Actualidad Política

30 de septiembre de 2026

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La diputada de VOX, Patricia Rueda, ha reclamado la puesta en marcha de una moción de censura para “echar cuanto antes a este Gobierno”, al que ha calificado de “criminal” por su gestión en ámbitos como el transporte, la sanidad y la prevención de emergencias.

Durante su intervención, Rueda ha denunciado que el Ejecutivo es responsable de situaciones que, a su juicio, están costando la vida a cientos de españoles. Ha citado como ejemplos los problemas en el sistema ferroviario, la gestión de catástrofes naturales como las DANA y la falta de protocolos eficientes en hospitales. Asimismo, ha criticado la escasa inversión en investigación contra el cáncer, señalando que mientras se descuidan estas prioridades, se destinan recursos a otros fines.

En este sentido, la diputada ha cuestionado el uso de fondos públicos para subvencionar sindicatos que, según ha afirmado, guardan silencio ante determinadas huelgas, así como para financiar Radiotelevisión Española y medios que considera afines al Gobierno. “Esto es una vergüenza”, ha señalado, insistiendo en que los recursos deben dirigirse a garantizar servicios públicos eficaces y a proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Rueda también ha acusado al Partido Popular de ser “cómplice” del Ejecutivo al no impulsar una alternativa parlamentaria contundente. Desde VOX sostienen que la situación actual exige responsabilidades políticas inmediatas y un cambio profundo en la dirección del Gobierno de España.

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado que el Gobierno de España ha mostrado “sobradas evidencias” de su desinterés por el Alta Velocidad que conecta Málaga y Madrid, al ser “incapaz” si quiera de cuantificar las inversiones realizadas en esta línea, pese al aumento sustancial de averías, retrasos y cancelaciones.

De este modo, Ortega ha advertido de que “el que calla, otorga; y, con su silencio, el Ejecutivo de Sánchez y Puente ha puesto de manifiesto la ausencia de inversión y mantenimiento en esta línea que, hasta hace pocos años, era de excelencia”. Y lo que es peor, ha añadido, que “aun conociendo la situación, no movió ni un dedo para revertirla”.

En este sentido, ha denunciado que “este caos sin precedente responde al abandono total de la red ferroviaria de la provincia, hasta el punto de que desde el Gobierno no son capaces de explicar lo que han invertido ni las actuaciones que se han llevado a cabo para frenar el deterioro del AVE”.

Así, ha advertido de que la degradación de la red ferroviaria la sufren los usuarios del AVE, pero también de las dos líneas de Cercanías, marco en el que ha recordado que actualmente tanto la línea de Alta Velocidad hasta Madrid como el Cercanías que conecta Málaga con el Guadalhorce permanecen cortados por un desprendimiento registrado la pasada semana en Álora.

Eso sin contar, ha añadido Ortega, los incidentes prácticamente diarios que sufre la línea C-1 del Cercanías, que conecta la capital con Fuengirola, y que también sufrió un desprendimiento cerca de las vías hace escasos días a la altura de Benalmádena.

“La falta de mantenimiento e inversiones desde hace siete años es la clave en este asunto”, ha explicado el dirigente popular, quien ha señalado que “esa misma desidia es la que nos lleva a que los trenes de Ronda sigan sin recuperar, seis años después, la frecuencia anterior a la pandemia del Covid-19.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Sánchez que explique y que “ponga negro sobre blanco” cuál es su plan para revertir esta situación de abandono de la red ferroviaria malagueña, incidiendo en que “no estamos hablando ya de una cuestión económica o del desarrollo de una de las zonas más pujantes y que más crece del país, sino de salvaguardar la seguridad de los miles de malagueños”, ha concluido.

El diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés ha denunciado que la red ferroviaria de la provincia acumula ya 56 limitaciones temporales de velocidad (LTV), una cifra que sitúa a Málaga como la segunda de España con más restricciones por kilómetro, con una cada 2,7 kilómetros, solo por detrás de Asturias; y en el séptimo puesto a nivel nacional en términos generales.

Estos datos, recogidos en un documento de LTV de la red convencional de ADIF relativos a la quinta semana de enero de 2026, evidencian que “el Gobierno de Sánchez ha convertido las limitaciones de velocidad en un parche permanente para ocultar su incapacidad de gestionar y mantener la red ferroviaria”, ha advertido Cortés.

En este sentido, el diputado nacional ha subrayado que estas restricciones no son inocuas, ya que provocan retrasos estructurales, pérdida de fiabilidad del servicio y una merma evidente de la seguridad, que se suman a las cancelaciones, vibraciones, roturas de catenarias, descarrilamientos y fallos reiterados en la infraestructura y en los trenes, así como a la ausencia de información y una atención a los pasajeros cada vez más deficiente.

Así, Cortés ha informado de que el Grupo Popular en el Congreso ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España ante el uso masivo y prolongado de estas limitaciones temporales de velocidad en la red ferroviaria de la provincia, marco en el que ha alertado de que esta práctica evidencia “el abandono inversor, la falta de mantenimiento y el deterioro de la seguridad de nuestro sistema ferroviario.”

En este sentido, ha recordado que la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Grupo Popular, “fue incorporada para poner fin a esta deriva, obligando al Gobierno a actuar con transparencia, a corregir las incidencias acumuladas y a garantizar la seguridad del sistema ferroviario mediante inversiones y mantenimiento adecuados”. “Nada de eso se está cumpliendo”, ha insistido Cortés.

En las últimas semanas, ha añadido, la acumulación de accidentes graves, desprendimientos, avisos técnicos ignorados, cambios de velocidad contradictorios y la opacidad en los datos reales ha generado una profunda conmoción social en Málaga, confirmando que el Ejecutivo prefiere reducir velocidades antes que asumir su responsabilidad y actuar sobre las causas reales del deterioro.

Por ello, Mario Cortés ha exigido al Gobierno de Sánchez y Puente que informe “con total transparencia” sobre cuántas limitaciones temporales de velocidad están actualmente vigentes en la red ferroviaria de la provincia de Málaga, su ubicación exacta, la velocidad restringida y la velocidad nominal previa, así como la fecha de implantación y las causas técnicas concretas que justifican cada una de ellas.

Asimismo, el diputado popular malagueño reclama conocer si estas limitaciones responden a incidencias graves en la infraestructura ferroviaria —vía, plataforma, taludes, estructuras, electrificación, señalización, comunicaciones u otras— y cuál es el diagnóstico técnico que avala su mantenimiento en el tiempo.

“Málaga es una provincia pujante que lidera el crecimiento poblacional en Andalucía y en España, y no puede seguir siendo castigada por la falta de inversiones y la mala gestión del Gobierno. Cada limitación de velocidad es una prueba más del abandono del ferrocarril y de un modelo que antepone el maquillaje de los datos a la seguridad de los pasajeros”, ha concluido Cortés.

La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha denunciado las graves consecuencias que ha dejado el paso de la borrasca Leonardo por la provincia, señalando directamente a las “políticas homicidas del Partido Popular y del Partido Socialista”, a las que ha responsabilizado de la falta de inversión, mantenimiento y previsión en infraestructuras clave para la seguridad de los malagueños.

Rueda ha advertido de que los episodios vividos en los últimos días “no son una casualidad ni un fenómeno imprevisible”, sino el resultado directo de años de abandono institucional. “Sin inversión y sin mantenimiento de las infraestructuras necesarias, las políticas socialistas y populares se convierten en un peligro real para todos los malagueños”, ha afirmado.

La diputada ha recordado las imágenes recientes de desprendimientos en laderas junto a las vías ferroviarias, evacuaciones forzosas de vecinos, viviendas afectadas y, lo más grave, la pérdida de vidas humanas. “Esto es extremadamente grave. La pregunta es clara: ¿para qué pagan impuestos los malagueños? ¿Para tener infraestructuras tercermundistas que no garantizan ni la seguridad ni la vida de las personas?”, ha cuestionado.

Asimismo, Patricia Rueda ha denunciado el despilfarro de recursos hídricos provocado por la falta de infraestructuras adecuadas. “Estamos viendo cómo hectómetros cúbicos de agua se tiran al mar porque son incapaces de invertir en obras que permitirían su almacenamiento y, al mismo tiempo, garantizarían la seguridad de los vecinos de Málaga y de toda España”, ha subrayado.

Desde el Congreso de los Diputados, VOX ha exigido medidas inmediatas y estructurales. “Estamos registrando iniciativas y proposiciones no de ley para reclamar inversión urgente en infraestructuras hidráulicas, la seguridad y el mantenimiento de las presas, y un plan serio de conservación de las infraestructuras ferroviarias”, ha explicado Rueda.

“La política de parches, el abandono y la ideología están poniendo vidas en riesgo. No hablamos solo de agua o de trenes, hablamos de proteger y salvar vidas”, ha concluido la diputada nacional de VOX.

El coordinador general del PP de Malaga, Cristóbal Ortega, ha pedido explicaciones al Gobierno de España sobre los desprendimientos registrados en la última semana sobre las vías del tren y que han afectado a las dos líneas de Cercanías y al AVE, hasta el punto de que actualmente se mantiene cortada la conexión entre Málaga y el Guadalhorce, así como la Alta Velocidad a Madrid.

De este modo, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que priorice las labores de mantenimiento sobre la red ferroviaria de la provincia, “cada vez más denostada e inestable”, y señala la rotura de un muro de contención en Benalmádena hace unos días y otra de mayor envergadura ayer mismo en Álora, la cual ha obligado a suspender la circulación de la línea C-2 y de la Alta Velocidad.

El dirigente popular ha preguntado al Gobierno “cuándo se estima que pueda retomarse la circulación entre Málaga y el Guadalhorce, así como la conexión por Alta Velocidad con Madrid” y ha exigido transparencia en la gestión de esta nueva crisis ferroviaria en la provincia.

“El tren ha dejado de ser una opción fiable para miles de malagueños”, ha advertido Ortega, quien ha subrayado que “a los continuos retrasos, averías y cancelaciones se suman ahora los desprendimientos, que vuelven a poner de manifiesto los fallos en el mantenimiento de la infraestructura”.

En este sentido, ha reprochado al Gobierno su falta de inversión y mantenimiento en la red ferroviaria de la provincia durante los últimos siete años, alegando que “este tipo de accidentes no son achacables al temporal y no deberían producirse si la infraestructura está correctamente mantenida y vigilada”, tal y como afirman los propios sindicatos.

Así, ha afeado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que haya pedido disculpas a los usuarios por la crisis del Rodalies catalán, enviando incluso a su número dos a Barcelona para gestionarla desde allí, “mientras que a los malagueños y andaluces sólo nos dedican desprecios y salidas de tono”.

En esta línea, ha recordado que el Gobierno socialista ha elevado la inversión en el Cercanías catalán hasta los 8.000 millones de euros, “lo que resulta un agravio clamoroso frente al abandono inversor que sufre la red ferroviaria malagueña, pese a que la línea C-1 que conecta Málaga y Fuengirola es la más rentable de España”, ha apostillado.

Por último, el coordinador general del PP malagueño ha criticado una vez más “el abandono y la opacidad” del Ejecutivo de Sánchez y Puente con esta provincia, incidiendo en que “no estamos hablando de una cuestión económica o del desarrollo de una de las zonas más pujantes y que más crece del país, sino de salvaguardar la seguridad de los miles de malagueños y visitantes que hacen uso de esta red ferroviaria cada día”, ha concluido.

El portavoz del Grupo Municipal VOX en Manilva, Antonio Marín, ha sido contundente ante el inminente desalojo de 62 viviendas en la calle Sarmiento número 2, una situación que ha calificado como “el resultado directo de años de irresponsabilidad política y abandono institucional”.

Marín ha recordado que el artículo 47 de la Constitución Española no admite interpretaciones interesadas, al establecer que el derecho a una vivienda digna y adecuada es una obligación directa y exclusiva de los poderes públicos. “Son las administraciones las que deben crear las condiciones necesarias para garantizar ese derecho, y son ellas, y solo ella,  las que deben responder cuando fracasan estrepitosamente en su cometido”, ha afirmado.

En este sentido, el portavoz de VOX ha rechazado que se pretenda trasladar esa responsabilidad a los ciudadanos o a las empresas privadas “bajo la excusa de un falso ‘escudo social’”. “No solo es un ejercicio de cinismo político, sino un ataque frontal al derecho fundamental a la propiedad privada y a la herencia, protegidos por el artículo 33 de la Constitución. Cuando el Estado incumple, no puede pretender que otros paguen su incompetencia”, ha subrayado.

Antonio Marín ha enmarcado la actual crisis de acceso a la vivienda como una consecuencia directa de décadas de políticas fallidas, señalando tanto al Partido Socialista desde el Gobierno de la Nación como al Partido Popular desde la mayoría de las comunidades autónomas. “Ambos han demostrado, con hechos y cifras, su absoluta incapacidad para garantizar un derecho constitucional básico”, ha afirmado.

Como ejemplo de este fracaso, ha citado los datos del Banco de España, que reflejan un déficit de 1.800.000 viviendas de protección oficial y la necesidad de construir al menos 100.000 viviendas anuales, frente a las 14.371 finalizadas en 2024. “Este fracaso no admite excusas ni relatos; es una prueba irrefutable de la dejación de funciones de quienes gobiernan”, ha sentenciado.

En el ámbito local, Marín ha denunciado que Manilva es un caso paradigmático de mala gestión, con años de corrupción, abandono institucional, falta de control, despilfarro de recursos públicos y endeudamiento crónico. “Todo ello ha dejado a los vecinos completamente desprotegidos y ha degradado gravemente parte del parque residencial”, ha explicado, señalando que esta situación ha sido aprovechada por redes de ocupación ilegal que han hecho negocio en urbanizaciones como Royal Manilva, el Edificio El Mero, la zona del Hacho y ahora la calle Sarmiento.

“El caso de la calle Sarmiento es el retrato exacto de un Ayuntamiento que ha decidido mirar hacia otro lado durante años”, ha denunciado Marín, quien ha reprochado que corporación tras corporación se haya optado por no actuar, no investigar y no asumir responsabilidades. “Y ahora el problema ha estallado, con un lanzamiento forzoso inminente y con los vecinos pagando las consecuencias de una cobardía política prolongada”, ha añadido.

El portavoz de VOX ha advertido de la opacidad absoluta que rodea el caso, señalando que el Grupo Municipal no dispone de documentación oficial que acredite la legalidad de la compra, venta o alquiler del edificio. “No se sabe cuántas personas están realmente en situación de vulnerabilidad, cuántas ocupan ilegalmente viviendas teniendo empleo y capacidad económica, ni quiénes se han lucrado entregando llaves y alquilando inmuebles sin ser propietarios”, ha señalado. “No es que no haya información: es que nadie ha querido obtenerla”.

A cinco días del desalojo forzoso, Marín ha sido claro: “Este Ayuntamiento llega tarde, mal y sin herramientas”. A su juicio, la única medida posible y realista es solicitar nuevamente a la propiedad una prórroga, después de que una primera moratoria fuera “desperdiciada sin adoptar una sola solución efectiva”.

Por último, Antonio Marín ha explicado que el objetivo del Grupo Municipal VOX con esta moción es forzar a otras administraciones a asumir la responsabilidad que el Ayuntamiento ha eludido, instando a remitir a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la documentación necesaria para que las familias afectadas puedan incorporarse, si cumplen los requisitos legales, a los programas de ayudas y subvenciones del Plan Vive 2020-2030, regulado por el Decreto 91/2020.

“Será la Junta de Andalucía quien, tras verificar los datos remitidos por el propio Ayuntamiento, determine quién puede acogerse al Plan Vive. Lo que no se puede permitir es que la desidia municipal siga sirviendo de coartada mientras los problemas se agravan y los vecinos pagan el precio”, ha concluido.

VOX  ha denunciado la apertura de los desagües de fondo de la presa de Casasola, una medida que provocará que el agua se pierda en el mar no porque sobre, sino porque la presa ha alcanzado su límite de capacidad debido a la ausencia de infraestructuras adecuadas.

En relación con esta situación, el parlamentario andaluz de VOX, Antonio Sevilla, ha advertido de que “cada litro de agua que se vierte al mar representa un desperdicio significativo”, subrayando que “millones de litros se pierden diariamente por la falta de infraestructuras adecuadas”.

Sevilla ha incidido en que “lo mejor es comprender que cada litro de agua que se vierte al mar son tus ahorros, son tus impuestos, son tu dinero”, denunciando así el despilfarro de recursos públicos provocado por la mala gestión política del agua.

Una situación que se repite cada vez que llueve

“Lo que está pasando hoy en la presa de Casasola es un disparate absoluto”, ha afirmado Yolanda Gómez, quien ha subrayado que esta situación “se repite una y otra vez cuando llegan episodios de lluvias”.

Gómez ha recordado que este escenario ya se vivió durante la DANA y con las lluvias de marzo del año pasado. “Cuando llueve, el agua se pierde; cuando no llueve, hay sequía. Es siempre el mismo resultado”, ha señalado.

Una política del agua fracasada

Desde la formación califican lo ocurrido como “la demostración de una política del agua fracasada del bipartidismo”, basada en no ejecutar infraestructuras y en dejar pasar el tiempo.

En este sentido, Antonio Sevilla ha señalado que “el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren construir las infraestructuras necesarias”, denunciando que “el bipartidismo en Andalucía y en España está tirando el dinero público”.

Por su parte, Yolanda Gómez ha denunciado que “no solo se bloquea la construcción de nuevas presas, sino que tampoco se limpian los cauces de los ríos”, además, ha acusado al PP de apoyar los planes del Gobierno de restauración de ríos y protección de biodiversidad “anteponiendo la ideología a la seguridad de las personas”.

Durante su intervención, Sevilla ha criticado además que “estas decisiones políticas están basadas en ideologías que impiden aprovechar un recurso tan esencial como el agua”.

Campanillas, en riesgo por la dejadez institucional

Gómez ha recordado que el año pasado la salida del embalse estaba taponada y el nivel del agua superó el 100% de su capacidad, lo que obligó a desalojar a vecinos de Campanillas ante un riesgo real de riada.

“Aquello fue una señal de alarma clarísima, pero como siempre PP y PSOE no aprendieron nada”, ha afirmado.

“El problema no es el agua, es la falta de infraestructuras”

Desde el grupo municipal insisten en que la solución pasa por ampliar la capacidad de embalse, limpiar los cauces y actuar con sentido común. “El problema no es el agua, el problema es la falta de infraestructuras”, ha reiterado Yolanda Gómez.

En esta línea, Antonio Sevilla ha concluido que “el agua es un recurso muy necesario que no se está aprovechando” y que “eso es simplemente tu dinero, tu ahorro, que lo tiran, lo vierten al mar”.

“Campanillas no puede seguir pagando la incompetencia política de siempre”, ha concluido.

El Grupo Municipal de VOX en Mijas ha advertido de la grave relación entre narcotráfico, delincuencia violenta y okupación ilegal tras conocerse que uno de los autores del tiroteo contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor se ocultaba como okupa en una vivienda del municipio.

El portavoz de VOX en Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha señalado que este hecho “confirma lo que VOX lleva años denunciando: la okupación no es un problema social, es un problema de seguridad”. Cuevas ha explicado que “los narcos y delincuentes utilizan viviendas okupadas como refugio, como guarderías de droga y como puntos seguros desde los que operar con total impunidad”.

El portavoz ha lamentado que “mientras nuestros policías y guardias civiles se juegan la vida frente a organizaciones criminales armadas, el Gobierno del PSOE desde Madrid sigue impulsando leyes que protegen al delincuente y abandonan al vecino honrado”. En este sentido, ha subrayado que uno de los detenidos por el tiroteo “había disparado contra agentes y, aun así, estaba tranquilamente instalado como okupa en nuestro término municipal”.

Cuevas ha advertido de que “la okupación se ha convertido en una puerta de entrada al crimen organizado” y ha insistido en que “no se trata de casos aislados, sino de un patrón que se repite en toda Andalucía y, especialmente, en la Costa del Sol”. Según ha indicado, “cuando se tolera la okupación, se facilita que estas redes criminales se asienten y extiendan su actividad”.

El portavoz de VOX en Mijas ha vinculado esta situación con la falta de una política firme contra el narcotráfico por parte del Gobierno del PSOE, recordando que VOX ha exigido explicaciones al ministro del Interior por la impunidad con la que actúan los narcos en distintos puntos del litoral malagueño. “El problema no es operativo, es político”, ha afirmado.

Para concluir, Cuevas ha asegurado que “VOX seguirá defendiendo una política de tolerancia cero con la okupación, el refuerzo real de nuestros policías y guardias civiles y la derogación de las leyes ideológicas que hoy amparan al delincuente”. “La seguridad de los mijeños no puede seguir sacrificándose por decisiones que se toman por el PSOE de Madrid con el silencio cómplice de los socialistas en Mijas”, ha concluido.

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