Patriots for Europe serán deportados a sus países de origen”, ha asegurado Antelo, en alusión a la alianza soberanista impulsada por VOX en el Parlamento Europeo junto a otras fuerzas patrióticas europeas. El objetivo, según ha explicado en otras ocasiones el propio Antelo, es recuperar la soberanía de las naciones, garantizar la seguridad de los ciudadanos y acabar con el efecto llamada que, a juicio de VOX, ha generado la inmigración masiva e ilegal.
Este posicionamiento coincide con las medidas recogidas en el programa político de VOX, que apuesta por unas fronteras seguras y por un proceso de remigración ordenado. El plan incluye la expulsión inmediata de quienes accedan ilegalmente a España, así como la reversión de todas las regularizaciones masivas y el fin de las ayudas públicas a inmigrantes ilegales, salvo en casos de necesidad humanitaria mientras se ejecuta su devolución.
Además, el partido liderado por Santiago Abascal defiende suspender la cooperación con países que no colaboren en el control migratorio y condicionar los servicios públicos al historial de cotización en España de los inmigrantes legales. Todo ello bajo una premisa clara: el español primero, en el acceso a empleo, vivienda, ayudas y seguridad.
Antelo ha subrayado que la única alternativa real para detener esta situación pasa por una política firme en defensa de la legalidad, el orden y el bienestar de los españoles. “No hay soberanía sin fronteras, ni justicia sin priorizar a los de casa”, ha concluido.
Maravillas Abadía: «El acuerdo comercial deja vacíos peligrosos para Murcia».
La eurodiputada del Partido Popular, Maravillas Abadía, ha reclamado “transparencia, claridad y protección real para los sectores estratégicos de la Región de Murcia” en el marco del nuevo acuerdo comercial que ha sido también respaldado por Pedro Sánchez. “No vamos a tolerar que se utilice el campo como moneda de cambio”, ha afirmado con contundencia.
Abadía ha reconocido que el acuerdo puede aportar estabilidad frente a una guerra arancelaria que habría sido desastrosa para Europa, pero ha advertido de que “es un pacto incompleto, con importantes incógnitas y con enormes vacíos que afectan directamente al campo, al vino y a productos clave para la Región de Murcia”.
En este contexto, ha explicado que “queda mucho camino por recorrer hasta que entre en vigor, y ahí el Partido Popular va a estar en defensa de los intereses de la Región para que los productos agroalimentarios se encuentren dentro de los productos con arancel cero. “Exigiremos lo que es de justicia, ¿puede decir lo mismo el señor Sánchez en el Consejo Europeo?”, ha preguntado.
La eurodiputada ha acusado al PSOE de guardar silencio por cálculo político mientras se pone en riesgo el modelo productivo europeo. “No vamos a aceptar lecciones de quienes, por fanatismo ideológico, están dispuestos a poner en riesgo la soberanía alimentaria de Europa. Mientras el PSOE calla, el PP da la cara por nuestros agricultores, aquí y en Bruselas”, ha sentenciado.
De hecho, el PP lidera una propuesta de Política Agraria Común ambiciosa y coherente basada en dos pilares sólidos –ayudas directas y desarrollo rural–, con menos burocracia y más incentivos, con un presupuesto propio e independiente y con una perspectiva hídrica realista, centrada en la inversión en infraestructuras. “Frente a nosotros, un PSOE que ha criminalizado al campo por motivos ideológicos y ha renunciado a defenderlo cuando más falta hacía”, ha remarcado Abadía.
Asimismo, ha exigido a la vicepresidenta Teresa Ribera que deje de esconderse y se pronuncie con claridad: “¿Está del lado de los agricultores o del recorte aprobado por la Comisión Europea de la que es vicepresidenta? Ya no vale mirar hacia otro lado”.
Decreto aranceles
En este marco, ha recordado que el decreto de aranceles de Pedro Sánchez “no da tranquilidad a las empresas. Es un parche ineficaz que supone más deuda, más préstamos y avales para endeudar aún más a las empresas. Las ha engañado con un supuesto plan de aranceles que no resuelve el problema de fondo y no ha escuchado a los sectores como sí hizo el PP”, ha denunciado Abadía.
Comité aranceles regional y ayudas
El Gobierno de Fernando López Miras ha demostrado un compromiso real y sostenido con las empresas de la Región, actuando con datos, medidas y anticipación porque el “acuerdo no puede suponer un retroceso para sectores como el agroalimentario o el industrial, fundamentales en la Región de Murcia”.
Abadía ha puesto en valor la creación del Comité de Aranceles, que monitoriza en tiempo real el impacto de las medidas comerciales, y la movilización de más de 8 millones de euros en apoyo a la internacionalización, son ejemplos claros del liderazgo regional.
Además, con programas como ‘Lead Generation’, la Región no solo protege a sus exportadores, sino que atrae inversión extranjera directa, reforzando así su resiliencia económica.
Antelo: «La mayoría quiere lo mismo que nosotros: expulsión de ilegales y delincuentes».
José Ángel Antelo, presidente de Vox Murcia, ha reaccionado con contundencia a una información publicada hoy en medios, donde se confirma que la mayoría de los ciudadanos apoya la expulsión de inmigrantes ilegales y de aquellos que cometen delitos.
“Lo que hoy aparece en un recuadro pequeño en los periódicos, nosotros lo sabemos desde hace años porque somos el único partido que recorre los barrios y escucha a los vecinos”, ha afirmado Antelo.
Desde Vox se insiste en que la inseguridad y la inmigración ilegal son dos de los principales problemas que sufren los españoles, especialmente en barrios humildes abandonados por las políticas del bipartidismo.
La formación propone medidas claras y firmes: expulsión inmediata de inmigrantes ilegales y de inmigrantes legales que cometan delitos, tal como recoge su programa nacional de fronteras seguras y remigración.
Vox es el único partido dispuesto a hacer cumplir la ley y proteger a quienes cumplen las normas: los españoles y los inmigrantes que respetan las leyes.