Rubén Pulido: «Los CIE eran control, ahora tenemos hoteles VIP para ilegales».
Rubén Pulido, analista en materia migratoria, ha alertado del “cambio radical” que ha sufrido la gestión de la inmigración ilegal en España en los últimos años. En un mensaje contundente, ha comparado el sistema que existía hace dos décadas con el modelo actual, al que califica como “trata institucionalizada”.
Pulido ha recordado que, hasta hace no mucho, la inmigración ilegal era tratada como un asunto de seguridad nacional. “Los inmigrantes ilegales eran internados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), gestionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en un plazo máximo de 60 días eran identificados y deportados”, ha señalado.
Frente a este modelo, Pulido denuncia que hoy se destinen “cientos de millones de euros de todos los españoles” a ONGs y empresas privadas que “acogen” a inmigrantes ilegales en hoteles costeados con dinero público, en muchos casos bajo la gestión de personal “sin formación ni autoridad policial”.
Además, advierte de que, cuando se agotan las plazas, “se les suelta directamente en la calle sin identificación efectiva, sin revisar antecedentes y sin ningún filtro”, lo que a su juicio representa una grave amenaza para la seguridad pública. “Todo para liberar camas, recibir más inmigrantes ilegales y justificar mayores subvenciones y contratos millonarios”, ha denunciado.
Pulido concluye que lo que antes eran políticas de inmigración y seguridad, hoy se han convertido en “un negocio opaco” y “una amenaza directa a la seguridad de todos los españoles”.
Redondo: «Ceuta no puede seguir siendo la puerta abierta hacia Europa».
VOX Ceuta señala que los últimos datos oficiales sobre la llegada de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma —casi 3.000 personas por vía terrestre en lo que va de año según Interior — confirman las advertencias que la formación lleva realizando desde hace meses. “La frontera de Ceuta se ha convertido en un auténtico coladero ante la pasividad del Gobierno central y la negativa del resto de grupos políticos a reforzar los medios de control”, denuncia el partido.
A juicio de VOX, “este notable aumento de entradas irregulares es la consecuencia directa del efecto llamada provocado por las políticas permisivas del Ejecutivo y su falta de contundencia en materia de seguridad fronteriza”. Como ejemplo, el partido recuerda que la iniciativa que VOX llevó a la Asamblea hace tan solo unos días para reforzar el perímetro fronterizo fue rechazada por todos los demás grupos políticos, incluidos PP, PSOE y MdyC.
VOX lamenta que se ha perdido una nueva ocasión de reclamar medidas como la mejora del vallado, el refuerzo de personal, sistemas tecnológicos de vigilancia, drones patrulla y la rehabilitación de los espigones de Benzú y Tarajal. E insiste en que todo con ello con el consenso del bipartidismo, “más preocupado por repartir el problema de la inmigración ilegal por todo el país, que por solucionarlo”.
“Los hechos nos dan la razón”, apunta el portavoz de VOX, Juan Sergio Redondo, para reiterar que “Ceuta no puede seguir siendo la puerta abierta de la inmigración ilegal hacia Europa”. Y el partido señala directamente al Gobierno y al resto de partidos como “los responsables de esta situación por negarse a actuar a tiempo.
La formación insiste en que es urgente reforzar la frontera y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la seguridad de los ceutíes. “El efecto llamada es una realidad que VOX lleva meses denunciando. Hoy los datos confirman lo que otros negaban”, avisa Redondo y añade: “Ceuta necesita seguridad, control y respeto a la ley, no políticas buenistas que solo agravan el problema”.
Nicasio Galván: «Conocer el coste es un derecho, no una provocación».
El grupo parlamentario VOX en Canarias ha presentado ante la Cámara una Proposición No de Ley que no ha salido adelante (por la negativa de toda la Cámara y la abstención del Partido Popular) para que los españoles puedan conocer con precisión el coste económico de la inmigración ilegal en nuestro país. La iniciativa busca promover la transparencia y la rendición de cuentas respecto a uno de los problemas más graves que enfrenta España, especialmente en Canarias, principal puerta de entrada a Europa.
La inmigración ilegal en 2024 ha alcanzado cifras récord, con 63.970 llegadas a costas españolas, un 12,5 % más que en el año anterior. Canarias, en particular, ha sido la ruta más utilizada, concentrando el 76 % de todas las entradas por mar, con 46.843 inmigrantes ilegales. Desde 2018, con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, se han registrado más de 330.000 entradas irregulares, y actualmente se estima que cerca de 900.000 inmigrantes ilegales residen en España.
El impacto económico de esta situación es alarmante. Solo en 2023, el Estado destinó aproximadamente 1.800 millones de euros para afrontar los costes asociados a la inmigración ilegal, incluyendo atención sanitaria, jurídica, social, programas de asilo y apoyo a ONG, sumando desde 2018 un gasto acumulado que supera los 12.600 millones de euros. Además, la atención a Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) supone un coste de más de 650 millones de euros anuales, con casi 13.000 tutelados en toda España y un incremento del 15,2 % en Canarias en 2024.
El portavoz del grupo parlamentario ha defendido esta PNL, Nicasio Galván. El diputado ha expuesto el daño para la economía nacional que ha provocado la gestión de este fenómeno, así como las regularizaciones masivas. Además, ha contrapuesto la situación de la extrema pobreza en Canarias como contrapunto, “solo en la isla de Tenerife por el informe de Cáritas hablamos de 2.838 personas durmiendo en la calle”.
De forma cohesionada, el resto de grupos han rechazado esta propuesta bajo argumentos comunes y con la respuesta de que Canarias “es solidaria”. Galván ha recordado que este consenso político no se corresponde con las encuestas sociales en las que se evidencia que los españoles están preocupados por la inmigración ilegal y que “conocer el coste económico de esta gestión es un derecho que hoy por hoy no se cumple”.
Pablo Sáez: «El Gobierno no supo gestionar ni el dinero ni la emergencia sanitaria».
El diputado de VOX, Pablo Sáez, ha intervenido este martes en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas durante el debate de dos informes relativos a la gestión de los fondos COVID y los efectos de la pandemia sobre los ingresos municipales.
Sáez ha recordado que la pandemia “produjo más de 121 mil fallecidos y afectó a casi 14 millones de personas en nuestro país”, y ha subrayado que fue un periodo “en el que el Gobierno declaró dos estados de alarma y un cierre del Congreso que fueron declarados inconstitucionales”.
Durante su intervención, el diputado ha explicado que fue “un momento en el que no hubo una respuesta nacional unificada ni coordinada”, en el que “pudimos comprobar la falta de autonomía industrial de España y la escasez de equipos protectores”, y en el que “observamos retrasos en la compra de materiales y equipos de protección, materiales en muchos casos defectuosos”.
Asimismo, ha denunciado “compras en muchos casos pagadas con sobreprecio y con jugosas comisiones de las que, presuntamente, se beneficiaron dirigentes socialistas”, y ha recordado que “el Gobierno no activó medidas preventivas a pesar de tener alertas claras, un gobierno capaz de anteponer cuestiones políticas e ideológicas a la protección de los españoles”.
“Hablamos de una crisis en la que nadie ha asumido ninguna responsabilidad política ante una actuación negligente”, ha advertido Sáez.
Fondos sin ejecutar y falta de indicadores
Sobre el Informe de Fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III, Sáez ha destacado que el Tribunal de Cuentas “señala que casi un 17% del Fondo COVID-19 no llegó a ejecutarse”. “No podemos entender que, en plena pandemia, cuando cada euro era vital para la investigación, la innovación y el refuerzo de la sanidad, una parte importante del dinero se quedará sin utilizar”, ha concretado.
Sáez ha añadido que “no resulta posible el análisis de la eficacia de las subvenciones en cuanto a su contribución a alcanzar los objetivos previstos debido a la ausencia de un sistema de indicadores que permita medir la consecución de los objetivos”, y que “no se definieron indicadores para la medición de la eficiencia del Fondo COVID-19, ni tampoco constan informes ni estudios a este respecto”.
Impacto económico y gestión municipal
En relación con el Informe sobre los efectos de la COVID-19 sobre los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, Sáez ha explicado que “la mayoría de los ayuntamientos no remitieron la información preceptiva a comunicar al Ministerio de Hacienda y Función Pública o bien la información comunicada era incompleta”.
El diputado ha concretado además que “el PIB registró un descenso del 11,3 por 100 en 2020, la mayor caída dentro de la UE”, y que “hay comercios que, cinco años después, no han conseguido recuperar el nivel de ventas previo al COVID”.
Por último, ha destacado que “en el año 2020, el cierre de empresas superó el de altas de nuevas empresas por primera vez desde 2014, según el INE”.
Isabel Pérez Moñino: «Cuando los políticos son tolerantes con los criminales, castigan a los vecinos».
La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado este lunes el “alarmante aumento de la inseguridad” en el municipio de Rivas Vaciamadrid, consecuencia —ha señalado— “de las políticas de fronteras abiertas y de la falta de firmeza del bipartidismo ante la inmigración ilegal y la delincuencia”.
Pérez Moñino ha recordado que “la semana pasada la Guardia Civil detuvo a cinco magrebíes, autores de distintos atracos, agresiones y delitos cometidos contra vecinos de Rivas”, y ha advertido de que este suceso “es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en la localidad”.
“Nuestra portavoz en el Ayuntamiento, Eliana Palacios, lleva meses denunciando esta situación y presentando propuestas para reforzar la seguridad, pero solo ha recibido el desprecio y la estigmatización del resto de grupos políticos”, lamentó.
⚠️ “Rivas vive una situación límite”
Durante su intervención, la diputada de VOX ha asegurado que la inseguridad ha crecido exponencialmente y ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central por “haber repartido menores extranjeros no acompañados (MENAs) en el municipio y permitir que bandas de delincuentes campen a sus anchas gracias a leyes laxas y políticos cobardes”.
“Cuando los políticos son tolerantes con los criminales, están castigando a los vecinos. Rivas no necesita discursos vacíos: necesita seguridad, orden y firmeza”, afirmó.
Pérez Moñino ha insistido en que VOX no tolerará la convivencia con bandas violentas ni delincuencia importada, subrayando que “los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y seguros”.
🇪🇸 “Billete de vuelta para los delincuentes”
En respuesta a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, que anunció su intención de expulsar a los delincuentes del municipio, Pérez Moñino fue tajante:
“Nosotros no queremos pasar el problema de un sitio a otro. Queremos expulsarlos a sus países de origen. Es necesario sentido común, contundencia y billete de vuelta para todos los ilegales, para los delincuentes y para quienes vienen a imponer su cultura o vivir del esfuerzo de los españoles.”
💬 “VOX no se va a quedar de brazos cruzados”
La portavoz adjunta ha concluido su comparecencia reiterando el compromiso de VOX con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos:
“El resto de partidos dicen que no se puede hacer nada. Nosotros sí podemos, y no nos va a temblar el pulso para cambiar las cosas y garantizar la paz de todos los vecinos de España.”
Juan José Aizcorbe: «Los españoles merecen saber cuánto cuesta realmente la inmigración ilegal».
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes la solicitud presentada por VOX para que dicho órgano elabore un Informe de fiscalización sobre los gastos realizados por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en materia de inmigración ilegal.
La iniciativa ha sido defendida por el diputado de VOX por Barcelona, Juan José Aizcorbe, quien ha recordado durante su intervención que “en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en 2019, Santiago Abascal puso sobre la mesa un problema que entonces muchos negaban y que ya nadie discute como es la inmigración ilegal”.
Aizcorbe ha señalado que “cada año, el Estado, las autonomías y los ayuntamientos destinan cientos de millones a sostener la inmigración ilegal, pero no existe un dato global”, denunciando que “nadie se atreve a dar las cifras” y subrayando que este gasto público se reparte entre “sanidad, educación, vivienda social, ayudas, subvenciones a ONGs y programas de integración que nadie evalúa”.
Durante su intervención, el diputado de VOX también ha explicado que “la inmigración ilegal adopta muchas formas: la entrada clandestina, la estancia irregular, el fraude y el delito”. “Todas dañan a los españoles que pagan y cumplen la ley, y también a los inmigrantes legales que exigen una inmigración ordenada y justa”, ha hecho hincapié.
Aizcorbe ha insistido en que los más perjudicados por esta situación son “los más humildes: urgencias colapsadas, aulas saturadas, vivienda tensionada y barrios desfigurados”. Asimismo, ha criticado el discurso político dominante en esta materia, señalando que “se repite el mismo dogma: ‘la inmigración nos paga las pensiones’. Una falsa consigna para quienes prefieren no mirar las cifras y huir de la verdad”, ha criticado.
El diputado ha concluido su intervención destacandola necesidad de transparencia y rendición de cuentas: “Ha llegado el momento de exigir cuentas sobre la inmigración ilegal que se jalea con regularizaciones masivas. Ya no bastan los silencios ni las medias verdades. La verdad, si no es toda, se convierte en mentira. Y los españoles merecen la verdad del coste de la inmigración ilegal”.
Isabel Pérez Moñino: «La realidad de Bilbao en cifras: hurtos +75%, robos violentos +86%, agresiones sexuales +200%».
La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado la grave situación de inseguridad que, según ha señalado, padecen los vecinos del País Vasco, especialmente en barrios como San Francisco (Bilbao).
“Los vascos ya denuncian uno de los problemas que es la inseguridad, la inseguridad en este barrio de San Francisco, que hemos visto de primera mano, como en tantos otros barrios y en tantos municipios de España. Y no es para menos. Los datos de inseguridad en el País Vasco son alarmantes”, afirmó Pérez Moñino.
La portavoz recordó que en los últimos cuatro años los hurtos han aumentado un 75%, los robos con violencia un 86% y las agresiones sexuales con penetración un 200,6%, unas cifras que achacó directamente a las “políticas de la casta bipartidista” y al Partido Nacionalista Vasco, al que acusó de mirar hacia otro lado mientras los vecinos sufren un clima de creciente delincuencia.
Frente a lo que calificó como “mensajes buenistas” y “políticas de fronteras abiertas, reparto de ilegales y paguitas”, Isabel Pérez Moñino subrayó que VOX tiene una alternativa clara:
- Expulsión inmediata de quienes hayan entrado de forma ilegal en España.
- Deportación de inmigrantes legales que cometan delitos graves o reincidan en delitos leves.
- Expulsión de quienes “han venido a vivir del esfuerzo de los españoles o a imponer su cultura”.
“Nosotros vamos a expulsar y vamos a deportar a todos. No nos va a temblar el pulso, no vamos a abandonar ningún barrio, por mucho que estos totalitarios nos griten o intenten echarnos. No vamos a retroceder ni un solo milímetro”, declaró con firmeza.
En este sentido, Pérez Moñino exigió a los responsables políticos que dejen de mirar hacia otro lado y que actúen frente a “los machetazos, las violaciones y el aumento de delitos violentos que están sufriendo los vascos y los bilbaínos”.
“Lo que tienen que hacer es alzar la voz por los vecinos, por las familias trabajadoras que viven cada día con miedo, y no seguir protegiendo a quienes traen la inseguridad a nuestras calles”, concluyó.
Joan Garriga: «Tu hijo recibe el 0,12 % de lo que recibe un MENA».
El portavoz de VOX en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha denunciado el creciente coste que supone el inicio del curso escolar para las familias catalanas, y ha contrastado esta carga con el elevado gasto público destinado a los menores extranjeros no acompañados (MENA).
“Hace cinco años el coste medio por alumno era de 367 euros. Hoy es de 462 euros. Mientras tanto, la Generalitat solo ayuda con un vale de 60 euros. Es insuficiente y ridículo”, ha señalado Garriga en una declaración pública.
El diputado ha resaltado que el gasto educativo medio por alumno en Cataluña es de unos 5.000 euros al año, mientras que el mantenimiento de un solo MENA supone para las arcas públicas 50.000 euros anuales, es decir, diez veces más.
“Con lo que cuesta un solo MENA al año, podríamos ayudar a 109 familias a afrontar los gastos de inicio de curso. Eso es lo que propone VOX: sentido común, prioridad nacional y justicia social de verdad”, ha afirmado.
VOX defiende que los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a los españoles, y propone poner fin al gasto descontrolado en inmigración ilegal, destinando ese dinero a aliviar la presión económica sobre las familias catalanas, especialmente en momentos clave como el inicio del curso escolar.
“Nuestra propuesta es clara: con los MENA, billete de vuelta. Con nuestros niños, apoyo real”, ha concluido Garriga.