María García Fuster denuncia un «Estado fallido» tras el caso de eutanasia de Noelia Castillo.
El grupo parlamentario de VOX ha registrado en el Parlamento de Cataluña una amplia batería de preguntas dirigidas al Govern con el objetivo de esclarecer la aplicación de la eutanasia en la comunidad autónoma. La iniciativa se produce tras el caso de Noelia Castillo, que la formación considera de especial gravedad.
La diputada de VOX en el Parlamento catalán y portavoz nacional de Sanidad, María García Fuster, ha denunciado que este caso refleja, a su juicio, un fallo institucional. Según ha señalado, “Noelia es una de las víctimas de un Estado fallido y criminal, que jamás la protegió, ni la cuidó ni se interesó por ella, ofreciéndole la muerte como única salida a su situación”.
En este contexto, VOX ha solicitado información detallada sobre el funcionamiento de la eutanasia en Cataluña desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021. Entre los datos requeridos se incluyen el número total de solicitudes registradas, los informes emitidos por los médicos consultores, los expedientes revisados por la Comisión de Garantía y Evaluación, así como las resoluciones revocadas por este organismo.
La formación también ha pedido un desglose de las solicitudes validadas según patologías, además de información sobre posibles incumplimientos de los requisitos legales por parte de los profesionales implicados, incluyendo la eventual falta de especialización de los médicos consultores. Asimismo, VOX solicita conocer los criterios técnicos empleados en las resoluciones favorables, los mecanismos de control e imparcialidad, la existencia de posibles conflictos de interés y los sistemas de auditoría externa.
En relación con el caso de Noelia Castillo, VOX ha requerido información específica sobre su expediente, como la identidad de los verificadores designados, el contenido de los informes médicos, la existencia de valoraciones psiquiátricas externas y si se tuvo en cuenta la oposición judicial de la familia.
Igualmente, la formación ha pedido explicaciones sobre los casos de eutanasia por motivos de salud mental, el papel de los psiquiatras en estos procesos y la posible influencia de factores socioeconómicos o presiones externas en la voluntad de los solicitantes.
La batería de preguntas incluye también cuestiones relativas a la compatibilidad de cargos, la posible vinculación de miembros de los órganos evaluadores con entidades relacionadas con la eutanasia, así como la transparencia en la designación de verificadores y en la resolución de los expedientes.
Por otro lado, VOX ha solicitado información sobre el presupuesto de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y el reparto de recursos entre la promoción de la eutanasia y los cuidados paliativos. Según la formación, esta iniciativa busca “garantizar la máxima transparencia en un ámbito extremadamente sensible”, al tratarse de decisiones irreversibles que afectan a la vida de las personas.
Desde VOX se ha insistido en que es necesario esclarecer si se están cumpliendo todas las garantías legales, médicas y éticas en estos procesos. En este sentido, García Fuster ha subrayado que la formación continuará impulsando iniciativas para que, en sus palabras, “la cultura de la vida vuelva a inspirar toda la legislación del Estado”.
Manuel Acosta valora la sentencia del TSJ sobre la educación en Cataluña.
El diputado de VOX en el Parlamento de Cataluña, Manuel Acosta, ha celebrado en rueda de prensa el “terrible varapalo judicial” sufrido por “la mafia separatista del Partido Socialista que nos gobierna” tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de ejecutar la sentencia que anula el último decreto del Ejecutivo catalán “destinado a blindar el monolingüismo en catalán en la escuela”.
Manuel Acosta ha asegurado que esta resolución judicial “pone negro sobre blanco lo que desde VOX venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo: que el Govern de la Generalitat vive en una permanente desobediencia, en una rebeldía constante”. En este sentido, ha afirmado que la orden del tribunal supone “una victoria judicial y un grito de libertad para miles de familias que por fin encuentran un alivio ante esta situación de ser tratadas constantemente como extrañas y extranjeras en su propia tierra, que es Cataluña”.
El diputado ha denunciado que bajo el Govern del Partido Socialista “se ha normalizado la desobediencia y el antiespañolismo”, y ha calificado de “indigna e incluso miserable” la actitud de Salvador Illa. Según Acosta, “se creen por encima de la ley, no la cumplen y llaman a la desobediencia”.
Es por eso que ha recordado que esta situación no es nueva, sino que responde a “una estrategia de desacato sistemático” que se arrastra desde hace 16 años. Ha señalado que ya en 2010 el Tribunal Constitucional dictaminó que el castellano no podía ser excluido de la educación y que, posteriormente, “la Generalitat ignoró y sigue ignorando la sentencia del 25 % de 2020, que establece que en la escuela catalana debe impartirse enseñanza en castellano, además de la asignatura de lengua castellana, en al menos otra materia troncal del currículo”.
Y es que, además, la Generalitat “ha perseguido y ha animado la persecución” de aquellas familias que han exigido que sus hijos pudieran ser educados también en castellano, y ha recordado casos como el de Canet. Acosta ha acusado al Govern de haber convertido la educación en “un laboratorio de ingeniería social y adoctrinamiento”, utilizando el catalán “no como una riqueza, sino como un muro de exclusión”. En este sentido, ha rechazado las declaraciones de Illa, que calificó la orden judicial como un ataque al catalán y al supuesto modelo de éxito de la escuela catalana.
El diputado de VOX ha subrayado que el supuesto “modelo de éxito de la escuela catalana ha provocado que desde 2012 el nivel educativo haya caído en picado”, tal y como reflejan las pruebas PISA, PIRLS y TIMSS. Ha asegurado que los alumnos catalanes han empeorado mucho más que los del resto de España en comprensión lectora, ciencias y matemáticas, y ha afirmado que “un alumno de 4.º de la ESO en Cataluña tendría que estar cursando 3.º de la ESO en otras regiones de España, como Castilla y León”. Por ello, ha concluido que el modelo de escuela catalana “es un modelo fracasado y caduco”.
Además, Acosta ha denunciado que las últimas pruebas de competencias básicas ya no son censales, sino muestrales, realizadas únicamente en 70 centros, con la intención de “manipular y maquillar los resultados para no reconocer el fracaso del sistema educativo catalán”, ha asegurado.
Para VOX, la resolución del Tribunal Superior de Justicia no constituye “ningún ataque al catalán ni a Cataluña”, sino “una consecuencia del sentido común, de la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos y del amor a Cataluña”. En este sentido, Acosta ha recordado que Cataluña es bilingüe desde hace más de 500 años y que actualmente más del 50 % de los catalanes tienen el castellano como lengua materna.
Santi Rodríguez: «El modelo actual solo genera menos vivienda y más precios»
El Partido Popular de Cataluña ha defendido la necesidad de impulsar un cambio en las políticas de vivienda para aumentar la oferta, apostando por medidas que favorezcan la seguridad jurídica, reduzcan la burocracia y fomenten la colaboración público-privada.
El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha señalado que “para mejorar la oferta de vivienda hay que dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios, reducir la burocracia, modificar la Ley del Suelo, establecer una fiscalidad más adecuada y reforzar la colaboración público-privada”.
Críticas a la gestión en Cataluña
Rodríguez ha criticado la situación actual en Cataluña, señalando que “no se pueden dar lecciones cuando hay servicios en crisis”, en referencia a las huelgas en sectores como educación y sanidad, así como al colapso de Rodalies y otros problemas estructurales.
Asimismo, ha contrapuesto la gestión presupuestaria en Andalucía con la situación catalana, destacando la falta de aprobación de nuevas cuentas en la comunidad.
La vivienda, eje del debate
El dirigente popular ha señalado que las políticas actuales han reducido la oferta de vivienda en alquiler, calificando la Ley de Vivienda como “restrictiva y equivocada”.
Como ejemplo, ha apuntado a la situación de Barcelona, donde —según ha indicado— la oferta es muy inferior a la de otras ciudades como Madrid, Sevilla o Palma.
“El Partido Popular defiende que limitar precios sin aumentar la oferta solo agrava el problema”, ha afirmado.
Propuestas para aumentar la oferta
Rodríguez ha insistido en la necesidad de aplicar medidas estructurales que permitan incrementar la disponibilidad de vivienda:
- Mayor seguridad jurídica para propietarios
- Reducción de trámites administrativos
- Reforma de la Ley del Suelo
- Fiscalidad más adecuada
- Impulso de la colaboración público-privada
Recurso a la Ley de Vivienda
El secretario general del PPC ha recordado el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda, señalando tres aspectos principales:
- La retroactividad en la protección oficial de viviendas
- La regulación de alquileres temporales y por habitaciones
- La limitación de precios mediante mecanismos sin debate parlamentario
“El Partido Popular considera que estas medidas generan inseguridad jurídica y reducen la oferta de vivienda”, ha concluido.
El Partido Popular reafirma así su apuesta por políticas de vivienda eficaces que incrementen la oferta y faciliten el acceso a la vivienda.







