Ortells: «El Campo de Gibraltar es España. Defiéndanlo como tal».
El diputado de VOX por Cádiz en el Parlamento de Andalucía, José Ortells, ha denunciado con firmeza la pasividad tanto del Gobierno autonómico como del nacional ante el nuevo acuerdo con Gibraltar y las reiteradas agresiones al medio ambiente en el Campo de Gibraltar.
“Estas semanas hemos conocido un nuevo acuerdo nefasto con Gibraltar y un estudio universitario que evidencia graves incoherencias jurídicas y ecológicas en el litigio de las aguas del Peñón”, ha declarado Ortells, en alusión a las recientes publicaciones académicas que ponen en entredicho la gestión del conflicto.
El parlamentario de VOX ha recordado que su grupo lleva años alertando sobre estas actuaciones ilegales por parte de Gibraltar, sin que los sucesivos gobiernos hayan hecho absolutamente nada. “Cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso, tampoco movieron un dedo”, ha señalado con contundencia.
“¿Van a defender nuestras aguas o seguirán agachando la cabeza?”
Ortells ha exigido una actuación inmediata para proteger el entorno natural del Campo de Gibraltar, que sufre a diario las consecuencias de la inacción política. “¿Van a hacer algo para proteger nuestro medio marino o seguirán mirando hacia otro lado?”, cuestionó ante el silencio institucional.
Asimismo, el diputado ha instado a la consejera andaluza del Partido Popular, a quien acusa de “priorizar la Agenda 2030 antes que la soberanía nacional”, a romper su silencio y adoptar una postura “clara y firme”.
“Los camiones siguen cruzando como si nada. ¿Dónde están los controles?”
Ortells ha criticado la falta de inspecciones a los transportes y mercancías que cruzan diariamente entre Gibraltar y la península:
“Esos camiones pasan todos los días por nuestras carreteras. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están las sanciones? ¿En la frontera, en las canteras, en el transporte? Aquí no vale lavarse las manos.”
Finalmente, el diputado ha sido tajante:
“Estamos hablando de aguas españolas, andaluzas, y de una grave afrenta ecológica a toda nuestra costa. La soberanía no se negocia. Se defiende.”
Manuel Gavira: «El Partido Popular vuelve a repartir cargos antes de enfrentarse a las urnas»
El portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado al Partido Popular de repetir los errores del pasado al “repartirse los cargos antes siquiera de tener el respaldo necesario para gobernar”. Según Gavira, “el PP está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el año 2023: actuar con cobardía, sin presentar una moción de censura y evitando someterse al juicio de una votación parlamentaria”.
Gavira ha señalado que “el Partido Popular está vendiendo la piel del oso antes de cazarla”, actuando como si ya tuvieran asegurado un escenario político que aún no ha ocurrido. “Están planteando un escenario que no existe, construyendo castillos en el aire por miedo al resultado real de una votación”, ha asegurado.
Desde VOX, el portavoz ha querido dejar claro que “nosotros no estamos en el juego de las especulaciones ni de los pactos a puerta cerrada”, y ha recordado que “cuando llegue el momento, se verá quién necesita a quién. Tal vez sea VOX quien no necesite al PP, sino el PP quien tenga que pedir el apoyo de VOX”.
Gavira ha finalizado subrayando que VOX representa una política seria, firme y coherente, y que no participará en montajes que sólo buscan alimentar titulares o mantener estructuras de poder sin respaldo democrático real.
“Nosotros no vendemos humo. Nosotros somos gente seria. Ya se verá”, ha concluido el portavoz de VOX en Andalucía.
Madera: «Estamos en primera línea combatiendo la okupación que afecta a Bormujos».
Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Bormujos (VOX), lleva tiempo luchando contra la okupación ilegal, que afecta especialmente a un barrio antiguo del municipio, donde viviendas unifamiliares, antes de tranquilidad, se han convertido en foco de okupas. La situación ha empeorado por la Ley Sánchez, que ha duplicado los casos en el municipio y ha multiplicado por seis las denuncias en 15 años, con un aumento del 34,5 % solo entre 2018 y 2024.
Madera denuncia que la ley protege más a los okupas que a los propietarios, muchos de los cuales han perdido sus viviendas y sufren condiciones precarias. Además, algunas casas han sido usadas para actividades ilegales, como el cultivo de marihuana. Las indemnizaciones para los propietarios afectados suelen demorarse o no llegar.
Para Madera, erradicar la okupación ilegal no es opcional, sino una obligación institucional. Desde su delegación, se han auditado viviendas, identificado okupas y ya se ha realizado una desokupación, buscando devolver la tranquilidad a vecinos y la propiedad a los legítimos dueños.
También alerta sobre la “inkiokupación”, cuando inquilinos dejan de pagar y se niegan a marcharse, generando inseguridad jurídica y encareciendo el mercado del alquiler. Los largos procesos judiciales para recuperar viviendas afectan a propietarios, que deben seguir pagando hipotecas e impuestos sin poder usar sus inmuebles.
Madera pide endurecer leyes, impedir el empadronamiento de okupas y reforzar la seguridad jurídica para recuperar viviendas rápidamente. Esta problemática, que en 2024 registró más de 16.000 denuncias en España, ha tenido eco internacional, mostrando un grave contraste con países como Francia.
Cristina Peláez: «El Ayuntamiento deja de ser cómplice del okupa».
La portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado en el transcurso de la inauguración de la Oficina Municipal de Vivienda y Ocupación, que “en adelante se lo vamos a poner muy difícil a los okupas y a todos aquellos que estén pensando en ocupar una vivienda en el término municipal de Sevilla”.
Peláez ha subrayado que “para VOX es un día muy importante porque desde el primer día la vivienda es una materia que nos preocupa y la okupación es un fenómeno que nos indigna. La puesta en marcha de esta oficina, fruto de los acuerdos alcanzados con el gobierno de la ciudad, es toda una novedad pues se pone a disposición del sevillano un servicio público inédito en la ciudad, pero también supone un cambio de tendencia en el Ayuntamiento porque a partir de ahora esta administración estará del lado bueno, no del malo, defendiendo al legítimo propietario y no al okupa”. que hasta ahora, con los gobiernos socialistas y comunistas, ha estado supone que todos los sevillanos tendrán a su disposición una oficina municipal que atenderá todos los casos de ocupación los problemas de ocupación, que amenaza a todos los propietarios de viviendas sin distinción, pues se trata de un fenómeno que forma parte de las preocupaciones de los ciudadanos, alarma a la sociedad y forma parte del debate público desde hace años.
La portavoz municipal de VOX ha apostillado que “vamos a estar muy encima de esta oficina, a cuyo director Manuel Sillero deseamos todo el éxito en el desempeño de sus funciones. Vamos a actuar contra la ocupación de vivienda pública y privada y ya les adelanto que seremos muy persevantes en esta labor”.
“Vamos a empezar por lo más obvio, que es la creación de un censo de viviendas ocupadas en Sevilla. Porque el oscurantismo es tal, que sólo tenemos certezas de las viviendas públicas ocupadas, que en Sevilla son 21. Sabemos, por cifras oficiales, que en la provincia, el año pasado se ocuparon más de 500 viviendas pero no tenemos datos oficiales de Sevilla. Y es muy probable que la mayoría de esas viviendas correspondan a Sevilla capital”.
Cristina Peláez ha concluido afirmando que “Ojalá no hubiéramos necesitado la creación de esta oficina, pero la realidad es que hacía falta. Vamos a trabajar en cada uno de los casos existentes y en los que estén por llegar, con determinación y eficacia y estamos seguros que será un gran éxito del que se van a beneficiar una gran mayoría de sevillanos”.
Antonio Sevilla: «Esta ley no trae libertad ni seguridad jurídica, trae castigo y control ideológico».
Antonio Sevilla, diputado de VOX en el Parlamento de Andalucía y presidente de VOX Málaga, ha sido contundente tras la presentación del anteproyecto de ley de turismo sostenible en la Comisión de Turismo:
«Este anteproyecto no nos gusta porque pone en riesgo el motor económico de nuestra provincia de Málaga.»
Desde VOX se ha denunciado que esta ley impondrá más trabas, más sanciones y más burocracia al sector turístico, sin ofrecer ninguna ayuda real. “Miles de malagueños viven del turismo cada día: en hoteles, restaurantes, transporte o servicios. Esta ley no trae libertad ni seguridad jurídica, trae castigo y control ideológico”, ha afirmado Sevilla.
El texto, impulsado por el Gobierno de Moreno Bonilla, contempla auditorías obligatorias, sanciones desorbitadas y congelación de licencias turísticas por parte de los ayuntamientos, todo ello sin recursos para inspecciones ni memoria económica justificativa.
«Se copia un modelo fracasado en otras ciudades que solo sirve para subir precios y reducir oferta turística», ha advertido el parlamentario malagueño.
Sevilla también ha acusado al Partido Popular de aplicar en Andalucía los postulados de la Agenda 2030 y el fanatismo climático, ya responsables del deterioro del campo andaluz:
«Ahora pretenden aplicar esa misma ideología al turismo, y eso hará muchísimo daño a Málaga», ha señalado.
«Si esta ley se aprueba, muchos puestos de trabajo estarán en riesgo. Y los responsables serán quienes la han promovido: el Partido Popular y su sumisión a los dictados de Bruselas y de la izquierda».
Desde VOX, ha concluido, “vamos a combatir esta ley con firmeza. Porque Málaga no necesita más ideología: necesita libertad económica y seguridad para quienes sostienen el empleo y la riqueza en la provincia.”
Cristina Peláez: «El abandono de Bami es un reflejo del desgobierno de Sevilla».
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha visitado el barrio de Bami, atendiendo la llamada de los hosteleros que denuncian una situación insostenible marcada por la inseguridad creciente, especialmente en los bares cercanos al Hospital Virgen del Rocío.
“Nos trasladan su hartazgo ante los problemas de convivencia, los impagos reiterados de algunos clientes y los actos vandálicos que afectan directamente a su actividad diaria”, ha denunciado Peláez, que ha recorrido la zona junto a vecinos y trabajadores del sector.
Desde VOX exigimos al Ayuntamiento que deje de mirar hacia otro lado y actúe con urgencia: más presencia policial, control del espacio público y medidas reales que protejan a quienes generan empleo y sostienen la economía local.
“Los sevillanos están pagando impuestos por unos servicios que no reciben. El abandono municipal es total en muchos barrios, y Bami es uno de los más afectados”, ha subrayado.
VOX continuará dando voz a quienes ya no creen en las promesas vacías del gobierno municipal y reclama soluciones reales frente a la degradación de nuestras calles.
Isabel Madera: «La okupación ilegal, no es que podamos, es que estamos obligados a erradicarla».
Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento (VOX Bormujos), trabaja, desde que llegase al consistorio, en erradicar el problema de la ocupación ilegal que afecta al municipio de Bormujos.
Hace más de una década que uno de los barrios de la zona antigua de Bormujos se ha visto okupado de manera ilícita, frente a la impotencia de propietarios y vecinos. Viviendas unifamiliares, en su mayoría, edificadas en una sola planta, lo cual favoreció se convirtiese en la residencia de personas mayores y con ello, una zona de absoluta tranquilidad.
Esta okupación, inicialmente estuvo liderada por algunas familias, pero el efecto llamada de la Ley Sánchez y su negativa a endurecer la ley, ha provocado que se dupliquen las ocupaciones en el municipio sevillano. Según el IEE, las denuncias por este tipo de casos se han multiplicado por más de seis en los últimos 15 años y sólo en el periodo entre 2018 y 2024 han crecido un 34,5%.
“El problema de la okupación ilegal es que últimamente no sólo no se condena, sino que se están alimentando los derechos de los ocupas e inkiocupas por delante del de los propietarios”
Hay propietarios que han sido desposeídos de sus viviendas y, mientras los okupas disfrutan de sus propiedades, ellos se ven forzados a dormir en trasteros o a alquilar otros inmuebles. En algunos casos, incluso se han producido situaciones de narco-okupación, con pisos utilizados para el cultivo de marihuana. A esto se suma que muchos afectados ni siquiera pueden acceder a la indemnización prevista en el Real Decreto-ley antidesahucios, ya que las compensaciones suelen demorarse durante años o, directamente, no se otorgan.
Erradicarla como obligación
Madera insiste que no es deber sino obligación el erradicar la okupación ilegal por parte de las instituciones. “Siempre he denunciado la impunidad de la okupación ilegal y he exigido medidas contundentes para proteger la propiedad privada”
En su municipio, y desde su delegación de Urbanismo, se puso en marcha la maquinaria correspondiente que permite actuar en consecuencia. Se han auditado las viviendas de las zonas, se han solicitado los títulos habilitantes, se han reconocido la identidad de os okupas y, “ya se ha procedido a una desokupación”.
“Claro que podemos atajarlo y lo estamos atajando. Siempre he defendido que en estos barrios que se han visto degradados por la ocupación ilegal, tanto propietarios tienen que recuperar sus viviendas como vecinos tienen que recuperar la tranquilidad.”
La inkiocupación vs la solución al alquiler
El citado efecto llamada ha derivado en una mutación de la okupación en el ya acuñado término
inquiokupación referido a aquellos inquilinos que dejan de pagar la mensualidad y se niegan a abandonar el inmueble. Esta situación genera inseguridad jurídica para los propietarios y afecta directamente al mercado del alquiler.
Desde Urbanismo, ha manifestado Madera, se “sigue trabajando para buscar alternativas a la propiedad de vivienda a favor del alquiler”, pero los propietarios, temerosos de no poder recuperar su vivienda con rapidez en caso de impago, optan por no alquilar o lo hacen con condiciones más estrictas”
Como consecuencia, se reduce la oferta de viviendas disponibles en alquiler, especialmente en ciudades con alta demanda. Esto contribuye a un aumento generalizado de los precios y dificulta el acceso a una vivienda digna para amplios sectores de la población, especialmente jóvenes y familias con ingresos medios o bajos.
Además, los largos procesos judiciales necesarios para recuperar un inmueble okupado —que pueden extenderse durante meses o incluso años— suponen una carga emocional y económica para los propietarios, que a menudo deben seguir pagando hipotecas, suministros o impuestos sin poder usar ni disponer de su propia vivienda.
“Por ello desde Bormujos exijo endurecer la normativa, impedir el empadronamiento de ocupas, reforzar la seguridad jurídica y garantizar que los propietarios puedan recuperar sus viviendas en un plazo razonable”
Preocupante eco internacional
El eco de esta problemática llega a rotativas internacionales. El periódico británico Financial Times resalta en un reciente artículo titulado The eviction heavies stoking the fires of Spain’s property crisis que en 2024 se registraron en España 16.426 denuncias por okupación ilegal de viviendas, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al año anterior. Esta cifra contrasta notablemente con los 124 casos reportados en Francia durante el mismo período, evidenciando una diferencia significativa entre ambos países.
Alejandro Hernández: «En Córdoba hacen justo lo contrario a lo que prometen».
El diputado del VOX en Andalucía por Córdoba, Alejandro Hernández, exigirá este jueves durante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, “explicaciones urgentes” sobre la situación en el que se encuentran los terrenos del Cordel de Écija, en la capital cordobesa, tras las dos operaciones impulsadas hasta ahora por el Gobierno de Moreno Bonilla para “dar salida a estos terrenos propiedad de la Junta” y que “han terminado en absoluto fracaso”.
Hernández, que ha tildado de esta situación de “incomprensible”, ha recordado que se trata de una parcela de unos 44.000 metros cuadrados, propiedad de la administración autonómica, en la que estaba proyectada la construcción de más de un millar de viviendas, de las cuales aproximadamente un tercio serían de protección oficial, así como un centro comercial.
La primera de las operaciones fracasadas que impulsó el Ejecutivo andaluz del PP fue “una subasta pública que quedó desierta”, mientras que “en la segunda, mediante enajenación directa, tampoco hubo ningún interesado”. Dos situaciones ante las que Hernández considerada que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, “debe dar explicaciones a los cordobeses”.
Según el parlamentario de VOX, “el PP vuelve a dar muestras de su estafa permanente a los cordobeses” y “hace lo que mejor sabe, decir una cosa para acabar haciendo la contraria”. Así, “mientras Moreno Bonilla y la consejera Rocío Díaz insisten de forma reiterada en la urgencia de promover vivienda a precios asequibles, especialmente para los jóvenes y las familias con menores ingresos, luego no vemos acciones reales en Córdoba para facilitar el acceso a una vivienda digna”, ha criticado.
En este sentido, Hernández exigirá “explicaciones claras sobre el futuro de estos terrenos” y los motivos por los que el Gobierno andaluz del PP “no ha conseguido avanzar en su venta ni en su desarrollo urbanístico”. “Queremos y merecemos saber si Moreno Bonilla piensa seguir dejando en barbecho y abandonados estos suelos estratégicos, mientras miles de cordobeses tienen dificultades para acceder a una vivienda”, ha concluido Alejandro Hernández.