Pedro de Rueda: «No hay fecha, no hay plan y no hay explicaciones»
El diputado del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de Infraestructuras, Movilidad y Transportes, Pedro de Rueda, ha exigido al Gobierno del Principado de Asturias que anuncie “ya” una fecha para restituir el servicio nocturno de autobuses búho en la Cuenca del Nalón, suspendido desde el pasado 23 de abril.
El parlamentario ha reclamado al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que comparezca para explicar la situación actual del servicio y presente de forma inmediata un calendario concreto para su recuperación.
“Llevamos más de tres meses con las Cuencas sin búho y el equipo de Barbón sigue sin decir cuándo va a volver. No hay fecha, no hay plan y no hay explicaciones”, ha denunciado De Rueda durante una rueda de prensa celebrada en El Entrego.
Tres meses sin servicio nocturno
La suspensión fue acordada por el Principado y las empresas operadoras tras una huelga y varios incidentes relacionados con la seguridad.
La decisión dejó sin las rutas nocturnas de los fines de semana a los usuarios que se desplazaban entre Riaño, Pola de Laviana y Langreo con destino a Oviedo.
De Rueda ha recordado que el PP reclamó la restitución del servicio en abril en Langreo y volvió a plantear la cuestión durante el mes de mayo tanto en la Junta General del Principado como en comisión.
Según el portavoz popular, desde entonces la Consejería de Movilidad no ha ofrecido una respuesta concreta ni ha comunicado cuándo se reanudarán los trayectos.
El PP denuncia que la suspensión se ha convertido en indefinida
El diputado ha señalado que la suspensión se anunció inicialmente como temporal, pero considera que, después de más de tres meses, se ha convertido en una interrupción indefinida.
De Rueda ha advertido de que el servicio resulta especialmente necesario durante el verano, debido a la celebración de fiestas en los concejos y al aumento de los desplazamientos nocturnos durante los fines de semana.
“Miles de jóvenes de la Cuenca del Nalón se ven obligados a depender del coche particular para regresar a casa de madrugada, con el riesgo que eso supone para la seguridad vial, o directamente se quedan sin una alternativa de transporte”, ha asegurado.
También ha señalado que la suspensión sigue afectando a las personas que utilizaban el autobús nocturno para acudir a sus puestos de trabajo.
Un servicio de seguridad e igualdad de oportunidades
El portavoz popular ha defendido que el búho “no es un capricho”, sino un servicio público necesario por razones de seguridad y de igualdad de oportunidades.
Acompañado por representantes del PP de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana, De Rueda ha denunciado que la falta de este transporte coloca a los habitantes del valle del Nalón en una situación de desigualdad respecto a los residentes de otras zonas del área central de Asturias.
“Suspenderlo sine die es condenar a los habitantes del valle del Nalón a una desigualdad más”, ha afirmado.
El PP considera que la restitución del servicio permitiría ofrecer una alternativa segura al vehículo privado durante las madrugadas y garantizaría una mejor conexión de los municipios de las Cuencas.
El PP pide un protocolo de seguridad
Pedro de Rueda ha reconocido que los incidentes de seguridad que motivaron la suspensión son reales y deben ser solucionados para proteger tanto a los conductores como a los pasajeros.
Sin embargo, ha reprochado al Gobierno asturiano que no haya alcanzado todavía un acuerdo con las empresas operadoras y los trabajadores para establecer un protocolo que permita recuperar las rutas.
“Suspender es fácil; gestionar es lo que este Gobierno no hace”, ha sentenciado.
El Grupo Parlamentario Popular exige que el calendario de restitución esté acompañado por las medidas de seguridad pactadas con las empresas y las plantillas.
De Rueda ha concluido reclamando al Ejecutivo autonómico que explique directamente a los vecinos de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo cuál es el futuro del servicio nocturno.
Sonsoles Peralta denuncia la doble vara de medir del PP en la plaza de la Catedral.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado la decisión del alcalde, Alfredo Canteli, de impedir que vuelvan a celebrarse conciertos en la plaza de la Catedral y ha acusado al Partido Popular de aplicar criterios diferentes en función del acto, del organizador o del contenido político de cada evento.
La portavoz de VOX Oviedo, Sonsoles Peralta, ha respondido a las declaraciones del regidor, quien aseguró que “mientras yo sea alcalde, los conciertos no volverán a la plaza de la Catedral”.
Para la formación, esta afirmación refleja una forma de gobernar excesivamente personalista, basada en decisiones particulares en lugar de reglas objetivas y aplicables a todos por igual.
“Si la plaza de la Catedral merece protección, debe protegerse siempre, no solo cuando al Partido Popular le conviene”, ha afirmado Peralta.
VOX recuerda que la plaza continúa acogiendo actuaciones
La portavoz municipal ha señalado que la plaza de la Catedral no está completamente cerrada a la celebración de actividades musicales, ya que continúa acogiendo actuaciones y conciertos a lo largo del año.
Por ello, VOX considera que el debate no debe centrarse únicamente en si la música puede estar presente en ese espacio, sino en los criterios utilizados por el Ayuntamiento para autorizar o rechazar determinados eventos.
“La cuestión no es si puede haber música en ese espacio, sino por qué el Partido Popular decide que unas actuaciones son admisibles y otras no”, ha indicado Peralta.
La formación reclama que el Gobierno municipal explique con claridad qué condiciones deben cumplir los organizadores y qué límites se aplican para garantizar la protección del entorno histórico y religioso.
Críticas por la proyección de banderas palestinas
VOX ha recordado también la polémica generada durante las pasadas fiestas de San Mateo, cuando la fachada de la Catedral fue utilizada para proyectar banderas palestinas en un acto de contenido político.
Peralta ha reprochado al alcalde que no mostrara entonces la misma firmeza utilizada ahora para impedir determinados conciertos.
“En aquel momento no escuchamos al alcalde proclamar que, mientras él fuera alcalde, aquello no volvería a suceder”, ha criticado.
La portavoz considera que este episodio evidencia una doble vara de medir en la utilización de uno de los espacios más representativos de Oviedo.
VOX apoyará una protección permanente del entorno
Peralta ha defendido que VOX respaldará cualquier medida destinada a preservar la plaza, la Catedral y su entorno histórico siempre que se aplique de manera coherente y sin excepciones políticas.
“Si el criterio del Partido Popular es preservar el entorno de la Catedral y el respeto debido a uno de los principales símbolos históricos y religiosos de Oviedo, contará con nuestro apoyo”, ha señalado.
No obstante, ha advertido de que esa protección debe aplicarse a todas las actividades, independientemente de quién las organice o del mensaje que pretendan transmitir.
“No puede convertirse en una herramienta que se utiliza según quién organice el acto o cuál sea el mensaje”, ha añadido.
Peralta exige reglas claras para los espacios públicos
VOX sostiene que los espacios públicos pertenecen al conjunto de los ovetenses y que su utilización debe estar regulada mediante normas transparentes, objetivas e iguales para todos.
La formación rechaza que las decisiones dependan de declaraciones personales del alcalde o de la conveniencia política de cada momento.
“Los espacios públicos pertenecen a todos los ovetenses y su utilización debe regirse por normas claras, objetivas y aplicadas con igualdad”, ha reclamado Peralta.
La portavoz ha concluido exigiendo al equipo de Gobierno coherencia en la gestión de la plaza de la Catedral.
“La plaza de la Catedral merece respeto siempre, sin excepciones y sin prohibiciones selectivas”, ha sentenciado.
Javier Jové alerta de «discriminación lingüística» en el acceso al empleo público.
VOX Asturias ha denunciado que el Gobierno de Adrián Barbón utilizó el asturiano en una prueba de oposición para el acceso a la función pública sin que esta circunstancia hubiera sido comunicada previamente en la convocatoria.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Javier Jové, considera que esta decisión supone un nuevo intento del Ejecutivo socialista de avanzar hacia la cooficialidad lingüística sin modificar previamente el marco legal vigente.
“Barbón está desatado. Como no ha conseguido imponer la cooficialidad en la ley, intenta implantarla por la puerta de atrás utilizando la Administración y perjudicando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública”, ha afirmado Jové.
VOX denuncia un cambio de las reglas durante la oposición
La formación ha recordado que el asturiano no tiene actualmente la condición de lengua cooficial en el Principado y ha considerado especialmente grave que los aspirantes no fueran informados de que una parte del proceso selectivo se desarrollaría en esta lengua.
Jové ha defendido que quienes concurren a una oposición tienen derecho a conocer previamente todas las condiciones y requisitos de las pruebas.
“Lo que no puede hacer el Gobierno del Principado es cambiar las reglas sobre la marcha e introducir la llingua en un examen sin que los opositores hayan sido advertidos previamente”, ha señalado.
VOX sostiene que la utilización del asturiano sin previo aviso puede haber situado en una posición de desventaja a los candidatos que no dominan esta lengua.
Jové acusa al Principado de crear privilegios lingüísticos
El diputado ha advertido de que esta clase de actuaciones puede generar desigualdades entre los ciudadanos que aspiran a acceder a un empleo público.
A juicio de Jové, el Gobierno socialista estaría favoreciendo a los aspirantes que dominan el asturiano, pese a que este conocimiento no figuraba como requisito en las condiciones anunciadas para el proceso selectivo.
“El Gobierno socialista está creando privilegios para los asturfalantes en el acceso al empleo público sin que exista ninguna base legal para ello”, ha denunciado.
El parlamentario ha acusado al Ejecutivo de discriminar a unos opositores frente a otros por razones lingüísticas y ha reclamado que la Administración garantice la igualdad de oportunidades.
VOX ve una estrategia para avanzar hacia la cooficialidad
La formación considera que el uso del asturiano en esta oposición forma parte de una estrategia política destinada a introducir progresivamente la cooficialidad sin someterla a una reforma legislativa ni a un debate parlamentario.
Para VOX, el Gobierno de Barbón pretende normalizar el uso obligatorio de la llingua dentro de la Administración antes de que exista una cobertura jurídica específica para ello.
Jové ha señalado que el Ejecutivo autonómico está utilizando la política lingüística como una herramienta ideológica y de división entre los asturianos.
“La discriminación lingüística ya está aquí”, ha advertido el diputado.
Jové acusa a Barbón de dividir a los asturianos
El representante de VOX ha criticado que el Gobierno regional dedique esfuerzos a introducir el asturiano en los procesos administrativos mientras, a su juicio, continúan sin resolverse otros problemas económicos y sociales del Principado.
“La segregación y la xenofobia lingüística ya están aquí. Mientras los problemas reales de Asturias siguen sin resolverse, Barbón dedica sus esfuerzos a dividir a los asturianos y a convertir la lengua en una herramienta de discriminación ideológica”, ha concluido Jové.
VOX Asturias reclama que el Principado aclare lo ocurrido, garantice que todos los procesos selectivos respeten las condiciones previamente publicadas y evite introducir requisitos lingüísticos que no estén respaldados por la legislación vigente.
Gonzalo Centeno denuncia aguas residuales y contaminación en el río Negro.
VOX ha denunciado el deterioro ambiental que sufre el río Negro, en el concejo asturiano de Aller, y ha reclamado una actuación inmediata y coordinada para ejecutar las infraestructuras de saneamiento pendientes y poner fin a los vertidos que continúan llegando al cauce.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, y el portavoz municipal de la formación en Aller, Antonio del Peño, han acusado al Principado de Asturias, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Ayuntamiento de llevar años trasladándose mutuamente la responsabilidad sin resolver el problema.
La formación considera especialmente grave que esta situación se mantenga en un espacio natural integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona Especial de Conservación.
VOX registra una moción para construir el colector interceptor
Antonio del Peño ha anunciado que VOX ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Aller para reclamar la construcción del colector interceptor y exigir la coordinación de las tres administraciones competentes.
La propuesta será debatida en el próximo Pleno municipal y la formación espera que reciba el respaldo unánime de los grupos políticos.
“Estamos hablando de una cuestión de sentido común. El río Negro es el mayor patrimonio natural que tiene nuestro concejo, forma parte de la Red Natura 2000 y está declarado Zona Especial de Conservación. No podemos seguir permitiendo que continúe esta situación”, ha señalado Del Peño.
VOX sostiene que la ejecución del colector resulta imprescindible para impedir que las aguas residuales continúen llegando al río y para garantizar un sistema de saneamiento adecuado en el valle.
Los vecinos pagan el canon mientras continúan los vertidos
El portavoz municipal ha recordado que los vecinos de Aller abonan el correspondiente canon de saneamiento, pese a que las infraestructuras necesarias siguen sin ejecutarse y los vertidos continúan produciéndose.
También ha señalado que el propio Ayuntamiento ha llegado a ser sancionado por esta situación, aunque algunas de las actuaciones necesarias dependen de otras administraciones.
“Resulta incomprensible que los ciudadanos paguen por un servicio que no se está prestando adecuadamente y que, además, el Ayuntamiento termine siendo sancionado cuando las infraestructuras necesarias dependen de otras administraciones”, ha afirmado.
Del Peño ha reclamado que se abandonen los enfrentamientos competenciales y se acometan definitivamente las obras pendientes de saneamiento y abastecimiento de agua.
Centeno denuncia aguas residuales y malos olores
Por su parte, Gonzalo Centeno ha asegurado que existen canalizaciones que vierten directamente al cauce aguas residuales, detergentes y otros desechos.
Según ha explicado, la contaminación se hace especialmente visible cuando disminuye el caudal del río, momento en el que los malos olores afectan a diferentes puntos del valle.
“Es inadmisible que esto ocurra en un espacio natural con el máximo nivel de protección ambiental”, ha manifestado el diputado de VOX.
Centeno considera que el estado del río Negro representa una muestra del abandono institucional que, a su juicio, sufre el concejo de Aller.
VOX acusa a las administraciones de “pasarse la pelota”
El parlamentario ha responsabilizado de la situación a la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Aller.
“La Confederación Hidrográfica, el Principado y el Ayuntamiento se pasan la responsabilidad unos a otros mientras el colector sigue sin construirse y el Plan Director de Saneamiento continúa guardado en un cajón”, ha criticado.
Centeno ha asegurado que existen fondos para ejecutar las actuaciones, pero ha lamentado que las obras no lleguen a materializarse.
VOX exige que las administraciones establezcan un calendario concreto de ejecución, determinen las responsabilidades de cada organismo y garanticen la financiación necesaria para completar las infraestructuras.
“Hablan de Agenda 2030 mientras permiten vertidos”
El diputado también ha acusado a los gobiernos de izquierda de mantener una contradicción entre su discurso ambiental y la gestión de los problemas reales de contaminación.
“Hablan constantemente de Agenda 2030 y de protección del medio ambiente, pero permiten que un río protegido por la Red Natura 2000 siga recibiendo vertidos porque son incapaces de ejecutar una infraestructura básica”, ha denunciado.
Centeno ha defendido que la protección ambiental debe comenzar por garantizar redes de saneamiento adecuadas y conservar los cauces fluviales.
“La mejor política ambiental empieza por garantizar un saneamiento digno y conservar nuestros ríos en condiciones”, ha concluido.
Sonsoles Peralta rechaza el urbanismo con perspectiva de género en Oviedo.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado la proposición presentada por el PSOE para reforzar la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, considera que la iniciativa socialista introduce planteamientos ideológicos en una herramienta que debería centrarse en facilitar vivienda, mejorar la movilidad, garantizar la seguridad de los espacios públicos y planificar los servicios necesarios para el futuro del concejo.
La proposición del PSOE solicita una incorporación «real y efectiva» de la perspectiva de género al nuevo planeamiento. Entre sus medidas plantea procesos específicos de participación ciudadana, talleres, encuentros abiertos, diagnósticos e indicadores para analizar cómo utilizan la ciudad las mujeres.
«El urbanismo debe responder a las necesidades reales de los ovetenses y no convertirse en una herramienta al servicio de la ingeniería social», ha defendido Peralta.
VOX acusa al PP de compartir el planteamiento socialista
La formación también ha criticado la postura del Partido Popular. Según explica VOX, el PP votó en contra de la proposición, pero reconoció que el Ayuntamiento ya está incorporando la perspectiva de género durante la tramitación del Plan General.
Para Peralta, esta respuesta demuestra que la diferencia entre populares y socialistas no se encuentra en el contenido de fondo, sino en el grado y en los mecanismos utilizados para aplicarlo.
«El PP vota en contra de la perspectiva de género, pero no porque esté en contra, sino porque ya la está aplicando. La comparte y la ejecuta porque asume ese mismo marco ideológico», ha afirmado.
La portavoz sostiene que el debate enfrenta a quienes reclaman ampliar esos criterios y a quienes consideran suficientes los que ya se están aplicando.
«Lo que estamos viendo es una discusión entre quienes quieren más ideología y quienes consideran que con la que ya están aplicando es suficiente. No existe una discrepancia de fondo entre PSOE y Partido Popular», ha señalado.
Esta afirmación constituye la interpretación política de VOX sobre la posición del Gobierno municipal. El voto contrario del PP a la proposición no acredita por sí solo una coincidencia completa con el PSOE, aunque el cumplimiento de la normativa vigente obliga al Ayuntamiento a considerar determinados principios de igualdad en el planeamiento.
La legislación ya contempla la perspectiva de género
VOX recuerda que la normativa nacional ya exige incorporar este enfoque en el diseño urbano y en la planificación de las ciudades.
El artículo 31.3 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que las administraciones públicas deben tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño de la ciudad, las políticas urbanas y la definición y ejecución del planeamiento urbanístico. También señala que deben emplearse mecanismos que favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.
Por tanto, la elaboración del nuevo Plan General de Oviedo ya debe respetar ese marco legal. La proposición socialista pretendía incorporar mecanismos adicionales para profundizar en su aplicación, pero no partía de una ausencia completa de regulación.
El PSOE justificó su iniciativa mediante un diagnóstico previo sobre cuestiones como las cargas de cuidados, las diferencias de movilidad, el envejecimiento, la pobreza y la percepción de inseguridad en determinados espacios públicos.
VOX cuestiona que estos problemas deban abordarse mediante una perspectiva diferenciada por sexos y defiende que la planificación atienda al conjunto de vecinos mediante criterios generales de seguridad, accesibilidad, vivienda y calidad de los servicios.
Vivienda, aparcamiento y seguridad
Peralta considera que el futuro Plan General debe concentrarse en resolver los principales problemas urbanísticos de Oviedo.
«Las familias no preguntan si una calle tiene perspectiva de género. Preguntan si pueden acceder a una vivienda, si encuentran aparcamiento, si sus hijos pueden ir seguros al colegio o si disponen de servicios públicos de calidad», ha declarado.
VOX reclama que el planeamiento facilite la construcción de viviendas, reduzca las trabas administrativas, mejore las comunicaciones entre los barrios y garantice suficientes aparcamientos, zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.
La normativa urbanística asturiana establece que la ordenación del territorio debe buscar una utilización racional del suelo, mejorar la calidad de vida y responder de forma integrada a las necesidades públicas y privadas.
La formación sostiene que estos objetivos deben ocupar el centro del nuevo Plan General y rechaza la creación de estructuras, diagnósticos o procesos que, a su juicio, compliquen la tramitación sin aportar soluciones concretas.
VOX propone sustituirla por la «perspectiva de familia»
Como alternativa, VOX defiende que las decisiones municipales sean evaluadas mediante lo que denomina «perspectiva de familia».
La formación ya presentó en junio una iniciativa para aplicar este criterio de forma transversal a los planes, ordenanzas, presupuestos y políticas públicas del Ayuntamiento. La propuesta planteaba valorar cómo afectan las decisiones municipales a quienes tienen hijos, cuidan de familiares dependientes o desean desarrollar un proyecto familiar en Oviedo.
«Cuando VOX gobierne, sustituiremos la perspectiva de género por la perspectiva de familia», ha asegurado Peralta.
La portavoz sostiene que el urbanismo debe favorecer la formación de hogares, la natalidad, la conciliación y el arraigo familiar, prestando atención a cuestiones como la proximidad de colegios, zonas deportivas, centros sanitarios y servicios para mayores.
Peralta reclama un Plan General sin postulados ideológicos
VOX considera que el nuevo planeamiento será determinante para definir el crecimiento de Oviedo durante las próximas décadas y reclama que su elaboración se guíe por criterios técnicos, económicos y sociales.
La formación pide que el documento facilite el acceso a la vivienda, promueva la actividad económica, mejore la movilidad y ofrezca seguridad jurídica a familias, propietarios y empresas.
«Oviedo necesita un Plan General enfocado a dotar de un futuro próspero al concejo y que deje al margen los postulados ideológicos de la izquierda», ha concluido Sonsoles Peralta.
La portavoz ha reiterado que VOX seguirá fiscalizando el proceso de elaboración del planeamiento y presentando propuestas para situar a las familias y las necesidades cotidianas de los vecinos en el centro de la política urbanística.
Sonsoles Peralta exige que Canteli dé explicaciones por el caso Cerdeño.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de «esconderse» detrás de los informes técnicos para evitar asumir responsabilidades políticas por la licencia concedida para la construcción de un supermercado en Cerdeño.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostiene que el Ejecutivo local no ha respondido de manera directa a las preguntas planteadas por su grupo y se ha limitado a señalar que la licencia continúa vigente y cuenta con informes municipales favorables.
«El equipo de Gobierno evita responder a las preguntas planteadas y se refugia en los técnicos, mientras la legalidad de una licencia está siendo cuestionada por el propio Principado», ha declarado Peralta.
El Principado cuestionó el expediente urbanístico
El expediente se encuentra bajo revisión después de que el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado advirtiera de una posible anulabilidad de las resoluciones que autorizaron la licencia y el inicio de las obras. El Ayuntamiento abrió posteriormente los trámites para una declaración de lesividad.
Según los datos difundidos por VOX, la licencia de obras fue concedida el 22 de agosto de 2025, mientras que el permiso de inicio de los trabajos se aprobó mediante una resolución posterior, fechada el 26 de diciembre de ese mismo año. La formación también cuestiona que el uso comercial autorizado sea compatible con la ordenación aplicable a la parcela.
La apertura del procedimiento no determina por sí misma que la licencia sea ilegal. Los actos administrativos mantienen su validez y eficacia mientras no sean suspendidos o anulados por el procedimiento correspondiente. La declaración de lesividad permite a una Administración impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto favorable que considere anulable.
VOX exige respuestas políticas
Peralta ha aclarado que las preguntas formuladas por VOX no pretendían que los responsables municipales sustituyeran el criterio de los funcionarios, sino conocer las decisiones adoptadas por quienes dirigen políticamente el Ayuntamiento.
«Nuestras preguntas no buscaban una valoración política, sino explicaciones sobre hechos concretos y relevantes que figuran en el expediente administrativo», ha señalado.
La portavoz considera que los informes técnicos no eliminan la obligación del equipo de Gobierno de explicar por qué concedió la licencia, cómo respondió a las comunicaciones recibidas y qué actuaciones adoptará ante las objeciones planteadas por el Principado.
VOX ya había solicitado un informe jurídico motivado, la valoración de una posible revisión de oficio y el estudio de medidas cautelares, incluida la suspensión de la licencia y la paralización de los trabajos mientras se resolvían las dudas existentes.
Peralta denuncia meses de pasividad
La formación afirma que el Ayuntamiento recibió durante meses comunicaciones y denuncias de particulares que alertaban de posibles irregularidades urbanísticas.
VOX reprocha al Gobierno municipal que no actuara con mayor rapidez y considera que la revisión del expediente solo se produjo después de la intervención de la Administración autonómica.
«Una vez más, el PP de Alfredo Canteli demuestra que únicamente actúa cuando no tiene otra alternativa y otras administraciones le obligan a hacerlo», ha manifestado Peralta.
Estas declaraciones representan la valoración política de VOX. La existencia de discrepancias administrativas o de un procedimiento de revisión no acredita por sí sola una actuación ilegal ni una responsabilidad personal de los integrantes del Gobierno municipal.
Riesgo económico para los ovetenses
VOX advierte de que la continuación de las obras mientras se analiza la licencia podría incrementar las consecuencias económicas si finalmente un tribunal o la propia Administración determinan que las autorizaciones no se ajustaron a la normativa.
La formación teme que una eventual anulación pueda derivar en reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. Otros grupos municipales también han solicitado explicaciones sobre este riesgo y sobre las consecuencias de mantener los trabajos durante la tramitación del expediente.
«Si finalmente se confirma que la actuación municipal no se ajustó a derecho, serán los vecinos quienes terminen asumiendo el coste de una gestión deficiente», ha advertido la portavoz.
VOX reclama que se analice el posible impacto sobre las arcas municipales antes de que las obras alcancen un grado de ejecución que dificulte revertir la situación.
Seguridad jurídica para empresas e inversores
Peralta sostiene que las dudas sobre las licencias concedidas por el Ayuntamiento también perjudican la confianza de las empresas interesadas en desarrollar proyectos en Oviedo.
La formación considera que Urbanismo debe ofrecer procedimientos previsibles, criterios transparentes y decisiones que no sean posteriormente cuestionadas por otras administraciones.
«Nadie quiere invertir donde existen dudas sobre la aplicación de la normativa o donde las decisiones administrativas acaban siendo revisadas», ha señalado.
VOX exige al Gobierno municipal que facilite toda la información disponible, explique las decisiones políticas adoptadas y determine qué medidas aplicará para proteger tanto los intereses del Ayuntamiento como los derechos de la empresa promotora.
«La seguridad jurídica, la transparencia y el buen funcionamiento de la Administración son condiciones imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y la confianza en nuestras instituciones», ha concluido Sonsoles Peralta.
Sonsoles Peralta exige explicaciones por 22.167 denuncias invalidadas de la ZBE.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para exigir explicaciones por las deficiencias detectadas en el sistema automatizado de control de accesos a la Zona de Bajas Emisiones.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostiene que el elevado número de denuncias invalidadas plantea dudas sobre la correcta integración de las matrículas, los permisos municipales y las excepciones contempladas para determinados vehículos.
Según los datos facilitados por el equipo de Gobierno en comisión y difundidos por la formación, las cámaras de la ZBE generaron 37.850 denuncias entre marzo y junio de 2026. De ellas, 22.167 tuvieron que ser invalidadas, mientras otras continuaban pendientes de revisión. Peralta también ha denunciado que vecinos autorizados habrían recibido notificaciones pese a encontrarse en alguno de los supuestos permitidos.
«El Ayuntamiento no puede obligar a los ovetenses a demostrar su inocencia por los errores de un sistema que ha costado millones de euros», ha afirmado la portavoz.
VOX cuestiona la fiabilidad del sistema automatizado
Para Sonsoles Peralta, las cifras conocidas muestran que el sistema está generando un número excesivo de registros que posteriormente deben ser descartados.
VOX quiere determinar si estos errores se producen durante la lectura de las matrículas, en la consulta de las bases de datos o en el cruce de la información con los permisos y excepciones autorizados por el Ayuntamiento.
«Estos datos evidencian que el sistema está generando un volumen inaceptable de denuncias que posteriormente son invalidadas», ha señalado Peralta.
La formación considera que esta situación contradice la imagen de eficacia que, según sostiene, el Partido Popular había trasladado desde la implantación de la ZBE.
No obstante, la cifra de 22.167 invalidaciones no significa necesariamente que todas ellas llegaran a convertirse en multas notificadas. Parte de estos registros pudo ser descartada durante el proceso previo de comprobación. La denuncia de VOX se centra tanto en ese elevado volumen de propuestas generadas automáticamente como en los casos de ciudadanos que aseguran haber recibido una notificación pese a tener autorizado el acceso.
Vecinos autorizados denuncian sanciones
El grupo municipal asegura haber recibido numerosas consultas de conductores que habrían sido denunciados pese a estar incluidos en excepciones recogidas por la regulación municipal.
Entre los casos trasladados a VOX figuran residentes y empadronados dentro de la ZBE, propietarios de plazas de garaje, titulares de vehículos históricos y clientes que accedieron a aparcamientos autorizados de supermercados situados dentro del área restringida.
Peralta mostró públicamente el cartel de uno de estos aparcamientos y aseguró que habían recibido multas tanto usuarios de estacionamientos permitidos como residentes y personas que trabajan dentro del anillo interior.
«Lo más preocupante es que el ciudadano hace exactamente lo que el Ayuntamiento le dice que puede hacer y, aun así, acaba recibiendo una denuncia», ha manifestado.
La portavoz critica que los afectados tengan que recopilar documentación, formular alegaciones y dedicar tiempo a demostrar que cumplían los requisitos establecidos por el propio Ayuntamiento.
«La Administración debe comprobar antes de sancionar»
VOX sostiene que el procedimiento debe garantizar que las matrículas autorizadas sean identificadas antes de iniciar una actuación sancionadora.
«La Administración tiene la obligación de comprobar antes de sancionar, no de sancionar primero y dejar que sea el vecino quien tenga que demostrar que el Ayuntamiento se ha equivocado», ha afirmado Peralta.
La portavoz reclama que el Gobierno municipal informe de cuántas denuncias fueron invalidadas automáticamente, cuántas se descartaron después de una revisión manual y cuántas llegaron a ser notificadas a sus titulares.
También pide conocer el número de recursos presentados, las alegaciones estimadas y los casos en los que el Ayuntamiento tuvo que anular una sanción después de comprobar que el vehículo estaba autorizado.
Según Peralta, el problema está «complicando la vida» a los ciudadanos pese a la inversión realizada en cámaras y herramientas de control.
Dudas sobre el contrato y la plataforma de gestión
La iniciativa de VOX recuerda que el contrato para implantar el sistema de gestión de la ZBE contemplaba una plataforma capaz de integrar la información necesaria para identificar exenciones, comprobar permisos y validar las denuncias.
Por este motivo, el grupo municipal quiere saber si el sistema está cumpliendo todas las condiciones técnicas previstas y si las bases de datos municipales se actualizan con la rapidez necesaria.
VOX reclama información sobre los mecanismos utilizados para comunicar las matrículas de los aparcamientos autorizados, el tiempo que tarda el sistema en reconocer una autorización y las comprobaciones que se realizan antes de enviar una notificación.
La formación también quiere conocer si se han registrado incidencias técnicas, si la empresa adjudicataria ha recibido advertencias y si el Ayuntamiento contempla exigir correcciones o responsabilidades contractuales.
Una batería de preguntas al Gobierno municipal
A través de la iniciativa registrada, VOX pide al equipo de Gobierno que detalle las diferentes infracciones detectadas por la plataforma y los motivos concretos por los que se invalidaron más de 22.000 denuncias.
El grupo municipal pregunta igualmente por las razones que explicarían la generación de denuncias contra vehículos incluidos en las excepciones y por las medidas que se adoptarán para evitar nuevos errores.
Entre las cuestiones planteadas se encuentran:
- El número exacto de registros generados, invalidados, pendientes y finalmente notificados.
- Los errores relacionados con residentes, garajes y aparcamientos autorizados.
- El funcionamiento del intercambio de datos entre comercios y Ayuntamiento.
- Las medidas correctoras solicitadas a la empresa responsable de la plataforma.
- El número de alegaciones y recursos estimados por errores del sistema.
VOX considera imprescindible que el Gobierno municipal publique datos completos y diferenciados, ya que hablar únicamente del número total de denuncias no permite conocer cuántos incumplimientos reales se produjeron.
VOX exige corregir los errores de inmediato
Sonsoles Peralta reclama una revisión técnica del sistema, la actualización inmediata de las matrículas autorizadas y un protocolo que evite trasladar a los vecinos las consecuencias de posibles fallos administrativos.
La portavoz también pide que el Ayuntamiento facilite un canal ágil de atención para los afectados y revise de oficio las denuncias que puedan haberse generado contra vehículos autorizados.
«Cuando un ciudadano incumple una norma, la Administración actúa con toda su fuerza. Cuando quien falla es la Administración, nadie asume responsabilidades», ha concluido.
VOX mantendrá la fiscalización del funcionamiento de la ZBE y exigirá explicaciones sobre la inversión realizada, las prestaciones de la plataforma y las medidas previstas para garantizar que ningún conductor autorizado tenga que demostrar que no cometió una infracción.
Carolina López denuncia el abandono de los ganaderos asturianos.
El Grupo Parlamentario VOX ha exigido al Gobierno del Principado la puesta en marcha inmediata de un Plan de Seguridad Rural ante el incremento de los robos denunciados en explotaciones agrícolas y ganaderas de Asturias.
La portavoz de VOX en la Junta General, Carolina López, considera que los habitantes de los concejos rurales se encuentran desprotegidos por la falta de patrullas, las largas distancias que deben cubrir los agentes y la ausencia de una estrategia coordinada entre el Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno. López ejerce como portavoz parlamentaria de VOX y presidenta de la formación en Asturias.
«Nuestros ganaderos no solo tienen que lidiar con los precios abusivos, el sectarismo climático y los ataques del lobo; ahora también tienen que vigilar sus fincas por las noches ante el miedo de que les roben el ganado, la maquinaria o el gasóleo», ha denunciado.
Los robos rurales aumentan un 26,79 % en Asturias
La reclamación de VOX se produce después de que la Unión de Sectoriales Agrarias y Ganaderas de Asturias alertara de un incremento del 26,79 % en los robos registrados en el campo respecto a 2024.
Según los datos difundidos por USAGA y Unión de Uniones, Asturias habría sido la única comunidad autónoma en la que aumentaron estos delitos durante el último año. De los 71 hechos denunciados, únicamente nueve habrían sido esclarecidos, lo que supondría una caída cercana al 47 % en la resolución de casos.
La organización agraria también precisa que Asturias continúa siendo una de las comunidades con menor número absoluto de robos rurales, solo por delante de Cantabria. Sin embargo, considera preocupante que la región siga una evolución contraria al descenso registrado en el conjunto de España.
VOX sostiene que estos datos confirman el deterioro de la seguridad en determinadas zonas rurales y advierte de que las cifras reales podrían ser superiores, ya que algunos afectados optan por no denunciar al considerar escasas las posibilidades de recuperar el material sustraído.
Más agentes y patrullas en los concejos rurales
Carolina López reclama un aumento inmediato de las patrullas destinadas a los concejos del interior y a las comarcas occidentales y orientales de Asturias.
La portavoz asegura que la dispersión geográfica, la distancia entre explotaciones y la obligación de cubrir varios municipios con los mismos efectivos dificultan una respuesta rápida ante los robos.
«Es inadmisible que un vecino llame para denunciar y la patrulla más cercana tarde demasiado en llegar porque tiene que cubrir varios concejos a la vez», ha manifestado.
La formación propone que el plan incluya un mapa actualizado de las zonas más afectadas, patrullas preventivas en horarios de mayor riesgo, canales directos de comunicación con cooperativas y ganaderos y dispositivos especiales ante sucesiones de robos.
También reclama mejorar la vigilancia de las vías utilizadas para trasladar ganado, combustible, herramientas y maquinaria sustraída.
Refuerzo de los equipos ROCA de la Guardia Civil
Entre las medidas planteadas por VOX figura el refuerzo de los equipos ROCA, unidades de la Guardia Civil especializadas en prevenir e investigar robos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Estos equipos forman parte del Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas impulsado por el Ministerio del Interior. Sus funciones incluyen mantener contacto con agricultores y ganaderos, analizar los delitos registrados, desarrollar labores preventivas e investigar grupos dedicados a esta clase de sustracciones.
USAGA también ha reclamado aumentar los recursos de los equipos ROCA y reforzar la vigilancia en los puntos considerados más vulnerables del campo asturiano.
VOX pide que se detalle el número de efectivos destinados actualmente a estas unidades en Asturias, su distribución territorial y los medios materiales y tecnológicos de los que disponen.
Preguntas al Gobierno de Adrián Barbón
Carolina López ha anunciado el registro de una batería de preguntas en la Junta General para conocer las actuaciones desarrolladas por el Gobierno del Principado ante el aumento de los robos.
La formación quiere saber qué reuniones se han celebrado con la Delegación del Gobierno, qué información se ha trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si existe un protocolo específico para proteger las explotaciones ganaderas.
VOX también pedirá datos desglosados por concejos sobre denuncias, tiempos de respuesta, robos esclarecidos y bienes recuperados.
La seguridad pública y el despliegue de la Guardia Civil dependen principalmente del Gobierno de España y del Ministerio del Interior. No obstante, la legislación establece principios de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones y cuerpos policiales.
Por ello, el plan reclamado al Principado debería desarrollarse conjuntamente con la Delegación del Gobierno, mientras que el aumento de las plantillas de la Guardia Civil y la reorganización de sus puestos corresponderían a las autoridades estatales.
Recuperación de la presencia de la Guardia Civil
VOX plantea recuperar y reforzar los cuarteles de la Guardia Civil en las zonas rurales más afectadas, evitando que el cierre de instalaciones o la concentración de efectivos aleje los servicios de seguridad de los pueblos.
La formación considera que la presencia territorial de la Guardia Civil tiene un efecto preventivo y permite mejorar el conocimiento de las explotaciones, los caminos, las instalaciones aisladas y los posibles puntos de comercialización del material robado.
El propio Ministerio del Interior ha destacado el papel de la Guardia Civil y de sus unidades especializadas para garantizar la seguridad, fijar población y favorecer el desarrollo económico de la España rural.
Carolina López sostiene que no puede hablarse de lucha contra la despoblación mientras los habitantes del campo carecen de servicios básicos o temen dejar sin vigilancia sus viviendas y explotaciones.
Endurecimiento de las penas para reincidentes
VOX también propone promover en el ámbito nacional un endurecimiento de las consecuencias penales para los delincuentes reincidentes y para quienes sustraigan ganado, maquinaria o herramientas esenciales para el trabajo.
La formación defiende que estos delitos no solo provocan la pérdida del bien robado, sino también la paralización de la actividad, daños en las instalaciones y nuevos gastos para reparar o sustituir los equipos.
López reclama actuar igualmente sobre los canales de venta del material sustraído para impedir que los delincuentes puedan obtener beneficios con facilidad.
«No se puede proteger el mundo rural recortando en seguridad», ha señalado la portavoz, quien pide que la defensa de las familias y de la propiedad privada sea una prioridad presupuestaria.
Seguridad para mantener vivo el campo asturiano
VOX vincula la seguridad rural con la supervivencia económica y demográfica de los pueblos.
La formación sostiene que la falta de vigilancia se suma a los problemas de rentabilidad, burocracia, relevo generacional y daños provocados por la fauna salvaje que afrontan agricultores y ganaderos.
«Si el Gobierno de Barbón quiere fijar población y defender el campo asturiano, lo primero que debe garantizar es la seguridad y la propiedad privada de quienes trabajan la tierra», ha afirmado Carolina López.
El Grupo Parlamentario VOX exigirá un plan con medidas concretas, presupuesto, plazos y mecanismos de evaluación, además de una coordinación permanente con el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.
«Desde VOX no vamos a permitir que se normalice la delincuencia en nuestros pueblos», ha concluido López.