Isabel Pérez Moñino: «La situación en la Terminal 4 de Barajas demuestra la falta de control fronterizo».
Isabel Pérez Moñino portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, señaló que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación que muchas personas se encuentran en situación irregular en nuestro país. Esta es la consecuencia directa de políticas de fronteras abiertas, cuando no se controla adecuadamente el acceso a nuestro territorio.
Es fundamental que las personas que se encuentran en una situación irregular sean repatriadas a sus países de origen, tal y como estipula nuestra Ley de Extranjería. La ley es clara: entrar de forma irregular en territorio nacional es una infracción grave, y quienes cometen esa infracción deben regresar a su país.
Por supuesto, quienes necesiten apoyo de los servicios sociales deben contar con los recursos públicos para recibir la atención que requieren, ya que la situación que enfrentan es verdaderamente alarmante. No podemos permitir que los turistas que visitan España se encuentren con escenas tercermundistas en la Terminal 4 de Barajas, donde estamos viendo una situación caótica e indignante que no corresponde con la imagen que debemos proyectar como país.
Es inaceptable que, mientras los ciudadanos españoles seguimos pagando impuestos cada vez más altos, los servicios públicos no correspondan con esa aportación, ofreciendo condiciones tercermundistas.
Desde VOX, seguimos firmes en nuestra postura: exigimos a las administraciones competentes que tomen medidas para acabar con esta situación desoladora y de caos. Es momento de recuperar el orden y la dignidad en nuestras fronteras y servicios.
Laura Chulià: «Sánchez convierte la DANA en un negocio fiscal».
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado la “estafa piramidal” de Sánchez al dispararse la recaudación por la dana: “con una mano dan y con la otra recaudan más”.
Chulià ha indicado que “es un escándalo que Sánchez se haya dedicado a engordar la caja del Estado a costa del bolsillo de los valencianos por la dana. Entre enero y febrero el Gobierno ha cobrado por impuestos 620 millones más que en los mismos meses de 2024. Es un 26% más que antes de la DANA”.
En concreto, según los datos oficiales del Ministerio ha recaudado en la provincia de Valencia 3.019,83 millones de euros, frente a los 2.399,34 millones que obtuvo en los mismos meses de 2024.
“Los socialistas, en lugar de ayudar tras la tragedia, se han dedicado a asfixiarnos fiscalmente. Sólo el 9% de las ayudas anunciadas por el Estado a los afectados son directas. Es decir, el 91% de las ayudas cobran IVA y están sujetas a impuestos. Sánchez cobra más IVA por sus ayudas que lo que entrega a los afectados. Esto contrasta con la Generalitat donde las ayudas directas se elevan hasta el 61%”, ha añadido.
Para Chulià “las ayudas del Gobierno están condicionadas y llevan aparejadas el pago de impuestos, como es el caso de la compra de vehículos. Esto es un escándalo y una estafa. Con una mano anuncian ayudas y con la otra las cobran recaudando más con impuestos, vía renta e IVA. Dan ayudas para luego recaudar más”.
Laura Chulià ha indicado que “mientras el Gobierno gana más a costa de la tragedia, obliga a la Generalitat a hipotecarse para ayudar a los afectados”.
“Por si fuera poco, además, el Gobierno tan solo ha abonado un 16% de las ayudas frente al 50% de la Generalitat. Y se niega a dar ayudas a la Generalitat a fondo perdido para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas, un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud o residencias”.
La portavoz popular ha indicado que, por ejemplo, “la Generalitat ha abonado 313 millones de euros en ayudas para paliar la pérdida de bienes y enseres y la destrucción de vehículos de las personas afectadas por la riada frente a los apenas 140 millones pagados por el Gobierno de Sánchez por estos mismos conceptos».
Por último, Chulià ha recordado que “el infierno fiscal del Gobierno se resume en las 97 subidas de impuestos y cotizaciones de Sánchez desde 2018 y que no se ha visto atenuado ni siquiera para los afectados por la dana. Los españoles ya sufren un esfuerzo fiscal de un 20 % por encima de la media de la Unión Europea, y la recaudación tributaria sigue batiendo récords. Mientras, hay un desprestigio y un deterioro creciente de los servicios públicos estatales como estamos viendo con el apagón nacional o los problemas con las infraestructuras”.
Camps vuelve como problema, no como solución y el PSOE lo agradece.
Camps no esconde ya su voluntad de «servir a la Comunitat» desde una posición de protagonismo y su entorno habla abiertamente de su deseo de liderar el PP valenciano, planteando una alternativa al actual President. Esta maniobra, interpretada como un acto de desafío directo, coloca a Mazón en una posición más frágil que nunca. La presión externa de la oposición se mezcla ahora con el fuego amigo.
Una vuelta polémica en el momento más inoportuno
La gestión de la emergencia climática ha dejado tocado al Consell, y con Mazón aún tratando de recomponer su imagen, Camps aprovecha el vacío para presentarse como figura redentora del partido, jugando la carta de la «experiencia» y la «honestidad recuperada», tras años de batallas judiciales que han terminado, en su mayoría, en absoluciones. Pero su nombre sigue cargado de polémica.
El retorno de Camps no solo desestabiliza el tablero autonómico, sino que también tiene lecturas nacionales. Desde la Moncloa, Pedro Sánchez celebra en silencio: cuanto más dividido esté el PP valenciano, más fácil será para el PSOE mantener su ofensiva electoral en una comunidad clave.
Un partido en dos tiempos
Fuentes populares reconocen que la dirección nacional del PP observa con preocupación los movimientos de Camps, temiendo que el conflicto interno trascienda lo autonómico y contamine la imagen nacional del partido. En Génova no quieren revivir viejas guerras ni fantasmas del pasado, justo cuando Feijóo intenta proyectar un PP moderno y unido.
Sin embargo, Camps parece decidido. Ya ha comenzado a activar redes y alianzas con antiguos referentes populares del sector más conservador y no se descarta que en los próximos meses formalice su candidatura a la presidencia del PPCV.
Beneficio para Sánchez, ruido para el PP
Para el Gobierno central, el caos en el PP valenciano es una bendición. Pedro Sánchez, acorralado por escándalos y presiones judiciales, encuentra oxígeno en los errores ajenos. Cada paso de Camps es una distracción para la derecha y una oportunidad para el PSOE de reforzarse en una comunidad históricamente complicada.
Mientras el PP trata de cerrar heridas abiertas, Francisco Camps las reabre. Y Pedro Sánchez, desde la Moncloa, toma nota y sonríe.
La reaparición pública de Francisco Camps con claras intenciones de regresar a la primera línea política no ha pasado desapercibida. El expresident de la Generalitat Valenciana ha lanzado un órdago al actual liderazgo del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, abriendo una grieta interna que amenaza con debilitar aún más a Carlos Mazón, tras la reciente DANA que azotó la región.
Camps no esconde ya su voluntad de «servir a la Comunitat» desde una posición de protagonismo y su entorno habla abiertamente de su deseo de liderar el PP valenciano, planteando una alternativa al actual President. Esta maniobra, interpretada como un acto de desafío directo, coloca a Mazón en una posición más frágil que nunca. La presión externa de la oposición se mezcla ahora con el fuego amigo.
Una vuelta polémica en el momento más inoportuno
La gestión de la emergencia climática ha dejado tocado al Consell, y con Mazón aún tratando de recomponer su imagen, Camps aprovecha el vacío para presentarse como figura redentora del partido, jugando la carta de la «experiencia» y la «honestidad recuperada», tras años de batallas judiciales que han terminado, en su mayoría, en absoluciones. Pero su nombre sigue cargado de polémica.
El retorno de Camps no solo desestabiliza el tablero autonómico, sino que también tiene lecturas nacionales. Desde la Moncloa, Pedro Sánchez celebra en silencio: cuanto más dividido esté el PP valenciano, más fácil será para el PSOE mantener su ofensiva electoral en una comunidad clave.
Un partido en dos tiempos
Fuentes populares reconocen que la dirección nacional del PP observa con preocupación los movimientos de Camps, temiendo que el conflicto interno trascienda lo autonómico y contamine la imagen nacional del partido. En Génova no quieren revivir viejas guerras ni fantasmas del pasado, justo cuando Feijóo intenta proyectar un PP moderno y unido.
Sin embargo, Camps parece decidido. Ya ha comenzado a activar redes y alianzas con antiguos referentes populares del sector más conservador y no se descarta que en los próximos meses formalice su candidatura a la presidencia del PPCV.
Beneficio para Sánchez, ruido para el PP
Para el Gobierno central, el caos en el PP valenciano es una bendición. Pedro Sánchez, acorralado por escándalos y presiones judiciales, encuentra oxígeno en los errores ajenos. Cada paso de Camps es una distracción para la derecha y una oportunidad para el PSOE de reforzarse en una comunidad históricamente complicada.
Mientras el PP trata de cerrar heridas abiertas, Francisco Camps las reabre. Y Pedro Sánchez, desde la Moncloa, toma nota y sonríe.
Elena Bastidas: «El nuevo contrato social blinda la atención a los más vulnerables hasta 2028».
La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha calificado de “indignante que quienes dejaron la dependencia cuesta abajo y sin freno, ahora pretendan dar lecciones y exijan lo que nunca supieron cumplir”. La parlamentaria ha acusado a los socialistas de “mentir por desesperación” porque durante los mandatos del Botànic “ni renovaron ni actualizaron el contrato programa, ni garantizaron financiación suficiente, ni ofrecieron seguridad jurídica a los ayuntamientos. Este Consell lo ha hecho y la izquierda trata de sembrar confusión con argumentos falsos”.
Bastidas ha recordado que el Consell ya ha presentado a todos los agentes implicados el nuevo contrato programa 2025-2028, con un presupuesto histórico de más de 313 millones de euros. “Frente al abandono del PSPV, este Gobierno ha apostado por una red sólida y estable de atención social en colaboración directa con el territorio”, ha afirmado. El nuevo plan supone un incremento de 18 millones respecto a 2024 y de 46 millones sobre el último presupuesto del Botànic, y refuerza programas clave como la atención a la dependencia, el acogimiento familiar o los itinerarios de inclusión social.
“Mientras otros hacían propaganda con la Ley de Servicios Sociales Inclusivos y no aplicaban ni los módulos mínimos, hoy el Gobierno de la Generalitat actualiza la financiación, mejora los módulos económicos y garantiza los servicios que los ciudadanos merecen”, ha asegurado Bastidas.
Por todo ello, ha concluido que “estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos desde el primer día de legislatura. Lo que no vamos a permitir es que quienes dejaron el sistema colapsado vengan ahora a exigir lo que jamás supieron construir”.
Verónica Marcos: «El PP jamás ha avalado las terapias de conversión, las denunció y las combate».
La portavoz de Políticas LGTBI del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Verónica Marcos, ha asegurado que “el Partido Popular no avala, ni ha avalado ni avalará jamás las mal llamadas terapias de conversión, prohibidas por ley, rechazadas por la comunidad científica e internacional, y que solo han causado sufrimiento a muchas personas”. Unas actividades que, ha recordado, “el gobierno del Botànic encubrió mientras presumía de una diversidad de pancarta”.
Marcos ha denunciado la hipocresía de la izquierda valenciana, que “ahora se rasga las vestiduras cuando durante años permitió estas prácticas en centros educativos, parroquias y entidades privadas”. Ha sido el actual Consell el que ha remitido a la Fiscalía varios casos documentados de terapias de conversión, ocultados por el Ejecutivo de PSPV y Compromís para no enturbiar su relato ideológico. “Los socialistas taparon prácticas inaceptables a través de sus servicios de orientación. ¿Cómo se atreven ahora a hablar? Entonces no les importaba nadie, y parece que ahora tampoco les importa el verdadero apoyo a los menores”, ha señalado.
Respecto a la reforma de la Ley Trans, la diputada del GPP ha subrayado que el objetivo prioritario es la protección del menor. El texto refuerza el papel de los padres o tutores legales en la toma de decisiones médicas, y establece que los tratamientos hormonales en menores deberán contar con su autorización o con aval judicial. Asimismo, se garantiza asistencia psicológica durante todo el proceso, tanto para menores como para adultos y, en los casos en los que el menor presente alguna condición de salud que puedan influir en el tratamiento, será necesario un informe favorable del profesional médico que lo atienda.
Marcos ha insistido en que la prohibición de las terapias de conversión sigue plenamente vigente. “El artículo 6 de la ley no se modifica. Estas prácticas están fuera de la legalidad y lo seguirán estando. Decir lo contrario es manipular a la opinión pública”, ha remarcado. Además, ha recordado que tanto la ley autonómica como la estatal coinciden en este punto.
Finalmente, ha explicado que la reforma también adapta la legislación valenciana a la norma estatal de 2023, elimina duplicidades administrativas y establece un nuevo régimen sancionador más eficaz. “El modelo del Botànic no resolvió ni un solo expediente sancionador en más de diez años. No vamos a permitir que el sectarismo vuelva a imponerse a la eficacia”, ha afirmado.
Según la parlamentaria popular, “este Consell ha demostrado con hechos su compromiso con los derechos de las personas LGTBI+. No necesitamos pancartas ni postureo. Actuamos cuando otros callaban”.
Nieves Martínez: «El lupus es invisible, pero sus consecuencias son devastadoras».
El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una iniciativa parlamentaria para mejorar la atención sanitaria a los pacientes que sufren lupus y avanzar en el reconocimiento social y legal de esta enfermedad como discapacitante. Con motivo del Día Mundial del Lupus la portavoz de Sanidad del GPP, Nieves Martínez, ha recordado que se trata de una enfermedad crónica y autoinmune que puede afectar a múltiples órganos del cuerpo y que, por su complejidad, resulta difícil de diagnosticar y tratar.
La diputada popular ha subrayado que el lupus afecta sobre todo a mujeres, que son nueve de cada diez pacientes, y suele aparecer en la juventud, lo que implica convivir con esta enfermedad durante décadas. “Causa fatiga extrema, dolores articulares, daños neurológicos y lesiones en órganos vitales. Es una dolencia invisible para la mayoría, pero con consecuencias muy reales que dificultan la vida diaria, el empleo y la estabilidad emocional”, ha señalado.
A través de esta iniciativa, el GPP pide al Consell que impulse un abordaje multidisciplinar del lupus en el sistema sanitario valenciano, dada su naturaleza multiorgánica, y que se refuercen los recursos para mejorar tanto el diagnóstico precoz como los tratamientos personalizados. También reclama al Gobierno central que se destinen más recursos a la investigación médica del lupus, con el objetivo de desarrollar tratamientos más eficaces o hallar una cura, y para que se reconozca como enfermedad discapacitante.
La portavoz de Sanidad ha reiterado el compromiso del Partido Popular con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por lupus. “Debemos avanzar hacia una sociedad más informada, empática y justa con quienes padecen enfermedades crónicas. El reconocimiento es el primer paso para garantizar derechos”, ha concluido Martínez.
Laura Chulià: «La ley del Botànic desprotegió la huerta y frenó las obras antirriadas».
La síndica adjunta del GPP, Laura Chulià, ha indicado que “la fallida ley ha desprotegido la huerta y paralizado obras antirriadas”.
Laura Chulià ha señalado que “la ley fallida del Botànic lo que ha hecho es desproteger a la huerta. En su día ya se debatió en estas Cortes y quedó demostrado su fracaso porque consiguió el objetivo contrario de lo que se pretendía, que era precisamente protegerla, que la huerta fuera productiva y favorecer el intercambio generacional que es uno de los grandes problemas de nuestros agricultores. La realidad es que no solo se han perdido espacios de huerta y no se han mejorado los espacios de huerta degradados, sino que ha sido un freno a actuaciones en barrancos”.
Chulià ha indicado que “la antigua ley ha sido uno de los grandes impedimentos, reconocido por los propios ministros de Sánchez, para hacer obras antirriadas que hubieran aminorado los devastadores efectos de la dana”.
“Si hay grupos políticos de la izquierda que piensan que lo prioritario es discutir la constitucionalidad o no de una ley fallida allá ellos. Nosotros pensamos que lo prioritario, y lo que necesitan todos los pueblos afectados, es que se hagan las infraestructuras hídricas de una vez. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en la Vega Baja. Llevamos más de seis años esperando unas obras antirriadas que no llegan y no podemos permitirnos seguir igual”, ha añadido.
Por último, Laura Chulià ha afirmado que “los representantes de los valencianos deberíamos centrarnos en exigir que se hagan esas obras que eviten esas tragedias. Ya no tienen excusas. La nueva ley busca proteger la huerta no solo como paisaje sino como espacio agrícola vivo, facilitando la actividad agraria y respetando los derechos de los propietarios, le pese a quien le pese”.
César Sánchez: «La nueva ley permite actuar en barrancos y protege la huerta de verdad».
Sánchez ha señalado que “el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional anunciado hoy por los grupos de la izquierda contra la modificación de la Ley de la Huerta es otro ataque más de la izquierda a la Comunitat Valenciana. Su sectarismo les aleja tanto de la realidad que, pese a las circunstancias, no son capaces de eliminar obstáculos a la ejecución de obras estructurales antirriadas”.
El diputado popular en el Congreso ha señalado que “utilizan falacias y falsedades en su recurso cuando lo cierto es que la anterior ley bloqueó proyectos en los barrancos del Poyo y la Saleta que hubieran salvado vidas. La fallida Ley de la Huerta del Botànic ha supuesto desde 2018 la pérdida de espacios de huerta y su regeneración. No solo no ha contribuido a mejorar los espacios de huerta degradados, sino que ha sido un freno a actuaciones en barrancos, como confirma la misma Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio”.
César Sánchez ha exigido al Gobierno de España “celeridad porque las actuaciones en barrancos son inaplazables y ahora el Ministerio de Transición Ecológica se ha quedado sin excusas para más retrasos. Sánchez tiene que hacer ya las obras hidráulicas en la provincia de Valencia frente a las riadas”.
Por último, Sánchez ha recordado que “la normativa anterior que tanto defienden generó inseguridad jurídica entre los propietarios y agricultores, al imponer restricciones sin ofrecer soluciones efectivas para la dinamización de la huerta. La nueva ley busca proteger la huerta no solo como paisaje, sino como espacio agrícola vivo, facilitando la actividad agraria y respetando los derechos de los propietarios”.