Actualidad Política

9 de abril de 2026

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El diputado del GP VOX Andalucía por Huelva, Rafael Segovia, se ha referido a los datos relativos a las últimas listas de espera publicadas por la Junta de Andalucía, con los que, “una vez más, queda demostrada la enorme desigualdad entre hospitales y también entre las diferentes provincias, con Huelva a la cola de todas”.

El parlamentario andaluz ha advertido sobre “los enormes desequilibrios” existentes entre los diferentes hospitales públicos, destacando, como ejemplos, que “la demora media en el Reina Sofía (Córdoba) es de 57 días, en el Virgen del Rocío (Sevilla) se sitúa en 76, mientras que el Universitario (Jaén) es de 208, en La Inmaculada (Granada) asciende a 224 y en el Juan Ramón Jiménez (Huelva) alcanza los 252 días”.

“Hablamos de menos de dos meses de espera en el Reina Sofía y de más de ocho meses en el Juan Ramón Jiménez. ¿A qué se debe esta diferencia?, ¿es que trabajan más en un hospital que en otro? , ¿hay diferencia de personal?, ¿qué han hecho para evitarlo? Si no elaboran una Relación de Puestos de Trabajo, ¿cómo piensan corregir los déficits?, ha planteado Rafael Segovia a la consejera de Salud y Consumo en Comisión Parlamentaria.

Del mismo modo, el parlamentario andaluz también ha puesto sobre la mesa las diferencias sobre los hospitales con más demora y las provincias a las que pertenecen: “Son el Universitario de Jaén, con 208; el Infanta Elena de Huelva, con 219; La Inmaculada, de Almería, con 224; y cerrando la clasificación absoluta, el Juan Ramón Jiménez de Huelva con 252”.

Para el diputado andaluz es “inadmisible que “el 82,6% de los onubenses se encuentre en listas de espera de consultas externas que igualan o superan los 219 días de demora, frente a otras provincias en las que este porcentaje es de cero, si bien prefiero no mencionar a ninguna para no crear rivalidad absurdas”.

Así, en el caso de Huelva, “el 62,5% (44.255 onubenses) espera ser asistido en el Juan Ramón Jiménez, que tiene una demora de 252 días; un 20,1% más (14.262) aguarda en las listas del Infanta Elena, con una demora 219 días; un 7,9% (5.616) lo hace en el Hospital de Riotinto, con una demora de 101 días; y un 9,2%, (6.573 onubenses) en el hospital concertado Virgen de la Bella de Lepe, con 66 días de demora media”.

Respecto a la demora media provincial, Rafael Segovia destaca que, según los propios datos de la Junta, es de “63 días en Córdoba, que destaca para bien, seguida de cuatro provincias muy igualadas: 111 días en Sevilla, 113 en Granada, 114 en Málaga y 116 en Cádiz; mientras que cierran la clasificación las tres de siempre: Almería, con 145; Jaén, con 183; y Huelva, con 216 días de demora”.

Ante esta situación Rafael Segovia ha reprochado al Gobierno de Juanma Moreno que, “mientras acusa al Gobierno central de discriminar a Andalucía respecto a Cataluña, hace lo mismo entre distintas provincias andaluzas”. ¿Cómo pueden consentir estas diferencias?, ha cuestionado el diputado del GP VOX Andalucía.

El pleno de la Diputación ha rechazado, con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP en esta institución, la iniciativa del Grupo Provincial VOX Huelva, relativa a las medidas urgentes para paliar los efectos del mildiu en los viñedos de la provincia.

El portavoz de VOX en el ente provincial, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha aseverado que “el PP ha confirmado definitivamente que su intención en ningún momento era ayudar a los viticultores del Condado, sino sacar rédito político de una situación dramática, como ya ha hecho en otras ocasiones”.

Ante la negativa de los populares, Sánchez Cuéllar ha señalado concretamente a la vicepresidente de la Diputación y alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, subrayando que “ha demostrado una falta absoluta de credibilidad y lealtad al adquirir por escrito un compromiso con VOX para conceder ayudas directas a los viticultores del Condado, para luego dejarlos tirados una vez que desde VOX hemos cumplido con lo pactado”. En este sentido, ha recalcado que “ha utilizado el drama que viven los agricultores de su comarca para sacar adelante el Plan Económico y Financiero de su Ayuntamiento”.

En relación con la postura de Moreno en el debate de la moción, el diputado de VOX ha recordado que “como representante del PP, ella se comprometió a cumplir con el mismo acuerdo que hoy traemos aquí en forma de moción y, por tanto, no hay excusa posible para justificar el incumplimiento de un acuerdo por escrito, que se ratifica con el rechazo del Grupo Popular a estas ayudas tan necesarias para los agricultores”.

Sánchez Cuéllar ha aseverado que “el PP vuelve a dejar claro, una vez más, que su hoja de ruta política no se basa ni en convicciones ideológicas, ni en el cumplimiento de compromisos, ni en vocación de servicio público, sino en pura estrategia electoral para satisfacer sus propósitos partidistas”.

Todos han de ser supervisados por la Diputación de Álava, se trata de confirmar si hubo dejación de responsabilidades o desidia a la hora de actuar ante las irregularidades denunciadas.

VOX ha solicitado en las Juntas Generales de Álava la comparecencia de la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, para que dé explicaciones acerca de “los lamentables sucesos en el campamento de verano de Bernedo”, para que confirme que se ha producido una negligente dejación de responsabilidades o si ha sido la desidia institucional la que “ha hecho que fuera posible lo impensable en un campamento que debería haber supervisado la Diputación”.

Jonathan Romero, juntero de Vox en la provincia, ha registrado la correspondiente solicitud de comparecencia con la pretensión de que Del Val explique “qué conocimiento tenía de la forma de proceder de la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, si recibía o no subvenciones públicas para realizar sus campamentos, además de los motivos por los que no realizaron inspección alguna una vez conocido lo que sucedía en Bernedo”.

Romero ha señalado, además, que “es urgente y más necesario que nunca conocer los protocolos de seguridad y bienestar infantil que la Diputación Foral de Álava exige que se cumplan en campamentos de las características del de Bernedo, además de las medidas que se van a poner en marcha para evitar que sucesos tan lamentables se vuelvan a suceder”.

Es preciso recordar que en el campamento organizado por la asociación en cuestión, tal y como hemos podido saber a través de los medios de comunicación, los menores eran expuestos a situaciones tales como ser obligados a utilizar duchas mixtas en compañía de monitores desnudos, “prácticas que han generado una enorme alarma social y que ponen en cuestión los mecanismos de control de la Diputación Foral de Álava”.

El juntero alavés de Vox ha recordado que la propia diputada reconoció públicamente, tras negarlo en un primer momento, que la la administración foral alavesa tenía conocimiento de la existencia de estos campamentos, aunque justificó la falta de supervisión con excusas inaceptables en el sentido de que no puede ir por todos los pueblos”.

Son, a su juicio, “declaraciones intolerables que reflejan una actitud reactiva e irresponsable en lo que a la protección de los menores se refiere”, un comportamiento que entiende que compromete la confianza de la ciudadanía en el buen hacer de la institución foral.

Y ha descartado que estemos ante un hecho aislado. Jonathan Romero sostiene que sucesos como los acontecidos en Bernedo “son un ejemplo nítido de cómo la ideólogía de género, respaldada por todos los partidos políticos que han hecho del buenismo su forma de proceder, se ha impuesto también en espacios de ocio infantil, pervirtiendo y confundiendo a los menores con prácticas que atentan contra su seguridad, su dignidad y su desarrollo profesional”.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Cartaya lleva al Pleno de este martes una moción para que se refuercen las medidas de prevención, detección e intervención frente a los incendios forestales en el municipio.

Tal y como explica la concejal de VOX en el Ayuntamiento cartayero, Inmaculada Cabaco, el municipio, por su gran masa forestal de más de 11.000 hectáreas, es “un lugar altamente vulnerable para la propagación de incendios”.

«Se observa en el monte público cartayero, campo común de arriba, paraje de Menajo y monte común de abajo, una dejadez en la limpieza de las copas de pinos, cortafuegos de menos de 12 metros según marca la ley vigente, y otros condicionantes que impulsan la aparición de incendios en los matorrales de toda la superficie», asegura la edil.

Tal y como precisa la moción de VOX, la zona del paraje de Malpica ha sido la zona más devastada por los incendios. Así, en 2023 el fuego provocó la quema 13 hectáreas de matorral, el 15 de julio del 2024 se volvieron a quemar otras 13 hectáreas y el 7 de agosto del mismo año se quemaron otras 4.5 hectáreas de matorral y pasto.

Casi todos los incendios que se han producido en estos últimos años, según señala Cabaco, se han producido en la zona del campo común de abajo, volviéndose a declarar en el 24 de julio de  2024 otro incendio, cuya actuación y coordinación de los responsables en la misma para su extinción, fue primordial para evitar la propagación.

Más recientemente, el 4 de septiembre pasado, se declaró un incendio en la zona del menajo, arrasando casi unas 6 hectáreas y provocó la evacuación de unos 32 vecinos.

Ante esta problemática, VOX pedirá en el Pleno “que se inicien los trámites para actualizar el Plan Municipal de Prevención y Actuación frente a Incendios Forestales”, conforme a la normativa regional y nacional vigente, que aparte de incluir el análisis de los riesgos e inventario de medios, «deberá contener estrategias preventivas, protocolos de activación, información ciudadana, planes de evacuación, protección de vulnerables y animales, simulacros y auditorías».

La redacción de una ordenanza municipal que regule las zonas de transición entre el suelo urbano y terrenos forestales es la segunda medida que solicitará el Grupo Municipal VOX, «incidiendo sobre todo en la limpieza de parcelas, el uso del fuego, la instalación de hidrantes, régimen de inspección, gestión de resto vegetales e infraestructuras para la protección en urbanizaciones, así como la gestión de la vegetación en áreas de riesgo, ya que tan solo existen bandos municipales».

En tercer lugar, VOX exigirá que se redacte un programa municipal de actuaciones preventivas y mantenimiento que contenga un plan anual de tratamientos preventivos en zonas de transición y equipamientos públicos, un inventario y mantenimiento de hidrantes y depósitos de agua; y la obligación de condicionar licencias y recepciones de urbanizaciones a la dotación de medidas antiincendios conforme al Código Técnico.

Promover campañas de información y concienciación, crear un sistema municipal de avisos ligado a alertas AEMET y establecer un programa municipal de aprovechamiento de la madera, restos vegetales procedentes de las tareas de limpieza, y biomasa resultante de actuaciones preventivas, poniéndolos a disposición de los vecinos como leña para uso doméstico, e incluso para los carboneros, son otras de la iniciativas planteadas en esta propuesta.

Además, VOX también aboga por «conceder licencias para el aprovechamiento de los frutos del campo, limitado a personas empadronadas con residencia legal acreditada y al corriente de obligaciones tributarias municipales, quedando en todo caso excluidos los ocupantes ilegales de inmuebles y quienes no acrediten residencia legal en el municipio» y por que se realicen inspecciones periódicas en las zonas de transición urbana a suelos no urbanizados y órdenes de ejecución y medidas cautelares.

La propuesta del Grupo Municipal VOX para que el Ayuntamiento de Huelva ponga en marcha del servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad ha salido adelante con el apoyo del equipo de Gobierno y el voto en contra de la izquierda.

En el Pleno celebrado ayer, el portavoz de VOX en el Consistorio, Wenceslao Font, ha exigido al equipo de Gobierno “que cumpla de una vez por todas” con el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura respecto a esta iniciativa, recordando en este punto que en otros ayuntamientos gobernados por el PP, se está llevando a cabo.

Según ha valorado Font Briones, en los últimos años Huelva viene padeciendo un “incremento alarmante” de la ocupación ilegal de viviendas, lo que “está generando graves problemas de convivencia, seguridad y salud pública en distintos barrios de la ciudad”.

Por ello, como Administración más cercana al ciudadano, ha defendido que “el Ayuntamiento debe dar también respuesta, siempre dentro de sus competencias, a este problema que cada vez afecta a más de sus conciudadanos”, por lo que ha urgido a que el Ayuntamiento de Huelva, aparte de otras medidas que también están a su alcance, “ponga de una vez por todas en marcha ese servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas, con el que ya se comprometió con VOX en el acuerdo de investidura”.

RECHAZO A LA CREACIÓN DE UN REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS ELECTRODEPENDIENTES

La otra iniciativa que VOX ha llevado al Pleno, para que se cree un registro municipal de personas electrodependientes, al objeto de garantizar su seguridad y protección ante cortes eléctricos, ha sido rechazada por el voto de calidad de la alcaldesa después de que el PSOE votara a favor, el Grupo Mixto se abstuviera y el PP votara en contra.

Al respecto, la viceportavoz de la formación de Abascal en el Consistorio, María López, ha lamentado que, “con la excusa de que esta iniciativa no es competencia del Ayuntamiento, el PP se ha negado a tomar medidas para ayudar a las personas que dependen de equipos eléctricos vitales ante posibles apagones, cuando lo que hemos propuesto es algo tan útil y sencillo como que se elabore un registro voluntario de personas electrodependientes, con las debidas garantías de confidencialidad y protección de datos personales, de adhesión estricta y totalmente voluntaria y libre, que permita identificar a las personas residentes en el municipio que dependan de dispositivos eléctricos indispensables para mantener su vida, preservar su salud y facilitar la autonomía personal y familiar”.

El diputado del GP VOX Andalucía por Huelva, Rafael Segovia, se ha referido a la convocatoria de ayudas a Doñana prometidas hace dos años por la Junta y el Gobierno central para los agricultores, unas ayudas anunciadas la semana pasada y que, tal y como ha recordado, “sólo cubren 400 de las 1.200 hectáreas que han propuesto los agricultores de la Corona Norte”.

Ante esta “desfachatez”, el parlamentario andaluz ha explicado que “desde VOX propusimos esta misma semana que la Junta anticipase esas ayudas porque los agricultores ya no pueden esperar más”, si bien la respuesta del Gobierno de Moreno Bonilla a esta petición ha llegado por parte de la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, quien ayer, en respuesta a una pregunta de su propio grupo en el Pleno del Parlamento andaluz, presumió de que la Junta “ya ha cumplido con los agricultores”.

Pero ese ‘cumplimiento’, tal y como ha advertido Rafael Segovia, “se refiere a que la Junta pondrá 20.000 euros sobre los 70.000 que aportará el Gobierno central para esas 400 hectáreas exclusivamente, de forma que la mayoría de las hectáreas se quedan fueran de esas ayudas”.

Ante este incumplimiento, el parlamentario andaluz ha insistido en que “fue la Junta la que instó a los agricultores a que se acogieran a estas ayudas, por lo que ahora debe responder y no dejarlos abandonados”.

EL ACUERDO DE LA PRESA DE ALCOLEA, “OTRA MENTIRA Y OTRA GRAN DECEPCIÓN PARA HUELVA”

Rafael Segovia también se ha referido “desconcierto” mostrado ayer por el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, respecto al supuesto acuerdo del Gobierno andaluz con el Miteco para el desbloqueo de la Presa de Alcolea, sobre el que señaló “que no sabía qué estaba pasando,  que se había quedado desconcertado por las declaraciones de Gabriel Cruz y que no ha habido ninguna rectificación por parte del Gobierno”.

Todo ello, después de que el diputado nacional del PSOE por Huelva desmintiera este acuerdo que, según el Gobierno de Juanma Moreno, se iba a firmar de forma inminente con el Gobierno central para que la Administración andaluza financiara y ejecutara la actuación.

“Todo lo que nos llevan contando desde hace meses sobre que el acuerdo estaba a punto de firmarse es mentira también y es otra gran decepción para Huelva”, ha reprochado Rafael Segovia, quien ha valorado que “si PP y PSOE hubieran querido, la Presa de Alcolea, que  proporcionaría agua suficiente para mantener la actividad agrícola sin tener que coger un solo litro del acuífero, formaría parte del Acuerdo de Doñana”.

AYUDAS AL MILDIU

Respecto al “cambio de opinión” del Gobierno de Moreno Bonilla sobre a las competencias de la Administración andaluza para ofrecer ayudas a los agricultores afectados por la plaga del mildiu, Rafael Segovia lo ha tildado de “magnífico”, ya que “desde hace meses las llevamos reclamando y tanto desde la Diputación Provincial de Huelva como desde el Gobierno andaluz aseguraban que correspondían al Gobierno central”.

Sin embargo, después de que el consejero de Medio Ambiente se desentendiese ayer en el Pleno del Parlamento ante las preguntas del diputado del GP VOX Andalucía por la provincia onubense sobre el incumplimiento del pacto alcanzado en Huelva para conceder las ayudas directas a los viticultores afectados, el presidente de la Junta se desmarcó al anunciar unas ayudas a los agricultores y ganaderos de 22 millones de euros.

“Nos parece magnífico que hayan cambiado de opinión y, en cualquier caso, estaremos muy pendientes para ver cuándo llegan esas ayudas  y cómo llegan”, ha concluido el parlamentario andaluz de VOX.

Apoyo al pastoreo y a la ganadería local como herramienta de prevención y conservación del pinar. Este es el objetivo esencial de la iniciativa que el Grupo Municipal VOX pondrá sobre la mesa en el próximo Pleno del martes del Ayuntamiento de Cartaya, en el que su portavoz, Francisco Díaz, pedirá que los ganaderos locales no tengan que pagar ninguna tasa por cabeza de ganado cuando realicen el pastoreo con el permiso correspondiente en los montes públicos municipales.

Tal y como explica el concejal, la reducción acordada en pleno hace tres años de las tarifas por aprovechamiento de pastos a los ganaderos locales, considerándolos actividad de interés social, “es claramente insuficiente, dado el valor del servicio ambiental que prestan para la prevención de incendios, mejora de suelos, control de especies invasoras y vigilancia del pinar, así como ante el abandono progresivo del monte y el aumento de grandes incendios en los últimos años, que antes eran poco frecuentes gracias a la presencia constante de pastores, ganaderos y carboneros”.

Además, según ha destacado, hay un “desequilibrio” entre lo que se recauda por algunos aprovechamientos, como el piñón, que “genera más de dos millones de kilos anuales”, y el escaso apoyo al pastoreo, que además ayuda a mantener ese recurso.

Díaz Vázquez ha explicado, además, que los ganaderos han recibido este año una carta de pago del Ayuntamiento de Cartaya de los derechos de aprovechamiento de pastos en los Montes Propios relativos al ejercicio 2023, “tomando como referencia el número de animales que constaba en los registros de la Oficina Comarcal Agraria, sin haberles pedido actualización ni haberles informado de las tarifas previas a aplicar”.

“La falta de comunicación y esta forma de gestionar los tributos por parte del Ayuntamiento ha suscitado un gran malestar y un perjuicio a nuestros ganaderos que,  desarrollan una labor fundamental para Cartaya, tanto en la prevención y mantenimiento de nuestros montes propios, como en la continuidad de una actividad tradicional y que es un referente para nuestro municipio: la ganadería”, ha manifestado.

Por todo ello, su grupo pedirá modificar la ordenanza que regula el aprovechamiento de pastos mediante el pastoreo estableciendo que los ganaderos locales no tengan que pagar ninguna tasa por cabeza de ganado cuando realicen el pastoreo con el permiso correspondiente en los montes públicos municipales, “por considerar su actividad un servicio ambiental de interés público y, en todo caso, entendiéndolo como una actividad que se podría compensar con el coste que supondría para el Ayuntamiento la limpieza de esos terrenos”.

Ampliar y consolidar las medidas de apoyo aprobadas en 2022 sobre el uso de pastos, incluyendo la exención total de tarifas para pastoreo en zonas forestales con fines de limpieza vegetal o prevención de incendios, así como brindando apoyo logístico en forma de acceso a puntos de agua, mejora de caminos rurales, señalización y adecuación de zonas de carga y descarga de ganado son otras de las medidas que exigirá el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Cartaya, así como la inclusión en los Planes Municipales de Prevención de Incendios la coordinación anual con ganaderos locales para establecer zonas de pastoreo estratégico (cortafuegos naturales, linderos, zonas de alto riesgo), con calendario y carga ganadera adaptada.

Por último, mediante esta moción, VOX exige que el Ayuntamiento cartayero inste a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Huelva a aprobar líneas de subvención específicas para ganaderos que colaboren en prevención de incendios mediante pastoreo, así como a revisar la legislación vigente para permitir y fomentar este tipo de actuaciones en espacios naturales protegidos, siempre bajo criterios técnicos y sostenibles.

El portavoz de VOX en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha exigido en rueda de prensa al presidente de la institución provincial, David Toscano, que se pronuncie respecto a los acuerdos que el PP adquirió con VOX el pasado mes de julio, relativos a la concesión urgente de ayudas a los viticultores del Condado afectados por la plaga de mildiu.

El diputado provincial de la formación de Santiago Abascal ha recordado que la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, “se benefició de un acuerdo que firmó en calidad de vicepresidente de la Diputación y que, tras conseguir la aprobación del Plan Económico y Financiero de su municipio, se desmarcó del acuerdo adquirido con VOX, dejando completamente vendidos a los viticultores del Condado”.

En relación con la postura del PP, Sánchez Cuéllar ha denunciado “la descoordinación del Grupo Popular que gobierna en la Diputación con mayoría absoluta, dado que los diputados van adquiriendo compromisos por escrito, para después quedar desacreditados por la falta de respaldo del presidente”. En este sentido, ha puntualizado que “cuando en una institución un vicepresidente firma un acuerdo, se entiende que lo hace con autorización y garantía de cumplimiento, pero lamentablemente, tratándose del PP, hemos comprobado que no podemos fiarnos de su palabra ni de lo que firman”.

Por otra parte, el portavoz de VOX ha desmentido públicamente a Moreno, que aseguró en el último pleno de La Palma que desde VOX se le había facilitado el acuerdo cinco minutos antes de que comenzara la sesión plenaria del 7 de julio y que se había modificado sin su conocimiento. “El acuerdo se le hizo llegar incluso por WhatsApp para que pudiera leerlo antes de firmarlo, ni se le presentó cinco minutos antes del pleno ni se ha cambiado una simple coma”. El documento, que recoge de forma clara y expresa los puntos a los que la alcaldesa ya se había comprometido previamente, está firmado el 4 de julio, desmontando así la versión ofrecida por Moreno en el pleno.

En este contexto, tras la negativa del Ministerio de Agricultura a conceder ayudas para hacer frente al mildiu, Sánchez Cuéllar ha presentado una moción de cara al próximo pleno de la Diputación, exigiendo ayudas urgentes para los viticultores tanto a Diputación como a la Junta de Andalucía. “Nuestros viticultores merecen una respuesta clara y definitiva por parte del PP a nivel provincial y autonómico”.

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