Actualidad Política

28 de septiembre de 2026

Archivo de la etiqueta: Andalucía

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Torremolinos ha criticado la decisión del equipo de Gobierno del Partido Popular de rechazar una enmienda presentada a la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante la que la formación proponía incorporar la nacionalidad española y una antigüedad mínima de diez años de empadronamiento como criterios preferentes para el acceso a las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La iniciativa defendida por VOX pretendía establecer mecanismos que priorizaran a los vecinos con mayor arraigo en el municipio ante la creciente dificultad de acceso a la vivienda que sufren numerosas familias de Torremolinos.

El portavoz municipal de VOX, Francisco Garrido, ha lamentado que el Partido Popular haya rechazado la propuesta y considere discriminatorios unos criterios que, según la formación, buscan proteger a quienes llevan años contribuyendo al desarrollo del municipio.

VOX reclama prioridad para los vecinos de Torremolinos

Garrido ha defendido que los recursos públicos son limitados y que, por tanto, las administraciones deben establecer criterios que favorezcan a quienes mantienen una vinculación más estrecha con la localidad.

“Los recursos son limitados y hay que establecer prioridades. Para VOX, la preferencia debe ser para los vecinos de Torremolinos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo al municipio”, ha señalado.

La formación considera que resulta difícil explicar a muchas familias que llevan toda una vida en la ciudad que puedan verse desplazadas mientras otras personas con escasa antigüedad en el municipio optan a los mismos recursos públicos.

Debate sobre el acceso a la vivienda protegida

VOX sostiene que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de jóvenes y familias, especialmente en municipios con una fuerte presión residencial y turística como Torremolinos.

Por ello, la formación defiende la necesidad de introducir criterios que tengan en cuenta el arraigo y la contribución de los solicitantes al municipio.

“Creemos que es una paradoja que una persona que lleva apenas dos años empadronada pueda tener las mismas posibilidades que un vecino que ha vivido aquí toda su vida y que ahora se ve obligado a marcharse por no poder acceder a una vivienda”, ha afirmado Garrido.

VOX mantendrá su defensa de la prioridad municipal

Desde VOX han reiterado que seguirán defendiendo medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos del municipio y a garantizar que las políticas públicas tengan en cuenta las necesidades de quienes llevan años formando parte de la comunidad local.

La formación considera que la vivienda protegida debe servir como herramienta para ayudar a las familias con mayores dificultades y reforzar la estabilidad residencial de los vecinos de Torremolinos.

“Vamos a seguir defendiendo que las administraciones prioricen a quienes han construido y sostenido nuestros municipios durante años”, ha concluido Francisco Garrido.

El consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reivindicado el compromiso del Partido Popular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de abandonar a los agentes que trabajan en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana.

Durante su intervención, Sanz aseguró sentirse “muy orgulloso” de pertenecer a un partido que, según afirmó, es “garantía de seguridad para los españoles” y que representa a colectivos esenciales para el funcionamiento del Estado.

“Somos el partido de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Somos el partido que representa de verdad a los funcionarios de prisiones, a Vigilancia Aduanera, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil”, destacó.

Críticas al Gobierno por la falta de medios

Antonio Sanz denunció la falta de respuesta del Ejecutivo tras los graves sucesos ocurridos en Barbate y otros episodios relacionados con el narcotráfico en Andalucía.

A su juicio, el Gobierno central no ha reforzado los recursos necesarios para combatir estas organizaciones criminales ni ha impulsado medidas efectivas para proteger a los agentes.

“Después de lo ocurrido en Barbate y después de lo ocurrido en Huelva no hay reacción”, lamentó.

“Ni más medios ni más personal”

El dirigente popular criticó la ausencia de inversiones y refuerzos operativos para hacer frente al avance del narcotráfico en el sur de España.

Según explicó, el Ejecutivo no ha aumentado las embarcaciones destinadas a la vigilancia marítima, ni los medios aéreos, ni las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.

“No hay más embarcaciones para la lucha contra el narcotráfico, ni más medios aéreos, ni más recursos, ni más capacidades, ni más personal, ni nuevas unidades”, afirmó.

El PP reivindica su apoyo a las Fuerzas de Seguridad

Antonio Sanz defendió que el Partido Popular seguirá respaldando a los agentes que trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos y reclamó una respuesta más contundente frente al crimen organizado.

En este sentido, insistió en que la seguridad debe situarse entre las prioridades de las administraciones públicas y criticó lo que calificó como una política de “inacción” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

“La respuesta del Ejecutivo ha sido la inacción”, concluyó.

El coordinador de VOX en Utrera, José Miguel Jiménez, ha denunciado la situación que atraviesa el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento tras la salida progresiva de técnicos municipales, una circunstancia que, según la formación, está provocando retrasos administrativos, expedientes paralizados y una creciente preocupación entre vecinos, autónomos y empresas.

Desde VOX consideran que la pérdida continuada de personal técnico evidencia una falta de planificación y gestión por parte del Gobierno municipal, al no haber previsto ni evitado la marcha de profesionales esenciales para el funcionamiento del área.

“Urbanismo está sufriendo las consecuencias de una evidente falta de dirección política y de gestión del personal municipal. El alcalde y la delegada de Recursos Humanos deben explicar qué está ocurriendo y por qué se están marchando los técnicos”, ha afirmado Jiménez.

VOX alerta de retrasos y expedientes paralizados

La formación señala que la situación puede comprobarse a través de la propia Sede Electrónica municipal, donde numerosos vecinos han detectado la desaparición de técnicos que anteriormente gestionaban expedientes urbanísticos y atendían consultas relacionadas con licencias, obras y otros procedimientos administrativos.

“Los vecinos entran para solicitar una cita y descubren que el técnico que llevaba su expediente ya no aparece. Esto genera más retrasos, más incertidumbre y una acumulación de asuntos pendientes que afectan directamente a la ciudadanía”, ha explicado el coordinador local.

Un problema que afecta a familias, autónomos y empresas

VOX advierte de que el funcionamiento de Urbanismo resulta fundamental para el desarrollo económico y social de Utrera, ya que de este departamento dependen licencias de obras, proyectos de vivienda, inversiones empresariales y numerosos trámites administrativos.

“Cuando Urbanismo se bloquea, se bloquean proyectos, reformas, inversiones y oportunidades para muchas familias y emprendedores. No estamos hablando de un problema menor, sino de un servicio esencial para el municipio”, ha señalado Jiménez.

VOX exige responsabilidades políticas

Ante esta situación, la formación reclama explicaciones públicas al alcalde, Francisco Jiménez, y a la delegada de Recursos Humanos, Isabel González Blanquero, para que informen sobre el número de técnicos que han abandonado el departamento, los motivos de esas salidas y las medidas previstas para corregir esta situación.

VOX considera imprescindible reforzar la plantilla y adoptar medidas urgentes que permitan recuperar la normalidad en el funcionamiento del área.

“Los responsables políticos no pueden mirar hacia otro lado mientras un servicio tan importante se deteriora. Utrera necesita soluciones, refuerzos de personal y una administración eficaz que responda a las necesidades de los vecinos”, ha concluido José Miguel Jiménez.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha logrado la aprobación de una moción presentada para mostrar el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España y reclamar medidas que prioricen a los españoles en el acceso a los recursos públicos.

El portavoz de VOX en el consistorio, Ángel Bordas, ha destacado que la iniciativa responde a la creciente preocupación por el impacto que este proceso puede generar sobre los servicios municipales y la atención que reciben los vecinos.

“Desde nuestra base municipal, hay que trabajar por la prioridad nacional y por el sentido común. Los recursos públicos son limitados y deben destinarse en primer lugar a quienes han contribuido durante años al sostenimiento de nuestro país”, ha afirmado.

VOX alerta de la presión sobre los servicios municipales

La moción aprobada advierte de que los procesos extraordinarios de regularización pueden provocar una importante presión sobre los ayuntamientos, especialmente en áreas como el padrón municipal, los registros administrativos y los servicios sociales.

Según VOX, esta situación puede traducirse en una mayor carga de trabajo para las administraciones locales y en dificultades para atender adecuadamente a los vecinos.

“El incremento de solicitudes genera una sobrecarga administrativa que termina afectando directamente a la calidad de los servicios que reciben nuestros ciudadanos”, ha señalado Bordas.

Defensa de la prioridad nacional

Entre los acuerdos defendidos por VOX figura el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes ilegales y la apuesta por políticas que prioricen a los españoles en ámbitos como el acceso a la vivienda, las ayudas sociales y los recursos públicos.

La formación sostiene que las administraciones deben centrar sus esfuerzos en atender primero las necesidades de las familias españolas, especialmente en un contexto marcado por las dificultades económicas y el acceso cada vez más complicado a la vivienda.

“Es una cuestión de sentido común. Primero deben estar quienes viven, trabajan y contribuyen al desarrollo de nuestro país”, ha explicado el portavoz.

Compromiso con los vecinos

VOX considera que los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la defensa de los intereses de los vecinos y en la gestión responsable de los recursos públicos.

Por ello, la formación asegura que seguirá impulsando iniciativas destinadas a garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de los ciudadanos.

“Desde el ámbito municipal podemos hacer mucho para proteger a nuestros vecinos. Basta ya de políticas que generan problemas mientras se ignoran las preocupaciones de quienes sostienen cada día nuestros municipios”, ha concluido Bordas.

El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha denunciado la alianza entre Partido Popular y Partido Socialista para mantener la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles, después de que ambas formaciones rechazaran una iniciativa presentada por VOX para su derogación.

Durante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la diputada de VOX por Málaga, Patricia Rueda, defendió una propuesta destinada a revocar la obligación de implantar estas restricciones al tráfico, al considerar que suponen una limitación injustificada para miles de ciudadanos.

“Las Zonas de Bajas Emisiones no son más que una herramienta recaudatoria impulsada por populares y socialistas que complica aún más la vida de las familias, los autónomos y los trabajadores”, afirmó.

VOX denuncia restricciones a la movilidad

Durante su intervención, Rueda defendió que las ZBE generan desigualdades entre los ciudadanos en función de su capacidad económica y limitan la libertad de circulación de quienes no pueden permitirse renovar su vehículo.

La diputada alertó de que muchos ciudadanos se ven afectados por restricciones que les impiden acceder con normalidad a determinadas zonas urbanas o desplazarse a otros municipios.

“Hay miles de españoles que no pueden cambiar de coche porque simplemente no llegan a final de mes. No se les puede castigar por ello ni convertir la movilidad en un privilegio reservado para unos pocos”, señaló.

Críticas a la Agenda 2030 y a la Ley de Cambio Climático

VOX vinculó la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones a las políticas derivadas de la Agenda 2030 y criticó que estas medidas se adopten sin tener en cuenta las dificultades reales que afrontan muchas familias.

La formación considera que estas restricciones perjudican especialmente a trabajadores, autónomos, comerciantes y vecinos de municipios obligados a aplicar este tipo de limitaciones.

Por ello, la iniciativa también planteaba promover la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al considerar que está teniendo consecuencias negativas sobre la movilidad y las formas de vida tradicionales de numerosos ciudadanos.

VOX reclama libertad de movimiento

La formación sostiene que las ZBE representan un modelo de gestión basado en prohibiciones, sanciones y restricciones que termina afectando a la vida cotidiana de millones de españoles.

Patricia Rueda defendió la necesidad de impulsar políticas que permitan compatibilizar la protección medioambiental con el respeto a los derechos y necesidades de los ciudadanos.

“Los españoles necesitan soluciones, no más prohibiciones. No podemos seguir imponiendo medidas que castigan a quienes trabajan, emprenden y utilizan su vehículo para desarrollar su vida diaria”, concluyó.

El diputado del Grupo Popular Ricardo Tarno ha cargado contra el Gobierno durante el debate en el Pleno del Congreso sobre el Tratado de Amistad entre España y Francia, calificándolo como una nueva “chapuza legislativa” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y reclamando la convocatoria de elecciones generales.

Durante su intervención, Tarno aseguró que el acuerdo firmado en Barcelona en 2023 incluye aspectos que chocan con el ordenamiento jurídico español, especialmente la participación periódica de ministros franceses en reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa.

“El Tratado es la historia de una chapuza legislativa”, afirmó el diputado popular.

El PP denuncia una posible vulneración de la Constitución

Ricardo Tarno recordó que tanto el Consejo de Estado como los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores advirtieron en su momento de las dificultades legales que plantea el texto.

Según explicó, la Constitución española no contempla la participación de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros, por lo que considera que el Ejecutivo asumió un compromiso que no podía cumplir sin una modificación legal previa.

“El error fue firmar un tratado incompatible con nuestro marco constitucional y tratar de corregirlo después”, sostuvo.

El Congreso ya rechazó el acuerdo en 2025

El dirigente popular recordó que la Cámara Baja ya rechazó este convenio el pasado año y criticó que el Gobierno haya decidido volver a presentarlo prácticamente sin cambios.

En este sentido, cuestionó la fórmula utilizada por el Ejecutivo para intentar resolver las objeciones jurídicas mediante un intercambio de notas diplomáticas entre España y Francia que matiza la participación ministerial y la sitúa en reuniones paralelas.

Para Tarno, esta solución no corrige el problema de fondo y supone una nueva improvisación legislativa.

El PP defiende una relación sólida con Francia

Pese a su rechazo al texto, el diputado popular subrayó que Francia es un aliado estratégico para España tanto en la Unión Europea como en la OTAN y defendió la necesidad de mantener una relación bilateral estable y basada en la seguridad jurídica.

“Francia merece una relación seria, sólida y ambiciosa, construida desde el respeto institucional y el cumplimiento de la legalidad”, afirmó.

Tarno reclama elecciones generales

Durante su intervención, el parlamentario popular vinculó este episodio a lo que considera una sucesión de errores legislativos protagonizados por el Gobierno en los últimos años.

A su juicio, la gestión del Ejecutivo evidencia falta de planificación y debilidad política, por lo que concluyó reclamando un cambio de rumbo.

“Quien ha fallado no es quien señaló el problema, sino quien firmó un tratado imposible de cumplir. Ante esta situación, lo que corresponde es convocar elecciones y devolver la palabra a los españoles”, concluyó.

El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido la necesidad de impulsar medidas que favorezcan al sector primario y permitan a agricultores y ganaderos desarrollar su actividad sin las restricciones y cargas derivadas de las políticas impulsadas desde Bruselas.

Durante una visita a representantes del sector primario en la provincia de Córdoba, Gavira ha reiterado el compromiso de VOX con el campo andaluz y ha subrayado la importancia estratégica que tienen la agricultura, la ganadería y la pesca para la economía, el empleo y el abastecimiento alimentario.

“Lo más importante son las medidas que favorezcan al sector primario y que agricultores y ganaderos dejen de sufrir las consecuencias de las políticas que vienen de Bruselas”, ha afirmado.

VOX escucha las preocupaciones del sector en Córdoba

Durante el encuentro, el portavoz andaluz ha mantenido reuniones con profesionales afectados por diferentes problemáticas que afectan actualmente al sector, entre ellas la tuberculosis bovina y la situación de la industria del corcho.

Gavira ha destacado que Córdoba cuenta con una agricultura y una ganadería de referencia y ha lamentado que muchos profesionales trasladen una creciente preocupación por la pérdida de rentabilidad y el aumento de las dificultades para mantener sus explotaciones.

“Cada vez que nos reunimos con agricultores y ganaderos nos trasladan que están peor y que las dificultades siguen aumentando”, ha señalado.

“Los problemas del campo también llegan a las ciudades”

El dirigente de VOX ha advertido de que las dificultades que atraviesa el sector primario no afectan únicamente al mundo rural, sino que tienen consecuencias directas sobre el conjunto de la sociedad.

“Los problemas del campo se sufren también en las ciudades. Estamos hablando de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y de garantizar que siga existiendo actividad económica y empleo en nuestros pueblos”, ha explicado.

Según Gavira, la falta de rentabilidad y las crecientes trabas burocráticas ponen en riesgo la continuidad de muchas explotaciones y dificultan el relevo generacional en el medio rural.

Más libertad y menos burocracia

El portavoz de VOX ha insistido en que agricultores, ganaderos y pescadores necesitan menos burocracia, menos restricciones y más capacidad para desarrollar su actividad en condiciones competitivas.

“El sector primario no necesita discursos de despacho ni más papeleo. Necesita libertad para producir, rentabilidad para mantener sus explotaciones y prosperidad para generar empleo y riqueza”, ha afirmado.

Defensa del sector primario

Gavira ha recordado que VOX ha situado la defensa del campo como una de sus principales prioridades políticas y ha puesto en valor las medidas impulsadas por la formación en distintos territorios donde forma parte de acuerdos de gobierno.

“El sector primario es esencial para Andalucía y para España. Vamos a seguir defendiendo a quienes trabajan cada día en el campo y en la mar frente a políticas que perjudican su futuro y el de miles de familias”, ha concluido.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha registrado una moción para reclamar la construcción de un edificio específico destinado a albergar el Centro Provincial de Drogodependencias, con el objetivo de garantizar una atención adecuada, moderna y eficaz a las personas que sufren problemas de adicciones en el municipio y en toda la comarca de la Axarquía.

La iniciativa insta a la Junta de Andalucía a estudiar, planificar y ejecutar unas nuevas instalaciones diseñadas expresamente para este servicio, dotadas de los recursos y espacios necesarios para atender las necesidades sanitarias, psicológicas y sociales de los usuarios.

El portavoz de VOX en Vélez-Málaga, Javier Herreros, ha defendido que las drogodependencias constituyen una de las problemáticas sociales y sanitarias más importantes de la actualidad, con consecuencias que afectan no solo a quienes las padecen, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad.

“Estamos hablando de un servicio esencial que presta apoyo a cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Merece unas instalaciones adecuadas, modernas y preparadas para responder a las necesidades reales de los usuarios y de los profesionales que trabajan en él”, ha señalado.

VOX rechaza soluciones provisionales

La moción llega tras conocerse la intención de trasladar el actual servicio desde sus instalaciones de la calle Pescadería Vieja hasta las antiguas casas de maestros situadas en la calle Valladolid.

Sin embargo, desde VOX consideran que este cambio de ubicación no supone una solución definitiva para un recurso de carácter estratégico para la comarca.

“El debate no debe centrarse en elegir entre un edificio u otro, sino en apostar por una solución estable y duradera. Vélez-Málaga, como capital de la Axarquía, necesita un centro diseñado específicamente para la atención de las adicciones”, ha afirmado Herreros.

Un recurso clave para la recuperación y la reinserción

VOX subraya que unas instalaciones adecuadas son fundamentales para desarrollar programas de prevención, atención individualizada, terapias grupales, apoyo a familiares, actividades de reinserción y seguimiento de pacientes.

La formación considera que los espacios donde se presta esta atención influyen directamente en la calidad del servicio y en las posibilidades de recuperación de las personas afectadas.

“Los edificios no son un aspecto secundario. Un entorno adecuado favorece la atención, la privacidad, la recuperación y la dignidad de quienes necesitan ayuda para salir de una situación muy difícil”, ha explicado el portavoz.

Más capacidad y mejores condiciones

La propuesta defiende que la construcción de un edificio propio permitiría mejorar la capacidad asistencial del centro, disponer de espacios especializados para la atención sanitaria, psicológica y social, reforzar la privacidad de los usuarios y ofrecer mejores condiciones laborales a los profesionales que trabajan diariamente en este ámbito.

VOX considera que esta inversión supondría una apuesta firme por la prevención, la recuperación de los pacientes y el apoyo a las familias afectadas por las adicciones.

“Queremos que Vélez-Málaga cuente con un centro moderno, preparado para el futuro y capaz de ofrecer la atención que merecen tanto los pacientes como sus familias”, ha concluido Herreros.

256/1713
Consentimiento de Cookies con Real Cookie Banner