Actualidad Política

7 de noviembre de 2026

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El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, Daniel Lafuente, ha reclamado una revisión de los contratos y resultados de los denominados Puntos Lila después de denunciar que fue increpado cuando acudió a uno de estos espacios durante la Festa Major de Sant Mateu.

Lafuente asegura que se acercó al dispositivo para comprobar el material distribuido y fiscalizar un servicio financiado con recursos municipales. Según su versión, una de las personas que atendía el punto le exigió borrar las fotografías que había realizado y posteriormente le llamó «fascista». El episodio ha sido denunciado públicamente por VOX, aunque las fuentes consultadas no permiten contrastar de forma independiente cómo se desarrolló el incidente.

«Si un servicio se paga con dinero público, tenemos la obligación y el derecho de fiscalizarlo. Ni los insultos ni las presiones van a conseguir que dejemos de defender el dinero de los vecinos de Esplugues», ha afirmado Lafuente.

VOX pide conocer la utilidad y los resultados de los Puntos Lila

El concejal, que figura oficialmente como portavoz de VOX y único edil de la formación en la corporación municipal, ha anunciado que solicitará formalmente evaluar los contratos, las actuaciones desarrolladas y los resultados obtenidos mediante estos servicios.

«Los vecinos tienen derecho a saber qué utilidad real tienen estos servicios y qué resultados obtenemos después de gastar miles de euros», sostiene Lafuente, que utiliza la expresión «chiringuitos ideológicos» para cuestionar el enfoque de estos dispositivos.

Esta última caracterización corresponde a la valoración política de VOX. El Ayuntamiento presenta los Puntos Lila como servicios de prevención y atención frente a las violencias machistas y los incluye en diferentes programas municipales. El Plan Local de Juventud 2024-2027 contempla expresamente el Punto Lila entre las actuaciones relacionadas con cohesión social, inclusión e igualdad.

El Ayuntamiento instaló Puntos Lila durante Sant Mateu

La presencia de estos dispositivos durante la Festa Major está confirmada por la programación oficial del Ayuntamiento.

Las fiestas de Sant Mateu se celebraron entre el 18 y el 21 de septiembre y el Consistorio anunció expresamente la instalación de Puntos Lila y de Salud en las zonas de mayor actividad, además de reforzar la vigilancia y otros servicios preventivos.

VOX cuestiona, no obstante, que su funcionamiento sea políticamente neutral y considera que el incidente relatado por su portavoz justifica aumentar la fiscalización del servicio.

«El Ayuntamiento está para prestar servicios útiles, no para mantener chiringuitos ideológicos ni financiar activismo político con el dinero de todos», afirma Lafuente.

El contrato de 2026 fue adjudicado por 9.476 euros

La contratación pública permite confirmar que el Ayuntamiento adjudicó el pasado 27 de julio un contrato menor a Cúrcuma SCCL para la «organización y dinamización de puntos lila».

Los registros públicos consultados sitúan el importe de adjudicación en 9.476,45 euros, frente a un importe inicial de 10.201,45 euros.

VOX cifra en su comunicado el gasto de 2026 en 9.650 euros y señala también una adjudicación de 8.656 euros correspondiente a 2024. Sin embargo, el importe de 2026 que aparece en los datos de contratación consultados es de 9.476,45 euros, y no ha sido posible verificar en las fuentes localizadas el dato concreto de 8.656 euros de 2024.

Por ello, las cantidades deben diferenciarse entre las cifras difundidas por la formación y los importes de contratación pública que pueden acreditarse documentalmente.

Lafuente anuncia una revisión de los contratos

VOX sostiene que ningún programa financiado por el Ayuntamiento debe quedar al margen del control de los grupos municipales y reclama conocer tanto el coste como el número de intervenciones y los resultados de los dispositivos.

Lafuente plantea que esa evaluación permita determinar qué servicios se prestan, cómo se utiliza el dinero municipal y qué resultados concretos producen.

El portavoz ha anunciado que su grupo solicitará formalmente esa revisión y mantiene que el incidente ocurrido durante Sant Mateu refuerza la necesidad de ejercer un mayor control sobre el funcionamiento de los Puntos Lila.

El presidente del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha aprovechado la celebración de las fiestas de la Mercè para hacer balance de la situación de la ciudad y acusar al alcalde, Jaume Collboni, de mantener buena parte de las políticas desarrolladas durante los mandatos de Ada Colau.

De Oro realizó estas declaraciones desde el Saló de Cent, donde felicitó a los barceloneses por unas fiestas que, según destacó, representan «tradición, cultura e identidad». La Mercè se celebra este año entre el 23 y el 27 de septiembre y tiene a Shanghái como ciudad invitada, coincidiendo con los 25 años del hermanamiento entre ambas ciudades.

«Las políticas son exactamente las mismas que las de la señora Colau», afirmó el portavoz de VOX, quien definió el actual modelo municipal como «progre, inseguro y monolingüe» y centró sus críticas en seguridad, vivienda y política lingüística. Estas expresiones corresponden a la valoración política de VOX sobre la gestión de Collboni.

De Oro cuestiona el relato municipal sobre la seguridad

La seguridad ocupó una parte central de la comparecencia. De Oro rechazó que la evolución de las cifras globales permita concluir que el problema está resuelto y puso el foco en el crecimiento de determinados delitos graves y en el bajo porcentaje de víctimas que termina denunciando.

Los datos difundidos este mes por Interior y el Ayuntamiento reflejan que los delitos registrados en Barcelona descendieron más de un 16% durante el verano respecto al mismo periodo de 2025, con una caída del 23,9% en los hurtos. Al mismo tiempo, entre enero y agosto se contabilizaron 15 muertes violentas en la ciudad.

De Oro utiliza precisamente esa evolución de los delitos más graves para cuestionar la lectura del Gobierno municipal. En el primer semestre de 2026, los homicidios registrados pasaron de cinco a nueve respecto al mismo periodo del año anterior, mientras el conjunto de infracciones penales descendía.

El dirigente de VOX también se refirió a la Encuesta de Victimización de Barcelona. Los resultados divulgados este verano situaron el índice de denuncia en el 20,1%, lo que significa que aproximadamente dos de cada diez víctimas comunican formalmente los hechos a la Policía.

«La inseguridad está fuera de control. Es imposible sostener que la delincuencia baja cuando los asesinatos han aumentado o cuando la propia encuesta de victimización del Ayuntamiento refleja que solo dos de cada diez personas denuncian», sostuvo De Oro.

VOX insiste en dotar de Táser a la Guardia Urbana

El portavoz volvió a reclamar más medios para la Guardia Urbana, entre ellos dispositivos eléctricos Táser.

La cuestión continúa en tramitación municipal. El pasado julio, la Comisión de Presidencia aprobó inicialmente el reglamento para incorporar estos dispositivos con los votos de PSC, Junts y PP, el rechazo de Barcelona en Comú y ERC y la abstención de VOX. Collboni había defendido previamente que la policía municipal contase con esta herramienta.

VOX lleva tiempo reclamando una dotación mayor y sostiene que los agentes necesitan más instrumentos para afrontar situaciones violentas. De Oro considera además que la Guardia Urbana necesita un respaldo político más firme por parte del Gobierno municipal.

Críticas a la política de vivienda y a la reserva del 30%

En vivienda, De Oro volvió a rechazar las políticas de intervención del mercado y señaló especialmente la reserva del 30% de vivienda protegida en determinadas promociones de obra nueva y grandes rehabilitaciones.

La medida, aprobada durante el mandato de Ada Colau en 2018, obliga a reservar para vivienda protegida el 30% del techo residencial generado en promociones privadas de más de 600 metros cuadrados. El Tribunal Supremo avaló su legalidad en febrero de este año.

Su eficacia, sin embargo, forma parte del debate político municipal. Fuentes del Ayuntamiento citadas este verano cifraron en 34 las viviendas protegidas obtenidas mediante esta fórmula en ocho años. Collboni intentó reformar la normativa durante el actual mandato, pero las negociaciones no culminaron en un acuerdo.

VOX plantea directamente abandonar esta clase de intervenciones y atribuye a los controles de precios, la inseguridad jurídica para los propietarios y la ocupación parte de los problemas de oferta que observa en la ciudad.

«Si alguien busca piso en Barcelona no encuentra nada. La persecución al propietario, la permisividad con la okupación y los topes de precio solo consiguen que la gente no pueda independizarse ni formar una familia», afirmó De Oro.

El Gobierno de Collboni defiende, por el contrario, la regulación de los alquileres y la ampliación del parque protegido como instrumentos para afrontar el problema de acceso a la vivienda. El alcalde señaló recientemente que el alquiler en Barcelona aumentó un 78% entre 2014 y 2024 y defendió que la regulación aplicada en los últimos años ha contribuido a reducir precios.

De Oro denuncia una política de «monolingüismo»

La política lingüística fue otro de los ejes de la intervención. De Oro criticó las iniciativas destinadas a incrementar el uso del catalán en el comercio y defendió que cada establecimiento pueda utilizar libremente el castellano o el catalán en su actividad.

En junio, una comisión municipal aprobó, a iniciativa de ERC y con apoyo de PSC, Junts y Barcelona en Comú, medidas para reforzar la presencia del catalán en los comercios, entre ellas un mayor seguimiento del cumplimiento de la normativa lingüística y la incorporación de información sobre requisitos lingüísticos en la apertura de nuevos establecimientos. Algunas de esas medidas habían sido planteadas por Plataforma per la Llengua.

La aplicación de esa normativa ha generado, no obstante, posiciones diferentes dentro del propio consistorio. En agosto, el Ayuntamiento reconocía que priorizaba la sensibilización y que no estaba imponiendo sanciones a los establecimientos denunciados por incumplimientos lingüísticos. Posteriormente, una iniciativa de Junts aprobada en comisión reclamó al Gobierno municipal que hiciera cumplir la regulación vigente.

De Oro considera que estas actuaciones suponen una discriminación de los castellanohablantes. «El Ayuntamiento pretende imponer un monolingüismo que no existe en las calles y crear ciudadanos de primera y de segunda», afirmó.

Críticas por la presencia de Shanghái en la Mercè

El dirigente de VOX también criticó la elección de Shanghái como ciudad invitada de la Mercè y acusó al Gobierno municipal de mantener una «doble moral» entre las políticas ambientales aplicadas en Barcelona y la relación institucional con China.

El Ayuntamiento presenta la participación de Shanghái desde una perspectiva cultural y recuerda que 2026 marca el 25 aniversario del hermanamiento de ambas ciudades. Más de un centenar de artistas procedentes de Shanghái y de la comunidad china de Barcelona participan en la programación de las fiestas.

De Oro cerró su intervención defendiendo la línea política de VOX en el Ayuntamiento y situó entre sus prioridades la seguridad, el acceso a la vivienda en propiedad, la libertad lingüística y la unidad de España.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Marcos Rodríguez, ha denunciado que la mayoría de grupos municipales no respaldó la propuesta presentada por su formación para que la Junta de Portavoces condenara institucionalmente la agresión sufrida el pasado 10 de septiembre por el concejal Jordi Guirado.

Según VOX, Junts, ERC, PSC, CUP y En Comú Podem rechazaron sumarse a la declaración, mientras que el PP sí respaldó la condena. La formación califica esta posición como un “silencio vergonzoso” y acusa a esos partidos de aplicar una “doble vara de medir”, valoraciones políticas que corresponden a VOX.

“Que tengan muy claro que en VOX no vamos a dar ni un solo paso atrás para defender nuestras ideas”, ha afirmado Rodríguez.

Una agresión grabada durante una carpa informativa

Los hechos que originan la polémica se produjeron el 10 de septiembre, cuando Jordi Guirado participaba en una carpa informativa de VOX en la calle Francesc Macià.

Cugat Mèdia informó de que en un vídeo difundido por la formación se observa cómo una persona se acerca al concejal y lo empuja, provocando que caiga de espaldas al suelo. Guirado tuvo que recibir asistencia médica y fue trasladado posteriormente al hospital.

La intervención de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra está igualmente acreditada, aunque las primeras informaciones publicadas difirieron sobre si el presunto agresor había sido formalmente detenido o trasladado a dependencias policiales para su identificación.

VOX anunció tras los hechos que estudiaría acciones legales.

El PP sí condenó públicamente el ataque

El Partido Popular de Sant Cugat reaccionó públicamente el mismo día de la agresión.

Los populares manifestaron una condena “firme” y señalaron que la violencia y la intimidación no tienen cabida en democracia, además de mostrar su apoyo a Jordi Guirado.

VOX presentó posteriormente una propuesta de Declaración de la Junta de Portavoces en la que planteaba que el Ayuntamiento condenara expresamente la agresión y reafirmara su compromiso con la pluralidad política, la libertad y la seguridad de los representantes públicos.

La afirmación de que Junts, ERC, PSC, CUP y En Comú Podem se negaron a apoyar ese texto procede, por el momento, del comunicado difundido por VOX; las fuentes municipales consultadas no ofrecen todavía un acta publicada de esa decisión.

Rodríguez acusa al resto de grupos de una “doble vara de medir”

Marcos Rodríguez ha elevado el tono contra los partidos que, según VOX, no respaldaron su declaración.

“Separatistas, socialistas y comunistas se han negado de forma ruin a condenar una agresión física a un concejal de este Ayuntamiento”, afirma el portavoz, que sostiene que existen “víctimas de primera y de segunda según sus preferencias ideológicas”.

Estas acusaciones constituyen la valoración política del dirigente de VOX y no implican que esos grupos hayan justificado expresamente la agresión.

La controversia adquiere además un componente político adicional porque el propio Ayuntamiento aprobó en julio una declaración de la Junta de Portavoces para reprobar comentarios publicados en redes sociales por Jordi Guirado. Aquella declaración contó con el apoyo de Junts, ERC, PSC, PP, CUP y En Comú Podem, mientras VOX votó en contra.

VOX contrapone ahora aquella respuesta institucional con la ausencia de consenso para aprobar su propuesta de condena tras la agresión del 10 de septiembre.

“No vamos a dar ni un solo paso atrás”

Rodríguez sostiene que el episodio no modificará la presencia pública de VOX en el municipio.

“Seguiremos a pie de calle, dando la cara y representando a miles de santcugatenses”, ha señalado.

El grupo municipal defiende que la libertad de expresión, el derecho de reunión y la integridad física deben garantizarse con independencia de las siglas políticas de quien resulte agredido.

VOX quiere convertir así el rechazo a su declaración en un nuevo debate municipal: si todas las fuerzas representadas en Sant Cugat deben acordar una condena institucional común ante una agresión física sufrida por un representante político, con independencia de sus posiciones ideológicas.

El presidente del Grupo Municipal de VOX en Barcelona, Gonzalo de Oro, llevará al Pleno de este viernes un debate sobre seguridad después de que los homicidios registrados en la ciudad hayan pasado de cinco a nueve durante el primer semestre de 2026, un incremento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior.

“No puedes decir que la delincuencia baja cuando los asesinatos suben un 80% en Barcelona”, ha afirmado De Oro, que acusa al Gobierno municipal de presentar una imagen incompleta de la evolución de la seguridad.

Los datos oficiales ofrecen una fotografía con tendencias distintas. El número total de delitos conocidos por la Policía cayó un 11,2% durante los seis primeros meses del año, con descensos importantes en hurtos y delitos patrimoniales. Al mismo tiempo, los homicidios pasaron de cinco a nueve y las autoridades policiales han situado el crimen organizado y el uso de armas de fuego entre sus principales preocupaciones.

Nueve homicidios frente a cinco un año antes

VOX sostiene que la reducción de la delincuencia global no debe utilizarse para minimizar el incremento de determinados delitos de mayor gravedad.

La subida porcentual de los homicidios parte de una cifra absoluta reducida —cinco casos durante el primer semestre de 2025 frente a nueve en 2026—, pero tanto Mossos como el Ayuntamiento han mostrado preocupación por la presencia del crimen organizado detrás de varios de esos asesinatos.

Las fuerzas de seguridad vincularon varios de los homicidios cometidos con armas de fuego a organizaciones relacionadas con el narcotráfico.

De Oro utiliza estos datos para rechazar el mensaje de que la caída general de las infracciones equivalga a una mejora homogénea en todas las modalidades delictivas.

Solo dos de cada diez hechos terminan denunciados

El dirigente de VOX también ha puesto el foco en la Encuesta de Victimización de Barcelona.

Los datos difundidos este verano sitúan el índice de denuncia en el 20,1%, es decir, aproximadamente dos de cada diez hechos sufridos por los encuestados llegan a ser comunicados formalmente a los cuerpos policiales.

La encuesta es relevante precisamente porque pretende medir también aquella delincuencia que no aparece en las estadísticas policiales. La operación estadística recoge experiencias de victimización, percepción de inseguridad y comportamiento de denuncia entre los residentes.

Datos anteriores de victimización sitúan además en el 28,6% la proporción de residentes en Barcelona que declaró haber sufrido al menos un hecho considerado delictivo durante 2024, sin incluir toda la incidencia de la ciberdelincuencia.

De Oro sostiene que esta denominada “cifra negra” obliga a analizar conjuntamente los registros policiales y las encuestas de victimización.

VOX vuelve sobre los socavones de Sarrià-Sant Gervasi

El Pleno servirá también para que VOX reclame explicaciones por los socavones relacionados con las obras de la L9 del Metro en Sarrià-Sant Gervasi.

El incidente de julio obligó a desalojar ocho edificios con 93 viviendas, en las que residían alrededor de 300 personas. La Generalitat confirmó que el socavón estaba relacionado con las obras del tramo central de la L9.

Vecinos de la zona habían denunciado la aparición previa de grietas en sus edificios.

VOX afirma que ya había trasladado esas quejas antes del incidente y reclamará conocer qué indicaban los sistemas de control de las obras y por qué no se paralizaron antes.

La responsabilidad concreta sobre las decisiones técnicas deberá determinarse a partir de la documentación y los informes de seguimiento de las obras; la afirmación de De Oro de que el episodio era “evitable” constituye su valoración política.

Ceuta llegará también al Ayuntamiento de Barcelona

VOX presentará además una proposición relacionada con Ceuta y con las relaciones institucionales con Marruecos.

La formación pide reforzar el control fronterizo, aplicar los procedimientos de retorno previstos legalmente y suspender relaciones municipales con Marruecos mientras considere que Rabat utiliza la inmigración como instrumento de presión política.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de septiembre una resolución que condena los cruces irregulares masivos registrados en Ceuta y denuncia la instrumentalización de la migración irregular como posible “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”. También reclama retornos rápidos de quienes no tengan derecho a permanecer en la UE, siempre dentro de la legislación europea e internacional.

De Oro ha acusado a Jaume Collboni de mantener un “silencio perverso” ante la crisis, una caracterización política de VOX.

De Oro rechaza los supermercados asequibles de Collboni

El cuarto frente abierto por VOX afecta a la nueva política comercial anunciada por el alcalde.

Collboni ha planteado una red de supermercados asequibles, con un primer establecimiento previsto para el segundo semestre de 2027 en La Marina del Prat Vermell. Estará ubicado en un local municipal, gestionado por una entidad del tercer sector y vinculado a programas de formación e inserción laboral.

La propuesta pretende ofrecer productos básicos a precios reducidos en zonas con poca oferta comercial. La información difundida sobre el proyecto apunta a precios alrededor de un 30% inferiores para determinados productos.

Gonzalo de Oro rechaza ese modelo y acusa a Collboni de “normalizar la pobreza”. VOX propone, en cambio, reducir la presión fiscal y favorecer que las familias puedan comprar en el comercio privado y de proximidad.

La iniciativa también ha generado reservas en otros ámbitos. Pimec Comerç ha reclamado que cualquier política de precios asequibles se canalice prioritariamente a través del tejido comercial existente y que se garanticen las mismas condiciones de competencia.

El Pleno del viernes concentrará así cuatro debates distintos impulsados por VOX: seguridad, responsabilidades por las obras de la L9, Ceuta y el modelo de comercio asequible planteado por el Gobierno de Collboni.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha exigido la dimisión del alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales, después de conocerse que una conversación telefónica mantenida en 2017 figura en el sumario de una causa por narcotráfico que se está juzgando en la Audiencia Provincial.

Garriga ha aprovechado su visita a Tarragona para ampliar su petición de dimisión más allá de esta polémica y cuestionar la gestión municipal en materia de seguridad, fiscalidad, limpieza, política migratoria y centros de culto islámico.

“El alcalde de Tarragona tiene que dimitir, no solo por este escándalo, sino también por la inseguridad, la alfombra roja al islamismo y la asfixia fiscal”, ha afirmado.

La petición de dimisión constituye una posición política de VOX. Viñuales no figura entre los cinco acusados de la causa por narcotráfico según las informaciones publicadas sobre el juicio; la controversia se refiere a una llamada suya que fue incorporada a las actuaciones policiales.

La conversación de 2017 que ha abierto la polémica

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2017, cuando Viñuales ejercía como abogado y era concejal de Ciudadanos en Tarragona.

Según la documentación publicada y el testimonio del sargento de los Mossos que participó en la investigación, los agentes consideraron relevante una conversación telefónica entre Viñuales y uno de los investigados. El agente explicó durante el juicio que de aquella conversación podía interpretarse una posible petición de sustancias estupefacientes.

El alcalde ha rechazado de forma tajante esa interpretación.

Viñuales sostiene que la conversación se produjo dentro de su relación profesional como abogado con esa persona, de quien había asumido la defensa y otros asuntos jurídicos. Ha negado “rotundamente” haber pedido drogas y ha anunciado acciones legales contra el autor de la información y, si corresponde, contra el medio que la publicó.

VOX considera, pese a estas explicaciones, que la polémica justifica exigir responsabilidades políticas.

Garriga amplía su crítica a la gestión municipal

“El alcalde Viñuales tiene que dimitir, no solamente por la polémica relacionada con el procedimiento judicial, sino también por el balance de su gestión al frente del Ayuntamiento”, ha defendido Garriga.

El portavoz de VOX ha puesto especialmente el foco en la seguridad y ha acusado al Gobierno municipal de no haber frenado el deterioro que, a juicio de su formación, sufren determinados barrios.

Los últimos datos oficiales ofrecen, sin embargo, una fotografía desigual.

Durante el primer semestre de 2026, la criminalidad total registrada en la ciudad de Tarragona descendió un 5,6% y la criminalidad convencional cayó un 8%. Al mismo tiempo, los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 32,7%, de 113 a 150, y las agresiones sexuales con penetración pasaron de 10 a 16 casos, un 60% más.

Por tanto, la afirmación de Garriga sobre un deterioro general de la seguridad constituye su valoración política, aunque existen determinadas tipologías delictivas que sí muestran incrementos.

La nueva mezquita de Bonavista entra en el debate

Garriga ha criticado también la política municipal relacionada con los centros de culto islámico y ha acusado a Viñuales de poner una “alfombra roja al islamismo”.

Entre los proyectos existentes está el nuevo centro de culto islámico de Bonavista, aprobado urbanísticamente en 2025. El proyecto contempla un inmueble de dos plantas, entre 500 y 600 metros cuadrados y capacidad aproximada para 288 personas.

La actuación está planteada como sustitución del espacio que la Comunidad Islámica de Bonavista utilizaba en la calle Cinc por unas instalaciones de mayor capacidad en la calle Onze, por lo que no supone necesariamente la incorporación de un centro adicional a los ya existentes.

VOX se ha opuesto públicamente a esta actuación y llegó a convocar en marzo una manifestación contra el nuevo centro.

Garriga señala también el IBI y el estacionamiento

El dirigente de VOX ha incluido la presión fiscal entre sus motivos para pedir la salida del alcalde y ha citado el IBI y el coste del estacionamiento regulado.

El Gobierno municipal anunció que durante 2026 mantendría congelados los principales tributos municipales, incluidos IBI, basura, vehículos, IAE e ICIO.

La crítica de VOX se dirige, por tanto, al nivel de la presión fiscal y al coste que atribuye a las políticas municipales, y no a una subida general de esos impuestos durante este ejercicio.

Garriga reclama que una mayor parte de los recursos municipales se dedique a servicios básicos y ha puesto como ejemplo la limpieza de las calles.

VOX vuelve a situar el programa ACOL en el centro de la polémica

La visita de Garriga ha servido también para reforzar la campaña de VOX contra el programa Treball i Formació – Línia ACOL.

El Ayuntamiento de Tarragona explica oficialmente que el programa se dirige a personas migrantes en situación administrativa irregular que cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal por arraigo social y que pueden formalizar posteriormente un contrato de trabajo.

El 1 de abril se incorporaron al programa siete vecinos de Tarragona, destinados a tareas de mantenimiento, limpieza y jardinería. Además de contratación, el programa incluye formación y acompañamiento.

El SOC define la línea ACOL como un instrumento para mejorar la empleabilidad de migrantes extracomunitarios mediante contratos subvencionados y procesos vinculados a la obtención de autorización de residencia y trabajo. La convocatoria anticipada de 2026 cuenta con un presupuesto global de 19,75 millones de euros en Cataluña.

“Una auténtica discriminación”, según VOX

Garriga considera que este tipo de programas establece una prioridad que perjudica a españoles desempleados.

“Es una auténtica discriminación y un auténtico escándalo”, ha afirmado, antes de reclamar a Viñuales explicaciones ante los vecinos de Tarragona que se encuentran en paro.

VOX ya ha llevado el programa ACOL al Parlamento catalán. En junio, la Cámara rechazó una moción de la formación que incluía la supresión de esta línea de ayudas y la reorientación de esos recursos hacia jóvenes y desempleados mayores de 55 años.

La Generalitat y el Ayuntamiento plantean, por el contrario, ACOL como una política de inserción sociolaboral y regularización mediante arraigo para personas que cumplen los requisitos correspondientes.

Garriga reúne así en su petición de dimisión varios frentes políticos distintos: la polémica por la llamada de 2017, la seguridad, la fiscalidad municipal, las políticas vinculadas al islam y el destino de recursos públicos a programas de inserción laboral para extranjeros.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la inmigración, la seguridad y la economía entre los principales ejes de su intervención en Badalona (Barcelona), donde ha defendido que España debe “recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte”.

Feijóo ha anunciado su intención de revisar las reglas sobre cómo se concede y conserva la nacionalidad española y los supuestos legales en los que puede perderse. En concreto, ha planteado la retirada de la nacionalidad para determinados condenados por delitos graves.

La propuesta tendría que ajustarse al marco constitucional vigente: el artículo 11 de la Constitución establece que la nacionalidad se adquiere, conserva y pierde conforme a la ley y que ningún español de origen puede ser privado de ella.

Una política migratoria “ordenada”

Feijóo ha defendido una política migratoria abierta a quienes lleguen a España para trabajar, respetar las leyes y asumir los mismos derechos y deberes, y restrictiva frente a la entrada irregular y el incumplimiento de la legalidad.

“Vivir en España tiene derechos”, ha señalado, pero también implica, según su planteamiento, “llegar de forma ordenada”, aportar, convivir y cumplir la ley.

El presidente popular ha relacionado esta propuesta con la situación de Ceuta y ha acusado al Gobierno de haber dejado a la ciudad autónoma “a su suerte”.

También ha reclamado una mayor implicación europea y ha recordado que tiene previsto regresar a Ceuta acompañado por el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.

Economía: costes de producción e impuestos

Feijóo ha dedicado otro bloque de su intervención a la economía y al impacto de la subida de precios sobre las familias.

El último dato oficial disponible sitúa la tasa anual del IPC de agosto de 2026 en el 4,3%, siete décimas por encima de julio.

El líder del PP ha reclamado “reformas estructurales para disminuir los costes de producción” y ha defendido contener la presión fiscal.

También ha criticado la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y el recurso del Ejecutivo a los reales decretos leyes para sacar adelante distintas medidas.

Seguridad y vivienda en Cataluña

Desde Badalona, Feijóo ha situado la seguridad entre los asuntos centrales de su propuesta para Cataluña.

El presidente del PP ha defendido el derecho de las familias, las mujeres y los comerciantes a desarrollar su vida cotidiana con seguridad y ha reclamado medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.

La intervención ha servido igualmente para reivindicar al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, como referencia del proyecto del PP en Cataluña.

“Una Cataluña líder”

Feijóo ha defendido que Cataluña recupere protagonismo económico dentro de España.

“Quiero una Cataluña líder en la reconstrucción de España; quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando”, ha afirmado.

Su discurso ha puesto el foco en empleo, inversión, seguridad, servicios públicos e industria y ha criticado la situación de Rodalies y el funcionamiento de determinados servicios públicos catalanes.

Frente al debate territorial, Feijóo ha asegurado que quiere centrar su proyecto en cuestiones económicas y sociales: “Yo pienso, hablo y negocio de lo que da de comer a los catalanes: de trabajo, de inversión, de seguridad, de prosperidad, de servicios y de futuro”.

El presidente del PP ha cerrado su intervención planteando su alternativa política para España y defendiendo reformas económicas e institucionales ante el actual Gobierno.

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha aprovechado el acto celebrado junto a Santiago Abascal en Barcelona para situar la inmigración y la prioridad en el acceso a determinadas políticas públicas entre los principales ejes de la formación en Cataluña.

“Una vez más, Cataluña se ha puesto en pie”, afirmó Garriga ante los asistentes, a los que llamó a “reconquistar todos los pueblos y barrios” y a decir “basta ya a los políticos de turno”. Estas expresiones forman parte del discurso político empleado por el dirigente durante el acto.

La convocatoria se celebró el 18 de septiembre en Barcelona y estuvo protagonizada por Abascal y Garriga. En las inmediaciones se concentraron alrededor de 200 manifestantes contrarios a VOX y los Mossos d’Esquadra establecieron un dispositivo para impedir enfrentamientos.

“Es el momento de las familias y de los trabajadores”

Garriga centró buena parte de su intervención en quienes definió como “la gente humilde, las familias y los trabajadores”.

El secretario general de VOX sostuvo que su formación quiere trasladar a Cataluña una línea política que, según señaló, ya está impulsando en otros territorios.

“Es el momento de los españoles de bien, de la gente humilde, de las familias y de los trabajadores”, afirmó.

El planteamiento de Garriga combina el discurso migratorio de VOX con su propuesta de establecer criterios de prioridad nacional en determinadas ayudas y políticas públicas.

Garriga: “Vamos a poner fin a que los de fuera pasen por delante”

Uno de los mensajes centrales de su intervención estuvo dirigido a la política migratoria.

“Vamos a poner fin a que los de fuera pasen por delante”, afirmó Garriga, que atribuyó a socialistas y fuerzas independentistas el deterioro que VOX aprecia en determinados servicios públicos y en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Esa atribución corresponde a la valoración política de Garriga. El impacto de la inmigración sobre vivienda, sanidad, empleo o prestaciones depende de múltiples factores y no puede establecerse de manera general únicamente a partir de estas declaraciones.

VOX plantea como respuesta que los españoles tengan prioridad en ámbitos como determinadas ayudas sociales y vivienda pública, dentro de los límites que establezcan la Constitución y la normativa nacional y europea.

“El tiempo de la inmigración masiva ha llegado a su fin”

Garriga cerró su intervención con un llamamiento a mantener la movilización política de la formación en Cataluña.

Pidió a los asistentes “no arriar ninguna bandera” y mantenerse firmes frente a quienes, según dijo, los “señalan y demonizan”.

“El momento es ahora”, afirmó antes de concluir: “Levantemos Cataluña, levantemos España y digamos que el tiempo de la inmigración masiva ha llegado a su fin”.

El mensaje enlaza con la estrategia que Santiago Abascal defendió en el mismo acto, basada en repatriaciones de personas en situación irregular, expulsiones de extranjeros delincuentes, prioridad nacional, reducción de impuestos y desregulación.

VOX desplaza el eje político en Cataluña

El acto de Barcelona refleja además el intento de VOX de ampliar su discurso en Cataluña más allá del tradicional debate sobre independentismo y unidad territorial.

Garriga puso el foco en inmigración, servicios públicos, familias, trabajadores y condiciones de vida y defendió que esas cuestiones deben ocupar una posición central en la política catalana.

Su intervención cerró así el acto de Barcelona con una idea principal: VOX quiere convertir la inmigración masiva y la prioridad nacional en dos de sus principales campos de confrontación política en Cataluña.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha cerrado en Barcelona su recorrido por Cataluña con un discurso centrado en la inmigración, la seguridad, el acceso a los servicios públicos y las propuestas económicas de su formación.

El acto se celebró en la plaza de la Marina, en el distrito de Sants, junto al secretario general de VOX, Ignacio Garriga; el presidente provincial, Joan Garriga; y el portavoz municipal, Gonzalo de Oro. VOX cifra la asistencia en más de 2.000 personas, una estimación de la organización que no consta confirmada de forma independiente en las fuentes consultadas.

“Nos estamos jugando nuestra libertad frente a la islamización de Cataluña y del resto de España”, afirmó Abascal. El concepto de “islamización” forma parte del diagnóstico político de VOX sobre los cambios demográficos y culturales vinculados a la inmigración y no describe por sí mismo un hecho cuantificable.

Inmigración y seguridad, en el centro del discurso

Abascal sostuvo que los distintos territorios españoles comparten problemas que su formación relaciona con la inmigración masiva y afirmó que esta está repercutiendo negativamente en la vivienda, la sanidad, los salarios y la seguridad.

Esas relaciones causales forman parte de la argumentación política de VOX y requieren analizar separadamente cada indicador; no pueden atribuirse de forma general a la inmigración únicamente a partir de las declaraciones realizadas en el acto.

El presidente de VOX defendió como respuesta “repatriaciones” de quienes se encuentren irregularmente en España, expulsiones de extranjeros delincuentes y lo que el partido denomina “remigración” para determinados inmigrantes residentes en el país.

Cualquier devolución o expulsión está sujeta en la práctica a la legislación española, europea e internacional aplicable y a las circunstancias individuales de cada caso.

Prioridad nacional en ayudas y vivienda

Abascal añadió a sus propuestas migratorias la llamada prioridad nacional, con la que VOX pretende favorecer a los españoles en el acceso a determinadas ayudas sociales y a la vivienda pública.

La medida no constituye únicamente una declaración realizada en Barcelona. VOX ha impulsado durante 2026 iniciativas parlamentarias para introducir criterios de arraigo, residencia y contribución en el acceso a prestaciones y vivienda protegida, y la ha situado entre sus principales ejes políticos.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la formación ha defendido la incorporación de ese principio a las políticas autonómicas de vivienda y ayudas sociales.

Su aplicación concreta debe respetar los principios constitucionales y las normas nacionales y europeas sobre igualdad de trato y acceso a las prestaciones.

Menos regulación e impuestos más bajos

El discurso de Barcelona incorporó también un bloque económico.

Abascal defendió reducir impuestos para autónomos, trabajadores, familias y empresas y disminuir la regulación que VOX considera un obstáculo para la actividad económica.

El dirigente vinculó estas medidas con su crítica al destino del gasto público y contrapuso la presión fiscal soportada por familias y empresas con partidas que su partido considera innecesarias.

Así, el mensaje combinó inmigración y seguridad con una propuesta económica basada en menos regulación, menor carga fiscal y prioridad en el gasto público para los nacionales.

Tensión en los accesos al acto

La celebración estuvo acompañada de un importante dispositivo de los Mossos d’Esquadra.

Unas 200 personas participaron en una protesta contra VOX en las inmediaciones. La Brigada Mòbil cerró los accesos a la plaza y se registraron algunos lanzamientos contra la línea policial, aunque los incidentes no fueron a más, según Europa Press.

Abascal afirmó también que durante su paso previo por Tarragona un hombre había intentado golpearle. Esa afirmación procede del propio dirigente y las fuentes consultadas no permiten establecer de manera independiente las circunstancias exactas del episodio.

Abascal endurece sus acusaciones contra Sánchez

El presidente de VOX dedicó otra parte de su intervención a Pedro Sánchez y a las relaciones del Gobierno con Marruecos.

Abascal volvió a utilizar expresiones como “candidato de Mohamed VI” y sostuvo que el presidente podría tener una “deuda inconfesable” con Marruecos. Se trata de acusaciones políticas para las que Abascal no aportó en el acto pruebas que permitan darlas por acreditadas.

También afirmó que Sánchez estaría dispuesto a “robar las próximas elecciones” o incluso a no convocarlas. Europa Press recogió esas declaraciones, pero no existe en la información consultada evidencia que permita sostener como hecho una intención de fraude electoral por parte del presidente del Gobierno.

Garriga reclama trasladar el cambio a Cataluña

Ignacio Garriga defendió por su parte extender a Cataluña las políticas que VOX está impulsando en otras comunidades y situó a las familias y trabajadores como destinatarios prioritarios de sus propuestas.

El secretario general pidió terminar con la inmigración masiva y defendió que los españoles tengan prioridad en determinadas políticas públicas.

El acto de Barcelona cerró así dos jornadas de Abascal en Cataluña en las que VOX ha desplazado buena parte de su mensaje desde el tradicional debate territorial hacia la inmigración, la seguridad, la vivienda, los servicios públicos y la economía.

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