Cristina Peláez: «El abandono de Bami es un reflejo del desgobierno de Sevilla».
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha visitado el barrio de Bami, atendiendo la llamada de los hosteleros que denuncian una situación insostenible marcada por la inseguridad creciente, especialmente en los bares cercanos al Hospital Virgen del Rocío.
“Nos trasladan su hartazgo ante los problemas de convivencia, los impagos reiterados de algunos clientes y los actos vandálicos que afectan directamente a su actividad diaria”, ha denunciado Peláez, que ha recorrido la zona junto a vecinos y trabajadores del sector.
Desde VOX exigimos al Ayuntamiento que deje de mirar hacia otro lado y actúe con urgencia: más presencia policial, control del espacio público y medidas reales que protejan a quienes generan empleo y sostienen la economía local.
“Los sevillanos están pagando impuestos por unos servicios que no reciben. El abandono municipal es total en muchos barrios, y Bami es uno de los más afectados”, ha subrayado.
VOX continuará dando voz a quienes ya no creen en las promesas vacías del gobierno municipal y reclama soluciones reales frente a la degradación de nuestras calles.
Isabel Madera: «La okupación ilegal, no es que podamos, es que estamos obligados a erradicarla».
Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento (VOX Bormujos), trabaja, desde que llegase al consistorio, en erradicar el problema de la ocupación ilegal que afecta al municipio de Bormujos.
Hace más de una década que uno de los barrios de la zona antigua de Bormujos se ha visto okupado de manera ilícita, frente a la impotencia de propietarios y vecinos. Viviendas unifamiliares, en su mayoría, edificadas en una sola planta, lo cual favoreció se convirtiese en la residencia de personas mayores y con ello, una zona de absoluta tranquilidad.
Esta okupación, inicialmente estuvo liderada por algunas familias, pero el efecto llamada de la Ley Sánchez y su negativa a endurecer la ley, ha provocado que se dupliquen las ocupaciones en el municipio sevillano. Según el IEE, las denuncias por este tipo de casos se han multiplicado por más de seis en los últimos 15 años y sólo en el periodo entre 2018 y 2024 han crecido un 34,5%.
“El problema de la okupación ilegal es que últimamente no sólo no se condena, sino que se están alimentando los derechos de los ocupas e inkiocupas por delante del de los propietarios”
Hay propietarios que han sido desposeídos de sus viviendas y, mientras los okupas disfrutan de sus propiedades, ellos se ven forzados a dormir en trasteros o a alquilar otros inmuebles. En algunos casos, incluso se han producido situaciones de narco-okupación, con pisos utilizados para el cultivo de marihuana. A esto se suma que muchos afectados ni siquiera pueden acceder a la indemnización prevista en el Real Decreto-ley antidesahucios, ya que las compensaciones suelen demorarse durante años o, directamente, no se otorgan.
Erradicarla como obligación
Madera insiste que no es deber sino obligación el erradicar la okupación ilegal por parte de las instituciones. “Siempre he denunciado la impunidad de la okupación ilegal y he exigido medidas contundentes para proteger la propiedad privada”
En su municipio, y desde su delegación de Urbanismo, se puso en marcha la maquinaria correspondiente que permite actuar en consecuencia. Se han auditado las viviendas de las zonas, se han solicitado los títulos habilitantes, se han reconocido la identidad de os okupas y, “ya se ha procedido a una desokupación”.
“Claro que podemos atajarlo y lo estamos atajando. Siempre he defendido que en estos barrios que se han visto degradados por la ocupación ilegal, tanto propietarios tienen que recuperar sus viviendas como vecinos tienen que recuperar la tranquilidad.”
La inkiocupación vs la solución al alquiler
El citado efecto llamada ha derivado en una mutación de la okupación en el ya acuñado término
inquiokupación referido a aquellos inquilinos que dejan de pagar la mensualidad y se niegan a abandonar el inmueble. Esta situación genera inseguridad jurídica para los propietarios y afecta directamente al mercado del alquiler.
Desde Urbanismo, ha manifestado Madera, se “sigue trabajando para buscar alternativas a la propiedad de vivienda a favor del alquiler”, pero los propietarios, temerosos de no poder recuperar su vivienda con rapidez en caso de impago, optan por no alquilar o lo hacen con condiciones más estrictas”
Como consecuencia, se reduce la oferta de viviendas disponibles en alquiler, especialmente en ciudades con alta demanda. Esto contribuye a un aumento generalizado de los precios y dificulta el acceso a una vivienda digna para amplios sectores de la población, especialmente jóvenes y familias con ingresos medios o bajos.
Además, los largos procesos judiciales necesarios para recuperar un inmueble okupado —que pueden extenderse durante meses o incluso años— suponen una carga emocional y económica para los propietarios, que a menudo deben seguir pagando hipotecas, suministros o impuestos sin poder usar ni disponer de su propia vivienda.
“Por ello desde Bormujos exijo endurecer la normativa, impedir el empadronamiento de ocupas, reforzar la seguridad jurídica y garantizar que los propietarios puedan recuperar sus viviendas en un plazo razonable”
Preocupante eco internacional
El eco de esta problemática llega a rotativas internacionales. El periódico británico Financial Times resalta en un reciente artículo titulado The eviction heavies stoking the fires of Spain’s property crisis que en 2024 se registraron en España 16.426 denuncias por okupación ilegal de viviendas, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al año anterior. Esta cifra contrasta notablemente con los 124 casos reportados en Francia durante el mismo período, evidenciando una diferencia significativa entre ambos países.
Alejandro Hernández: «En Córdoba hacen justo lo contrario a lo que prometen».
El diputado del VOX en Andalucía por Córdoba, Alejandro Hernández, exigirá este jueves durante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, “explicaciones urgentes” sobre la situación en el que se encuentran los terrenos del Cordel de Écija, en la capital cordobesa, tras las dos operaciones impulsadas hasta ahora por el Gobierno de Moreno Bonilla para “dar salida a estos terrenos propiedad de la Junta” y que “han terminado en absoluto fracaso”.
Hernández, que ha tildado de esta situación de “incomprensible”, ha recordado que se trata de una parcela de unos 44.000 metros cuadrados, propiedad de la administración autonómica, en la que estaba proyectada la construcción de más de un millar de viviendas, de las cuales aproximadamente un tercio serían de protección oficial, así como un centro comercial.
La primera de las operaciones fracasadas que impulsó el Ejecutivo andaluz del PP fue “una subasta pública que quedó desierta”, mientras que “en la segunda, mediante enajenación directa, tampoco hubo ningún interesado”. Dos situaciones ante las que Hernández considerada que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, “debe dar explicaciones a los cordobeses”.
Según el parlamentario de VOX, “el PP vuelve a dar muestras de su estafa permanente a los cordobeses” y “hace lo que mejor sabe, decir una cosa para acabar haciendo la contraria”. Así, “mientras Moreno Bonilla y la consejera Rocío Díaz insisten de forma reiterada en la urgencia de promover vivienda a precios asequibles, especialmente para los jóvenes y las familias con menores ingresos, luego no vemos acciones reales en Córdoba para facilitar el acceso a una vivienda digna”, ha criticado.
En este sentido, Hernández exigirá “explicaciones claras sobre el futuro de estos terrenos” y los motivos por los que el Gobierno andaluz del PP “no ha conseguido avanzar en su venta ni en su desarrollo urbanístico”. “Queremos y merecemos saber si Moreno Bonilla piensa seguir dejando en barbecho y abandonados estos suelos estratégicos, mientras miles de cordobeses tienen dificultades para acceder a una vivienda”, ha concluido Alejandro Hernández.
Benito Morillo lleva a la Junta la defensa del patrimonio de la Reconquista.
Benito Morillo Alejo, diputado de VOX en el Parlamento de Andalucía, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley para reclamar a la Junta de Andalucía que declare Bien de Interés Cultural el Monumento de la Batalla de las Navas de Tolosa, ubicado en La Carolina.
Morillo Alejo ha destacado que este monumento no solo tiene un valor histórico incuestionable, sino que representa un símbolo de la unidad de los Reinos Cristianos frente a la invasión islámica, un momento clave que marcó un antes y un después en la Reconquista.
“Defender este monumento es honrar nuestra identidad y nuestra historia común”, ha señalado el diputado, que insistió en la importancia de consolidar su protección legal y facilitar su inclusión en rutas culturales y turísticas que pongan en valor este patrimonio.
Además, VOX defenderá en la Comisión de Cultura y Patrimonio la necesidad de elevar a la categoría de Museo Oficial el Centro de Interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa, ubicado en Santa Elena, para garantizar su financiación, protección y continuidad.
“Este moderno espacio expositivo ofrece una experiencia interactiva y educativa, pero lamentablemente carece de la oficialidad necesaria para convertirse en museo y asegurar su futuro”, ha explicado Morillo Alejo.
Recordó que la Batalla de las Navas de Tolosa, librada en 1212, fue un enfrentamiento épico que supuso un punto de inflexión en la Reconquista, consolidando el avance cristiano en la península frente a la ocupación islámica.
Finalmente, el diputado de VOX anunció que su grupo solicitará también:
- La protección real de los yacimientos arqueológicos relacionados con la batalla.
- El inicio de campañas educativas y divulgativas que resalten este patrimonio histórico.
- La promoción de una ruta histórico-cultural que conecte distintos hitos de la Reconquista en Andalucía, con la Batalla de las Navas de Tolosa como eje estratégico para fomentar el turismo rural y el conocimiento del pasado común.
“Queremos que la historia de Andalucía y España se conozca, se valore y se difunda, especialmente un episodio tan trascendental como la Batalla de las Navas de Tolosa”, concluyó Benito Morillo Alejo.
Antonio Sevilla pone el foco en la ‘invasión educativa’ marroquí en Andalucía.
Antonio Sevilla, diputado de VOX en el Parlamento de Andalucía y presidente de VOX Málaga, ha denunciado la apuesta silenciosa del Gobierno andaluz del PP por reactivar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), un programa financiado y gestionado por Marruecos sin supervisión real de la Junta de Andalucía.
Los datos aportados por la Junta de Andalucía a VOX revelan que durante la pandemia (2019-2021) el PLACM sufrió un desplome considerable:
- Centros participantes disminuyeron de 113 a 80 (-29%),
- Alumnos matriculados cayeron de 2.700 a 1.525 (-44%),
No obstante, en el curso 2024-2025 se observa una recuperación institucional:
- El número de centros ha aumentado a 95 (+18% respecto a 2021),
- Sin embargo, el número de alumnos ha crecido solo hasta 1.810 (+19% desde 2021), un nivel aún lejos del registrado antes de la pandemia.
“El Gobierno del PP prioriza la expansión institucional del programa más que su demanda real, ya que hay más centros, pero con menor implantación y un crecimiento insuficiente en alumnado”, explica Sevilla.
Además, el PLACM es financiado, gestionado y dirigido íntegramente por Marruecos, sin que la Junta supervise ni los contenidos ni al profesorado, lo que implica una cesión clara de soberanía educativa.
Desde VOX denuncian la falta de transparencia y debate público, recordando que el programa no cuenta con presupuesto propio aprobado en los presupuestos andaluces, pero sí dispone de espacio, horario y validación institucional dentro del sistema educativo público.
“¿Aceptarían Moreno Bonilla y el PP que se implantara un programa financiado por Rusia, China o Irán sin control alguno? La Junta de Andalucía está ocultando información relevante y evade el debate parlamentario”, insiste Sevilla.
VOX obtuvo estos datos mediante preguntas parlamentarias, ya que no se publican ni se someten a evaluación pública.
“El secretismo con que se mantiene este programa es inaceptable cuando afecta a más de 1.800 menores andaluces cada año. Los andaluces tienen derecho a conocer en qué consiste realmente esta cesión educativa”, concluye Sevilla.
Para VOX, la educación debe tener un único objetivo: “servir a los andaluces y españoles, nunca al Reino de Marruecos”.
Garrido: «La pasividad ante el top manta es un regalo a las mafias».
El portavoz del Grupo Municipal VOX en Torremolinos y diputado provincial, Francisco Garrido, ha alertado sobre la proliferación del top manta y el comercio ilegal en el municipio, una situación que está afectando gravemente a los comerciantes y autónomos locales.
Garrido ha exigido un plan de actuación integral que incluya una mayor presencia policial para frenar esta actividad ilegal, así como actuaciones más contundentes contra quienes la fomentan y practican. Además, ha reclamado el lanzamiento de una campaña de sensibilización ciudadana para informar a la población sobre los daños reales que causa el top manta.
“El único beneficiario de estas compras ilegales son las mafias y las organizaciones criminales que operan en la sombra, mientras que nuestros comerciantes y autónomos sufren una competencia desleal que los está llevando al límite de la ruina”, ha denunciado Garrido.
El portavoz de VOX subraya la urgencia de actuar para proteger la economía local y garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos de Torremolinos, un municipio turístico y comercial que no puede permitirse perder más empleos ni inversión por culpa del comercio ilegal.
Ana Ruiz: «Ni médicos, ni sustituciones, ni transporte: esta es la sanidad de la Junta en verano».
La diputada de VOX y vicepresidenta de VOX Sevilla, Ana María Ruiz Vázquez, ha denunciado hoy la grave situación que se está viviendo en el distrito sanitario de Camas, que agrupa a alrededor de diez municipios y da servicio a casi 90.000 habitantes.
“Este verano hemos llegado a la oclusión total: los centros de salud de Pañoleta, Coca de la Piñera y El Tarambur permanecerán cerrados por completo durante los meses estivales”, ha afirmado Ruiz Vázquez.
La diputada ha subrayado el impacto que esta decisión tiene especialmente en las personas mayores de estos municipios, que se ven obligadas a trasladarse al centro principal de Camas para recibir atención sanitaria.
“No sabemos si habrá transporte ni con qué medios podrán desplazarse estas personas en plena ola de calor. Se está poniendo en riesgo la salud de quienes más necesitan atención”, ha advertido.
La raíz del problema: falta de valoración a los profesionales sanitarios
Ana María Ruiz ha apuntado directamente a las causas de esta situación, que a su juicio se encuentran en la falta de apoyo y mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios.
“¿Por qué se cierran los centros? Porque no se valora a los profesionales, no se mejoran sus condiciones para que haya sustitutos y evitar estos cierres. Esa es la cuestión fundamental”, ha explicado.
Un verano complicado que exige medidas urgentes
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la diputada alerta de un escenario sanitario especialmente delicado.
“Lo que tiene que hacer el Gobierno de Moreno Bonilla es mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales y garantizar que los pacientes tengan a su disposición atención sanitaria en sus propios pueblos”, ha reclamado.
VOX exige soluciones inmediatas a la Junta de Andalucía
Desde VOX, Ana María Ruiz Vázquez ha solicitado a la Consejería de Salud, que precisamente gestionó este distrito en la etapa anterior bajo la actual consejera, una respuesta urgente que garantice la continuidad del servicio en la atención primaria.
“Pedimos a la Junta de Andalucía que actúe ya para mejorar las condiciones de los sanitarios y evite que los centros de salud de estos pueblos sigan cerrados en verano. La salud es un derecho fundamental y debe estar garantizada para todos, sin excepciones”, ha concluido.
Gavira: «Esta conferencia es una reunión de poderosos que quieren decidir por nosotros sin rendir cuentas».
El portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado que la Conferencia para la Financiación y el Desarrollo que se celebra en Sevilla es “una muestra más del pacto entre socialistas y populares en la Unión Europea para imponer una agenda ideológica que nada tiene que ver con el bienestar de los españoles”.
“Hoy es otra prueba más del negocio que PP y PSOE tienen montado en Bruselas. El negocio del siglo XXI no es otro que el fanatismo climático, la inmigración ilegal masiva y la ideología de género impuesta a través de la Agenda 2030”, ha afirmado Gavira.
Críticas al “fanatismo climático” y la hipocresía global
Gavira ha alertado de que el “fanatismo climático” que promueven estas conferencias castiga a los sectores productivos nacionales mientras deja impunes a los grandes contaminadores.
“China es el país que más contamina del planeta y nadie le dice absolutamente nada. Sin embargo, aquí arruinan a nuestros agricultores, ganaderos e industrias con restricciones ideológicas”, ha denunciado.
La inmigración ilegal, financiada y protegida
El portavoz de VOX ha afirmado que “también es parte del negocio del siglo XXI la inmigración ilegal masiva”, y ha señalado que existen “multimillonarios que financian activamente estas oleadas migratorias que están desestabilizando Europa y, en especial, a España”.
“Nadie habla de quién está detrás de este fenómeno. Lo que sufrimos no es espontáneo ni solidario: es un plan perfectamente diseñado”, ha advertido.
Imposición ideológica a través de la Agenda 2030
Manuel Gavira ha vinculado el acuerdo entre PP y PSOE con el respaldo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos en la agenda globalista.
“Ambos partidos están de acuerdo en imponer esa agenda malvada que es la Agenda 2030. Y lo hacen a espaldas del pueblo español y en contra de nuestros intereses”, ha subrayado.
Fondos públicos para chiringuitos ideológicos
VOX denuncia que este tipo de cumbres y declaraciones internacionales solo sirven para justificar el envío de miles de millones de euros de los españoles a redes de ONG, fundaciones y organismos supranacionales alineados con esta agenda.
“Pedro Sánchez va a comprometer cientos o miles de millones de euros para financiar esa supuesta ‘cooperación al desarrollo’, que en realidad sirve para sostener los chiringuitos de la Agenda 2030”, ha explicado Gavira.
VOX exige que se investigue la corrupción institucional
El portavoz andaluz ha concluido advirtiendo que “este circo internacional sirve también para desviar la atención de la corrupción estructural que afecta tanto al Partido Socialista como al Gobierno de España”.
“Desde VOX no vamos a callar. Seguiremos defendiendo la soberanía nacional, la libertad de los españoles y la necesidad urgente de romper con esta agenda destructiva”, ha finalizado.