Gema Pérez: «El Gobierno congele las ayudas al campo malagueño, mientras negocia condonar 15.000 millones a Cataluña».
La diputada nacional por el PP de Málaga Gema Pérez ha criticado hoy que el Gobierno central congele las ayudas al campo malagueño a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) “pese a la subida de precios y mientras negocia condonar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña”.
Pérez ha calificado estas ayudas como “fundamentales” para los pequeños municipios y para los trabajadores del campo que, gracias a los jornales generados con estas contrataciones, pueden luego acceder a las prestaciones por desempleo agrario. Así, ha señalado que “el PFEA ha ido elevando su dotación conforme al IPC en las últimas convocatorias, si bien este año hemos conocido que el Gobierno congela la dotación para los 103 municipios malagueños en 21,13 millones de euros”, ha explicado.
Además, la diputada nacional ha afeado al Ejecutivo de Sánchez que haya retrasado la convocatoria desde diciembre de 2023 hasta finales de mayo, “manteniendo en vilo a más de 16.000 trabajadores del campo de la provincia”. “Este es un nuevo golpe del PSOE a nuestro sector primario, tras una PAC injusta que también hará que los agricultores andaluces pierdan 500 millones de euros”, ha manifestado.
Pérez ha aseverado que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año ocasionará que los municipios andaluces pierdan fondos del PFEA, abundando en que tanto la Junta como las diputaciones tenían previsto en sus cuentas un aumento de estos fondos para 2024, recordando que el Gobierno cubre el 60% de los costes salariales y las cotizaciones de los puestos de trabajo temporales, y la administración autonómica y provincial afronta el coste de los materiales.
“La decisión del Gobierno de congelar estos fondos obliga a la Junta y a las diputaciones a ajustarse a la dotación del año pasado, a pesar de tener previstas una subida del 5%, respectivamente, que rondaría los 20 millones de euros más para los municipios andaluces”, ha incidido, alegando que “estos son los dos modelos de gestión contrapuestos, donde el PSOE vuelve a incidir en su política del agravio hacia determinadas provincias y sectores, en beneficio de otros por mero interés político”.
“El Gobierno de Sánchez está muy por debajo de lo que merecen los españoles y son las administraciones autonómicas y locales las que están gobernando”, ha aseverado, apuntando que “Sánchez encabeza un Gobierno débil e inestable, incapaz de aprobar unos presupuestos, que son la herramienta más importante de la legislatura, ya que un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina”, ha apostillado.
Por último, Pérez ha advertido de que “congelar las cuentas estatales y las inversiones repercute directamente en la creación de empleo y oportunidades para los malagueños, tal y como hemos visto con el PFEA”, reivindicando que “no hay mejor política social que la creación de empleo”.
José Ramón Carmona: «Con los 1.500 millones de euros que la comunidad autónoma pierde cada año se podrían construir más de 150 centros de salud o 200 centros educativos».
El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha advertido hoy de que el problema de infrafinanciación del Gobierno de Sánchez a Andalucía y a Málaga “perjudica la salud de los malagueños”, alegando que “con eso esos 1.500 millones de euros que la comunidad autónoma pierde cada año se podrían construir más de 150 centros de salud o 200 centros educativos”.
Carmona ha lamentado que “esta financiación pactada entre ERC y Zapatero hace que Andalucía y Málaga hayan más de 23.000 millones de euros desde el año 2009”, destacando que “esta realidad frena el desarrollo de esta tierra, porque hablamos de recursos que no llegan y que permitirían mejorar nuestros servicios públicos”.
De este modo, ha especificado que con esos 1.500 millones de euros que dejamos de percibir al año se podrían construir más de 150 centros de salud y más de 200 colegios e institutos en la provincia; o contratar a 13.300 médicos, además de aumentar las prestaciones de la Dependencia a 40.000 familias. En esta línea, el dirigente popular también ha señalado que con esa cantidad se podrían bioclimatizar todos los colegios e institutos o construir 11.500 nuevas viviendas.
“Hablamos de un reto financiero que tiene un beneficio directo en los ciudadanos”, ha insistido, alertando de que la financiación singular que ERC exige al Gobierno es una “financiación singularmente perjudicial” para Andalucía, que es la región con más habitantes del país y donde mayor perjuicio supone quebrar ese principio de solidaridad.
“La estrategia del Gobierno de Sánchez es ceder ante las exigencias de los independentistas en un momento crucial en el que se juegan la Generalitat de Cataluña y la estabilidad parlamentaria”, ha aseverado Carmona, incidiendo en que “el interés de ambas partes es mantener la Moncloa y lograr la investidura de Illa o de los independentistas con el apoyo del PSOE”.
En este contexto, ha abundado, “ERC plantea como medida de exigencia una financiación singular, que es lo mismo que exigir una financiación singularmente perjudicial para Andalucía”, ha insistido, apuntando que la cláusula catalana que exige el partido de Puigdemont en todos los Proyectos de Ley que presente el Gobierno a cambio de apoyarlos con sus votos en sede parlamentaria, “rompe el equilibrio nacional, los consensos y el principio de igualdad que todos los españoles nos brindamos en la Constitución de 1978”.
Así, ha reivindicado que “vuelva la cordura, que Pedro Sánchez tome nota de las urnas y adquiera el compromiso de no depender de los grupos independentistas, que perjudicarán claramente al resto de españoles y, por tanto, a la provincia de Málaga”.
Implementar medidas para agilizar la creación de viviendas asequibles
En materia de vivienda, Carmona ha mostrado el respeto de la formación a cualquier movilización ciudadana sobre cualquier problema existente, si bien ha señalado que la solución “no debe venir a través de algunas de las cuestiones que plantean los partidos presentes, como PSOE o Sumar”.
Así, ha destacado la apuesta decidida de los gobiernos del PP en materia de vivienda, con más de 5.300 VPO construidas y entregadas en la capital por el Ayuntamiento desde el año 2000, con una inversión de 500 millones de euros, a las que se suman las mil proyectadas actualmente frente a las menos de 100 VPO impulsadas por el PSOE en la Junta en ese periodo; así como los 62 millones de euros destinados a la provincia por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que ha reactivado proyectos durante décadas paralizados como las tecnocasas.
El dirigente popular ha afeado al PSOE la inacción durante décadas y ha afirmado que la solución no puede venir a través de una “Ley contraproducente que ha provocado el efecto contrario del que se buscaba, con un incremento del precio de la vivienda y de la okupación”: “La Ley de Vivienda va en contradirección de lo que se pretende, que es activar más viviendas en Málaga a precios más asequibles”, ha manifestado.
Del mismo modo, ha reprochado al PSOE que culpe al turismo de esta situación, haciendo alusión a una encuesta reciente de la UMA que refleja que casi el 80% de los malagueños consideran que el impacto del turismo es positivo o muy positivo, “por lo que tratar de colgar al sector turístico una etiqueta de culpables de esta situación de carestía de vivienda es injusto”, ha alegado.
“Debe haber medidas para favorecer el acceso de los malagueños a la propiedad y el alquiler aumentando el parque de viviendas disponibles; lejos de las medidas aplicadas en ciudades como Barcelona como topar los precios, lo que se ha traducido en el aumento de los precios y del nivel de okupación ilegal, dejando menos viviendas a disposición de los habitantes”, ha explicado.
Por todo ello, Carmona ha insistido en que desde el PP de Málaga “sí consideramos que hay que trabajar en materia de vivienda, entendemos que debemos seguir en la línea de las medidas implementadas por el PP allí donde gobernamos y que deben flexibilizarse ciertas cuestiones que permitan agilizar esa construcción”. “No podemos ir a un ritmo tan lento desde todas las administraciones”, ha apostillado, exigiendo al Gobierno de España que se ponga las pilas, al ser la única administración que tiene la capacidad de legislar.
Así, el secretario general de los populares malagueños ha pedido a las administraciones que se sumen para ampliar la dotación de viviendas disponibles a precio asequible para los malagueños, “ya sean de VPO o de renta libre”, ha concluido.
Patricia Rueda: «Es incomprensible que el Gobierno destine 250 millones para Marruecos mientras La Axarquía se seca».
En recientes declaraciones, Patricia Rueda, diputada nacional de VOX por Málaga, ha anunciado la presentación de una iniciativa y denuncia en el Congreso, cuestionando al Gobierno acerca de la financiación de una desaladora en Marruecos mientras infraestructuras de similares características continúan sin ponerse en marcha en ubicaciones como La Axarquía.
«Es incomprensible que el Gobierno destine 250 millones de euros del dinero de los españoles para financiar una desaladora en Marruecos mientras proyectos prioritarios, como la desaladora de La Axarquía en Málaga, siguen sin ejecutarse», ha expresado Rueda. En el mes de abril, «el Ejecutivo reconoció no haber encomendado a la empresa correspondiente el documento técnico necesario, a pesar de haber asumido la financiación del proyecto de La Axarquía por considerarlo una actuación prioritaria», ha lamentado.
Rueda, mediante esta iniciativa, ha cuestionado al Gobierno sobre la razón por la que se ha priorizado el establecimiento de una desaladora en Marruecos antes que la de La Axarquía (Málaga). Además, ha preguntado «a qué se debe que, pese a considerar el proyecto de la desaladora de La Axarquía como una actuación “prioritaria”, aún no se hayan ejecutado las labores pertinentes».
Asimismo, la diputada ha solicitado, al Ejecutivo, información sobre el estado actual del proyecto de construcción de la desaladora de La Axarquía y cuántos proyectos de desaladoras en España se encuentran sin ejecutar por falta de financiación. Al tiempo que también ha destacado la necesidad de «evaluar cómo la construcción de la desaladora en Marruecos, que impulsará la agricultura marroquí, podría afectar a la agricultura española».
Este Gobierno, ha expresado la diputada de VOX, «pone en peligro al sector primario, el relevo generacional y la salud de los ciudadanos españoles fomentando la competencia desleal de terceros países que exportan productos que no cumplen con los mismos requisitos que los españoles y que son, por tanto, un peligro para la salud como es el caso de las fresas regadas con aguas fecales y con presencia de hepatitis A».
«La situación de sequía en nuestra región es crítica y el Gobierno debe priorizar las inversiones en infraestructuras que beneficien directamente a los españoles. La importancia de atender primero las necesidades hídricas de España antes de destinar recursos a otros países es evidente», ha enfatizado Rueda. Quien, para concluir, ha pedido al Gobierno que justifique «cómo financiar una desaladora en Marruecos con dinero de los españoles es una forma adecuada de servir a los intereses de España».
Cristóbal Ortega: «Dónde están los 420.000 inmuebles prometidos por Sánchez en toda España desde que es presidente».
El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado que el Gobierno de Sánchez “utiliza la vivienda para confrontar pero no ofrece soluciones reales”, marco en el que le ha pedido al PSOE que “deje de adoctrinar y construya las viviendas que ha prometido” y que superan los 420.000 inmuebles en toda España desde que Sánchez es presidente.
De este modo, Ortega ha criticado los “efectos negativos constatados” de una Ley de Vivienda hecha sin consenso, intervencionista y que invade competencias autonómicas, señalando que, “lejos de aumentar la oferta de pisos disponibles o bajar los precios, ha conseguido todo lo contrario”.
“Menos intervencionismo y más compromiso con la construcción” de viviendas, ha reclamado al Ejecutivo, alertando de que este marco estatal ha derivado en un aumento del coste de venta y alquiler, haciendo alusión a los datos de un conocido portal inmobiliario, que reflejan un crecimiento del 10,6% y el 14,18%, respectivamente, en el último año en la provincia de Málaga.
Así, ha recordado que la ley estatal aprobada hace poco más de un año, además de ser “un ataque a la propiedad”, es una norma que ha provocado, “como ya avisamos, lo contrario de lo que pretendía”, generando “efectos negativos” en el mercado del alquiler y en el aumento de los precios, además de que ha generado “desprotección ante la okupación y ha invadido competencias de las autonomías”.
Ortega ha recordado que hace meses los agentes de la propiedad inmobiliaria advirtieron de las consecuencias negativas de esta ley, “que ha llevado a que una gran parte de las ofertas de alquileres existentes se destinen a arrendamientos temporales o por habitaciones, dejando prácticamente residual las ofertas de alquiler permanente”.
De hecho, ha aludido a los datos publicados por un portal inmobiliario que sostienen que en el primer trimestre de este año, con relación al mismo periodo del año anterior, la oferta de arrendamientos temporales aumentó un 56% frente a la caída del 15% en la de alquileres permanentes.
Por tanto, ha exigido al Gobierno de Sánchez que “reaccione y se ponga las pilas para hacer frente al problema de la vivienda”, que “busque soluciones de verdad y no electorales”, preguntando al PSOE “dónde están los 420.000 inmuebles prometidos por Sánchez en toda España desde que es presidente”.
El dirigente popular, que ha afeado a los socialistas que utilicen el problema de la vivienda para hacer política mientras que el Ejecutivo “no mueve ni un dedo para mejorar la oferta en Málaga”, cuestionando “dónde están las 10.000 VPO que prometió Pérez durante la campaña electoral con una gran lona, a la que vino a hacerse la foto en varias ocasiones la ministra de Vivienda del Gobierno de España”.
Por el contrario, ha reivindicado el esfuerzo del Ayuntamiento de la capital que, sin tener competencias, ha construido y entregado en dos décadas más de 5.300 VPO, con más de 500 millones de euros invertidos; y que actualmente promueve de forma directa o mediante la colaboración público-privada más de 1.000 VPO, la mayoría para jóvenes.
“La vivienda es una preocupación y una ocupación para el Partido Popular y estamos haciendo una labor muy intensa para aumentar cada vez más nuestro parque de VPO”, ha sostenido Ortega, quien ha resaltado también el “cambio de rumbo” en las políticas de vivienda del Gobierno de Juanma Moreno.
En este sentido, ha aludido a la tramitación de la nueva ley de vivienda andaluza que se está trabajando “con consenso y diálogo con el sector” y a las medidas puestas en marcha para reactivar la promoción de VPO, como el decreto de simplificación que elimina obstáculos que dificultaban la apuesta por la vivienda protegida, la ampliación de los posibles destinatarios, la modificación de los ingresos que permiten acceder a una vivienda o la bajada de impuestos; además de la puesta en marcha de los avales hipotecarios para menores de 35 años que quieran comprarse su primera casa.
Ortega ha considerado que, por el contrario, el ataque frontal y sin propuestas a las viviendas turísticas medidas como la supresión de la ‘Golden visa’ son “una cortina de humo” para tapar su incompetencia en materia de vivienda: “Sánchez ha hecho muchos anuncios pero no ha materializado su apuesta por la vivienda, más que con una ley absolutamente intervencionista que premia a los okupas”, ha lamentado.
“La responsabilidad de que no haya vivienda pública es de quien no tiene una política que promocione la construcción de VPO a precios asequibles, de quien hace anuncios que nunca cumple y de quien ha impulsado una ley que refuerza los derechos de los okupas frente a los legítimos propietarios”, ha concluido.
Francisco Garrido: «El interés recaudatorio prima sobre el bienestar de los vecinos de Torremolinos».
El portavoz de VOX, Francisco Garrido, ha expresado su desacuerdo con la modificación de la ordenanza fiscal que regula el callejero fiscal del municipio, considerando la división en categoría de las calles una «discriminatoria e inadmisible».
Francisco Garrido, en este sentido, ha querido dejar claro que «los servicios públicos tienen un coste que sufragan los vecinos, esto es, sin impuestos no sería posible mantener los servicios que actualmente presta el Ayuntamiento. Por tanto, el debate no es a favor o en contra de los impuestos, sino de cómo se asignan».
Así, el edil de VOX ha criticado la división en categorías de las calles, indicando que «los servicios prestados por el Ayuntamiento no difieren en cantidad ni calidad entre los vecinos de calles con distintas categorías y, si así fuese, sería una asignación injusta ya que supondría una discriminación inadmisible en un municipio regido por el principio constitucional».
Además, ha añadido que «la diferenciación, mal llamada de justicia fiscal, está basada en supuestos subjetivos y arbitrarios desde el momento en que se basa en meras suposiciones. Que, puede ser fiscal, pero en ningún momento es justicia».
Sobre la redistribución de la carga fiscal, Garrido ha argumentado que «no produce los efectos buscados ya que no es posible sufragar con el exceso tributario de las calles de primera categoría los defectos tributarios de las calles de categorías inferiores». De igual forma, ha señalado que «este impuesto penaliza a aquellos que han tenido la visión comercial de instalar sus negocios en calles de mayor afluencia de público, penalizando así la iniciativa empresarial».
Por todo ello, Garrido ha puesto de manifiesto su pesar por la aprobación con la mayoría absoluta de los populares que «sólo parecían defender el interés recaudatorio pese a no primar el interés general de los vecinos de Torremolinos».
Por otro lado, el portavoz de VOX ha querido subrayar su apoyo a la iniciativa para anular la subida del pago de la autovía AP-7 durante la temporada alta y su esperanza de que pueda llevarse a cabo «por el bien de los vecinos y del comercio en la Costa del Sol». Una iniciativa que ha sido aprobada con el voto a favor de VOX, el Equipo de Gobierno y la abstención de los grupos de izquierdas.
Para concluir, Garrido ha querido reseñar que, desde VOX, seguirán trabajando «por y para los vecinos de Torremolinos, luchando contra cualquier medida que consideremos injusta y proponiendo soluciones que realmente beneficien a nuestra comunidad. Continuaremos defendiendo una fiscalidad justa y equitativa que no discrimine a ningún ciudadano ni comerciante por la ubicación de sus negocios o viviendas. Nuestro compromiso es con todos los torremolinenses, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas».
Carlos Conde: «La inflación y los numerosos impuestos del Ejecutivo lastran la economía de las familias malagueñas».
El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha exigido al Gobierno de España que adopte medidas estructurales “y no parches” que ayuden a paliar la subida continuada de precios que lastra la economía de las familias, criticando que “Sánchez bate récords de recaudación a costa de jibarizar el poder adquisitivo de los malagueños”.
“La inflación y los numerosos impuestos del Ejecutivo lastran la economía de las familias malagueñas”, ha destacado Conde, resaltando que “el único que se beneficia de esta situación es el Gobierno de Pedro Sánchez que, en los tres últimos años y también en el primer cuatrimestre de 2024 ha obtenido una recaudación histórica procedente de los impuestos que pagan los malagueños a las arcas del Estado”.
De este modo, ha señalado que “los precios han subido un 19% y los alimentos se han encarecido un 35% desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018”, lamentando que “esta situación ha provocado que, con el mismo sueldo, un malagueño pueda hoy comprar muchas menos cosas que hace seis años”.
Conde ha insistido en que “los alimentos básicos cuestan un 4,4% más que hace un año en Andalucía”, destacando que la subida del aceite supera el 200% en cuatro años.
Respecto a los datos de Málaga, ha recordado que “la tasa de incremento interanual de la subida de precios se sitúa en el 3,6%”, según el IPC de mayo, detallando que “la electricidad y el combustible son un 11% más caros que hace un año en Málaga, mientras que el precio de los carburantes no baja lo suficiente”.
Conde, que ha reivindicado las seis bajadas de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno, ha apuntado que “las cargas fiscales con las que el Gobierno grava a los trabajadores han registrado el mayor aumento de toda la Unión Europea en un año”, señalando que las cotizaciones sociales y el IRPF suponen ya más del 40% del salario medio español.
Por todo ello, el vicesecretario popular ha recordado que “el Partido Popular lleva meses reclamando la bajada del IRPF y del IVA de determinados alimentos, como la carne, las conservas y el pescado, una medida que el Gobierno está copiando tarde y mal”, indicando que es urgente llevar a cabo medidas como esta para que los ciudadanos dispongan de más renta en su bolsillo y puedan llegar más holgados a final de mes, ha concluido.
Patricia Rueda: «No puede ser que este gobierno tenga al frente del Ministerio de Transportes a un ministro tuitero que no ejerce las funciones que son de su competencia».
En recientes declaraciones, Javier Herreros, portavoz del Grupo Municipal VOX en Vélez-Málaga, acompañado por la diputada nacional Patricia Rueda, ha anunciado que en el próximo pleno ordinario del mes de junio, VOX solicitará que la carretera Nacional 340, en el tramo comprendido entre Torre del Mar y Benajarafe, pase a ser de titularidad municipal.
Herreros ha señalado que «es una carretera que está sufriendo una situación insostenible, ya que miles de personas que viven en el entorno sufren a diario un posible peligro enorme al cruzar esa carretera durante ocho kilómetros».
El portavoz ha destacado la ausencia de infraestructuras de seguridad vial en esta vía, subrayando que «en ese tramo de carretera no existe ni un sólo paso de peatones. No existe un solo semáforo. No, no existe ningún paso elevado, lo que pone en riesgo a estas personas».
La propuesta de VOX busca una acción decidida por parte del Pleno Municipal para instar al Gobierno a ceder la titularidad de la carretera al municipio, permitiendo así “una gestión más directa y efectiva de las mejoras necesarias para asegurar la seguridad de los habitantes de la zona”.
«Es esencial garantizar la seguridad de los ciudadanos y mejorar las condiciones de esta vía para evitar posibles tragedias», ha concluido Herreros.
Por su parte Patricia Rueda, en apoyo a las declaraciones de Herreros, ha señalado que «hace ya unos meses también estuvimos denunciando la necesidad de más apoyo a nivel nacional para el semienlace de La Caleta. No puede ser que este gobierno tenga al frente del Ministerio de Transportes a un ministro tuitero que, de manera irresponsable, no ejerce las funciones que son de su competencia». Rueda ha añadido que «parece que también quieren que los vecinos de Vélez-Málaga y de toda España se acostumbren a las retenciones y al mal estado de las carreteras».
Además, Rueda ha puntualizado que «España regalará 250 millones de euros al Gobierno de Marruecos para regar su campo, mientras aquí nuestros agricultores sufren por la falta de agua».
Es por lo que, «ahora, desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga apelamos a este Gobierno a que el dinero vaya de verdad a lo que importa, asegurando una movilidad segura para todo el territorio nacional y sobre todo en enclaves como el de este municipio, concluyendo que «VOX seguirá trabajando desde todas las instituciones en las que tiene representación para defender los intereses de los veleños y de todos los españoles»
Mario Cortés: «Exigimos al Gobierno la tramitación inmediata de la Proposición de Ley para agravar las penas a ladrones reincidentes».
El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés, ha puesto en valor, “ante el aumento de robos violentos y hurtos en viviendas de Málaga”, la Proposición de Ley aprobada la semana pasada a instancias del Partido Popular para endurecer el castigo por multirreincidencia en delitos de hurto y estafa, exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que “la tramite urgentemente”.
En este sentido, ha reivindicado que el Partido Popular, “aprovechando la debilidad parlamentaria del Gobierno, consiguió aprobar la semana pasada en el Congreso de los Diputados una propuesta para corregir el tratamiento penal de la multirreincidencia en delitos leves de estafa y hurto, ya que actualmente existe una ausencia de efectividad disuasoria al aplicarse la misma sanción para quien comete un delito que para quien comete una sucesión continuada de los mismos”, ha detallado.
Al respecto, ha recordado que, hasta la fecha, “una persona que robaba una pequeña cantidad recibía una sanción administrativa y podía ser multada infinitas veces sin ser considerada esta acción un delito grave”, señalando que, con esta reforma del Código Penal, “un delincuente que robe de manera reiterada podrá incurrir en un delito grave con pena de cárcel”.
Así, ha apuntado que “se trata de una medida disuasoria que permitirá reforzar la seguridad en determinados espacios públicos, como comercios, transporte público o zonas turísticas de nuestro país, donde las entidades representativas del sector comercial calculan las pérdidas anuales causadas por el hurto en unos 1.800 millones de euros”. Además, permitirá atajar los robos reincidentes en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha apostillado.
Por otro lado, ha añadido que esta reforma también “agrava la multirreincidencia si los objetos sustraídos son dispositivos electrónicos o tecnológicos susceptibles de contender datos o información de carácter personal, justificando el aumento de las penas por la especial protección de los datos contenidos en dichos soportes”.
En este punto, Cortés ha destacado que “los hurtos aumentaron el año pasado en Málaga casi un 7% hasta los 26.884, mientras que los delitos informáticos se dispararon hasta los 18.000, un 52% más, la mayoría correspondientes a estafas informáticas”, ha explicado.
Así, ha insistido en que, “desde el PP, exigimos al Gobierno de Sánchez que tramite ya esta medida y no haga como con otras reformas como la Ley ELA, que mantiene parada parlamentariamente y no avanza en su regulación”, ha sostenido.
El dirigente popular ha recordado que “el PP de Málaga ha exigido en multitud de ocasiones al Ministerio del Interior que refuerce con más agentes y más medios la Comisaría Provincial”, lamentando que “hasta este momento no se ha pronunciado ni hemos tenido noticias al respecto”.
“Los robos en Málaga y en el entorno metropolitano no paran de subir”, ha advertido Cortés, señalando que “es muy preocupante que cada vez haya más robos violentos en viviendas, incluso con los ocupantes dentro”.
“Los robos con fuerza en domicilios aumentaron en la provincia en el último año hasta 3.400, lo que se traduce en la alarmante cifra de diez robos en viviendas al día en 2023”, ha subrayado. Además, ha apuntado que, en general, “los robos con violencia e intimidación se han incrementado en más de un 10%”, siendo 1.921 los delitos de este tipo contabilizados en la provincia en el año 2023.
Asimismo, el diputado nacional ha incidido en que las infracciones penales aumentaron en 2023 hasta casi las 100.000, más de un 8% que el año anterior, resaltando que los secuestros aumentaron en un 42% y las agresiones sexuales con penetración en casi un 25%.
En esta misma línea, ha afirmado que “todos los indicadores de criminalidad en Málaga siguen subiendo año tras año mientras que el Gobierno central se muestra indolente y mira para otro lado”.
Por último, Cortés ha insistido en que “estas reformas que propone el Partido Popular son de urgencia para disuadir a los delincuentes y para que Málaga sea una ciudad más segura”.