José Antonio Sánchez: «La izquierda quiere erradicar la riqueza»
El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha defendido en la Asamblea de Madrid el derecho a la propiedad privada y ha criticado las propuestas intervencionistas en materia de vivienda planteadas por la izquierda.
Ha respondido a declaraciones realizadas por representantes de Más Madrid, que cuestionaban la acumulación de propiedades privadas y proponían medidas fiscales y de expropiación. En este sentido, el dirigente popular ha subrayado que “cada ciudadano tiene derecho a disponer de lo que ha conseguido con su esfuerzo” y a gestionar su vivienda conforme a sus intereses dentro del marco legal.
El Partido Popular defiende un modelo basado en la libertad económica, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, frente a planteamientos que, a su juicio, generan inseguridad y desincentivan la inversión.
Asimismo, el viceconsejero ha contrapuesto dos modelos de política económica: uno basado en la generación de oportunidades y riqueza, y otro centrado en la intervención y la redistribución. “El Partido Popular defiende erradicar la pobreza, no la riqueza”, ha señalado.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con políticas que fomenten el acceso a la vivienda, el crecimiento económico y la estabilidad para los ciudadanos.
Mercedes López destaca la atención integral a mayores en Madrid.
La diputada del GPP Mercedes López ha preguntado en el control al Gobierno por las actuaciones que se están llevando a cabo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y ha puesto en valor el modelo de atención sanitaria que sitúa a la Comunidad de Madrid “a la cabeza de España”. Se trata de “una apuesta centrada en la persona que integra la prevención, la detección precoz, la atención asistencial y la coordinación sociosanitaria, además de fomentar la cultura del envejecimiento activo y saludable”, ha explicado la popular, tras señalar que “cuando hablamos de política sanitaria orientada a las personas mayores no estamos hablando sólo de presupuestos, de programas o de protocolos clínicos, sino que hablamos de algo mucho más profundo: de la obligación moral que tenemos como sociedad de devolver todo lo que nuestros mayores nos dieron”. En este sentido, López ha destacado el programa Salud Senior como “ejemplo del enfoque humanista que caracteriza las políticas del Gobierno regional, una nueva forma de mirar al paciente mayor”, así como el Plan de Atención Integral a la Fragilidad y Promoción de la Longevidad Saludable, que establece un modelo que “prevé y rechaza el edadismo, fomenta la participación ciudadana e integra la coordinación sociosanitaria como el pilar indispensable que es”.
Díaz-Pache carga contra la izquierda: «Quieren abolir la riqueza»
El portavoz del GPP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, se ha interesado en el Pleno de hoy por el impacto que tendrán en la región los acontecimientos deportivos previstos para los próximos meses y ha destacado la diferencia con la izquierda, que “quiere abolir la riqueza” a diferencia del Partido Popular, que lo que quiere es “abolir la pobreza que ellos quieren perpetuar”.
El portavoz de los populares ha puesto en valor que la Comunidad de Madrid es “libre, dinámica y próspera” y ha criticado a la izquierda que “no entienden nada de economía y por eso se oponen a todo”. “Su modelo es una empresa pública gestionada por Koldo, que Begoña lleve la contabilidad y que en la caja atiendan Jésica y Andrea”, ha señalado.
En esta idea ha insistido Díaz-Pache apuntando que “no entienden nada de economía y dicen que el Estado somos todos y el mercado son solo unos pocos cuando es exactamente al revés. El mercado somos todos tomando decisiones de compra todos los días”.
Por último, se ha dirigido a las portavoces del PSOE y Más Madrid para augurarles “un año largo” justificando “los atropellos e ilegalidades que les mandan defender”. Ustedes no aspiran a presidir la Comunidad de Madrid ni a mantener sus escaños. No lideran sus proyectos políticos ni tienen un plan para Madrid. Lo único que tienen es cada vez más jefes, menos votos y menos vergüenza”, ha concluido.
Borja Carabante presenta un innovador sistema de seguridad en autobuses.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha puesto en marcha un innovador sistema antiatropello exterior en autobuses urbanos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger a peatones y conductores.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado esta tecnología pionera, que se encuentra actualmente en fase de pruebas y que podría implantarse progresivamente en la flota municipal.
El sistema, basado en sensores inteligentes, monitoriza de forma continua el área frontal y lateral del autobús, detectando situaciones de riesgo cuando el vehículo detenido dificulta la visibilidad de peatones o de otros vehículos.
En caso de peligro, el dispositivo activa alertas visuales y acústicas tanto para el peatón como para el conductor, permitiendo anticipar posibles atropellos. Además, distingue distintos niveles de riesgo —potencial, inminente o inexistente—, lo que mejora la respuesta ante cada situación.
Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno municipal con la seguridad vial y la convivencia en las calles, especialmente en lo que respecta a la protección de los usuarios más vulnerables.
El nuevo sistema se suma a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid para modernizar la flota de EMT y avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente e innovadora.
Madrid aumenta la vivienda protegida y reduce plazos con una nueva ley.
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Urgentes con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda protegida y reducir los plazos de construcción, adaptando el ritmo edificatorio a la creciente demanda derivada del aumento de población.
El Gobierno autonómico refuerza así su compromiso con el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, mediante medidas que buscan corregir el déficit estructural existente y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.
Entre las principales novedades, la normativa permitirá incrementar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, así como aumentar la altura de los edificios hasta dos plantas adicionales sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que agilizará significativamente los tiempos de ejecución.
Asimismo, se amplían las posibilidades de cambio de uso de suelos y edificaciones, facilitando la conversión de oficinas en viviendas y el desarrollo de promociones en suelos dotacionales de titularidad privada. También se flexibilizan requisitos como el número de plazas de aparcamiento, adaptándolos al contexto actual.
La ley introduce además el silencio administrativo positivo para acelerar la tramitación urbanística, reduciendo cargas burocráticas y facilitando la puesta en marcha de proyectos.
Estas medidas se enmarcan en el Plan de Choque de Vivienda 2026/27, con el que la Comunidad de Madrid prevé facilitar la creación de más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años.
El Ejecutivo regional destaca también los avances del Plan Vive, que ya ha permitido la entrega de más de 5.300 viviendas en régimen de alquiler asequible, con el objetivo de alcanzar las 14.000 durante la legislatura.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid reafirma su apuesta por políticas que impulsen la oferta de vivienda, reduzcan los plazos administrativos y mejoren el acceso a un hogar digno, en línea con los principios de gestión eficaz y apoyo a las familias.
García Martín: «El Tribunal Supremo ha aceptado estudiar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el decreto del Gobierno»
El Partido Popular destaca que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España.
Tal y como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid ha decidido acudir a la vía judicial ante una norma que, a su juicio, genera un impacto directo en los servicios públicos sin la correspondiente financiación.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha solicitado además la suspensión cautelar del decreto.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que esta medida “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños”, al tiempo que advierte de la ausencia de mecanismos de financiación y provisión de recursos.
Asimismo, considera que el decreto podría contravenir la normativa de la Unión Europea y plantea implicaciones en materia de seguridad nacional.
José Antonio Sánchez: «Hay que proteger la independencia de jueces y fiscales»
El Viceconsejero de Presidencia y Adm. Local en la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará este jueves una iniciativa institucional para exigir al Gobierno de España que garantice la independencia judicial y ponga fin a los ataques contra jueces y fiscales.
Sánchez ha señalado que, frente a un Ejecutivo que “ataca a las instituciones y cuestiona la independencia judicial”, la Comunidad de Madrid actúa como un “contrapoder democrático” en defensa del Estado de Derecho.
La iniciativa planteada por el Gobierno autonómico reclama el cese de los señalamientos a miembros del poder judicial que actúan con independencia, así como la dotación de los medios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia en España.
El Partido Popular subraya que la independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia y del equilibrio institucional, y defiende la necesidad de reforzar la separación de poderes como garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en línea con sus principios políticos .
Desde el Partido Popular se insiste en que las instituciones deben actuar con respeto a la legalidad y sin interferencias políticas, asegurando el normal funcionamiento del sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.