Actualidad Política

8 de noviembre de 2026

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El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, Rafa Millán, ha visitado recientemente la promoción de viviendas de protección pública situada en el Passeig Lluís Serra Giribert, número 5, para conocer de primera mano la situación que atraviesan sus residentes. Tras mantener diversas reuniones con los vecinos del bloque de Sud Remolar, Millán ha sido tajante al describir la situación: «He podido comprobar una realidad alarmante: abandono, falta de mantenimiento y una sensación creciente de inseguridad en unas viviendas de protección pública que deberían ser ejemplo de gestión y atención a los vecinos más vulnerables».

Durante el recorrido por las instalaciones, el portavoz municipal pudo constatar las graves deficiencias en el mantenimiento básico del inmueble, gestionado por la empresa municipal Prat Espais. Una de las quejas más urgentes de los vecinos se centra en el estado de los ascensores. Al respecto, Millán ha denunciado que «uno de ellos llevaría más de un año sin funcionar y el otro se estropea continuamente. Las consecuencias son gravísimas: personas mayores y vecinos con movilidad reducida quedan aislados en sus casas o, en ocasiones, no pueden ni siquiera subir a sus viviendas».

El portavoz ha subrayado que este escenario no es un hecho puntual, sino fruto de una desatención estructural. «No estamos hablando de casos aislados. Durante la visita pude comprobar el estado de dejadez del edificio: suciedad, pintadas, vandalismo y una azotea que, cada vez que llueve, se convierte en una piscina por un evidente problema de mantenimiento», ha señalado el representante de VOX tras inspeccionar las zonas comunes y la cubierta del bloque.

Asimismo, Millán ha hecho eco de la creciente preocupación vecinal por el empeoramiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. Según ha explicado el portavoz, los residentes manifiestan su miedo ante la llegada de personas conflictivas a algunas viviendas vacías. Ante esta situación, Rafa Millán ha concluido con dureza: «Es intolerable que unas viviendas públicas estén en estas condiciones. La dejadez del Ayuntamiento y de Prat Espais la pagan, como siempre, los vecinos de siempre: mayores, personas con movilidad reducida y familias que solo piden vivir con dignidad y seguridad».

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Terrassa, Alicia Tomás, ha denunciado que el consistorio “persigue a los concejales de VOX” tras la imposición de sanciones económicas a tres ediles de la formación.

La polémica se remonta al Pleno municipal en el que los concejales de VOX acudieron con una camiseta en la que se leía: “¿Por qué Ballart silencia las violaciones en Terrassa?”. Como consecuencia, se ha aprobado un expediente sancionador que impone una multa de 1.200 euros a Tomás y de 600 euros a los concejales Pinto y Navarro.

Según ha señalado la portavoz, “el alcalde utiliza los recursos municipales para perseguir a VOX”, subrayando que el expediente sancionador ha sido tramitado por personal del propio Ayuntamiento. En este sentido, ha advertido de que “la libertad de expresión está en peligro en Terrassa”.

Asimismo, Tomás ha denunciado supuestas irregularidades en la tramitación del expediente. Según ha explicado, la propuesta de acuerdo no figuraba en el orden del día del Pleno de marzo, lo que motivó la intención de impugnar la votación. Sin embargo, dicha impugnación no fue admitida por el secretario municipal.

A juicio de la portavoz, lo ocurrido “no tiene precedentes” y evidencia una “persecución política” contra su formación, que, según afirma, contaría con el respaldo de los servicios jurídicos municipales.

Durante la sesión plenaria, Tomás anunció que VOX llevará el caso a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo, con el objetivo de defender los derechos de sus concejales.

Finalmente, la portavoz reiteró su denuncia sobre la situación en el municipio y aseguró que su formación continuará defendiendo sus posiciones. Durante el Pleno, un grupo de ciudadanos mostró su apoyo a los concejales de VOX con carteles de protesta.

El grupo parlamentario de VOX ha registrado en el Parlamento de Cataluña una amplia batería de preguntas dirigidas al Govern con el objetivo de esclarecer la aplicación de la eutanasia en la comunidad autónoma. La iniciativa se produce tras el caso de Noelia Castillo, que la formación considera de especial gravedad.

La diputada de VOX en el Parlamento catalán y portavoz nacional de Sanidad, María García Fuster, ha denunciado que este caso refleja, a su juicio, un fallo institucional. Según ha señalado, “Noelia es una de las víctimas de un Estado fallido y criminal, que jamás la protegió, ni la cuidó ni se interesó por ella, ofreciéndole la muerte como única salida a su situación”.

En este contexto, VOX ha solicitado información detallada sobre el funcionamiento de la eutanasia en Cataluña desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021. Entre los datos requeridos se incluyen el número total de solicitudes registradas, los informes emitidos por los médicos consultores, los expedientes revisados por la Comisión de Garantía y Evaluación, así como las resoluciones revocadas por este organismo.

La formación también ha pedido un desglose de las solicitudes validadas según patologías, además de información sobre posibles incumplimientos de los requisitos legales por parte de los profesionales implicados, incluyendo la eventual falta de especialización de los médicos consultores. Asimismo, VOX solicita conocer los criterios técnicos empleados en las resoluciones favorables, los mecanismos de control e imparcialidad, la existencia de posibles conflictos de interés y los sistemas de auditoría externa.

En relación con el caso de Noelia Castillo, VOX ha requerido información específica sobre su expediente, como la identidad de los verificadores designados, el contenido de los informes médicos, la existencia de valoraciones psiquiátricas externas y si se tuvo en cuenta la oposición judicial de la familia.

Igualmente, la formación ha pedido explicaciones sobre los casos de eutanasia por motivos de salud mental, el papel de los psiquiatras en estos procesos y la posible influencia de factores socioeconómicos o presiones externas en la voluntad de los solicitantes.

La batería de preguntas incluye también cuestiones relativas a la compatibilidad de cargos, la posible vinculación de miembros de los órganos evaluadores con entidades relacionadas con la eutanasia, así como la transparencia en la designación de verificadores y en la resolución de los expedientes.

Por otro lado, VOX ha solicitado información sobre el presupuesto de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y el reparto de recursos entre la promoción de la eutanasia y los cuidados paliativos. Según la formación, esta iniciativa busca “garantizar la máxima transparencia en un ámbito extremadamente sensible”, al tratarse de decisiones irreversibles que afectan a la vida de las personas.

Desde VOX se ha insistido en que es necesario esclarecer si se están cumpliendo todas las garantías legales, médicas y éticas en estos procesos. En este sentido, García Fuster ha subrayado que la formación continuará impulsando iniciativas para que, en sus palabras, “la cultura de la vida vuelva a inspirar toda la legislación del Estado”.

El diputado de VOX en el Parlamento de Cataluña, Manuel Acosta, ha celebrado en rueda de prensa el “terrible varapalo judicial” sufrido por “la mafia separatista del Partido Socialista que nos gobierna” tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de ejecutar la sentencia que anula el último decreto del Ejecutivo catalán “destinado a blindar el monolingüismo en catalán en la escuela”.

Manuel Acosta ha asegurado que esta resolución judicial “pone negro sobre blanco lo que desde VOX venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo: que el Govern de la Generalitat vive en una permanente desobediencia, en una rebeldía constante”. En este sentido, ha afirmado que la orden del tribunal supone “una victoria judicial y un grito de libertad para miles de familias que por fin encuentran un alivio ante esta situación de ser tratadas constantemente como extrañas y extranjeras en su propia tierra, que es Cataluña”.

El diputado ha denunciado que bajo el Govern del Partido Socialista “se ha normalizado la desobediencia y el antiespañolismo”, y ha calificado de “indigna e incluso miserable” la actitud de Salvador Illa. Según Acosta, “se creen por encima de la ley, no la cumplen y llaman a la desobediencia”.

Es por eso que ha recordado que esta situación no es nueva, sino que responde a “una estrategia de desacato sistemático” que se arrastra desde hace 16 años. Ha señalado que ya en 2010 el Tribunal Constitucional dictaminó que el castellano no podía ser excluido de la educación y que, posteriormente, “la Generalitat ignoró y sigue ignorando la sentencia del 25 % de 2020, que establece que en la escuela catalana debe impartirse enseñanza en castellano, además de la asignatura de lengua castellana, en al menos otra materia troncal del currículo”.

Y es que, además, la Generalitat “ha perseguido y ha animado la persecución” de aquellas familias que han exigido que sus hijos pudieran ser educados también en castellano, y ha recordado casos como el de Canet. Acosta ha acusado al Govern de haber convertido la educación en “un laboratorio de ingeniería social y adoctrinamiento”, utilizando el catalán “no como una riqueza, sino como un muro de exclusión”. En este sentido, ha rechazado las declaraciones de Illa, que calificó la orden judicial como un ataque al catalán y al supuesto modelo de éxito de la escuela catalana.

El diputado de VOX ha subrayado que el supuesto “modelo de éxito de la escuela catalana ha provocado que desde 2012 el nivel educativo haya caído en picado”, tal y como reflejan las pruebas PISA, PIRLS y TIMSS. Ha asegurado que los alumnos catalanes han empeorado mucho más que los del resto de España en comprensión lectora, ciencias y matemáticas, y ha afirmado que “un alumno de 4.º de la ESO en Cataluña tendría que estar cursando 3.º de la ESO en otras regiones de España, como Castilla y León”. Por ello, ha concluido que el modelo de escuela catalana “es un modelo fracasado y caduco”.

Además, Acosta ha denunciado que las últimas pruebas de competencias básicas ya no son censales, sino muestrales, realizadas únicamente en 70 centros, con la intención de “manipular y maquillar los resultados para no reconocer el fracaso del sistema educativo catalán”, ha asegurado.

Para VOX, la resolución del Tribunal Superior de Justicia no constituye “ningún ataque al catalán ni a Cataluña”, sino “una consecuencia del sentido común, de la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos y del amor a Cataluña”. En este sentido, Acosta ha recordado que Cataluña es bilingüe desde hace más de 500 años y que actualmente más del 50 % de los catalanes tienen el castellano como lengua materna.

El Partido Popular de Cataluña ha defendido la necesidad de impulsar un cambio en las políticas de vivienda para aumentar la oferta, apostando por medidas que favorezcan la seguridad jurídica, reduzcan la burocracia y fomenten la colaboración público-privada.

El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha señalado que “para mejorar la oferta de vivienda hay que dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios, reducir la burocracia, modificar la Ley del Suelo, establecer una fiscalidad más adecuada y reforzar la colaboración público-privada”.

Críticas a la gestión en Cataluña

Rodríguez ha criticado la situación actual en Cataluña, señalando que “no se pueden dar lecciones cuando hay servicios en crisis”, en referencia a las huelgas en sectores como educación y sanidad, así como al colapso de Rodalies y otros problemas estructurales.

Asimismo, ha contrapuesto la gestión presupuestaria en Andalucía con la situación catalana, destacando la falta de aprobación de nuevas cuentas en la comunidad.

La vivienda, eje del debate

El dirigente popular ha señalado que las políticas actuales han reducido la oferta de vivienda en alquiler, calificando la Ley de Vivienda como “restrictiva y equivocada”.

Como ejemplo, ha apuntado a la situación de Barcelona, donde —según ha indicado— la oferta es muy inferior a la de otras ciudades como Madrid, Sevilla o Palma.

“El Partido Popular defiende que limitar precios sin aumentar la oferta solo agrava el problema”, ha afirmado.

Propuestas para aumentar la oferta

Rodríguez ha insistido en la necesidad de aplicar medidas estructurales que permitan incrementar la disponibilidad de vivienda:

  • Mayor seguridad jurídica para propietarios
  • Reducción de trámites administrativos
  • Reforma de la Ley del Suelo
  • Fiscalidad más adecuada
  • Impulso de la colaboración público-privada

Recurso a la Ley de Vivienda

El secretario general del PPC ha recordado el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda, señalando tres aspectos principales:

  • La retroactividad en la protección oficial de viviendas
  • La regulación de alquileres temporales y por habitaciones
  • La limitación de precios mediante mecanismos sin debate parlamentario

“El Partido Popular considera que estas medidas generan inseguridad jurídica y reducen la oferta de vivienda”, ha concluido.

El Partido Popular reafirma así su apuesta por políticas de vivienda eficaces que incrementen la oferta y faciliten el acceso a la vivienda.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha manifestado su firme rechazo a la reciente aprobación de la nueva ordenanza de recaudación, siendo la única formación que votó en contra en el último pleno. La formación denuncia que el nuevo texto normativo no protege al ciudadano y supone un incremento de las trabas administrativas para los residentes del municipio.

Daniel Lafuente, portavoz de VOX en el consistorio, ha criticado duramente la dirección que toma la administración local con esta medida. Según el concejal, la ordenanza introduce cambios que sitúan a los vecinos en una posición de clara desventaja frente a la maquinaria municipal. Entre los puntos más conflictivos señalados por la formación se encuentran la reducción a solo diez días para considerar leídas las notificaciones electrónicas, la digitalización forzosa de casi todos los trámites y el mantenimiento del criterio de pago previo para poder ejercer el derecho a reclamación.

El portavoz ha destacado el impacto negativo que estas medidas tendrán especialmente en los sectores más vulnerables. “Un Ayuntamiento debe ayudar a la gente, no ponerle trabas. Esta ordenanza perjudica a los vecinos de Esplugues”, ha declarado Lafuente, quien también ha hecho hincapié en la brecha digital que sufren las personas mayores. “Un Ayuntamiento debe estar para ayudar, no para complicar la vida a quienes trabajan, cuidan de su familia o no dominan la tecnología. No podemos permitir que una notificación que no has visto te haga perder un plazo o una reclamación. Tampoco que nuestros mayores tengan que defenderse en un portal electrónico que no saben usar”, ha añadido.

Desde VOX subrayan que su voto negativo no responde a una cuestión ideológica, sino a una defensa estricta del sentido común y de los derechos de los habitantes de Esplugues. Daniel Lafuente ha sido tajante al respecto: “Mi obligación es proteger a la gente de mi ciudad. Esta ordenanza no les facilita nada: les acorta plazos, les obliga a lo digital y les deja más indefensos. Por eso hemos votado no”.

La formación reafirma su compromiso con una administración más humana y accesible que priorice la atención presencial y la flexibilidad antes de llegar a medidas drásticas como sanciones o embargos. Para concluir, el portavoz ha insistido en que el objetivo debe ser un Ayuntamiento cercano al ciudadano. “Si queremos una Esplugues mejor, necesitamos una administración que esté del lado del vecino, no un vecino obligado a adaptarse a contrarreloj a la administración”, ha sentenciado.

El grupo de VOX en la Diputación de Barcelona ha manifestado su rechazo frontal a la adhesión de la corporación provincial a la denominada «Taula de Sensellarisme del Baix Llobregat«. El portavoz de la formación, Jordi de la Fuente, ha sido tajante al explicar que su partido ha sido el único en votar en contra de una iniciativa que califica como un «brindis al sol» y una herramienta más de propaganda de los gobiernos progresistas que no ofrece soluciones reales a los problemas habitacionales de la provincia. Esta propuesta también fue rechazada por los consejeros comarcales de VOX en el Baix Llobregat, Iván Cánovas y Marc Cívico, en el pasado pleno de esa institución.

De la Fuente ha denunciado que el fenómeno del chabolismo ha regresado con fuerza a España después de años de haber sido erradicado, extendiéndose de forma preocupante por toda la provincia de Barcelona. Para el portavoz de VOX, la creación de mesas de diálogo, comparecientes y titulares pomposos no es más que “una distracción para evitar abordar el verdadero problema: la falta de una política de vivienda pública seria y el fracaso de las políticas migratorias actuales”. “Hablan de ‘sensellarisme’, término que usan en su neolengua, para esquivar la realidad: chabolismo, miseria, resultados de años de fronteras abiertas y maltrato a los españoles que viven en peores condiciones”, sentencia.

En sus declaraciones, Jordi de la Fuente ha insistido en que VOX no participará en estructuras que solo sirven para generar burocracia sin resultados tangibles. La formación exige un cambio radical que pase por reducir las restricciones a la oferta de vivienda, fomentar la construcción y, de manera irrenunciable, establecer una estricta prioridad nacional en el acceso a las ayudas y vivienda pública. “No basta con tener un DNI español: deben destinarse preferentemente a quienes tienen un arraigo real en nuestra tierra, a los autóctonos o para que todos lo entiendan, ‘los de casa’; así protegemos con justicia a los trabajadores nacionales y también lo hacemos frente a la degradación que sufren en sus barrios”.

Asimismo, el portavoz ha vinculado el repunte de los asentamientos y el chabolismo con una política migratoria que, en sus palabras, masifica y transforma negativamente el entorno urbano. Para VOX, la llegada incesante de personas colapsa los servicios públicos, rebaja las condiciones sociales y laborales y revienta el mercado de la vivienda, provocando situaciones de precariedad que no se solucionan con retórica. Por ello, instan a los «gobiernos progres» a abandonar la gesticulación política y empezar a trabajar de verdad por las necesidades de los vecinos nacionales, garantizando techos dignos para quienes han levantado este país.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Terrassa, Alicia Tomás, ha participado en un acto organizado por la asociación juvenil S’HA ACABAT!, donde ha abordado la situación que, a su juicio, atraviesan distintos barrios de Cataluña.

Durante su intervención, Tomás ha advertido de lo que considera una “situación crítica” en determinadas zonas, vinculando el aumento de la inmigración irregular con el deterioro de la seguridad y la transformación del entorno social y cultural.

La portavoz municipal ha señalado especialmente el impacto en la seguridad ciudadana, subrayando que, según sus declaraciones, este fenómeno afecta de manera directa a las mujeres. En este contexto, ha afirmado que las agresiones sexuales han experimentado un incremento significativo en la última década, señalando que se trata de una realidad que, según indicó, es conocida por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En su intervención, Tomás ha puesto como ejemplo la propia ciudad de Terrassa, mencionando barrios como Ca n’Anglada y La Maurina. Según ha expuesto, estas zonas reflejan cambios profundos en su composición social, con la presencia de costumbres que, en su opinión, difieren de las tradiciones culturales españolas.

Asimismo, la edil ha defendido la necesidad de reforzar las políticas de integración, insistiendo en que quienes llegan a España deben adaptarse a las normas, leyes y valores del país. En línea con los planteamientos recogidos en el programa político de VOX, que vincula fenómenos como la inmigración con efectos económicos y sociales en ámbitos como el empleo, los servicios públicos o la vivienda , Tomás ha reclamado medidas más firmes en esta materia.

Para concluir, la portavoz ha reiterado que la convivencia debe basarse en el respeto a la identidad nacional y en el cumplimiento de las normas comunes, defendiendo una integración plena como condición esencial.

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