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Día 12 de octubre de 2025

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Diputados del GPP han realizado una visita a la central de Iberdrola en Cortes de Pallás para poner en valor “el complejo hidroeléctrico más grande de Europa”.

El portavoz adjunto del GPP, Salvador Aguilella, ha destacado la tremenda importancia de esta instalación. “En la Comunitat Valenciana no somos conscientes de que contamos con el complejo hidroeléctrico más grande de Europa, con la posibilidad de bombear y ‘turbinar’. De hecho, tras el apagón del 28 de abril, esta central fue la primera en ponerse en marcha en la zona de Valencia y Murcia tras el ‘cero energético’ gracias a poder arrancar de forma autónoma”.

Aguilella, acompañado de los diputados populares Dora Llop, José Forés y Alejo Font de Mora, ha visitado el complejo hidroeléctrico de Iberdrola de Cortes-La Muela en Cortes de Pallás para conocer de primera mano las instalaciones y su funcionamiento. En concreto han visitado la zona del embalse, el depósito de cien hectáreas situado medio kilómetro más arriba y las cavernas ubicadas dentro de la montaña en las que se alojan los siete grupos reversibles de turbinas que actúan como un circuito cerrado en el que el agua sube y baja. La energía eléctrica que genera garantiza el suministro de 600.000 hogares al año.

El portavoz popular ha señalado que “el papel de la central hidroeléctrica resulta clave; es capaz de abastecer el consumo diario doméstico de 6,75 millones de personas. Además, junto con la central nuclear de Cofrentes, es la principal fuente de riqueza e ingresos en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes”.

En este sentido, el portavoz popular ha recordado que Les Corts aprobaron una proposición no de ley “solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez la continuidad de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030 para evitar una clausura que nos privaría de nuestra principal fuente de energía, lo que duplicaría el coste de la factura de la luz para todos los valencianos y amenazaría la competitividad de nuestras empresas. No vamos a dejar de reivindicar la pervivencia de la Central nuclear. Su desmantelamiento supondría un suicidio energético sustentado únicamente en planteamientos ideológicos, pero no en argumentos económicos o medioambientales”.

La presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI en Les Corts, Elena Bastidas, ha lamentado los cambios de reglas y recortes de fondos del Ministerio de Igualdad en el Plan Corresponsables, mientras que ha puesto en valor el trabajo del Consell «que sí ha incrementado el presupuesto en igualdad con respecto al año anterior un 7,4%, da certidumbre a los ayuntamientos y pone por delante la conciliación frente al ruido y al eslogan».

«El Gobierno de España no puede recortar en igualdad mientras se declara feminista, no puede recortar en una política que funciona, hablamos de niños atendidos en ludotecas, de familias que han podido seguir trabajando, de mujeres que han dejado de estar solas cuidando. Esto no es una batalla ideológica, es una batalla por un modelo de igualdad serio, eficiente y estable», ha hecho hincapié la diputada popular.

Ante ello, ha exigido que «se rectifique con carácter urgente y se mantenga el Plan Corresponsables al 100%». Un plan que han puesto en marcha «más de 400 ayuntamientos en la Comunitat Valenciana, a pesar del caos constante del Gobierno de España con convocatorias tardías, cambios de criterios técnicos cada año, falta de previsión presupuestaria o duplicidades entre anualidades que han dejado a muchos ayuntamientos en situación de bloqueo, lo que significa que mientras se presumía de feminismo institucional los fondos llegaban con retraso, sin planificación y con exigencias arbitrarias».

Para Elena Bastidas en este 2025 «la situación roza lo absurdo» puesto que «el Gobierno propone recortar un 25% del presupuesto e impone una cofinanciación a las autonomías y amenaza con penalizaciones futuras». La diputada popular ha denunciado que «esto no es corresponsabilidad, es deslealtad del Gobierno porque hay programas ya en marcha, con personal contratado y con familias que cuentan con este recurso para conciliar».

En el caso de la Comunitat Valenciana, ha recordado Bastidas, «se le suma la situación de excepcionalidad que vivimos tras la trágica dana del 29 de octubre. El Consell ha tenido que reajustar prioridades, redirigir recursos y atender a miles de personas afectadas por la catástrofe frente al ninguneo constante del Gobierno de España». En ese sentido ha lamentado que «ahora que tenemos los presupuestos aprobados nos exigen desde Madrid que asumamos su parte de ese plan y eso es inadmisible».

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Andrea Gigante ha defendido una Proposición No de Ley para impulsar la implantación de la figura del facilitador procesal en la Comunitat Valenciana, una herramienta clave para garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad.

Gigante ha recordado que “la tutela judicial efectiva debe estar garantizada para toda la ciudadanía, también -y sobre todo- para quienes enfrentan mayores barreras, y eso no puede depender de la suerte”. Por ello, ha lamentado que no exista una normativa clara por parte del Gobierno de España desde la aprobación de la Ley 8/2021, que ya preveía este apoyo. “Cuatro años después, seguimos sin una regulación estable que garantice su presencia en condiciones de seguridad y eficacia”, ha señalado.

La diputada popular ha explicado que otras comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Canarias ya han comenzado a legislar sobre esta figura y que “la Comunitat Valenciana, con el actual gobierno del PPCV, no va a quedarse atrás”. De hecho, el Consell ya ha elaborado un borrador de decreto, iniciado el expediente administrativo y puesto en marcha la consulta pública previa.

Durante su intervención en defensa de la iniciativa, Gigante ha subrayado que “la existencia de una figura legal, sin unas garantías, no basta. Lo importante es convertir ese derecho en una herramienta efectiva, que acompañe y respalde a quienes más lo necesitan cuando entran en un juzgado”.

La figura del facilitador procesal permite a las personas con discapacidad entender y ser entendidas en un proceso judicial al adaptar el lenguaje, los procedimientos y el acompañamiento durante las diligencias. También proporciona a jueces, fiscales y funcionarios una herramienta para actuar con rigor, sensibilidad y equidad.

“La falta de regulación impide una planificación adecuada de los recursos públicos. Regular esta figura nos permitirá estabilizarla en el tiempo, garantizar su financiación y mejorar la calidad del servicio a través de una formación especializada continua”, ha concluido Gigante.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que “la trama corrupta del PSOE salpica de lleno a la Comunitat Valenciana con adjudicaciones dudosas y dirigentes señalados”. La parlamentaria se ha referido así a las informaciones que vinculan a representantes del PSPV con la red que lideraban José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que durante años se benefició de contratos públicos presuntamente amañados.

Chulià ha subrayado que “esta trama no solo operaba desde el Gobierno central, sino que extendía sus tentáculos a través de ayuntamientos gobernados por el PSOE y Compromís, donde se adjudicaron decenas de contratos a una de las principales empresas investigadas”.

“Y en el epicentro de este escándalo, él: José Luis Ábalos. El exministro fue el padrino político de buena parte del socialismo valenciano actual y ocupó el número dos en la candidatura por Valencia a las últimas elecciones generales, justo por detrás de Diana Morant”, ha recordado la dirigente popular.

Entre las adjudicaciones señaladas, una del exalcalde socialista de Jávea y hoy portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, José Chulvi, quien nada más llegar Ábalos al Gobierno adjudicó a la empresa investigada unas obras que jamás se ejecutaron. U otra contratación millonaria para esta compañía del exalcalde de Valencia con Compromís, Joan Ribó, y la exconcejala de Urbanismo y actual eurodiputada socialista, Sandra Gómez.

Chulià ha lamentado que, si bien estos hechos son “gravísimos, más indignante aún es el silencio del PSPV ante este escándalo, tan vergonzoso como los audios de la trama hablando de mujeres prostituidas como si fueran mercancía”.

Para la síndica popular, “la Comunitat Valenciana no puede seguir representada en Madrid por dirigentes salpicados por esta red de corrupción”. “Desde el PP valenciano exigimos explicaciones inmediatas, responsabilidades políticas y una investigación de todas las adjudicaciones municipales que puedan haber servido para financiar o alimentar esta trama”, ha concluido.

El portavoz de Infraestructuras del GPP, Joserra González de Zárate, ha señalado que la cesión de seis coches del histórico Limón Exprés de la Marina Baixa a Castilla y León tiene como objetivo la puesta en valor de este patrimonio y ha resaltado que “se trata de algo temporal y que el Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino se encargará de restauración y actualización para su puesta en servicio”.

“El Consorcio trasladó a FGV su interés en obtener la cesión de seis coches del histórico Limón Exprés, petición que ha sido informada favorablemente por el Servicio de Conservación Histórica y Documentación de la entidad” ha informado González de Zárate.

El diputado popular ha avanzado que el destino de los coches para los que se ha solicitado su cesión es “su puesta en valor en la línea férrea de Cubillos a Villablino con la finalidad de ser usados en trenes turísticos en este ferrocarril que une Bierzo y Laciana, en el norte de la provincia de León, siendo el objeto del referido Consorcio buscar el desarrollo de las poblaciones por las que pasa la línea férrea Cubillos-Villablino, con el fin de promover el cambio de modelo productivo del territorio, la fijación de población, la conservación del patrimonio industrial y minero y el desarrollo general del territorio”.

El portavoz del GPP ha recordado que “tras ocho años del PSPV al frente de la Generalitat no se dio ningún paso respecto al Limón Express por su parte en los que una vez más fueron incapaces de tomar ninguna iniciativa al respecto”.

Finalmente ha apuntado que “teniendo en cuenta que el material solicitado no resulta necesario para la explotación que lleva a cabo FGV en las redes del TRAM d´Alacant o Metrovalencia, se propone, con el objetivo de dar valor a las referidas unidades, su cesión al Consorcio Tren Turístico Ponfeblino, habida cuenta del interés mostrado en su conservación y explotación”.

 La portavoz de Violencia sobre la Mujer del GPP, Verónica Marcos, ha condenado “las conductas vejatorias, machistas y denigrantes hacia las mujeres que se desprenden de los audios y testimonios conocidos en relación con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García” y ha exigido que se tomen “las correspondientes responsabilidades políticas a los dirigentes implicados”.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en Les Corts una Proposición no de ley en la que se pide además que se investigue y evalúe “la posible existencia de redes de explotación sexual amparadas bajo cobertura institucional o política, y depure todas las responsabilidades que pudieran derivarse”. En ese sentido han solicitado la creación de una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual.

Además, la diputada popular ha mostrado “nuestro más absoluto rechazo y condena a cualquier forma de utilización de las mujeres como mercancía, así como al uso del poder y la influencia política para acceder a favores personales, especialmente cuando dicha conducta es llevada a cabo por cargos públicos”.

Marcos ha hecho hincapié en la necesidad de demostrar un compromiso firme “con la ejemplaridad pública en el trato a las mujeres” y ha invitado al resto de partidos políticos a mantener esta línea “mediante las acciones necesarias para romper cualquier vínculo con aquellos dirigentes o exdirigentes que hayan podido incurrir en actitudes incompatibles con la igualdad y la dignidad de las mujeres”. Así como retirar de manera inmediata “de cualquier distinción, reconocimiento o tratamiento honorífico que haya sido concedido a José Luis Ábalos o cualquier otro implicado en estas conductas”.

Para la portavoz del GPP resulta especialmente grave que “estos hechos no hayan sido condenados con claridad por algunos responsables políticos ni por el Gobierno de España, que mantiene un clamoroso silencio cómplice, especialmente doloroso en un país que ha avanzado de forma significativa en materia de igualdad y lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres”.

El portavoz de Infraestructuras y Transporte del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha acusado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez de “condenar al colapso a los aeropuertos de Valencia y Alicante” mientras anuncia una inversión de 3.200 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. En su opinión, se trata de “un nuevo agravio a la Comunitat Valenciana, a la que sistemáticamente se margina en materia de infraestructuras”.

González de Zárate ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que “deje de maltratar a la Comunitat Valenciana” y active de inmediato los proyectos de ampliación del aeropuerto de Manises y del de Alicante-Elche Miguel Hernández. “Ambos aeropuertos baten récords de pasajeros mes tras mes, pero siguen atascados en promesas y papeles mientras Cataluña recibe miles de millones”, ha lamentado.

El diputado del GPP ha recordado que Manises superó los 4,5 millones de pasajeros en los cinco primeros meses del año y podría perder hasta cuatro millones de viajeros anuales si no se ejecuta la ampliación. El impacto en la economía provincial sería de más de 900 millones de euros anuales y pondría en riesgo 17.000 empleos.

En el caso del aeropuerto de Alicante-Elche, ha subrayado la necesidad urgente de construir una segunda pista y de conectar la terminal por tren. Este aeropuerto cerró 2024 con 18,3 millones de pasajeros y solo entre enero y mayo de 2025 ya ha superado los siete millones. Si no se actúa, se podrían perder 920 millones de euros al año y dos millones de turistas.

González de Zárate ha pedido que estas actuaciones se incluyan en el próximo plan de inversiones aeroportuarias de AENA para el periodo 2027-2031, “porque sin una planificación seria, nuestras infraestructuras seguirán al borde del colapso”. Y ha enlazado esta situación con el “caos ferroviario que sufre la Comunitat un día sí y otro también”, que ha provocado incluso la protesta pública de la patronal autonómica.

“No hay ni una sola semana sin que el AVE a Valencia o a Alicante sufra incidencias, retrasos o suspensiones. Y encima castiga a nuestros aeropuertos. Esta es manera de trabajar del ministro Óscar Puente”, ha afirmado.

El portavoz popular ha mostrado su respaldo a la Generalitat Valenciana y a la consellera Marián Cano “en su justa exigencia de inversiones inmediatas” y ha recordado que las cámaras de comercio también han alzado la voz ante esta situación: “Los empresarios están hartos de ver cómo crece El Prat mientras nuestros aeropuertos se saturan sin que AENA mueva un dedo”.

“Queremos lo mismo que otras comunidades: inversiones reales, compromisos firmes y planificación con recursos. Basta ya de titulares sin presupuesto. La Comunitat Valenciana no puede seguir siendo castigada”, ha concluido.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, se ha reunido con la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García, y con el coronel de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín, para abordar la situación en materia de seguridad ciudadana del municipio. En el encuentro, también han estado presentes la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira; el intendente de la Policía Local, José Alós; y el teniente de la Guardia Civil, Francisco José Barros.

Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto la estrecha colaboración y coordinación existente entre la Guardia Civil y la Policía Local y se ha acordado llevar a cabo un operativo estratégico de manera conjunta en aquellos puntos más conflictivos de la localidad.

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