Fernando Pastor: «El fiscal anticorrupción sostiene que los socialistas valencianos financiaron ilegalmente sus campañas».
El diputado del GPP Fernando Pastor ha señalado que “el PSPV todavía tiene que salir a explicar los contratos presuntamente amañados para financiar sus campañas electorales”.
“Hoy no es un buen día para los socialistas, no solo a nivel nacional con las declaraciones judiciales de Ábalos, Begoña Gómez o Aldama, sino también para los socialistas valencianos porque el caso Azud que investiga la financiación irregular del PSPV está más vivo que nunca”, ha indicado.
Pastor ha señalado que “alguien tendrá que salir a dar algún tipo de explicación sobre los contratos presuntamente amañados para financiar las campañas electorales del PSPV de 2007 y 2008 donde figuraban ilustres socialistas como Arcadi España, Rebeca Torró, Ximo Puig o el ilustre socialista valenciano José Luis Ábalos… Todos están en el disparadero de la causa y miran hacia otro lado”.
El diputado popular ha explicado que “el fiscal anticorrupción sostiene que los socialistas valencianos financiaron ilegalmente sus campañas y que, por tanto, no acepta la petición de sobreseimiento solicitada por un empresario. Estamos ante graves imputaciones al extesorero socialista, acusado de cohecho continuado y prevaricación administrativa, y a otros cargos, con pagos fraudulentos a cambio de presuntos amaños en la contratación pública. Hubo dopaje electoral, pero nadie explica nada”.
Nando Pastor ha indicado que “además, en este mismo Caso Azud se concluye en el informe de la Guardia Civil que el PSOE valenciano también usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para el cobro de mordidas. Nadie explica nada. Desde el PP propusimos en la anterior legislatura una comisión de investigación en Les Corts sobre la financiación irregular del PSPV en el caso Azud, pero siempre votaron en contra y no se celebró”.
Vicente Betoret: «Pretendemos ayudar tanto a particulares como autónomos y empresarios que tengan contratos, para que en circunstancias excepcionales como la riada las condiciones de los mismos puedan verse modificadas».
El PPCV ha presentado una proposición no de ley en Les Corts con el objetivo de implantar en el Código Civil la cláusula “rebus sic stantibus”, una herramienta que “salvaría a muchos ciudadanos de afrontar las consecuencias contractuales ante sucesos extraordinarios o imprevistos como la riada del pasado 29 de octubre”, ha defendido Vicente Betoret.
La aplicación de esta cláusula posibilitará que cuando las condiciones en las que se deben cumplir los contratos cambien de manera sobrevenida y excepcional, los mismos puedan modificarse o resolverse. Se trata de un “instrumento eficaz como así se ha demostrado en distintas crisis como la de 2008 o la covid” y en este caso “también puede ser muy útil para afrontar las consecuencias de la riada en la Comunitat Valenciana”, ha remarcado el diputado popular.
En esa misma línea, Betoret ha señalado que la propuesta pretende incorporar la doctrina del Tribunal Supremo que “establece que cuando las circunstancias de un contrato cambian de manera excepcional y sobrevenida, como en el caso de la riada que asoló la provincia de Valencia, las partes contratantes deberían estar obligadas a renegociar las condiciones para equilibrar las posiciones”.
Ante esto, “pretendemos ayudar tanto a particulares como autónomos y empresarios que tengan contratos, tanto de hipotecas, alquiler, compra o suministros, para que en circunstancias excepcionales como la riada las condiciones de los mismos puedan verse modificadas”, ha apuntado el diputado durante el debate en Les Corts.
Algo que ahora hay que reclamar ante los tribunales: “Pretendemos que se normalice y se incluya en nuestra legislación al igual que están haciendo países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Países Bajos y la gente pueda pedir directamente ese equilibrio en las obligaciones derivadas en los contratos para que una parte no quede desprotegida y a merced de la otra parte que podría exigir el cumplimiento tal y como está establecido en el contrato”.
Finalmente, Vicente Betoret ha pedido al PSPV su voto para la aprobación de esta PNL ya que de no ser así “tendrán que explicar a todos los vecinos afectados por la riada por qué están en contra de una herramienta que evitaría muchos problemas con contratos en vigor”.
Elena Bastidas: «La Ley de accesibilidad universal mejorará la vida de más de 400.000 personas en la Comunitat Valenciana».
La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado hoy que “la Ley de accesibilidad universal inclusiva es fruto del diálogo, el consenso y las aportaciones en positivo de todos los grupos políticos, expertos y asociaciones” que han participado en su elaboración. Se trata de una norma que responde a una reivindicación histórica y garantizará una mejora real en la vida de más de 400.000 personas en la Comunitat Valenciana.
El pleno de Les Corts ha debatido hoy el texto de la Proposición de Ley después de su aprobación en comisión, donde se consensuó su contenido con aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Bastidas ha puesto en valor “la voluntad de acuerdo del Grupo Popular, que ha trabajado para no quedarnos atrás por pequeñas diferencias, porque nadie lo entendería”.
Durante la sesión ha estado presente el recuerdo a Teresa Navarro, activista por los derechos de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. La parlamentaria popular ha destacado su “incansable lucha por una ley justa y necesaria, a la que sería merecido llamar Ley Navarro”.
Bastidas ha subrayado algunos aspectos clave de la ley como la inclusión de una terminología adecuada y la perspectiva de género, la protección de la lengua de signos y los derechos de sufragio pasivo, la adecuación de planes de emergencia y el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad.
Bastidas ha reiterado que la ley “da respuesta a las demandas de la sociedad civil y de plataformas representativas como CERMI”, por lo que su previsible aprobación es “una gran noticia para todas las personas con discapacidad”, que tras 8 años de espera merecen tener una ley “inclusiva, transversal y sin barreras”.
Laura Chulià: «Qué casualidad que, justo cuando empiezan a desfilar por los juzgados Koldo, Ábalos y Begoña Gómez, conocemos esta actuación de la Fiscalía».
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha valorado que la Fiscalía no vea indicios objetivos ni responsabilidad subjetiva atribuible a los aforados denunciados, al determinar que la investigación sobre la emergencia de la DANA se instruya en un Juzgado de Instrucción y no en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En su escrito, la Fiscalía reconoce que las denuncias carecen de concreción y se basan en una atribución genérica de responsabilidad, sin especificar actuaciones personales de los denunciados. En este sentido, se entiende que no hay fundamentos sólidos para que el caso sea instruido por el TSJCV.
La portavoz popular ha expresado su total confianza en la Justicia y ha lamentado que se intente politizar, utilizando denuncias imprecisas como herramienta de distracción y confrontación política. “Qué casualidad que, justo cuando empiezan a desfilar por los juzgados Koldo, Ábalos y Begoña Gómez, conocemos esta actuación de la Fiscalía”, ha señalado, recordando la situación sin precedentes de este organismo con un fiscal general imputado.
Chulià ha asegurado que el PPCV respetará siempre las decisiones judiciales y colaborará con las instituciones. “Entendemos que hay que investigar los hechos porque los afectados por las riadas y los familiares de las víctimas lo merecen, pero no que se juegue políticamente con ello”, ha añadido. De hecho, según ha recordado, se esperan procesos judiciales similares en el Tribunal Supremo contra Teresa Ribera, Pilar Bernabé y Pedro Sánchez por su responsabilidad en la gestión de la catástrofe.
Para el Grupo Popular la prioridad sigue siendo trabajar para la ciudadanía, especialmente en garantizar que las ayudas a los afectados por la riada lleguen con la máxima celeridad. En esa línea, Chulià se ha mostrado convencida de que el Consell de Carlos Mazón no va a permitir que estas maniobras partidistas interfieran en su trabajo diario. “Esta investigación, si llega a formalizarse, servirá para esclarecer los hechos y confirmar las actuaciones del Consell, que siempre se han llevado a cabo con transparencia, honestidad y responsabilidad”, ha concluido.
Salvador Aguilella: «El Gobierno de Sánchez debe estar a la altura de las circunstancias y apoyar a los afectados sin añadirles más dificultades económicas».
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Salvador Aguilella, ha instado al Gobierno de Sánchez a suprimir los intereses de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados a los afectados por la riada en la Comunitat Valenciana. Así lo recoge una Proposición No de Ley presentada por los populares en el parlamento valenciano, con el objetivo de aliviar la carga económica de las personas, empresas y autónomos que aún se recuperan de los devastadores efectos de esta catástrofe.
El Ejecutivo socialista ha anunciado ayudas por valor de 16.000 millones de euros para varias comunidades autónomas, de las que una tercera parte, en concreto 5.000 millones, son préstamos ICO a devolver con intereses. Aguilella ha calificado de “inaceptable” que las personas damnificadas tengan que soportar un doble perjuicio: el daño causado por la catástrofe y, además, el pago de intereses financieros derivados de los préstamos que el Gobierno ofrece como “supuesta ayuda”.
Frente a ello, el Consell de Carlos Mazón ya ha aprobado ayudas directas por valor de 490 millones de euros y ha puesto a disposición de empresas y autónomos líneas de financiación a coste cero por valor de 350 millones de euros a través del Instituto Valenciano de Finanzas y Afín SGR. Según el portavoz popular “mientras la Generalitat cumple y ofrece apoyo sin intereses a quienes lo han perdido todo, Pedro Sánchez impone condiciones financieras injustas. Las ayudas no pueden convertirse en una carga más para quienes ya están sufriendo”.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular solicita en su propuesta que Les Corts insten al Consell para que, a su vez, inste al Gobierno de España a incrementar las ayudas y a eliminar los intereses de los préstamos ICO destinados a los damnificados por la riada. “El Gobierno de Sánchez debe estar a la altura de las circunstancias y apoyar a los afectados sin añadirles más dificultades económicas”, ha señalado Aguilella.
Almassora completa las obras de mejora y modernización del polígono industrial Supoi-8.
El Ayuntamiento de Almassora ha completado las obras de modernización y mejora del polígono industrial SUPOI-8, que cuenta con una Entidad de Gestión y Modernización (EGM). La alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Urbanismo e Industria, Vicente Martínez-Galí, han recepcionado esta actuación que permite mejorar la competitividad de las empresas allí instaladas.
El proyecto llevado a cabo se ha distribuido en tres lotes para su ejecución y ha tenido como objetivos principales:
-Aumentar la seguridad del polígono industrial, dotándolo de un sistema de vigilancia a través de circuito cerrado de televisión (CCTV) conectado a la Policía Local.
-Modernizar la imagen del polígono, instalando un sistema informativo en el polígono industrial para hacerlo más accesible a sus usuarios.
-Mejorar la señalización horizontal y vertical en los viales del área industrial.
-Optimización de la eficiencia energética de la red de alumbrado público, sustituyendo las lámparas existentes por LED e incorporando la telegestión de las luminarias del polígono.
-Mejora de la red de drenaje de aguas pluviales del polígono, incorporando un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) específicamente diseñado para el área industrial que mejore la respuesta de la red frente a los eventos pluviométricos.
Inversión de 770.089,87 euros
Se trata de actuaciones vinculadas a las ayudas para proyectos de inversión cara a la mejora y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos que concede el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE). En el SUPOI-8 el importe subvencionado asciende a 770.089,87 euros.
En paralelo, también están a punto de concluir los trabajos para la construcción de una glorieta en la entrada de la CV-10 que permitirá mejorar la circulación y aumentar la seguridad vial en el acceso principal a este polígono.
“Vamos a seguir en esta línea de mejorar y modernizar nuestros polígonos industriales para ofrecer a las empresas ya instaladas en Almassora unos servicios de calidad que les permitan seguir creciendo, al tiempo que queremos atraer nuevas inversiones que se traduzcan en oportunidades económicas y de empleo”, ha explicado la alcaldesa.
En este sentido, Martínez-Galí ha recordado que la localidad cuenta con 14 áreas industriales, lo que se traduce en un importante potencial industrial, por lo que ahora se está trabajando en constituir cuatro nuevas Entidades de Gestión y Modernización (EGM) en los polígonos en los polígonos Supoi-2, Supoi-3, la Rambla y Museros para seguir el modelo de gestión puesto en marcha en el Supoi-8. En el caso de las tres primeras, las empresas ya han ratificado por mayoría, en asamblea, su puesta en marcha.Almassora completa las obras de mejora y modernización del polígono industrial Supoi-8
González de Zárate: «Las riadas no se solucionan con discursos ni con titulares; se solucionan con hechos y con una colaboración leal entre administraciones».
El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha lamentado que, “una vez más, el Gobierno de Sánchez parece más preocupado por los titulares que por dar soluciones reales y rápidas a la movilidad de los ciudadanos afectados por las riadas”. González de Zárate ha recordado que, mientras el Consell puso en marcha líneas de transporte sustitutorias gratuitas desde el primer día, el Ministerio de Transportes tardó 15 días en habilitar autobuses para suplir las deficiencias en las líneas de Cercanías.
El portavoz ha subrayado la diligencia del Consell con las rápidas reparaciones en el metro, que ya han permitido restablecer el servicio en la mayoría de las líneas afectadas, mientras que aún hay tramos de Cercanías pendientes de recuperar su actividad. En este sentido, ha defendido que la Generalitat hará lo que le corresponde y garantizará la gratuidad del transporte para los afectados y ha instado al Ejecutivo socialista a asumir, también, sus competencias. “El Consell de Carlos Mazón ha cumplido con su responsabilidad desde el primer día, ¿van a ayudarnos a los valencianos con un convenio o nos van a dejar solos otra vez?”, se ha preguntado.
González de Zárate ha denunciado que la falta de implicación del Gobierno de Sánchez obligó al Consell a cubrir temporalmente los servicios de transporte. Por eso, el diputado popular ha criticado que el PSPV exija al Consell medidas que ya ha puesto en marcha en lugar de “pedirles a sus compañeros en La Moncloa que actúen con rapidez y responsabilidad”.
Para concluir, el portavoz del GPP ha exigido al Gobierno que asuma su responsabilidad y colabore con el Consell para ofrecer soluciones efectivas y duraderas a los damnificados por la dana en la provincia de Valencia. “Las riadas no se solucionan con discursos ni con titulares; se solucionan con hechos y con una colaboración leal entre administraciones”, ha sentenciado.
Verónica Marcos: «El Gobierno tiene que explicar por qué no cortaron las carreteras durante la riada».
La diputada del GPP, Verónica Marcos, ha pedido que el Gobierno de España explique por qué no cortaron las principales carreteras durante la riada. “El Gobierno de Sánchez se esconde, no da explicaciones ni hace autocrítica ni asume errores sobre lo ocurrido”.
Asimismo, la diputada popular ha recordado que “el presidente del CHJ, Miguel Polo, llevaba más de 40 días sin dar explicaciones y cuando nos convoca una reunión con alcaldes no asume ninguna responsabilidad ni hace autocrítica alguna sobre lo sucedido el 29 de octubre”.
“El Gobierno de España debe explicar con la máxima celeridad y transparencia el caos que se produjo en la autovía A3 y el by-pass la tarde del 29 de octubre por no cortar la circulación de los vehículos en estas vías clave de comunicaciones. Deben salir a explicar los motivos que les llevaron a no tomar esta decisión. Se hubiera evitado abocar a los conductores a una situación caótica y de máximo riesgo. Estaban al tanto de los riesgos y peligros que estaban causando las inundaciones en la circulación en esas vías y no adoptaron ninguna decisión”, ha señalado.
Marcos ha señalado que ““ni el Ministerio de Transportes ni el de Interior ni la Dirección General de Tráfico ni la Delegación del Gobierno han dado explicaciones para aclarar los motivos que le llevaron a permitir la circulación por la A3 o por la pista de Silla esa tarde pese a las lluvias torrenciales y las correspondientes inundaciones que estaban afectando a las comarcas valencianas y que también inundaron las carreteras”.
Por último, Verónica Marcos ha afirmado que “mientras unos trabajan en la reconstrucción, dan explicaciones y asumen responsabilidades, otros se esconden y solo se dedican a poner piedras en el camino y ofrecer ayudas con cuentagotas”.