González de Zárate: «Los aeropuertos valencianos necesitan ampliaciones urgentes para sostener el crecimiento turístico».
El portavoz de Infraestructuras y Transporte del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que agilice la ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante, dos infraestructuras esenciales para mantener el liderazgo turístico de la Comunitat Valenciana. Según el portavoz popular, las cifras récord de 2024 y las previsiones de un nuevo aumento de visitantes este año hacen inaplazable esta actuación.
“El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cerró el año pasado con más de 18 millones de pasajeros y ya ha superado su capacidad actual, mientras que el de Valencia rozó los 11 millones, también por encima de sus límites operativos. Por eso es urgente acometer las ampliaciones necesarias para responder a la demanda actual y futura”, ha señalado González de Zárate. El parlamentario considera que la reciente licitación por parte de Aena de la redacción del proyecto de ampliación de la terminal de Alicante es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente.
González de Zárate ha destacado que tanto el Consell de Carlos Mazón como los sectores turísticos y empresariales respaldan esta reclamación de forma unánime. Ha recordado que las cámaras de comercio advierten que no ampliar las infraestructuras supondrá pérdidas económicas cercanas a los 2.000 millones de euros anuales, una cifra que la Comunitat Valenciana no puede permitirse.
El portavoz de Infraestructuras también ha criticado el trato desigual por parte de Pedro Sánchez hacia la Comunitat Valenciana, comparando la inversión prevista para la ampliación de los aeropuertos de El Prat o Barajas con la falta de compromiso para dotar de una segunda pista al aeropuerto de Alicante o modernizar el de Valencia. Mientras tanto, “aquí seguimos parcheando, limitando el potencial de una de las regiones más atractivas de Europa para el turismo y la inversión extranjera”.
Por último, González de Zárate ha defendido que la ampliación de ambos aeropuertos es indispensable no solo para consolidar el crecimiento turístico de un territorio que en 2024 recibió 30 millones de visitantes, sino también para garantizar la recuperación económica de la Comunitat Valenciana. “La apuesta por la calidad y el crecimiento sostenible pasa, necesariamente, por modernizar nuestras infraestructuras. Es el momento de que el Gobierno de España actúe con celeridad y responsabilidad”, ha concluido.
Laura Chulià: «El Gobierno sacrifica la financiación de autonomías por intereses políticos».
La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, ha denunciado que el decreto ómnibus presentado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados era “un chantaje disfrazado de ayudas para los afectados por la dana y subidas de pensiones”. Sin embargo, en ese mismo escrito se recogían las subidas de impuestos como el IVA de los alimentos o en el precio de la luz, además de concesiones al PNV, protección a los okupas o recortes en la financiación de las comunidades autónomas.
Chulià ha lamentado que “una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez haya querido jugar con todos y ha aprovechado un mismo decreto en el que se votaban medidas tan sensibles como los descuentos al transporte o la subida de pensiones con otras iniciativas como la cesión de un palacete en París al PNV para comprar sus votos, a la vez que no se prorrogaban las bajadas de IVA que se hicieron a causa de la inflación, cuando aún tenemos niveles altos”.
En cuanto al transporte, la diputada popular ha remarcado que “el Consell de Carlos Mazón mantendrá todas las ayudas y descuentos hasta el 30 de junio a pesar de no contar con los fondos del Gobierno” y ha recordado que “el propio PSPV votó en contra en Les Corts del decreto para la prórroga de la gratuidad del transporte público para los jóvenes de la Comunitat”.
“Es muy triste que aprovechen el dolor de los afectados por la dana para colar medidas que solo benefician a unos pocos mientras, por otro lado, recortan la financiación para las autonomías en áreas como sanidad, educación o servicios sociales”. En ese sentido, Chulià ha insistido en que “deberían centrarse en las ayudas directas y en no cobrar impuestos ni intereses a los damnificados, limpiar las playas y ceder las viviendas a la Sareb”.
El PP ha reclamado la tramitación de un decreto que “lleve solo y únicamente la subida de las pensiones”, algo que “sin duda se votaría a favor”.
José Muñoz: «Es hora de proteger la pesca de arrastre y garantizar la igualdad en Europa».
El Grupo Parlamentario VOX ha presentado hoy una PNL (Proposición No de Ley) para que se denuncie ante las instituciones europeas la normativa que pone en peligro la pesca de arrastre tradicional en el Mediterráneo y se modifique la normativa comunitaria para que nuestros pescadores puedan faenar en igualdad de condiciones que los pescadores de países ribereños del Mediterráneo.
El diputado José Muñoz ha explicado que “además pedimos que se reconozca la pesca de arrastre tradicional de España como actividad sostenible con el medio marino y que se prohíba o restrinja el pescado procedente de Argelia, Marruecos y de otros países del Mediterráneo que incumplen el principio de reciprocidad y la normativa europea en materia de pesca”.
Hay que recordar que la pesca de arrastre lleva décadas reclamando mejoras para poder desarrollar su actividad dignamente y pidiendo a gritos al gobierno de España que defienda sus intereses en Europa. A pesar de ello, las restricciones por parte de la Unión Europea se aplican desde el año 2000, con las terribles consecuencias para el sector que ha provocado que la flota de arrastre haya pasado de faenar 240 días al año a solo 133 días en el último año. Se trata de un recorte drástico que pone en grave peligro a las embarcaciones
que están sufriendo las consecuencias económicas y la supervivencia de una profesión, impidiendo el relevo generacional y la sostenibilidad de la actividad.
En la Comunidad Valenciana contamos con 22 cofradías de pescadores afectadas, todas ellas acumulan más de 200 embarcaciones que garantizan que los ciudadanos tengan un producto fresco en sus hogares.
Muñoz ha insistido que “Desde VOX venimos denunciando las nefastas decisiones adoptadas por la UE con el sector pesquero y en particular con la pesca de arrastre y seguimos luchando para promover una política pesquera basada en la defensa del sector y del medio natural.”
Verónica Marcos: «Ser mujer y vivir en el medio rural no debe ser sinónimo de desigualda».
La diputada del GPP en Les Corts, Verónica Marcos, ha exigido al Gobierno la aprobación de un nuevo Plan de Igualdad “para combatir las desigualdades que aún persisten para las mujeres que viven en zonas rurales” y así visibilizar su situación para poder “combatir las brechas en materia de empleo y emprendimiento en el medio rural”.
En ese sentido, ha pedido la implantación de medidas específicas como la financiación de proyectos impulsados por mujeres. Además de la puesta en marcha de campañas de información “que sensibilicen a las mujeres sobre la importancia de su participación en las cooperativas tanto como socias como a nivel de gestión en los puestos de dirección”, ha destacado Marcos.
La diputada popular ha subrayado la importancia de “mejorar la conciliación y la corresponsabilidad familiar con acciones singulares que incorporen medidas en materia de flexibilidad laboral y de servicios de apoyo en pequeñas comunidades y municipios”. También es esencial “reforzar las infraestructuras de comunicación y la conectividad digital para fijar población y mejorar las oportunidades en el mundo rural”.
Asimismo, el GPP en Les Corts ha solicitado “establecer medidas específicas para hacer frente a cualquier tipo de violencia sexual y de género que sufren las mujeres” en el ámbito rural.
Según los datos más recientes del INE en torno al 23% de la población española reside en el medio rural, y en la Comunitat Valenciana alrededor del 30-35%, “por lo que son muchas las mujeres que padecen esta doble desigualdad que supone ser mujer y vivir en el medio rural”, ha lamentado Verónica Marcos.
Aguilella exige al Gobierno asumir los intereses de préstamos ICO para los afectados por las riadas.
El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Salvador Aguilella, ha exigido al Gobierno de Sánchez que asuma los intereses de los préstamos ICO concedidos a los afectados por las riadas de octubre de 2024. Durante su intervención en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, Aguilella ha criticado que 5.000 millones de euros de los 16.000 millones anunciados como “ayudas” son, en realidad, préstamos bancarios con avales del ICO. “Un préstamo que se ha de devolver con intereses no es una ayuda; los valencianos merecen soluciones reales y urgentes”, ha señalado.
Esta es una de las tres peticiones incluidas en la Proposición No de Ley debatida en la Comisión de Industria y que ha sido aprobada con el único voto en contra del PSPV. La iniciativa del Grupo Popular también reclama al Gobierno de Sánchez que incremente las ayudas destinadas a empresas y autónomos, incluya a todos los municipios afectados por las lluvias e inundaciones y acelere los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros y del resto de ayudas.
Aguilella ha denunciado que, tres meses después de la catástrofe, apenas se ha abonado un 2,5% de las ayudas prometidas, mientras que el Consorcio de Compensación de Seguros solo ha resuelto una de cada tres solicitudes. Ha lamentado también que una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana hayan sido excluidos de los beneficios anunciados, dejando fuera a miles de personas, autónomos y empresas en situación crítica. Según el portavoz, es imprescindible que las indemnizaciones y ayudas directas lleguen con urgencia para evitar el cierre de negocios y el desamparo de familias.
Además, ha denunciado que las medidas propuestas por Compromís y PSPV no solo no agilizan las ayudas, sino que añaden burocracia y trabas innecesarias en un momento crítico para miles de afectados. Según Aguilella, el 70% de las empresas damnificadas son microempresas o autónomos que ya enfrentaban dificultades tras la pandemia del COVID.
Por otro lado, el también portavoz adjunto del GPP en Les Corts ha cuestionado la gestión del Ejecutivo socialista respecto al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, solicitado el día antes de que expirara el plazo tras casi tres meses de inacción. Aguilella ha criticado la falta de diálogo con la Generalitat para coordinar y cuantificar las necesidades reales de la Comunitat Valenciana, que ha estimado los daños en 31.000 millones de euros frente a los 4.400 millones solicitados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Frente a la pasividad del Ejecutivo, el parlamentario del GPP ha valorado la iniciativa de los populares valencianos y del Consell de Carlos Mazón, que ha trasladado su compromiso con los afectados también a la actividad parlamentaria en un mes de enero que habitualmente es inhábil. “Los valencianos estamos dispuestos a trabajar y reconstruir, pero necesitamos que el Gobierno de España cumpla su parte. Es hora de pasar de las palabras a los hechos”, ha concluido.
Bastidas acusa al Gobierno de Sánchez de abandono y persecución tras la DANA en Valencia.
La diputada del Grupo Popular en Les Corts Elena Bastidas ha denunciado que el Gobierno “ha dado órdenes a los grupos del Seprona para investigar y sancionar a los empresarios que incumplan las leyes medioambientales por no retirar los lodos de la dana, según hemos conocido por asociaciones de la Guardia Civil. Pedimos que la delegada del Gobierno paralice esta persecución del Gobierno, con la ayuda de Compromís”.
Bastidas ha indicado que “necesitamos del Gobierno más ayudas directas, como dieron al gobierno de Ximo Puig en pandemia para poder mejorar los servicios sociales. Que se paguen las ayudas a los afectados. Y, sin embargo, en los próximos días, el Gobierno de Sánchez cobrará de manera implacable los impuestos a los afectados”.
La diputada popular ha afirmado en la Comisión de Política Social y Empleo de Les Corts que “es evidente que no todos tenemos el mismo objetivo. En este tipo de tragedias es cuando todo el mundo queda retratado. Unos desde el primer minuto han querido criminalizar cruzando líneas rojas y otros han querido ayudar y recomponer”.
Para la portavoz popular “el presidente del Gobierno no ha tenido tiempo para venir a Valencia pero sí para recorrer medio mundo, a diferencia con la catástrofe de La Palma donde visitó la isla hasta diez veces. O con la del Prestige. Entonces hubo 79.000 militares para retirar chapapote, para salvar la flora y la fauna, pero aquí los mandan con cuentagotas para ayudar a salvar vidas y recuperar la dignidad de las personas”.
Elena Bastidas ha indicado que “es evidente que hay una manera de actuar distinta en unos y otros. No todos somos iguales. Con el COVID, mientras morían mayores durante la pandemia en las residencias, más de dos mil personas, desde el PP no se intentó destruir, ni nos organizamos para increpar a la responsable. Pero ahora, la izquierda piensa más en destruir a Mazón que en ayudar”.
Por último, la portavoz popular ha afirmado que “la izquierda está en el cálculo político. No les importa todo lo que está haciendo la Generalitat. Mientras ofrecemos soluciones para recuperar Valencia otros solo ofrecen ruido y andan muy ocupados pagando publicidad en las redes y organizando actos para insultar al Consell”.
Ana Vega: «Defendemos la libertad de los médicos y rechazamos el registro de objetos de conciencia para abortos».
El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para impedir la creación de ficheros de médicos objetores de conciencia para la práctica de abortos. El objetivo es proteger los derechos y libertades de los médicos ante el señalamiento público estatal, evitando su consecuente persecución.
La portavoz de sanidad de VOX, Ana Vega, explica que “también se insta al Gobierno de España para que retire inmediatamente este registro de persecución y señalamiento y realice una propuesta justa que proteja a aquellos médicos que libremente, y actuando en conciencia, decidan preservar el derecho a la vida.”
Desde hace meses, la ministra de Sanidad Mónica García ha hecho especial hincapié en la implantación y cumplimiento del registro de objetores de conciencia, donde se recogen los nombres de todos aquellos médicos y sanitarios que decidan utilizar su derecho a la objeción de conciencia ante casos de aborto, un derecho fundamental que se encuentra recogido y protegido constitucionalmente en diferentes marcos legislativos, como el artículo 16.2 de la Constitución de 1978.
Vega hace hincapié en que “esto supone un atropello no solo al derecho de los médicos de actuar en conciencia, sino también a su privacidad, e intimidad al verse señalados públicamente por decidir en consonancia a su propia moral. La creación de esta ‘lista negra’ supone un retroceso de libertades y derechos para los médicos españoles”.
Cabe recordar que España registró más de 100.000 abortos en 2023, un 4,8% más que el año anterior. Esto supone una pérdida progresiva del derecho a la vida, por lo que proteger a los médicos que decidan salvaguardarlo, es fundamental. Los datos confirman que en 2024 los abortos han aumentado un 5%, y cada año crece ese porcentaje y el número total de vidas perdidas.
Desde el Gobierno de la Nación, se vienen haciendo políticas en contra de la vida durante estos últimos años. SUMAR ha llegado a plantear ideas como hacer del aborto un derecho constitucional, lo que ataca directamente al derecho a la vida, ese sí, fundamental y recogido en nuestra Constitución en el artículo 16.1. En la Comunidad Valenciana, desde la izquierda también son frecuentes los intentos de perseguir a los objetores de conciencia presionando al Conseller de Sanidad. Exigen y cuestionan los datos públicos del registro autonómico sobre objetores, insinuando que faltan, o directamente son falsos. Es una muestra más de la obsesión por perseguir a los que no piensan como ellos, en este caso por razones morales y éticas, y nuestra obligación es protegerlos.
Laura Chulià: «Mazón está demostrando con hechos su compromiso con la justicia gratuita y el Turno de Oficio».
La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha afirmado que el Consell de Carlos Mazón está demostrando con hechos su compromiso con la justicia gratuita y el Turno de Oficio. “La Generalitat cumple con su palabra y trabaja para que este servicio sea un verdadero pilar de igualdad y cohesión social en la Comunitat Valenciana”, ha señalado Chulià.
La diputada del GPP ha destacado que, hasta noviembre de 2024, la ejecución presupuestaria en materia de justicia gratuita ha sido del 85,8%, un aumento de más de 4 puntos respecto a noviembre de 2022 bajo el gobierno del Botànic, a pesar de contar entonces con un presupuesto menor. Así, en 2022, el gobierno anterior dejó una ejecución anual de 39,7 millones de euros y alcanzó los 42,9 millones en 2023, mientras que el Consell de Mazón destinó 48,3 millones en 2024, cifra que demuestra una gestión más eficaz.
Chulià también ha subrayado la mejora en la eficiencia durante el ejercicio compartido de 2023. En los primeros cinco meses, el anterior Consell apenas ejecutó un 27,56% del presupuesto, mientras que, en los siete meses restantes, la Generalitat alcanzó un 60% de ejecución, duplicando su capacidad de gestión. Estos datos evidencian una acción que prioriza la justicia gratuita y garantiza el acceso igualitario a este servicio, clave para las personas más vulnerables.
Una diligencia y eficacia que contrastan con la desidia y mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que acumula 4 meses de impagos a los profesionales del Turno de Oficio en las demarcaciones que son de su competencia, según han denunciado desde el Consejo General de la Abogacía Española. Unos retrasos que, según los profesionales, son la tónica habitual en el Ministerio.
Este compromiso del Ejecutivo valenciano no solo se refleja en las cifras, sino también en la mejora de la planificación y en el reconocimiento a los profesionales de la Abogacía y la Procura que trabajan en el Turno de Oficio. “Con el Gobierno de Carlos Mazón mejora la ejecución presupuestaria y se asegura un servicio digno y eficiente para quienes más lo necesitan. Estamos sentando las bases para una justicia más accesible y más ágil, sin dejar de exigir los recursos económicos y personales que necesitan los valencianos”, ha concluido la parlamentaria popular.