Álvaro Queipo reclama un cambio de etapa en Asturias y critica la gestión de Sánchez y Barbón.
El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado un cambio de etapa política en el Principado y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener a la comunidad en una situación de abandono que, según ha denunciado, se refleja en los problemas de vivienda, el coste de la vida, los impuestos y las infraestructuras pendientes.
Durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP, celebrada en Oviedo y en la que también participó la diputada nacional Cayetana Álvarez de Toledo, Queipo ha señalado que los próximos siete meses, con elecciones generales, autonómicas y municipales, marcarán el futuro de Asturias.
«El cambio no consiste solamente en sustituir unas siglas por otras, sino que hablamos de un cambio de etapa, una forma diferente de gobernar, de entender las instituciones, de cumplir los compromisos y de gestionar el dinero público», ha afirmado.
El dirigente popular ha defendido que gobernar debe significar resolver los problemas de los ciudadanos y ha asegurado que Asturias lleva demasiado tiempo esperando soluciones.
Queipo denuncia los problemas de vivienda, impuestos e infraestructuras
Álvaro Queipo ha señalado que las principales preocupaciones de los asturianos continúan sin resolverse y ha citado el acceso a la vivienda, el encarecimiento de la vida, la presión fiscal y los proyectos de infraestructuras pendientes.
Según ha denunciado, existen actuaciones que llevan décadas anunciándose y que vuelven a prometerse en sucesivos ciclos electorales sin llegar a materializarse.
El presidente del PP asturiano también ha criticado los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas y sus posibles consecuencias para la financiación autonómica.
«Ningún español debe tener menos derechos ni menos oportunidades por el lugar donde viva», ha defendido.
Queipo ha insistido en que Asturias no reclama privilegios, sino un trato justo en el reparto de recursos y en las decisiones que afectan a sus servicios públicos.
Críticas a Adrián Barbón por la política de vivienda
El líder popular ha cuestionado igualmente la gestión del Gobierno autonómico presidido por Adrián Barbón, especialmente en materia de vivienda.
Según los datos expuestos por Queipo, durante la primera legislatura del Ejecutivo socialista se licitaron únicamente cinco viviendas públicas.
También ha denunciado que durante los últimos siete años el Principado no ha movilizado suelo residencial para destinarlo a vivienda pública.
«El precio de la vivienda ha crecido cuatro veces más que los salarios», ha afirmado.
En materia fiscal, Queipo ha asegurado que la recaudación ha aumentado tres veces más que los salarios, una evolución que, a su juicio, no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos.
Más de 185.000 asturianos en listas de espera sanitarias, según el PP
El presidente del PP de Asturias ha centrado otra parte de su intervención en la situación de la sanidad y los servicios sociales.
Queipo ha afirmado que más de 185.000 asturianos se encuentran en listas de espera sanitarias y ha denunciado que la tramitación de las prestaciones de dependencia continúa superando el doble del plazo máximo legal.
Asimismo, ha mencionado los ceses y dimisiones registrados en la Consejería de Derechos Sociales como parte de sus críticas a la gestión autonómica.
El dirigente popular también se ha referido a las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos públicos que afectan al entorno del Gobierno central y a proyectos en Asturias.
«Corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades penales, pero las responsabilidades políticas son otra cosa, y dar explicaciones no puede esperar a que terminen los procedimientos judiciales», ha señalado.
Queipo reclama oportunidades para jóvenes, familias y autónomos
Álvaro Queipo ha defendido la necesidad de impulsar medidas que faciliten el regreso de quienes abandonaron Asturias, el acceso de los jóvenes a la vivienda y la actividad de autónomos y pequeños negocios.
Entre sus prioridades ha citado la reducción de impuestos y burocracia, la mejora de los servicios públicos y la disminución de las listas de espera sanitarias.
También ha reclamado un Gobierno central presidido por Alberto Núñez Feijóo que, según ha expresado, atienda las necesidades de Asturias y cumpla sus compromisos con la comunidad.
El presidente popular ha concluido apelando a los ciudadanos que, a su juicio, están cansados de las promesas incumplidas y esperan respuestas concretas.
«Su confianza no se consigue con palabras vacías, sino que hay que ganársela con propuestas y con trabajo», ha afirmado.
Álvaro Queipo denuncia que la vivienda se ha encarecido un 50 % en Asturias mientras Barbón sigue sin movilizar suelo.
El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado al Gobierno de Adrián Barbón de presentar ahora el acceso a la vivienda como una emergencia después de siete años al frente del Principado sin haber movilizado, según ha denunciado, suelo residencial suficiente para afrontar el problema.
Durante la sesión de control al presidente del Principado en el Pleno de la Junta General, Queipo ha cuestionado la gestión del Ejecutivo socialista y ha recordado que los grupos de izquierda rechazaron una proposición de ley presentada por el PP para aumentar la oferta de vivienda, movilizar suelo y facilitar el acceso a una primera residencia.
«Ahora presentan la vivienda como una emergencia, pero tras siete años gobernando Barbón hay cero metros de suelo residencial movilizado y puesto a disposición», ha afirmado.
El dirigente popular ha responsabilizado tanto al Gobierno autonómico como al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la situación que atraviesa el mercado inmobiliario asturiano.
«Esta emergencia es culpa de Barbón y del Gobierno de España, porque mientras otros llevamos años ofreciendo soluciones, los socialistas han votado en contra», ha señalado.
Queipo denuncia una subida del 50 % en el precio de la vivienda en Asturias
El presidente del PP asturiano ha asegurado que, entre 2019 y 2025, el precio de la vivienda en el Principado aumentó un 50 %, un incremento que, según los datos expuestos durante su intervención, multiplica por cuatro el crecimiento de los salarios.
Queipo también ha señalado que, durante el último año, los precios registraron una subida adicional del 15 %, que ha descrito como la mayor de España.
«¿Tiene un joven asturiano hoy más fácil comprar una casa que cuando llegaron Barbón o Sánchez al Gobierno?», ha preguntado.
El líder popular ha recordado que, durante la primera legislatura de Barbón, el Gobierno regional licitó, según sus cifras, únicamente cinco viviendas.
También ha criticado que, en la segunda legislatura, el presidente socialista dejara las competencias de vivienda en manos de su socio de Gobierno, Izquierda Unida.
Más de 600 viviendas públicas vacantes frente a 3.000 solicitantes
Álvaro Queipo ha puesto el foco en la gestión del parque público residencial del Principado y de VIPASA, la empresa pública de vivienda de Asturias.
Según los datos del Gobierno regional citados por el dirigente popular, existen más de 600 viviendas vacantes, mientras que más de 3.000 personas permanecen a la espera de una vivienda protegida.
El presidente del PP ha presentado estas cifras como una muestra de los problemas de gestión del Ejecutivo autonómico y ha reclamado medidas que permitan incorporar las viviendas disponibles al sistema de protección pública.
Queipo cuestiona la gestión de Sánchez y los proyectos pendientes en Asturias
Durante su intervención, el presidente popular ha ampliado sus críticas al Gobierno de España por el retraso de infraestructuras, el aumento del coste de la vida y la presión fiscal.
Queipo ha denunciado que Asturias continúa esperando actuaciones anunciadas en distintas ocasiones y ha acusado al Ejecutivo central de anteponer su continuidad política a las necesidades de la comunidad.
También se ha referido a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública que, según ha indicado, afectan a contratos relacionados con Asturias.
El dirigente ha reclamado explicaciones sobre estos asuntos y ha cuestionado la respuesta de los responsables socialistas.
Álvaro Queipo señala las contradicciones de Adriana Lastra sobre financiación y trenes
El presidente del PP asturiano también ha cuestionado la designación de Adriana Lastra como candidata socialista a las elecciones generales y ha confrontado algunas de sus declaraciones públicas con las posiciones defendidas por Adrián Barbón.
En materia de financiación autonómica, Queipo ha recordado que Lastra calificó el modelo presentado el 9 de enero de 2026 como «positivo para Asturias» y lo definió como «un modelo serio, sólido y pensado para el interés general».
El dirigente popular ha preguntado si Barbón comparte realmente esas afirmaciones, después de haber expresado su oposición a la propuesta de financiación.
«¿Esto es lo que piensa realmente Barbón? ¿No decía que se oponía?», ha planteado.
Queipo también ha recuperado declaraciones de Lastra sobre los trenes que no cabían en determinados túneles de la red ferroviaria asturiana.
Según ha recordado, el 25 de agosto de 2026 la dirigente socialista afirmó que el proyecto «va en plazo», pese a que el Tribunal de Cuentas había señalado retrasos y sobrecostes.
El presidente del PP ha criticado que las nuevas unidades ferroviarias sigan sin llegar a Asturias y ha denunciado que los ciudadanos continúan esperando una solución.
«Ha pasado una legislatura y no hemos visto ni uno de esos trenes, solo sobrecoste», ha concluido.
Carolina López reprocha a Barbón siete años de promesas sobre vivienda.
La portavoz de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha cuestionado al presidente autonómico, Adrián Barbón, por los resultados de su política de vivienda y ha criticado que, después de siete años al frente del Gobierno regional, continúen las dificultades para acceder a una vivienda asequible.
Durante su intervención parlamentaria, López ha reprochado tanto al Ejecutivo asturiano como al Gobierno de Pedro Sánchez que anuncien nuevas promociones residenciales sin que, a su juicio, se haya incrementado suficientemente la oferta disponible.
«¿La vivienda es un problema de hace años o solo en elecciones?», ha planteado la diputada, que considera que los anuncios gubernamentales se intensifican cuando se acercan las citas electorales.
VOX cuestiona las viviendas públicas entregadas en Asturias
Carolina López ha centrado parte de sus críticas en la diferencia entre los compromisos anunciados por el Gobierno autonómico y los resultados que atribuye a su gestión.
«Ahora vienen las prisas cuando Pedro Sánchez lleva ocho años gobernando y usted lleva siete», ha afirmado.
Según las cifras expuestas por la portavoz de VOX, en siete años se habrían entregado alrededor de 300 viviendas públicas en Asturias, frente a una necesidad de 3.500 viviendas que atribuye a estimaciones del Banco de España.
López critica los anuncios del Gobierno socialista
La portavoz ha acusado al PSOE de reaccionar tarde ante los problemas de acceso a la vivienda.
«Ven el problema, pero lo ocultan. Cuando el problema ya es evidente, nacen las promesas. Y cuando las promesas no se llevan a cabo y la gente protesta, culpan a los demás», ha declarado.
López considera que las medidas anunciadas por los gobiernos socialistas no han conseguido aumentar suficientemente el número de viviendas disponibles.
También ha relacionado la proximidad de las elecciones con la presentación de nuevos proyectos residenciales.
«El problema de la vivienda no es culpa del propietario ni del inquilino»
Otro de los argumentos principales de la intervención ha sido la defensa de propietarios e inquilinos como colectivos afectados por la situación del mercado.
«El problema de la vivienda no es culpa del propietario. Tampoco es culpa del inquilino. La culpa es de sus políticas, que han estrangulado el mercado de la vivienda», ha sostenido López.
La diputada considera que el debate político enfrenta a ambos colectivos en lugar de abordar los factores que limitan el acceso a una vivienda.
En este contexto, ha defendido el papel de los pequeños propietarios y ha cuestionado que la tenencia de inmuebles se identifique automáticamente con prácticas especulativas.
López ha citado un porcentaje del 92 % para referirse al peso de los pequeños propietarios en España. El comunicado no identifica la fuente ni precisa si ese dato corresponde a propietarios, viviendas o inmuebles en alquiler, categorías que no son equivalentes.
Críticas a la fiscalidad y a las trabas para construir
La portavoz de VOX ha situado el desequilibrio entre oferta y demanda entre las causas del encarecimiento de la vivienda.
A su juicio, las administraciones deben facilitar tanto la promoción pública como la construcción privada mediante procedimientos más ágiles y una menor carga fiscal.
«Si la vivienda es un derecho y no un negocio, ¿por qué no reducen trámites y facilitan la construcción de vivienda, tanto pública como privada?», ha preguntado.
López también ha reclamado mayor seguridad jurídica para quienes ponen inmuebles en el mercado de alquiler.
La parlamentaria ha sostenido que determinadas medidas regulatorias y fiscales desincentivan la oferta residencial, aunque el comunicado no aporta un análisis que permita cuantificar el efecto de cada una de ellas.
VOX vincula el aumento de la demanda con el crecimiento de la población
Carolina López ha relacionado asimismo las dificultades de acceso a la vivienda con el crecimiento de la demanda residencial en España.
En particular, ha señalado que la llegada de población durante los últimos años no ha ido acompañada, a su juicio, de un incremento equivalente de la construcción.
El crecimiento de la población es uno de los factores que pueden influir en la demanda, junto con la formación de hogares, la distribución territorial, la disponibilidad de suelo, los costes de construcción y las condiciones de financiación.
La portavoz pide resultados y medidas concretas
López ha concluido su intervención reclamando al Gobierno asturiano que dé prioridad a actuaciones capaces de ampliar la oferta y facilitar el acceso a la compra y al alquiler.
La diputada considera que la reducción de trámites, las rebajas fiscales y la seguridad jurídica deben formar parte de una política de vivienda orientada a incrementar la disponibilidad de inmuebles.
Javier Jové rechaza la ley LGTBI de Asturias por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha anunciado el voto contrario de su formación a la ley LGTBI asturiana, al considerar que determinadas disposiciones pueden comprometer la libertad de expresión y de conciencia.
Durante su intervención en el Pleno, Jové ha cuestionado el alcance de la norma y ha acusado a sus promotores de utilizar la lucha contra la discriminación como justificación para introducir medidas que, según su interpretación, favorecen el control ideológico en ámbitos como la educación, la sanidad, los medios de comunicación y las administraciones públicas.
«Nosotros no entramos con quién se acuesta la gente o a quién ama, ni nos importa. Es una libre elección. Pero esta ley no va de eso. Esta ley va de adoctrinamiento», ha afirmado.
Jové cuestiona los cambios introducidos durante la tramitación
El parlamentario sostiene que el texto sometido al debate conserva buena parte de las disposiciones que VOX había criticado desde el inicio de su tramitación.
Según Jové, las modificaciones incorporadas no resuelven sus objeciones sobre el régimen sancionador ni sobre el papel de la Administración en la promoción de determinadas políticas.
El diputado considera que la norma va más allá de establecer garantías frente a la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Críticas al artículo 89 y a las medidas dirigidas a los medios
Uno de los puntos principales de la intervención de Jové ha sido el tratamiento de los medios de comunicación.
El diputado ha cuestionado las disposiciones destinadas a combatir contenidos que puedan incitar al odio contra las personas LGTBI, así como la promoción de códigos deontológicos, recomendaciones y acuerdos de autorregulación.
Jové se ha referido especialmente al artículo 89, relativo, según ha señalado, a los códigos deontológicos.
«Esta ley busca imponer una moral de Estado», ha denunciado.
El parlamentario considera que la intervención de las administraciones en la elaboración de recomendaciones y en la formación de profesionales de los medios puede generar presiones sobre la actividad periodística.
También ha advertido de un posible efecto de autocensura si estas medidas se relacionan con un régimen sancionador.
No obstante, la promoción de códigos deontológicos o de acuerdos voluntarios no equivale, por sí sola, a censura. Para determinar el alcance de las obligaciones y sus posibles consecuencias jurídicas resulta necesario examinar el contenido concreto de la ley y su aplicación.
VOX expresa reservas sobre las disposiciones relativas a menores
Jové también ha cuestionado las previsiones del texto relacionadas con los menores de edad y la atención sanitaria.
El diputado sostiene que la norma no incorpora garantías suficientes frente a determinadas intervenciones médicas y ha defendido que la protección de la salud infantil debe ocupar un lugar prioritario.
En su intervención, ha aludido a la revisión de algunas prácticas clínicas relacionadas con menores en distintos países europeos.
El comunicado no identifica los artículos concretos que, a juicio de VOX, permitirían actuaciones médicas sin garantías suficientes. Tampoco permite concluir que la ley elimine los requisitos de consentimiento informado, evaluación clínica o protección del menor establecidos en la normativa sanitaria aplicable.
Las objeciones del parlamentario se presentan, por tanto, como una crítica a las garantías que considera necesarias, no como la constatación de un daño sanitario derivado de la norma.
Debate sobre el criterio de sexo legal en el deporte
Otro de los asuntos abordados ha sido la participación deportiva.
Jové ha criticado las referencias al «sexo legal» y ha defendido que las normas deportivas deben tener en cuenta las características físicas relevantes para cada modalidad.
«Sexo legal es como hablar de aritmética legal. ¿Imaginan una tabla de multiplicación legal al margen de la aritmética?», ha ironizado.
La intervención refleja el desacuerdo de VOX con el enfoque que atribuye al texto legislativo.
Objeciones a la formación y a la contratación pública
El diputado también ha cuestionado las medidas de formación previstas para empleados públicos y para trabajadores de empresas que prestan servicios a las administraciones.
Según Jové, estas obligaciones pueden introducir criterios ideológicos en actividades profesionales que deberían regirse por la neutralidad institucional.
La formación ha extendido sus críticas a la incorporación de compromisos en materia LGTBI en contratos públicos y subvenciones.
El parlamentario considera necesario delimitar con precisión qué obligaciones se establecen, a quiénes afectan y qué consecuencias tendría su incumplimiento.
El régimen sancionador centra parte de las críticas de VOX
Jové ha dedicado otra parte de su intervención al sistema de infracciones y sanciones previsto en la norma.
El diputado ha advertido de posibles consecuencias para docentes, profesionales y empresas si determinadas expresiones o actuaciones fueran consideradas infracciones administrativas.
Para ilustrar sus argumentos, ha mencionado los casos de Juana Gallego, Carola López Moya y Jesús Luis Barrón López, a los que ha relacionado con controversias profesionales o legales por sus posiciones públicas.
VOX mantiene su oposición a la norma
En la parte final de su intervención, Jové ha afirmado que las modificaciones introducidas durante la tramitación no justifican un cambio de posición de VOX.
También ha señalado que algunas de sus críticas coinciden con planteamientos expresados por sectores del feminismo que discrepan de determinadas políticas de identidad de género.
El parlamentario ha reprochado al resto de fuerzas, incluido el Partido Popular, su respaldo al texto.
Sara A. Rouco rechaza la Ley de Infancia de Asturias por su posible intervención en las familias.
La diputada de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Sara A. Rouco, ha expresado su rechazo a la Ley de Infancia y Adolescencia impulsada por el Gobierno autonómico de Adrián Barbón, al considerar que puede ampliar la intervención administrativa en la vida familiar y reducir el margen de decisión de los padres.
Durante su intervención parlamentaria, Rouco ha ratificado la posición que su grupo defendió en mayo, cuando presentó una enmienda a la totalidad del proyecto.
La parlamentaria ha descrito la iniciativa como un «caballo de Troya» y ha acusado al Ejecutivo socialista de utilizar la protección de los menores para introducir criterios políticos e ideológicos en materias relacionadas con la educación y la crianza.
VOX mantiene su rechazo a la Ley de Infancia de Asturias
Sara A. Rouco ha recordado que su grupo ya manifestó su oposición al proyecto durante una fase anterior de su tramitación.
«Decíamos entonces que nos encontrábamos ante una ley socialista descaradamente intervencionista y sectaria que se armaba desde el adoctrinamiento y se alejaba del interés común. Y hoy lo mantenemos», ha afirmado.
La diputada considera que la norma concede a las instituciones un papel excesivo en cuestiones que, a su juicio, deben corresponder principalmente a las familias.
«Nos la presentan como garantista y, sin embargo, desde su entrada en vigor supondrá una vía libre para la intromisión institucional en el ámbito familiar», ha denunciado.
Rouco cuestiona el concepto de parentalidad positiva
Uno de los aspectos que más preocupa a la parlamentaria es el tratamiento de la denominada parentalidad positiva.
Rouco sostiene que determinados criterios utilizados para evaluar la crianza podrían no tener suficientemente en cuenta las circunstancias económicas, educativas y sociales de cada familia.
Según su planteamiento, existe el riesgo de que situaciones de vulnerabilidad sean interpretadas como deficiencias familiares en lugar de dar lugar a medidas de apoyo.
«Y ante una parentalidad positiva valorada como negativa desde las instituciones, automáticamente se pondría en cuestión la permanencia de los hijos o menores a cargo en el hogar familiar», ha advertido.
La diputada ha defendido que la respuesta ante las dificultades familiares debe centrarse prioritariamente en el acompañamiento y la asistencia.
Críticas al Observatorio de la Infancia y a los contenidos educativos
La representante de VOX también ha cuestionado el papel que la norma atribuye al Observatorio de la Infancia y a las mesas de trabajo previstas.
A su juicio, estos mecanismos pueden reforzar la capacidad de supervisión institucional sobre las familias.
Rouco ha extendido sus críticas a las referencias del proyecto relacionadas con la política lingüística, la perspectiva de género y la educación afectivo-sexual.
«Imponen para todos sus criterios en temas extremadamente sensibles, sean o no del interés de los afectados y sus familias», ha afirmado.
La diputada considera necesario preservar la participación de los padres en las decisiones educativas y evitar que la Administración imponga un enfoque único en cuestiones que afectan a sus hijos.
VOX pide reforzar la protección en los centros tutelados
Otro de los asuntos abordados durante la intervención ha sido la situación de los menores bajo tutela de la Administración asturiana.
Rouco ha mencionado problemas que, según sostiene, afectan a determinados centros de protección, entre ellos carencias materiales, fugas y deficiencias educativas.
También ha aludido a casos graves de explotación sexual relacionados con menores bajo tutela institucional.
La parlamentaria ha utilizado estas referencias para cuestionar que una ampliación de las competencias administrativas garantice, por sí misma, una mayor protección.
Las denuncias sobre delitos o deficiencias en centros concretos requieren documentación y comprobación individualizada; no permiten atribuir responsabilidades generales a todos los recursos de acogida.
VOX reclama que la protección de los menores incluya una supervisión efectiva de los centros, recursos suficientes y mecanismos de evaluación de la atención prestada.
Debate sobre los menores extranjeros no acompañados
La diputada también ha rechazado el enfoque del proyecto respecto a los menores extranjeros no acompañados.
Rouco considera que su incorporación a determinados programas institucionales puede aumentar el gasto público y ha advertido de un posible «efecto llamada».
Se trata de una valoración política sobre los efectos de las medidas de acogida. El comunicado no aporta datos que permitan establecer una relación causal entre los programas previstos en la ley y un aumento de llegadas.
La atención y protección de los menores extranjeros se encuentra sujeta a las garantías legales aplicables a la infancia, con independencia de su nacionalidad.
Rouco exige aclarar la financiación de la nueva ley
En la parte final de su intervención, la parlamentaria ha cuestionado la memoria económica del proyecto.
Según ha señalado, mientras los promotores de la norma sostienen que su aplicación no implicará un incremento del gasto, la Dirección General de Presupuestos habría advertido de mayores necesidades económicas sin ofrecer una cuantificación concreta.
Rouco considera que esta circunstancia genera dudas sobre la capacidad de aplicar las medidas previstas.
«Esta ley, que establece derechos, objetivos y actuaciones más que cuestionables, depende, finalmente, de su financiación, de la disponibilidad de profesionales, del acceso real a las ayudas y de la evaluación de los resultados», ha señalado.
La diputada ha reclamado que los compromisos legislativos vayan acompañados de recursos materiales, personal suficiente y mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento.
Alicia García cuestiona la financiación autonómica y las inversiones ferroviarias en Asturias.
La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita de los Reyes a Ceuta y ha reclamado explicaciones sobre la respuesta del Ejecutivo ante la presencia de buques marroquíes en aguas españolas.
García ha realizado estas declaraciones durante una reunión de la Junta Local del PP de Gijón, en la que ha intervenido junto al presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo.
«El valiente de Paiporta lo ha vuelto a hacer: esconderse cuando las cosas se ponen feas», ha afirmado la senadora, que ha cuestionado la gestión del Gobierno en materia de seguridad y soberanía territorial.
Alicia García reclama explicaciones sobre Ceuta
La portavoz popular ha acusado a Sánchez de no haber informado adecuadamente al Congreso sobre el incidente marítimo relacionado con Marruecos.
Según García, el presidente del Gobierno habría omitido información relevante sobre lo sucedido y debería aclarar tanto las circunstancias del episodio como las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
«¿Qué le debe Sánchez a Marruecos para no querer molestarle?», ha preguntado.
El comunicado del PP no incorpora los informes oficiales, las intervenciones parlamentarias completas ni la documentación necesaria para determinar si existió una ocultación deliberada de información. Las acusaciones se recogen, por tanto, como declaraciones políticas de García.
El PP reivindica su actividad en el Senado
La dirigente ha dedicado parte de su intervención a defender el trabajo parlamentario del Grupo Popular en la Cámara Alta.
García ha asegurado que el PP ha impulsado siete comisiones de investigación, ha acudido quince veces al Tribunal Constitucional, ha promovido diecisiete reprobaciones y ha conseguido aprobar 42 leyes que, según ha denunciado, permanecen pendientes de tramitación en el Congreso.
«¡No nos han silenciado!», ha proclamado.
La portavoz ha presentado estas cifras como balance de la actividad de su grupo, aunque el texto no incluye una relación de las iniciativas ni permite comprobar individualmente su situación parlamentaria.
También ha defendido las actuaciones del PP sobre los procedimientos de nacionalidad vinculados a la denominada ley de nietos, al considerar necesario preservar las garantías del censo electoral.
Denuncias sobre presuntas presiones judiciales
Durante su discurso, García ha formulado acusaciones sobre supuestas maniobras contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que participan en investigaciones relacionadas con personas del entorno del Gobierno.
La senadora ha utilizado expresiones de especial gravedad al referirse a presuntas intimidaciones contra miembros de la judicatura.
Estas acusaciones no pueden considerarse acreditadas a partir del comunicado. En particular, no se aporta documentación que demuestre que el Gobierno o el PSOE ordenaran actuaciones violentas contra jueces.
La portavoz ha defendido la independencia judicial y ha afirmado que las instituciones deben poder ejercer sus funciones sin interferencias.
Asturias: financiación autonómica, lobo y peaje del Huerna
En el ámbito territorial, Alicia García ha criticado el modelo de financiación autonómica que atribuye al Gobierno central y ha defendido que Asturias debe recibir un trato equitativo.
La portavoz ha recordado las posiciones mantenidas por el PP en el Senado sobre la protección del lobo, la ocupación ilegal de viviendas y el peaje del Huerna.
También se ha referido a una iniciativa votada en el Congreso para reclamar la incorporación de Asturias al ancho ferroviario europeo.
García ha cuestionado el sentido del voto de los parlamentarios socialistas asturianos en estas materias, al considerar que no han defendido suficientemente los intereses de la comunidad.
Infraestructuras ferroviarias pendientes
La dirigente popular ha afirmado que Asturias acumula 400 millones de euros en actuaciones ferroviarias pendientes, una cifra que ha utilizado para criticar la ejecución de las inversiones del Ministerio de Transportes.
El comunicado no especifica los proyectos incluidos en esa cantidad, su periodo de ejecución ni la fuente presupuestaria.
La portavoz ha reclamado que se aceleren las obras y se atiendan las necesidades de conectividad del Principado.
Propuestas del PP ante las elecciones
García ha concluido defendiendo las propuestas que atribuye al proyecto político de Alberto Núñez Feijóo, entre ellas una reducción de impuestos, la movilización de suelo para construir viviendas y medidas sobre ocupación ilegal.
La senadora ha presentado esas propuestas como compromisos para un eventual futuro Gobierno del PP y ha insistido en que las cuestiones de seguridad territorial y funcionamiento institucional deben ocupar un lugar prioritario en la agenda política.
La intervención en Gijón ha combinado críticas al Gobierno central, referencias a actuaciones parlamentarias del Senado y reivindicaciones relacionadas con Asturias.
Javier Jové: «El invierno se acerca a Valgrande-Pajares entre averías, reparaciones pendientes y riesgo para los negocios»
El diputado de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha advertido este martes 13 de octubre de los problemas de mantenimiento que, según denuncia, afectan a la estación de esquí de Valgrande-Pajares ante el inicio de la temporada de invierno.
Durante una interpelación a la consejera competente, Jové ha señalado que tres de los siete remontes están fuera de servicio, mientras que un cuarto podría dejar de estar operativo. También ha denunciado que 53 de los 73 cañones de nieve artificial presentan averías.
El parlamentario considera que estas deficiencias pueden comprometer el funcionamiento de la estación y perjudicar a las escuelas de esquí, los concesionarios y los negocios vinculados al turismo de nieve.
«El invierno se acerca y Valgrande-Pajares se enfrenta a una temporada que puede ser la de la ruina para la estación, la escuela de esquí y los concesionarios», ha advertido.
Tres remontes fuera de servicio y problemas en la zona de debutantes
Uno de los principales asuntos planteados por Jové ha sido la situación del telesilla de Brañilín, cuya puesta en funcionamiento durante la próxima temporada considera muy difícil.
Según el diputado, el remonte presenta problemas estructurales y carece de una pieza de repuesto necesaria para su reparación.
A ello se suma, de acuerdo con su denuncia, la falta de funcionamiento de la cinta transportadora de la zona de iniciación.
«La silla del Brañilín no va a estar operativa esta temporada. Y como la cinta tampoco funciona, dejan la zona de debutantes e iniciación completamente inoperativa», ha señalado.
Jové ha advertido de que esta situación afectaría especialmente a quienes se acercan por primera vez al esquí y a las actividades de enseñanza desarrolladas en la estación.
VOX pide explicaciones sobre la seguridad del telesilla de Brañilín
El diputado también ha expresado su preocupación por el estado de la cimentación de una de las pilonas del telesilla.
Según ha descrito, la estructura presenta grietas y pernos visibles, por lo que ha cuestionado la solución técnica planteada para su reparación.
Jové ha criticado que se contemple el uso de un producto sellador en lugar de reconstruir la cimentación, una intervención que, según su estimación, tendría un coste no superior a 8.000 euros.
«¿Se cree que estamos construyendo una maqueta o manteniendo un remonte público que transporta a miles de personas?», ha preguntado a la consejera.
El parlamentario ha reclamado información sobre las inspecciones realizadas, las garantías de seguridad y los criterios técnicos empleados para decidir las reparaciones.
Las deficiencias descritas son denuncias del diputado y no permiten, por sí solas, determinar el nivel real de riesgo estructural de la instalación sin los correspondientes informes técnicos.
53 de los 73 cañones de nieve artificial, averiados según Jové
Otro de los problemas señalados por el representante de VOX afecta al sistema de producción de nieve artificial.
Jové ha asegurado que 53 de los 73 cañones de Valgrande-Pajares están fuera de servicio, lo que representa aproximadamente el 73 % del total.
Sistema de innivación de Valgrande-Pajares, según los datos aportados por Jové,
El diputado estima que la reparación de los equipos requeriría una inversión de entre 1,1 y 1,4 millones de euros.
«¿En qué cabeza cabe tener un sistema de innivación que no funciona temporada tras temporada?», ha reprochado.
Jové ha preguntado al Gobierno autonómico si ha mantenido contactos con empresas especializadas y si prevé una partida presupuestaria para acometer las reparaciones.
Incertidumbre sobre las cafeterías y el albergue de la estación
El parlamentario también ha advertido de los problemas que podrían derivarse de los plazos de adjudicación de los servicios de hostelería.
Según los datos expuestos durante su intervención, la concesión del albergue Toribión finaliza el 30 de octubre, mientras que la de la cafetería Cuitu Negru vence el 20 de diciembre.
Sin embargo, el plazo para presentar ofertas en las nuevas licitaciones permanece abierto hasta el 23 de noviembre.
Jové considera que este calendario podría dificultar la continuidad de los servicios durante el inicio de la temporada.
Además, ha cuestionado las previsiones de apertura incluidas en los estudios de viabilidad económica, al entender que no reflejan adecuadamente las limitaciones de funcionamiento registradas en temporadas anteriores.
«¿Quién va a acudir a pagar un canon para explotar un servicio en una estación que ustedes están dejando morir?», ha preguntado.
Críticas a la segunda fase de modernización de Pajares
El diputado ha extendido sus reproches a las actuaciones pendientes de la segunda fase de modernización de Valgrande-Pajares.
Entre ellas ha mencionado trabajos sin completar en rutas de senderismo, una pista de esquí de fondo y un mirador cuya ubicación ha cuestionado.
Según Jové, el mirador se habría construido a unos 15 metros del emplazamiento previsto, circunstancia que, a su juicio, impide aprovechar adecuadamente las vistas.
También ha reclamado mejoras en los accesos, el alumbrado y otras infraestructuras de la urbanización de Brañilín.
Con esta interpelación, VOX pide al Gobierno del Principado que aclare el estado de los remontes, los plazos de reparación, las garantías de seguridad y las inversiones previstas para evitar que las deficiencias denunciadas afecten a la actividad económica de Valgrande-Pajares durante el invierno.
Luis Venta: «Los ganaderos merecen respeto, respuestas y resultados»
El diputado del Partido Popular y portavoz de Medio Rural en la Junta General del Principado, Luis Venta, ha participado en una marcha contra la actual gestión del lobo celebrada en Infiesto, donde ha reclamado al PSOE compromisos concretos para garantizar la continuidad de la ganadería extensiva asturiana.
Durante su intervención, Venta ha cuestionado la política de gestión del lobo del Gobierno de Adrián Barbón y ha pedido a Adriana Lastra, candidata socialista al Congreso por Asturias según el comunicado del PP, que aclare su posición sobre una posible nueva inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Luis Venta pide a Adriana Lastra aclarar su posición sobre el LESPRE
El diputado popular ha advertido de que un futuro Gobierno socialista podría promover cambios en la protección legal del lobo.
Venta ha recordado que Adriana Lastra votó anteriormente contra iniciativas del PP destinadas a flexibilizar la protección de esta especie, según la información difundida por el partido.
«¿Puede Adriana Lastra garantizar que el PSOE no apoyará una futura vuelta del lobo al LESPRE?», ha preguntado.
La posibilidad de una nueva inclusión constituye una hipótesis política planteada por el diputado, no una decisión anunciada o aprobada.
Críticas a la gestión del Gobierno de Barbón
El portavoz de Medio Rural ha denunciado que, a su juicio, las políticas de los gobiernos socialistas han incrementado las dificultades de los ganaderos asturianos.
Venta ha criticado las restricciones aplicadas durante los años de mayor protección del lobo y ha cuestionado la eficacia de las medidas de control posteriores.
«Lo que la Administración presenta como un plan de control se parece demasiado a un plan de descontrol», ha afirmado.
El parlamentario ha reclamado que las actuaciones del Gobierno del Principado se evalúen a partir de resultados concretos, especialmente en la prevención de ataques y la protección de las explotaciones.
Prevención de daños e indemnizaciones
Luis Venta ha defendido la necesidad de compatibilizar la conservación de la fauna silvestre con la continuidad de la actividad ganadera.
Entre las medidas que reclama figuran una prevención más eficaz de los daños, indemnizaciones adecuadas y herramientas de gestión del lobo que respeten las garantías legales.
«Las indemnizaciones son necesarias, pero no bastan: hacen falta medidas que prevengan los daños y permitan gestionar el problema con eficacia», ha señalado.
El diputado considera que la seguridad jurídica es un elemento esencial para que los ganaderos puedan planificar sus explotaciones y mantener su actividad.
Reproches por la atención a los ganaderos
El representante popular también ha criticado que, según denuncia, el Gobierno asturiano no recibiera a dos ganaderos que recorrieron a pie el trayecto entre Ribadesella y Oviedo para reclamar soluciones frente a los daños atribuidos al lobo.
Venta ha considerado que las administraciones deben mantener un diálogo directo con los profesionales afectados.
«Los ganaderos merecen respeto, respuestas y resultados», ha manifestado.
Defensa de los profesionales de la gestión del lobo
El diputado del PP ha censurado asimismo lo que describe como una campaña de señalamiento contra un guarda que desarrolla funciones relacionadas con el plan de gestión del lobo.
Venta ha reclamado al Gobierno del Principado una condena pública de estos hechos y garantías para que los profesionales puedan ejercer su trabajo sin presiones.
«No se puede permitir que se señale a un profesional por cumplir con su trabajo», ha afirmado.
El comunicado no detalla las circunstancias concretas de ese supuesto señalamiento ni aporta la respuesta del Ejecutivo autonómico.
El PP exige respuestas para el campo asturiano
Luis Venta ha concluido su intervención reclamando al Gobierno de Asturias medidas verificables que permitan reducir los daños a la ganadería y mejorar la confianza del sector.
El diputado ha defendido una política de gestión del lobo que combine conservación, prevención y protección de las explotaciones.
«Defender al ganadero es defender el futuro de Asturias», ha concluido.