Con H de H-insolente.
Por Keka Alcaide.
Hay algo profundamente paradójico y muy revelador en la última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez como ha sido crear una herramienta para medir el odio en redes y en la conversación pública bajo la etiqueta #Hodio.
La idea, presentada con solemnidad institucional, pretende identificar discursos de odio, cartografiarlos y combatirlos. Sobre el papel suena impecable pues nadie en su sano juicio defendería el odio como valor público. El problema empieza cuando quienes se erigen en árbitros del odio han convertido durante años la polarización en una (su) estrategia política.
Porque conviene recordar que el clima de enfrentamiento que hoy dicen querer medir no surgió de manera espontánea, sino que más bien ha sido cultivado con paciencia desde el propio poder.
En los últimos años el debate público ha estado plagado de etiquetas que no buscan describir al adversario político, sino descalificarlo moralmente. Desde tribunas gubernamentales y desde portavoces del Ejecutivo se ha hablado repetidamente de la “derecha y la ultraderecha” como un bloque homogéneo asociado a amenazas democráticas.
La ministra María Jesús Montero llegó a referirse a determinados medios críticos como “la fachosfera mediática”, una expresión que convertía a periodistas y lectores en una categoría política despectiva.
El propio presidente del Gobierno denunció en 2024 la existencia de una “máquina del fango” mediática que, según él, opera para desestabilizar a su Ejecutivo. La frase se hizo viral y pasó a formar parte del arsenal político cotidiano.
Adjetivos no usados como síntoma de discrepancia política, pero sí como clasificación moral, convirtiendo el debate público en una trinchera alejada de lo que debiera ser una discusión constructiva.
Llegados a este punto, lo paradójico y hasta sarcástico es que ahora, quienes han alimentado ese clima anuncian que van a medir el odio.
Pero pese a los intentos del mandatario por erigirse cabeza de todo menos de turco, este fenómeno no es nuevo. Es difícil no ver aquí una escena casi aristotélica. Aristóteles describía la akrasia, término proveniente del griego en lo referente a la falta de voluntad, como el saber que algo está mal, pero seguir haciéndolo. En la política contemporánea sanchista existe una versión aún más sofisticada que pasa por denunciar públicamente aquello mismo que se practica.
Los filósofos estoicos advertían de esa incoherencia entre discurso y conducta. Epictetus insistía en que la virtud no consiste en hablar de lo correcto, sino en vivir conforme a ello. Y por ende, condenar algo mientras se ejerce lo convertía en estrategia retórica más que en moralidad.
Eso es lo que vuelve tan llamativa la iniciativa del Gobierno. Porque el problema del odio en la política española no se resuelve con indicadores, mapas semánticos o algoritmos que rastreen palabras prohibidas. El problema nace cuando el propio poder adopta la lógica de la confrontación permanente.
Un medido complejo de medir
Medir el “odio” se presenta como un objetivo aparentemente incuestionable. Si el odio deteriora la convivencia democrática, identificarlo y reducirlo parece una tarea legítima del poder público. Sin embargo, el simple hecho de intentar cuantificar el odio plantea un problema conceptual y político de gran calado.
En primer lugar, el odio no es una magnitud física ni un fenómeno fácilmente objetivable. Es una categoría moral y emocional, dependiente del contexto, de la intención del hablante y de la interpretación del oyente. Convertirlo en una variable medible exige definir previamente qué se considera odio y qué no, y esa definición inevitablemente tiene un componente político.
El primer riesgo aparece cuando el poder define qué discursos constituyen “odio”, convirtiéndose también en árbitro de los límites del debate público.
La filosofía política lleva siglos advirtiendo sobre esta tensión. Ya en la tradición clásica se insistía en que la virtud no se mide por declaraciones públicas sino por la coherencia entre discurso y acción. Cuando el poder establece mecanismos para vigilar determinadas expresiones, el problema no es solo qué se pretende medir, sino quién controla el instrumento de medición y con qué intención, pues según el proceso la medición puede transformarse fácilmente en un mecanismo de regulación del lenguaje político.
Por eso el debate no debería centrarse únicamente en si el odio existe —algo evidente— sino en hasta qué punto su medición institucional puede afectar a la libertad de crítica, al pluralismo político y a la confrontación legítima de ideas, que son elementos esenciales en una democracia.
En definitiva, medir el odio no es una operación técnica neutral. Es una decisión política sobre los límites del discurso público, y precisamente por eso exige un escrutinio especialmente riguroso.
“La política del ejecutivo tiene la curiosa tendencia de convertir en políticas públicas los problemas que previamente ha contribuido a crear. Se genera el incendio y luego se anuncia el observatorio del fuego”
Así que el verdadero experimento, más que medir el odio en la conversación pública, sería medir el origen político de ese odio. Tal vez entonces descubriríamos que muchos de los discursos que ahora se pretenden vigilar nacieron precisamente en el lugar desde el que hoy se promete combatirlos.
El des-velo de la mujer.
Por Keka Alcaide
El PSOE lleva años construyendo el relato de ser el partido más feminista de la historia. Lo repite en campañas, lo reivindica en el Congreso y lo proyecta en cada reforma legal que impulsa en materia de igualdad. Pero cuando se analizan determinadas votaciones parlamentarias, el relato empieza a tensarse. Porque una cosa es el discurso y otra, el sentido del voto.
La negativa del Partido Socialista Obrero Español a apoyar la iniciativa de VOX para prohibir el burka en espacios públicos no puede despacharse únicamente con el argumento de la libertad religiosa. No debe, bajo ningún concepto, tergiversarse el marco oficial según el cual no existe un problema estructural en España, la Constitución protege la libertad de culto y prohibir una prenda puede terminar siendo otra forma de imponer sobre el cuerpo de la mujer. Un argumento que, pudiendo pasar por legítimo, carece de profundidad.
Porque mientras en España el debate se clausura con la palabra “islamofobia” o “ultraderecha”, en buena parte de Europa la cuestión se abordó hace más de una década desde parámetros institucionales mucho más amplios. Francia prohibió en 2011 el uso del velo integral en espacios públicos, una decisión que fue avalada posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Bulgaria y Suiza han adoptado restricciones totales o parciales. Lo destacable es que todos esos gobiernos, sin actuar bajo la misma ideología política ni tener que ser conservadores o ultraderechistas, compartieron como premisa común que el espacio público exige identificabilidad y neutralidad, y el debate sobre la dignidad y la autonomía de la mujer merece ser afrontado sin partidismos.
Con ello no se dotaba de razón a la prohibición como solución indiscutible, pero sí se ponía de manifiesto que, en democracias consolidadas, podía tramitarse esa restricción sin que se tambalease el Estado de derecho.
Por esa misma pauta, cabe preguntarse si, más allá de la discrepancia (im)propia pero intrínseca en las bancadas socialistas, el rechazo responde exclusivamente a una convicción jurídica o también a una lógica de bloques en la que apoyar algo propuesto por VOX resulta políticamente inasumible, sea lo que fuere, aunque el contenido pueda coincidir parcialmente con postulados feministas clásicos sobre la lucha contra símbolos de subordinación, tan vitoreados por Sánchez y sus socias.
Si el feminismo es un principio estructural y no una herramienta identitaria, cada iniciativa debería analizarse por su impacto real en la vida de las mujeres, no por la etiqueta ideológica de quien la presenta. Cuando el voto parece previsible no por el contenido, sino por la firma que encabeza el texto, la causa queda maniatada a la estrategia. Quizá por ello, paradójicamente y de manera recurrente, el partido que se erige como abanderado del feminismo no consigue articular mayorías estables en torno a causas en las que la mujer, sus derechos, sus libertades y su protección ocupan el centro.
El debate acerca del velo debería trascender la ideología política y diseñar planteamientos desde perspectivas transversales como la seguridad, la integración y la igualdad, otra de las palancas degradadas por este Gobierno. Pero en España, en cambio, el debate se convierte en trinchera antes de empezar, y el sanchismo acaba corriendo el riesgo de que su feminismo sea percibido como un patrimonio partidista que se activa o se desactiva según quién ocupe la bancada de enfrente. La mujer, según “sus señorías” de izquierdas, es lo de menos, lo que provoca una lógica erosión en la credibilidad de todo su discurso.
En este escenario, la incongruencia resulta inevitable. El Partido Socialista Obrero Español sitúa la libertad religiosa como defensa del velo. Ellos, que han impulsado y apoyado leyes bajo una manipulada memoria democrática, contemplando la retirada de cruces mientras sostenían que no se trataba de atacar un símbolo religioso, sino de eliminar elementos de exaltación política franquista.
Además, argumentan la no injerencia del Estado en la vestimenta como eje central. Ellos, cuya creciente intervención en distintas esferas de la vida pública y privada ha sobrepasado cualquier línea, configurando un escenario de expansión y manipulación del poder público sobre las libertades individuales.
Ellos, que defienden que la emancipación femenina pasa por ampliar derechos y evitar prohibiciones que puedan derivar en estigmatización, pero que, puestos a pasar, pasan del “yo sí te creo” a “calladita estás más guapa” a la misma velocidad que devuelven violadores a las calles y los “machos alfa” de sus filas recuerdan entre rejas que cualquier tiempo pasado junto a “Jéssicas” fue mejor. Ellos, que siguen sumando denuncias internas por acoso y casos por agresión o abuso sexual, pese a los desvelos de Fernando Grande-Marlaska por blanquear el último bochorno, esta vez cortesía del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, número dos del cuerpo y su hombre de máxima confianza. ¿Ellos, los feministas?
Enfrente, y nunca mejor dicho, VOX, que enmarca el debate en términos de seguridad, integración y, sobre todo, de combate contra símbolos que considera intrínsecamente opresivos para la mujer, como el velo, defendiendo que, bajo la apariencia de elección individual, encubren estructuras de coacción y desigualdad que el Estado debe confrontar. Política real ante una situación real que, lamentablemente, empieza a abundar en nuestras calles. Ellos, ¿los machistas?
Pero más allá de toda evidente y amplia diferencia, el debate no gira en torno a si, siguiendo el criterio del sentido común y la experiencia europea, el modelo más eficaz deja de ser aquel que prioriza la autonomía individual cuando existen evidencias que cuestionan esa premisa en pro de la intervención normativa para eliminar símbolos vinculados al sometimiento. La cuestión de fondo pasa por analizar qué se vota y, sobre todo, por qué. Cuando un partido (PSOE) decide tumbar una iniciativa porque la firma el adversario (VOX), la política deja de ser un espacio de deliberación y debate honesto y se convierte en un campo de batalla donde el coste de no ceder un centímetro al rival acaba pagándolo la sociedad. En este caso, la mujer.
El sentido común ha dicho NO al velo. Europa ha dicho NO al velo. VOX ha dicho NO al velo. El PSOE ha dicho no a VOX.
Llega tarde Sr. Feijóo.
Por Keka Alcaide:
Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera regularizar a más de 500.000 inmigrantes es sin duda noticia porque a la vez es un punto de inflexión político y social en España. Según datos del propio Ministerio de Inclusión, la cifra equivale a incorporar de golpe a una población similar a la de una ciudad como Málaga o Murcia al sistema administrativo, laboral y de servicios públicos. Lo verdaderamente llamativo y noticiable, es que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo pretenda ahora encabezar la oposición a la inmigración ilegal como si su historial no estuviera plagado de equilibrios imposibles, guiños a Bruselas y discursos que cambian según el auditorio.
En el escenario de la inmigración, la palabra clave es coherencia. Y ahí es donde el PP tropieza una y otra vez. Durante años, mientras la “solidaridad de puertas abiertas” marcaba el relato oficial, los llamados “moderados” se acomodaban en una ambigüedad rentable. Pero cuando las consecuencias han empezado a ocupar portadas y tertulias, Génova ha dado un giro de ciento ochenta grados. De pronto, el PP quiere aparecer como el gran muro de contención frente al llamado “efecto llamada”.
Los datos europeos, sin embargo, no avalan esa supuesta firmeza. Según Frontex, España es una de las principales puertas de entrada por la ruta atlántica y mediterránea occidental. En este contexto, la política migratoria pasa de ser un asunto retórico para convertirse en una cuestión de presión real sobre fronteras, servicios sociales y seguridad.
Frente a ese escenario, el PP juega a dos barajas. En septiembre de 2025, votó junto a VOX en el Congreso a favor de una proposición de ley para restringir la regularización por arraigo. Pero ese gesto se diluye cuando se mira a abril de 2024, fecha en la que sus eurodiputados respaldaron el Pacto de Migración y Asilo de la UE, un acuerdo que apuesta por la gestión común, las vías legales y los mecanismos de solidaridad entre Estados miembros, lejos del cierre de fronteras o la oposición frontal que VOX mantiene.
La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, lo expresó sin rodeos el pasado 27 de enero de 2026 al advertir que la regularización de más de medio millón de inmigrantes supondrá “una invasión demográfica, una pérdida de identidad y un colapso del sistema”. Y remató con una frase que resume la tesis de su partido: “La ilegalidad se premia…”
Ahí está la grieta que el PP no consigue tapar: ¿cómo se puede criticar en España lo que se respalda en Europa? ¿Cómo se puede reclamar mano dura mientras se avala un modelo que prioriza la redistribución y la cooperación por encima del freno efectivo a la inmigración irregular?
VOX, por el contrario, ha convertido la constancia en su seña de identidad. Ha votado en contra de las regularizaciones en el Congreso, ha impulsado el endurecimiento de la Ley de Extranjería y ha rechazado en el Parlamento Europeo los grandes acuerdos migratorios que, según su narrativa, alimentan el “efecto llamada”. “Sin fronteras no hay Estado, y sin ley no hay convivencia” se ha convertido en un mantra para sus dirigentes.
A la luz de los hechos, resulta difícil no hablar de cinismo político cuando el PP intenta erigirse como el abanderado del “no” a la inmigración ilegal. Entre declaraciones nacionales y votos europeos, su postura se desdibuja en una coreografía calculada para no molestar ni a Bruselas ni a su electorado más crítico.
En este tablero, el liderazgo de la oposición a las regularizaciones masivas no se mide por titulares ni por golpes de pecho, sino por coherencia sostenida en cifras, votaciones y decisiones. Y hoy, con los datos sobre la mesa, ese “no” firme, constante y sin complejos tiene un solo nombre. VOX. El resto, por más que levante la voz, sigue sonando a eco oportunista.
Coartadas del poder.
Por Keka Alcaide
La polarización ya no es un efecto colateral de la política. Es su coartada, una simulacro de salvavidas convertida en la más eficaz de las armas cuando el poder empieza a tambalearse. Y en España, hoy, se gobierna desde el enfrentamiento constante, ése “conmigo o contra mí”, fruto de la división más calculada. Y así el debate se convierte en trinchera y la rendición de cuentas desaparece.
La política democrática se basa en el disenso a veces a partir del contraste de ideas. Pero cuando el poder se siente acorralado, esa lógica salta por los aires. Entonces aparece el relato del bueno frente al malo y todo queda reducido a una batalla moral donde pensar distinto equivale a lo que “el poder” llama “traicionar”.
Pedro Sánchez ha hecho de esa dinámica una forma de gobierno. No la inventó, pero la ha llevado a su máxima expresión. Cada crisis, cada polémica, cada decisión cuestionable ha sido envuelta en el mismo marco narrativo donde quien critica pasa a atacar, las discrepancias pasan a estorbar y quien se queja o pide explicaciones, automáticamente, es fichado y registrado como conspirador.
Recordemos, sin ir más lejos, la ley de amnistía, vendida como reconciliación mientras se negociaba a puerta cerrada la supervivencia política de Sánchez y sus secuaces. Ahí están los pactos con el independentismo, presentados como avances democráticos mientras se desoía a una parte mayoritaria de la sociedad clamando por la memoria (ésa si) terrorista. Ahí está la gestión de la pandemia, donde el debate se sustituyó por consignas y el error por propaganda. Y ahí está la ley del “solo sí es sí”, convertida en símbolo de una soez soberbia política que han dejado en el camino miles de condenas rebajadas junto con el desamparo de unas pulseras pseudo protectoras y oigan… ni una autocrítica.
El nuevo Pedro “Presley” ha diseñado un zafio patrón. Lamentablemente, en este caso el new influencer no goza de la elegancia de la “Reina de corazones”. Qué falla algo.. no se rectifica pero sí se señala. Cuando hay dudas, no se explica pero sí se acusa. Cuando los españoles reaccionan y se quejan ante un atraco verbal, físico, económico, ético o moral…se agita el espantajo del “fascismo” o del “odio” y listo. Y así, el Gobierno se blinda emocionalmente mientras el país se desgasta.
A Sánchez la polarización le sale rentable, capaz de convertir cualquier crítica en un ataque ideológico contra él, su persona, su familia, su partido… Ahora bien, el coste que tiene tal hazaña es altísimo, pues el desgaste de instituciones, la justicia cuestionada, prensa señalada y una ciudadanía cada vez más harta y más dividida, es el precio con el que se desangra nuestro país.
España no necesita más trincheras ni más relatos épicos. Necesita transparencia, autocrítica y líderes capaces de gobernar sin convertir al discrepante en sospechoso. La democracia no se defiende a gritos ni a golpe de consignas. Se defiende con hechos, con respeto y con la valentía de asumir errores.
La polarización puede proteger a este elenco de corruptos durante un tiempo. Pero acabará dejando atrás un país más roto, más cansado y más lejos de sí mismo.
Y éso, por mucho que se maquille, (que se maquilla) no es gobernar. Es resistir.
El grito silencioso de La Plata.
Por Keka Alcaide
La política tiene la peligrosa costumbre de reacciona cuando el problema ya es portada o cuando el miedo empieza a votar. Y en Sevilla hay un barrio que lleva demasiado tiempo gritando sin micrófono mientras los responsables miran para otro lado. La barriada de La Plata no está pidiendo milagro, sino algo tan básico como dejar de ser invisibles para el gobierno de la ciudad mientras se permite lo que ningún alcalde debería tolerar. Que es obviar a quienes llevan años intentando que se les reconozca como ciudadanos de pleno derecho.
Hoy, La Plata es un termómetro de lo que ocurre cuando la administración abandona un territorio, abocándolo a la delincuencia organizada, redes criminales, mafias, tensión vecinal y una sensación de inseguridad que se cuela hasta en las conversaciones más cotidianas. Lamentablemente, esto no es nuevo pero sí es un fracaso administrativo reiterado que pide solución urgente.
La policía ha desarrollado en los últimos años diversas operaciones contra narcotráfico, falsificación documental y redes de explotación, afectando a la zona y su entorno. No son fenómenos exclusivos del barrio, pero allí se sienten con especial dureza porque no hay políticas estructurales que amortigüen su impacto. Mientras tanto, las mafias siguen aprovechando cualquier resquicio. La reciente investigación provincial sobre empadronamientos irregulares a inmigrantes ilegales es un buen ejemplo de ello. Hechos que están documentados, son públicos y deberían haber provocado ya reuniones urgentes y planes integrales de intervención. Pero, en cambio, ni están ni se le esperan.
Aquí nadie es ingenuo. En La Plata conviven personas de muchos orígenes, etnias y situación irregulares. Pero además viven familias de toda la vida en su mayoría trabajadoras. En definitiva, gente que quiere vivir en paz. Y más allá del problema de ciertas comunidades, el problema es el “sin control”, la falta de integración real y la tolerancia política con situaciones que nunca se permitirían en otros barrios. Cabe preguntarse si aceptarían este nivel de deterioro si La Plata estuviera en otra zona de la ciudad… La respuesta es evidente. Y de ahí que el problema traspasa la seguridad, para convertirse en un problema de igualdad ante la gestión pública.
Cuando no hay políticas de vivienda, ni empleo, ni control administrativo, ni presencia continuada de las fuerzas de seguridad, el resultado es el que es. Y luego llegan las prisas, los lamentos y las promesas “pre-campaña”. Pero no sirve esconder los datos, minimizar los conflictos o pedir paciencia infinita a quien ya no duerme tranquilo. Gobernar es intervenir, planificar, coordinar y dar la cara. Ejecutar. Y, por supuesto, cumplir. Lo demás es demagogia a la que parece que nos hemos acostumbrado.
Entre el buenismo irresponsable y el populismo de barra de bar, La Plata se ha quedado sola. Sola frente a la delincuencia, sola frente a las mafias, sola frente a una convivencia cada vez más tensa y sola frente a una administración que aparece exclusivamente cuando hay un incidente grave y desaparece al día siguiente. Necesita policía, sí, pero también servicios sociales y oportunidades reales para quienes quieren salir adelante. Y necesitan, sobre todo, que quienes gobiernan dejen de pasarse la pelota, que bajen los despachos a la calle y que empiecen a asumir responsabilidades de una vez.
Cuando un barrio se siente abandonado, cuando se vive entre el miedo, la desigualdad y la sensación de abandono, la democracia empieza a resquebrajarse por los márgenes. Y entonces ya no estamos hablando solo de La Plata. Estamos hablando de una ciudad que decide a quién protege y a quién deja a su suerte.
Víctimas, verdugos y titulares
Por Keka Alcaide
A lo largo de los años de nuestra democracia, no han sido pocos los partidos políticos que se han visto abocados a negociar con cualquier contrincante , a merced de conseguir sus objetivos, de una manera legítima. Huelga decir que a ello no hacen referencia los chantajes de terceros, aquellos que a bien de concatenar “pseudo logros” mancillan nuestro estado de derecho.
La mayoría de los grupos que ocupan nuestra escena parlamentaria, se han visto en una u otra ocasión, en el ojo de huracán. Esa situación en la que amarrarse la cuerda a la muñeca para, una vez detectadas las debilidades más que las fortalezas, abducir al adversario, provocándole la obligada cesión de los escasos centímetros que otorgan una victoria.
Hasta aquí todo normal. Lo curioso, más que estridente, es que en España, cada vez que los partidos políticos se sientan a negociar, la opinión pública no asiste a un proceso de diálogo, sino a una representación teatral en la que los medios eligen quién será la víctima y quién el verdugo. Lo que debería ser un ejercicio normal de la democracia —el pacto, el acuerdo, el consenso— se convierte en un relato de vencedores y vencidos.
Desde los años de la Transición hasta las negociaciones más recientes de investidura, los medios han actuado como amplificadores de un relato emocional: quien cede, pierde; quien impone, gana. No siempre fue así. En 1977, durante los Pactos de la Moncloa, el país entendió que la palabra “negociar” podía ser sinónimo de madurez. Los periódicos de la época, como El País, Diario 16 o ABC, retrataron aquellas conversaciones entre el Gobierno de Adolfo Suárez, los sindicatos y la oposición como un ejercicio colectivo de responsabilidad. Las concesiones no se leían como claudicaciones, sino como gestos necesarios para consolidar la democracia. Suárez, pese a las críticas de algunos sectores, fue visto como un mediador capaz de sostener el equilibrio entre el pragmatismo y la esperanza.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la narrativa cambió. Ahora la polarización marca el ritmo. Pero a más a más del ingrediente polarizador, habría que poner el foco en la manipulación con la que demasiados medios de comunicación nos sirven la actualidad. La mutación de “lo responsable en pro de una estabilidad”, como ejemplar conducta de gobernación, a “escrache noticiable” dibuja un panorama dictatorial, cuyo fin editorial pasa más por “enjuiciar y envenenar” que por erigirse en altavoz y contribuir a la serenidad del proceso. La víctima o del verdugo dependerá de quiénes estén en el tablero de ajedrez y de quién sea capaz de atisbar con más dominio la correcta secuencia de movimientos. El nombre y color del afinado jugador será suficiente para que sea investido públicamente como “el bueno” o “el malo”.
Una distinción que sólo habría de responder, no a la naturaleza de la negociación como ejercicio legítimo de diálogo democrático donde dos actores con diferencias ideológicas buscan un terreno común dentro del marco de la ley. Sino a con quien. Y aquí es donde, debería existir la matización ética por la que los medios guiasen sus aguijones. Negociar con un igual no plantea el mismo marco moral ni mediático que negociar con quienes han atacado nuestro estado de derecho, han secuestrado nuestras libertades o ha ejercido la violencia. El diálogo con quienes atentan deliberadamente con el chantaje o con las armas, introduce una dimensión ética que lo transforma todo: ya no se trata sólo de alcanzar un acuerdo político, sino de justificar la propia posibilidad del diálogo.
En España, ese dilema se hizo evidente durante el proceso de paz con ETA. La cuestión no era únicamente qué se negociaba, sino con quién. Para parte de la sociedad y de la prensa, dialogar con una organización terrorista suponía reconocerla como interlocutor político, algo moralmente inaceptable. Un proceso de desarme que transcurrió durante décadas por parte de los partidos del ejecutivo y que vino a concluir durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, quien cínica y altaneramente se permitió autodeterminarse como el presidente que acabó con ETA. Siendo aquél pacto, la semilla de poder de los filoterroristas que hoy ocupan sillones y deciden por los españoles, los mismos a los que no les tembló el pulso asesinar.
Sólo en el caso de negociar con quien rompe las reglas del juego, merece ser tildado de verdugo. Y de ahí que quienes hacen mal uso de ello, queden atrapados entre la ética y la eficacia, entre la justicia y la paz. En términos comunicativos, el relato se vuelve moral y el político pasa a ser juzgado no por el resultado de la negociación, sino por el valor simbólico de haberla iniciado. Pero los micrófonos y los teclados mandan a manos de sus dueños quienes, lejos de ser ejemplo ético, malversan titulares más interesados en derribar a líderes políticos del “otro bando” que a ser dignos instrumentos de los procesos.
Cabe preguntarse dónde quedó la responsabilidad de quienes se saben influencia de millones de personas, dónde la libertad de prensa se ha convertido en un artilugio al servicios de estrategias políticas de gobiernos presos de su propio fango. Y dónde los nuevos jueces escriben editoriales en lugar de sentencias…
El desafío actual para el periodismo político es recuperar la legitimidad de la negociación. Contar el acuerdo no como rendición ni como imposición, sino como un ejercicio democrático de inteligencia y responsabilidad para alcanzar una democracia cada vez más madura.
La sorpresa como método
Por Keka Alcaide
En política, la previsibilidad es una condena. Cuando los discursos se repiten y los gestos se vuelven mecánicos, la emoción desaparece. Y sin emoción, no hay relato que sostenga una campaña.
Por eso, la sorpresa se ha convertido en el nuevo oro electoral. No porque cambie las ideas, sino porque rompe el guion. Y quien rompe el guion, domina el ritmo.
En las últimas campañas —desde diferentes lados del espectro— hemos visto una tendencia cada vez más clara: el cambio de rol como estrategia. Un candidato puede ser en la mañana el moderado que invita al consenso y, al día siguiente, el inconformista que promete sacudirlo todo. En apenas 24 horas, el relato se reescribe. Y con él, la percepción del adversario.
El efecto es inmediato y el contrincante queda descolocado. Su discurso, preparado contra una versión del rival, deja de servir. Tiene que empezar de nuevo. Reaccionar. Y en política, quien reacciona ya va un paso detrás.
Ésa es la lógica de la sorpresa. Mover el foco, desestabilizar al otro y obligarle a pensar en tu terreno. Funciona. Y mucho. Porque la sorpresa genera conversación, atrae titulares, multiplica clics y alimenta la sensación de que “algo está pasando”.
El elector, saturado de mensajes planos, reacciona ante lo inesperado. Y ahí está el triunfo táctico.
Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Hasta qué punto esta dinámica —tan eficaz en campaña— fortalece o debilita la relación entre política y sociedad? ¿A quien beneficia realmente?
Cuando todo cambia de un día para otro, cuando los roles se transforman y los discursos se contradicen sin explicación, el ciudadano empieza a perder las referencias. El desconcierto, que al principio es curiosidad, puede convertirse en desconfianza. Y la desconfianza es la grieta por donde se escapa la credibilidad.
Si el cambio de rol se percibe como cálculo y no como evolución, el votante deja de creer en el fondo y se queda mirando la forma. Y cuando la forma es lo único que importa, la política se convierte en espectáculo.
La sorpresa, usada con inteligencia, puede ser un recurso valioso. Permite adaptar el mensaje, mostrar matices, romper inercias.
Cuando la sorpresa se convierte en el método, en la norma, en la única forma de mantener la atención, termina devorando el propósito original.
Quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es cómo sorprender más, sino para qué queremos sorprender. Porque si la sorpresa se vuelve un fin en sí misma, el riesgo no es solo perder al adversario… sino perder el sentido.