Miguel Pascual: «Nos obligan a comprar algo que no garantiza seguridad»
Las Cortes Valencianas han aprobado en comisión una iniciativa presentada por VOX para instar al Gobierno de España a que no obligue a los conductores a adquirir la baliza V16 como dispositivo de señalización en carretera. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de VOX y del Partido Popular, y el rechazo de PSOE y Compromís.
El diputado de VOX y portavoz de Obras Públicas, Miguel Pascual, ha defendido la iniciativa señalando que la obligatoriedad de este dispositivo plantea dudas desde el punto de vista técnico y de seguridad vial. En este sentido, ha afirmado que no existen informes concluyentes que acrediten su eficacia en situaciones reales, como condiciones meteorológicas adversas o escenarios de baja visibilidad.
VOX ya había solicitado previamente la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16 hasta contar con estudios técnicos que avalaran su idoneidad. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio del Interior, la formación ha insistido en que su uso debe ser opcional y que se mantenga la posibilidad de utilizar los triángulos de emergencia tradicionales.
Asimismo, Pascual ha cuestionado el proceso de implantación de este dispositivo, planteando dudas sobre su adecuación a la normativa europea, su sistema de geolocalización y su conexión con la plataforma DGT 3.0, así como sobre la protección de datos de los usuarios.
El diputado también ha señalado el impacto económico de la medida, indicando que afecta a millones de conductores, y ha reclamado mayor transparencia por parte del Gobierno en relación con esta normativa.
Desde VOX se defiende que cualquier medida en materia de seguridad vial debe estar respaldada por criterios técnicos claros y garantizar tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos, en línea con su planteamiento de una gestión pública eficaz y transparente .
Dolors Montserrat: «Bruselas confirma que España incumplió el procedimiento de notificación exigido por la UE»
La Comisión Europea ha confirmado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, y ha advertido además de que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”. Esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Montserrat, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné en nombre de la Comisión Europea, afirma expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, al tiempo que reconoce que corresponde a los Estados miembros evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.
En este sentido, la norma europea obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el fin de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. “Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, advierte la respuesta parlamentaria. Ello significa que podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España.
La Comisión recuerda además las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535”.
Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los Estados miembros. “No obstante”, recalca, “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE, que las autoridades españolas tendrían que justificar con arreglo al artículo 36 del TFUE o sobre la base de uno de los requisitos obligatorios desarrollados en la jurisprudencia del TJUE”. Este principio forma parte de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
REQUISITOS QUE PUEDEN ALTERAR EL MERCADO INTERIOR
En relación con el impacto sobre el mercado interior, la Comisión Europea subraya igualmente que “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE”, que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión.
Tras conocer la respuesta, Montserrat ha destacado la importancia de esta respuesta: “el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector”.
La eurodiputada ha añadido que “cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.
Asimismo, ha destacado que “la Comisión Europea también advierte de que este tipo de requisitos técnicos nacionales puede constituir una restricción al mercado interior”, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en “ir por libre” en vez de consensuar con el resto de la UE sus decisiones.
Montserrat ha reclamado al Gobierno que “aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad”.
Ana Vázquez Blanco: «Si realmente fuera por seguridad, las tendrían que haber regalado»
La portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ana Vázquez Blanco, ha afirmado que “España hoy se asemeja a un coche averiado parado en el arcén en la carretera”, y ha añadido que “las balizas V16 se han convertido en un símbolo del despropósito del Gobierno”.
Vázquez ha denunciado que el Ministerio del Interior permitió durante años dispositivos como los triángulos de emergencia, “que ahora declaran inútiles”. “Si realmente fuera por seguridad, las tendrían que haber regalado”, ha sentenciado.
Mientras mostraba una baliza encendida, la portavoz popular ha explicado que el Ejecutivo obliga a los conductores a comprar una baliza homologada por la DGT, “un gasto más para las familias”. Además, ha advertido de que su luz apenas se percibe a plena luz del día y que la batería puede agotarse antes de que llegue la grúa. “Dijeron que no multarían, pero ya han empezado a imponer sanciones de 80 euros por no tenerla”, ha denunciado.
La diputada ha cuestionado la ausencia de informes técnicos independientes y ha señalado que el cambio normativo ha beneficiado a empresas vinculadas a una red china investigada por blanqueo, a una pequeña sociedad que recibió un macro contrato para la Guardia Civil y a responsables políticos socialistas vinculados a la empresa impulsora del dispositivo. “Para algunos, el caso Balizas apunta a convertirse en un nuevo caso Koldo”, ha aseverado.
Asimismo, ha denunciado que “los ciudadanos ya han pagado las balizas y un IVA que cifran en 300 millones de euros, fondos que no irán a la investigación contra el cáncer ni a los enfermos de ELA, sino a sostener la corrupción política del Gobierno de Sánchez”.
Por último, Vázquez ha recordado a los guardias civiles Miguel Ángel y David, asesinados por los narcos en Barbate en el segundo aniversario de su muerte, y ha criticado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “siguen abandonadas mientras los narcos campan a sus anchas”. “Y Marlaska sigue sin asumir responsabilidad”, ha concluido.
Emilio Jiménez: «Tecnología inútil con olor a comisión»
El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha anunciado que su grupo llevará al pleno una moción instando al Gobierno de España a eliminar la obligatoriedad de la baliza V16, un dispositivo que consideran un “mecanismo de control ciudadano” y un gasto innecesario que puede comprometer la seguridad vial.
Además, Jiménez ha mostrado el pésame de VOX por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia. También ha recordado el 30º aniversario del secuestro de Ortega Lara, reivindicando su figura como símbolo de resistencia frente al terror y denunciando la connivencia del PSOE con los herederos políticos de ETA.
Sobre el acuerdo UE–Mercosur, ha asegurado que PSOE y PP han condenado al campo español al apoyar este pacto en Bruselas, adelantando que VOX presentará una moción de censura contra Ursula von der Leyen y llevará el acuerdo a los tribunales.
Finalmente, ha confirmado que el Juzgado número 5 de Pamplona ha abierto diligencias por una querella de VOX contra miembros del Gobierno de Chivite por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas. Además, ha desmentido cualquier notificación judicial contra dirigentes de VOX por “delito de odio”, calificándolo como una maniobra del Ejecutivo navarro para tapar su corrupción.
González Pons desmiente que la UE obligue a imponer las balizas de emergencia.
El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende hacer caja con una supuesta medida de seguridad obligando a los españoles a pagarla de su bolsillo, a pesar de que no se trata de una exigencia de la Unión Europea.
González Pons ha sido tajante al señalar que “si es una medida de seguridad, no debería costarles dinero a los españoles”, y ha criticado que el Ejecutivo imponga la compra de balizas de emergencia mientras recauda más de 300 millones de euros solo en concepto de IVA. “Un Gobierno manchado por la corrupción no debería ganar dinero con una medida de seguridad que obliga a pagar a los ciudadanos”, ha afirmado.
El dirigente popular ha subrayado que España es el único país que impone esta obligación, sin que exista ninguna directriz comunitaria que lo exija. “La Unión Europea no ha impuesto estas balizas. Es una decisión exclusiva del Gobierno de Sánchez, que no la explica y que obliga a las familias a asumir un nuevo coste”, ha advertido.
Según ha detallado, cada familia española tendrá que pagar alrededor de 40 euros por vehículo, y hasta 80 euros en el caso de hogares con dos coches, en un momento especialmente delicado para la economía doméstica, coincidiendo con las Navidades y la cuesta de enero. “Entre todos los españoles vamos a poner 300 millones de euros más solo en IVA para que los gaste un Gobierno manchado por la corrupción”, ha denunciado.
González Pons ha insistido en que pagar impuestos es un deber cívico, pero ha advertido de que imponer cargas fiscales sin explicación y sin respaldo europeo genera desafección democrática. “Cuando un Gobierno corrupto sube impuestos sin dar razones, provoca desconfianza y alejamiento de las instituciones”, ha señalado.
Por todo ello, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha reclamado la convocatoria de elecciones cuanto antes, para que “los españoles solo paguemos los impuestos que podemos permitirnos y que estén justificados”. “España necesita un cambio y devolver la decencia y la transparencia a la política”, ha concluido.
VOX exige en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación de Segovia la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V‑16 por falta de evidencia técnica.
VOX ha registrado iniciativas en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación Provincial de Segovia para instar al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad de la baliza V‑16, ante la ausencia de estudios independientes que acrediten su eficacia en materia de seguridad vial y el impacto económico que esta medida supone para familias y empresas españolas.
El Grupo Parlamentario VOX ha presentado en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación Provincial de Segovia una iniciativa para exigir la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V‑16, cuya entrada en vigor está prevista por el Real Decreto 159/2021 y la Instrucción MOV 2025/1 de la Dirección General de Tráfico (DGT). En la institución provincial, la moción será debatida en el próximo pleno ordinario de diciembre.
La formación política sostiene que esta obligación impone una carga económica innecesaria a millones de familias y empresas españolas, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida, sin que exista una justificación técnica sólida ni estudios independientes que avalen su eficacia real en seguridad vial.
La procuradora de VOX por Segovia en las Cortes de Castilla y León, Susana Suárez, ha denunciado la clara desigualdad normativa que introduce esta obligación, al aplicarse únicamente a los vehículos matriculados en España, mientras los vehículos matriculados en el extranjero quedan exentos del mandato.
Por su parte, el diputado provincial de VOX en Segovia, Pedro Varela, ha señalado la incapacidad del Gobierno para ayudar a las familias en momentos económicamente difíciles. “La obligación de utilizar la baliza V‑16 impone una carga económica injustificada para los segovianos, que ya tienen bastantes problemas como consecuencia de las políticas de este Gobierno y del bipartidismo”, ha declarado.
VOX también ha puesto de manifiesto la deficiente comunicación del Ejecutivo sobre esta norma: una gran parte de los conductores desconoce su entrada en vigor y las sanciones vinculadas, lo que está provocando la compra de dispositivos no homologados y el consecuente riesgo de sanciones. Además, han planteado dudas técnicas sobre la visibilidad real de la baliza, su ineficacia en vehículos industriales, su dependencia de conectividad móvil y su comportamiento en condiciones meteorológicas adversas.
La formación ha advertido, igualmente, de que la obligatoriedad de la baliza V‑16 puede fomentar comportamientos contrarios a los protocolos de seguridad vial, como permanecer dentro del vehículo tras una avería, algo que incrementa el riesgo de sufrir accidentes graves.
Varela ha recalcado el impacto económico de esta medida en la provincia de Segovia: “Si tenemos en cuenta que hay unos 115.000 vehículos matriculados y un coste medio por baliza de unos 30 euros, con un IVA del 21 %, esta medida supone al menos **600.000 euros que el Gobierno detrae directamente de los bolsillos de los segovianos, para además ponerlos en peligro por su menor visibilidad frente a los tradicionales triángulos de emergencia”.
Manuel Rodríguez denuncia multas abusivas y falta de estudios técnicos que avalen su uso.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Manu Rodríguez, ha denunciado la imposición de la baliza V16 como una medida discriminatoria, poco comunicada y perjudicial para el bolsillo de los ciudadanos. VOX exige que se suspenda su obligatoriedad hasta contar con estudios independientes que certifiquen su eficacia.
Un coste innecesario para las familias
VOX advierte de que esta obligación impone un nuevo gasto a las familias y empresas españolas. La simple ausencia de la baliza en el vehículo puede conllevar una multa de 80 euros, mientras que en caso de no usarla correctamente ante un incidente, la sanción puede llegar hasta los 200 euros.
“Es una imposición más contra el bolsillo del contribuyente, en un momento económico delicado”, ha enfatizado Rodríguez.
Falta de comunicación y dudas sobre su eficacia
El portavoz de VOX también ha señalado que el Gobierno no ha informado adecuadamente a los ciudadanos sobre la entrada en vigor de esta medida. A esto se suman las dudas expresadas por asociaciones técnicas y de seguridad vial que cuestionan la efectividad del dispositivo, especialmente en condiciones de alta luminosidad.
Rodríguez ha citado literalmente algunas de estas valoraciones: “De día, no se ve”.
VOX pide suspender la norma hasta que se demuestre su utilidad
Ante esta situación, VOX propone suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos, independientes y concluyentes que avalen su eficacia en situaciones reales de climatología adversa y baja visibilidad.
Además, la formación exige que se siga permitiendo el uso de los tradicionales triángulos reflectantes como medida válida para señalizar emergencias en carretera.
VOX insiste en que no se deben imponer nuevas normas que impliquen cargas económicas innecesarias sin haber demostrado su utilidad. “Los españoles necesitan soluciones eficaces, no multas ni parches impuestos sin consenso ni pruebas”, concluyó Manu Rodríguez.
Martínez Alpañez: «Triángulos fuera, negocio dentro».
VOX ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia, en la que pide la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V-16, porque esta medida “solo introduce más trabas y exigencias económicas a las familias y empresas, en un contexto en el que el precio de la vida no deja de aumentar”.
El portavoz adjunto Rubén Martínez Alpañez ha denunciado esta última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende “cambiar las reglas del juego en materia de seguridad vial imponiendo un gasto totalmente innecesario a los ciudadanos”.
A renglón seguido, ha explicado que lo que antes servía, como los tradicionales triángulos de señalización, “ahora ya no sirve porque Sánchez quiere obligar a todos los conductores a utilizar sus balizas, y no vale cualquier baliza: tiene que ser la suya, a un precio de 60 euros”.
En consecuencia, Martínez Alpañez ha reclamado la derogación definitiva de esta imposición “que esquilma el bolsillo de los ciudadanos de la Región de Murcia” y que, además, solo afecta a los vehículos matriculados en España, “mientras que millones de vehículos extranjeros que circulan cada año por nuestras carreteras quedan exentos de esta obligación”.
Asimismo, ha denunciado que la medida “carece de una justificación técnica sólida y no cuenta con estudios que evalúen su impacto real”.
Por otro lado, el parlamentario ha afirmado que la obligatoriedad de la baliza V-16 “no garantiza un beneficio real ni acreditado en términos de seguridad vial, genera desigualdad normativa frente a los vehículos extranjeros e impone una carga económica injustificada a las familias españolas”, al tiempo que ha alertado de que puede fomentar prácticas peligrosas “expresamente desaconsejadas por los servicios de emergencia”.
“No se entiende por qué no se contempla que sea el propio conductor quien pueda elegir entre la baliza V-16 y los clásicos triángulos reflectantes, que han cumplido perfectamente su función durante décadas”, ha añadido.
Finalmente, Martínez Alpañez ha concluido subrayando que la imposición de la baliza V-16 debe ser revisada “hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la eficacia y utilidad del dispositivo”.