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Por Keka Alcaide.

Hay algo profundamente paradójico y muy revelador en la última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez como ha sido crear una herramienta para medir el odio en redes y en la conversación pública bajo la etiqueta #Hodio.

La idea, presentada con solemnidad institucional, pretende identificar discursos de odio, cartografiarlos y combatirlos. Sobre el papel suena impecable pues nadie en su sano juicio defendería el odio como valor público. El problema empieza cuando quienes se erigen en árbitros del odio han convertido durante años la polarización en una (su) estrategia política.

Porque conviene recordar que el clima de enfrentamiento que hoy dicen querer medir no surgió de manera espontánea, sino que más bien ha sido cultivado con paciencia desde el propio poder.

En los últimos años el debate público ha estado plagado de etiquetas que no buscan describir al adversario político, sino descalificarlo moralmente. Desde tribunas gubernamentales y desde portavoces del Ejecutivo se ha hablado repetidamente de la “derecha y la ultraderecha” como un bloque homogéneo asociado a amenazas democráticas.

La ministra María Jesús Montero llegó a referirse a determinados medios críticos como “la fachosfera mediática”, una expresión que convertía a periodistas y lectores en una categoría política despectiva.

El propio presidente del Gobierno denunció en 2024 la existencia de una “máquina del fango” mediática que, según él, opera para desestabilizar a su Ejecutivo. La frase se hizo viral y pasó a formar parte del arsenal político cotidiano.

Adjetivos no usados como síntoma de discrepancia política, pero sí como clasificación moral, convirtiendo el debate público en una trinchera alejada de lo que debiera ser una discusión constructiva.

Llegados a este punto, lo paradójico y hasta sarcástico es que ahora, quienes han alimentado ese clima anuncian que van a medir el odio.

Pero pese a los intentos del mandatario por erigirse cabeza de todo menos de turco, este fenómeno no es nuevo. Es difícil no ver aquí una escena casi aristotélica. Aristóteles describía la akrasia, término proveniente del griego en lo referente a la falta de voluntad, como el saber que algo está mal, pero seguir haciéndolo. En la política contemporánea sanchista existe una versión aún más sofisticada que pasa por denunciar públicamente aquello mismo que se practica.

Los filósofos estoicos advertían de esa incoherencia entre discurso y conducta. Epictetus insistía en que la virtud no consiste en hablar de lo correcto, sino en vivir conforme a ello. Y por ende, condenar algo mientras se ejerce lo convertía en estrategia retórica más que en moralidad.

Eso es lo que vuelve tan llamativa la iniciativa del Gobierno. Porque el problema del odio en la política española no se resuelve con indicadores, mapas semánticos o algoritmos que rastreen palabras prohibidas. El problema nace cuando el propio poder adopta la lógica de la confrontación permanente.

Un medido complejo de medir

Medir el “odio” se presenta como un objetivo aparentemente incuestionable. Si el odio deteriora la convivencia democrática, identificarlo y reducirlo parece una tarea legítima del poder público. Sin embargo, el simple hecho de intentar cuantificar el odio plantea un problema conceptual y político de gran calado.

En primer lugar, el odio no es una magnitud física ni un fenómeno fácilmente objetivable. Es una categoría moral y emocional, dependiente del contexto, de la intención del hablante y de la interpretación del oyente. Convertirlo en una variable medible exige definir previamente qué se considera odio y qué no, y esa definición inevitablemente tiene un componente político.

El primer riesgo aparece cuando el poder define qué discursos constituyen “odio”, convirtiéndose también en árbitro de los límites del debate público.

La filosofía política lleva siglos advirtiendo sobre esta tensión. Ya en la tradición clásica se insistía en que la virtud no se mide por declaraciones públicas sino por la coherencia entre discurso y acción. Cuando el poder establece mecanismos para vigilar determinadas expresiones, el problema no es solo qué se pretende medir, sino quién controla el instrumento de medición y con qué intención, pues según el proceso la medición puede transformarse fácilmente en un mecanismo de regulación del lenguaje político.

Por eso el debate no debería centrarse únicamente en si el odio existe —algo evidente— sino en hasta qué punto su medición institucional puede afectar a la libertad de crítica, al pluralismo político y a la confrontación legítima de ideas, que son elementos esenciales en una democracia.

En definitiva, medir el odio no es una operación técnica neutral. Es una decisión política sobre los límites del discurso público, y precisamente por eso exige un escrutinio especialmente riguroso.

“La política del ejecutivo tiene la curiosa tendencia de convertir en políticas públicas los problemas que previamente ha contribuido a crear. Se genera el incendio y luego se anuncia el observatorio del fuego”

Así que el verdadero experimento, más que medir el odio en la conversación pública, sería medir el origen político de ese odio. Tal vez entonces descubriríamos que muchos de los discursos que ahora se pretenden vigilar nacieron precisamente en el lugar desde el que hoy se promete combatirlos.