«Esto no va de ecología, va de control y expolio»: VOX denuncia la trampa climática.
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado ha dejado hoy en minoría a VOX. En concreto, han votado que no al veto de la formación al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Una norma que incluye, entre otras cosas «una doble imposición injusta para los españoles», al gravar de forma adicional el uso de infraestructuras que ya se financian con impuestos generales, y que sufrirán las familias, pymes y autónomos.
El veto de VOX pone también el foco en el texto que refuerza la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una línea roja para VOX, porque «restringen la circulación en miles de municipios y castigan a quienes no pueden adquirir un vehículo nuevo o eléctrico», generando una «discriminación social» bajo el pretexto medioambiental.
Aunque el Grupo Popular, mayoritario en el Senado, se ha opuesto en Comisión al veto, todavía puede redimirse en el Pleno del Senado, ya que VOX solicitará que se pueda defender y votar esta semana. Es decir, que la PL de Movilidad Sostenible puede decaer si el PP apoya la impugnación de VOX a la norma.
Para la formación que preside Santiago Abascal, «estas políticas son discriminatorias, ineficaces y puramente ideológicas». Y es que «no mejoran el medio ambiente, pero sí aumentan la presión fiscal y la dependencia del ciudadano frente al Estado». Por ello, el veto presentado ofrece al PP «la oportunidad de frenar este disparate».
Fuentes de la formación aseguran que «si no lo apoya -el veto-, ya no tendría la excusa de que las ZBE o muchos condicionantes vienen impuestos». «Se puede combatir y el primer paso es apoyar el veto», afirman desde VOX. «Cuando el PL vuelva vetado al Congreso existe la posibilidad real de impedir la entrada en vigor de esta norma. Se debe elegir entre los intereses de España o los de fuera y dar una victoria o no a Pedro Sánchez», concluyen.
VOX impugna la Ley de Movilidad: «Ataca al campo, castiga a los pobres y sirve a la Agenda 2030».
VOX ha registrado en el Senado un veto al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, donde se prevé un nuevo sistema de peajes que, tal y como denuncia la formación, supondrá una doble imposición injusta para los españoles, al gravar de forma adicional el uso de infraestructuras que ya se financian con impuestos generales. Un «doble peajes», que penalizará a las familias, autónomos y pymes.
Además, el escrito registrado por los senadores de VOX advierten de que la implantación de nuevos peajes «constituirá un traslado de costes regresivo que afectará especialmente a las zonas rurales». Además, que la elaboración de un nuevo mapa concesional de transporte por carretera supone «un grave riesgo para el medio rural», puesto que «eliminará rutas y paradas consideradas “no rentables”, dejando sin servicio a amplias zonas despobladas y condenando a sus habitantes a un mayor aislamiento.
Para la formación que lidera Santiago Abascal, la intención del Gobierno de que sean otras administraciones quienes asuman estos flujos implica «una clara dejación de funciones», que, además, supone «un coste inasumible para muchos municipio».
El PL ratifica y refuerza la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una línea roja para VOX, porque «restringen la circulación en miles de municipios y castigan a quienes no pueden adquirir un vehículo nuevo o eléctrico». Es decir, se crea una «discriminación social evidente bajo el pretexto medioambiental» .
En definitiva, este Proyecto no responde a una necesidad real de los españoles, sino al cumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno con la Comisión Europea en el marco de los fondos europeos Next Generation EU, así como a los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030. Unos compromisos que «subordinan las políticas nacionales a una estrategia supranacional de descarbonización impuesta desde Bruselas, limitando así la soberanía energética, la libertad de los ciudadanos y la capacidad de decisión de España».
Fernando Carbonell: «Es un deber democrático y moral reconocer al Cártel de los Soles como organización terrorista».
El Senado ha aprobado la moción impulsada por VOX para instar a la Unión Europea a incluir al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, un paso histórico en la lucha contra el narcoterrorismo internacional. El texto definitivo incorpora la enmienda presentada por el Grupo Popular, que fue respaldada por VOX.
El senador de VOX, Fernando Carbonell, ha defendidola iniciativa ante la Cámara Alta con un mensaje firme y claro: “El terrorismo se define como dominación por el terror, como la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y como actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Sinónimos o afines de terrorismo son terror, violencia e intimidación”.
Carbonell ha recordado que el debate en el Senado coincide con la aprobación en el Parlamento Europeo de una resolución similar, subrayando la gravedad de la amenaza que representa el Cártel de los Soles: “Desde la década de los 90 este cartel ha operado con la connivencia del gobierno venezolano y, por tanto, con toda impunidad. La Unión Europea no puede llegar tarde: reconocerlo como organización terrorista es un deber democrático y moral”, ha subrayado.
Asimismo, el senador ha insistido en que las consecuencias prácticas de esta designación son vitales: la inmovilización de fondos y activos financieros, la cooperación judicial y policial y la activación de mecanismos penales transnacionales. “Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista. No podemos permitir que la inacción diplomática convierta a España en cómplice por omisión”, ha recalcado.
La moción aprobada, con la enmienda del PP, amplía además el alcance para reforzar la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo: el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el endurecimiento de sanciones a colaboradores y testaferros, el impedimento de que España y la UE se conviertan en refugio de impunidad y la activación de la cláusula democrática del Acuerdo con Cuba.
Carbonell ha cerrado su intervención apelando a los valores más esenciales. “No se trata únicamente de poner en su sitio a una red criminal. Tenemos que enviar un mensaje: España no tolera que el crimen organizado se disfrace de gobierno legítimo ni que el narcotráfico se utilice como herramienta de dominación. Apoyar esta moción es defender la justicia, defender la democracia, defender el bien común, defender la verdad y la dignidad de las personas”, ha señalado.
Pepa Pardo a García Ortiz: «Está al servicio de Sánchez y borra pruebas como un vulgar delincuente».
La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Pepa Pardo, vuelve a exigir la dimisión del Fiscal General del Estado por considerarle una “auténtica anormalidad democrática. Por higiene democrática y respeto a la institución que representa váyase”.
Durante la comparecencia del Fiscal General en la Comisión de Justicia del Senado, Pepa Pardo le acusa de “seguir aferrado a su cargo, dinamitando la Fiscalía y el Estado de derecho”, a pesar de que “cada semana, cada día, cada hora le sacude un nuevo escándalo”.
“¿Por qué no dimite? ¿Quién le ha dado la orden de aferrarse al cargo? ¿El número Uno? ¿A quién quiere proteger? ¿Es democrático que quien debe perseguir delitos esté imputado o que el tribunal aprecie una ‘dinámica delictiva’?”, interroga la senadora popular a Álvaro García Ortiz.
Afirma que el Fiscal General “está al servicio de Pedro Sánchez, es el protector del número Uno”, al tiempo que le dice que “cada vez está más acorralado y más aferrado a su cargo”.
Además, Pepa Pardo acusa al Fiscal de actuar “al más puro estilo de un vulgar delincuente por borrar las pruebas de un presunto delito”, en referencia al borrado de los mensajes de su móvil y los correos de su cuenta privada de Gmail.
“Usted no puede seguir ni un minuto más en su cargo porque es un verdadero esperpento que un FGE borre las pruebas de un presunto delito”, le dice, tras lo que le recuerda “el frenesí telefónico que vivió antes de la filtración de los datos privados de un ciudadano particular, prueba de que existía una operación contra una rival política”.
COMPORTAMIENTO PROPIO DE DELINCUENTES
La portavoz de Justicia del GPP también se refiere a su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo el pasado 29 de enero y critica que se negará a responder a las preguntas del magistrado instructor. “Un comportamiento propio de delincuentes e impropio de quien ostenta su cargo”, reprende a García Ortiz.
“Eso lo puede hacer usted, Álvaro García Ortiz, pero no el Fiscal General del Estado porque entre sus funciones está velar por la independencia judicial, aunque parece que lo ha olvidado”, apostilla.
Por otra parte, Pepa Pardo utiliza calificativos como “vergüenza, obscenidad, incidencia e inmoralidad” al describir la actuación del Fiscal General al frente de la Institución: “Primer FGE considerado inidóneo por el CGPJ, acusado de desviación de poder por el Tribunal Supremo por su política de nombramientos y promover a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal”.
Así mismo, recrimina a García Ortiz por “no reconocer la legitimidad del magistrado del Tribunal Supremo; callar antes las acusaciones de lawfare a sus compañeros; por erigirse en abogado defensor de Pedro Sánchez en lugar de los intereses generales; por dictar circulares en contra del criterio de la mayoría de los fiscales por su servilismo al Gobierno sanchista; y por impulsar una circular apoyando la ley del sólo sí es sí en contra del criterio mayoritario de los fiscales”.
La senadora del PP también le reprocha no haber hecho nada por “esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver de ETA”, así como pedir el archivo de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y dar “carpetazo” a la investigación contra Otegui.
“Usted representa la historia negra de la Fiscalía y su gestión se resume en dos palabras: servilismo e imputación”, subraya Pepa Pardo, tras lo que concluye su intervención reiterando que “por higiene democrática y respeto a la institución que representa, váyase señor García Ortiz”