Isabel Borrego exige actualizar las indemnizaciones del turno de oficio desde 2003.
La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez unas indemnizaciones dignas para los abogados del turno de oficio y una reforma legal que permita reforzar el sistema de Justicia gratuita.
Borrego ha reprochado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no haya actualizado de manera efectiva las cantidades que reciben estos profesionales desde los baremos fijados en 2003.
Esta situación habría provocado, según ha denunciado la diputada popular, una pérdida de poder adquisitivo del 40 % para los cerca de 40.000 abogados de oficio de España, de los cuales 1.257 ejercen en la Región de Murcia.
Reconocer el trabajo y la vocación de los profesionales
“Frente a los recortes de Bolaños, se debe invertir más y mejor en la Justicia y reconocer el trabajo y la vocación de los profesionales”, ha reclamado Borrego.
La diputada ha destacado que los abogados del turno de oficio constituyen un pilar básico del Estado de derecho, al garantizar que ningún ciudadano quede indefenso por carecer de recursos económicos suficientes.
“Defender la Justicia gratuita y el turno de oficio es defender la libertad y la igualdad ante la ley, porque hacen efectivo el derecho constitucional de defensa”, ha subrayado.
Una reforma para actualizar y simplificar el sistema
Borrego ha recordado que el Partido Popular ha registrado en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y reforzar el funcionamiento del servicio.
La propuesta plantea actualizar y simplificar los procedimientos utilizados por los colegios profesionales para reconocer el derecho a la Justicia gratuita.
También reclama la creación de un mecanismo de pago mensual que permita evitar retrasos perjudiciales para los colegios de abogados y para los profesionales que prestan el servicio.
Un descenso del 14,14 % en el número de letrados
La parlamentaria popular ha alertado de que el número de abogados adscritos al turno de oficio ha disminuido un 14,14 % durante los últimos cinco años.
Borrego considera que esta reducción refleja la falta de incentivos, el deterioro de las condiciones económicas y la ausencia de una respuesta adecuada por parte del Gobierno central.
“Es un dato que demuestra la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez y que lleva al sistema al borde del colapso”, ha denunciado.
Críticas al delegado del Gobierno en Murcia
La diputada ha reprochado al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que no haya defendido públicamente las reivindicaciones de estos profesionales.
“El delegado de Sánchez en la Región abandona a unos profesionales que son un pilar básico de nuestra democracia y cuyo trabajo debe ser reconocido”, ha afirmado Borrego.
El Partido Popular reclama que los representantes del Gobierno central atiendan las necesidades de los abogados del turno de oficio y trabajen para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Preguntas sobre los refuerzos judiciales rechazados
Borrego ha denunciado también que el Gobierno de España no haya autorizado las medidas de refuerzo solicitadas para la Administración de Justicia de la Región de Murcia.
Por este motivo, el Partido Popular ha registrado preguntas en el Congreso para conocer las razones del rechazo y por qué la resolución se adoptó en una fecha que la formación considera tardía, con las consecuencias que ello puede generar para los juzgados murcianos.
El Partido Popular seguirá defendiendo una Justicia accesible, ágil y eficaz, con profesionales reconocidos y remunerados dignamente y con los medios necesarios para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Contelles: «De presupuestos alternativos, nada; son un cajón de sastre»
La portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Mari Carmen Contelles, ha denunciado que los denominados presupuestos alternativos presentados por el PSPV carecen de rigor económico e incluyen 3.700 millones de euros que ha calificado de “ficticios”.
Contelles ha asegurado que la propuesta socialista constituye “una vergüenza y un engaño a los valencianos” y ha acusado al PSPV de presentar “un cajón de sastre para aparentar que tiene una alternativa”.
“De presupuestos alternativos, nada”, ha afirmado la diputada popular, quien ha advertido de que no puede financiarse un incremento del gasto con recursos inexistentes.
“Ese dinero no existe”
La portavoz económica del GPP ha señalado que los socialistas incluyen en su propuesta 3.700 millones de euros que no estarían respaldados por ingresos reales.
“Esos presupuestos alternativos llevan 3.700 millones ficticios, que no existen y que pretenden destinar a gastos”, ha denunciado.
Contelles ha considerado que presentar estas cuentas como una alternativa solvente supone “una tomadura de pelo” para los ciudadanos.
“Sacar pecho de unos presupuestos basados en una mentira a los valencianos deja muy mal, por desgracia, al Partido Socialista”, ha añadido.
El Partido Popular defiende que cualquier propuesta presupuestaria debe estar sustentada en previsiones realistas, memoria económica y recursos suficientes para cumplir los compromisos adquiridos.
Ocho de cada diez euros para políticas sociales
Frente a la propuesta del PSPV, Contelles ha puesto en valor el proyecto presupuestario defendido por el Partido Popular, que ha definido como el más social de la historia de la Comunitat Valenciana.
La diputada ha destacado que estas cuentas permiten reducir impuestos y destinan ocho de cada diez euros a políticas sociales, con el objetivo de reforzar la sanidad, la educación, la dependencia y la protección de las familias.
El Partido Popular defiende un modelo que combina responsabilidad económica, alivio fiscal y fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.
“La prioridad es atender las necesidades reales de los valencianos y gestionar con seriedad cada euro de los contribuyentes”, ha subrayado.
Voluntad de diálogo y acuerdos rigurosos
Contelles ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular acudirá a la Comisión de Presupuestos de Les Corts con voluntad de escuchar las propuestas de todos los grupos políticos.
“Vamos a escuchar a quien quiera llegar a acuerdos, pero deben ser acuerdos serios y rigurosos”, ha señalado.
La portavoz popular ha advertido de que esa voluntad de diálogo no puede utilizarse para avalar partidas sin respaldo financiero ni propuestas construidas sobre previsiones irreales.
“Los acuerdos no pueden pasar por inventarse una partida de 3.700 millones de euros”, ha insistido.
La prioridad son los valencianos
Preguntada por los criterios de arraigo en determinadas ayudas públicas, Contelles ha recordado que estos elementos ya fueron aplicados durante la etapa de Mónica Oltra como vicepresidenta del Consell.
También ha señalado que gobiernos municipales socialistas, como los de Gandía durante la etapa de Diana Morant o Mislata bajo el liderazgo de Carlos Fernández Bielsa, han utilizado criterios similares.
“Que no se rasguen las vestiduras ni el Partido Socialista ni Compromís, porque ellos fueron los primeros en introducir criterios de arraigo en ayudas y subvenciones”, ha manifestado.
Contelles ha reafirmado que la prioridad del Partido Popular son los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y la atención de sus necesidades.
“Nuestra prioridad en estos presupuestos son los valencianos, la verdad de lo que necesitan y unas políticas que respondan a la realidad”, ha concluido.
El Partido Popular seguirá defendiendo unas cuentas públicas responsables, sociales y rigurosas, basadas en ingresos reales y orientadas a mejorar la vida de los ciudadanos.
Carballedo exige proteger la dignidad y la memoria de las víctimas de ETA.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular María Eugenia Carballedo ha reclamado al Defensor del Pueblo que no permanezca impasible ante el deterioro institucional y democrático que, según ha denunciado, atraviesa España.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Carballedo ha reprochado al Defensor del Pueblo que le recrimine hablar del deterioro de la democracia cuando sus propios informes recogen problemas relacionados con la actuación de las administraciones, la atención a los ciudadanos y la protección de sus derechos.
Críticas a la gestión del Ministerio del Interior
Carballedo ha denunciado que el Ministerio del Interior aparece relacionado con las investigaciones que el Partido Popular engloba bajo la denominación de “caso de las cloacas del PSOE”.
También ha criticado el trato dispensado por el ministro del Interior a los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional, asegurando que los considera “meros números” en lugar de profesionales que prestan un servicio esencial para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles.
El Partido Popular defiende el reconocimiento, la protección y la mejora de las condiciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Iniciativas contra los homenajes a miembros de ETA
La diputada popular ha acusado al Ministerio del Interior de impedir que avancen en el Congreso las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular para acabar con los actos de homenaje y enaltecimiento dedicados a miembros de ETA.
Carballedo ha reclamado que las instituciones utilicen todas las herramientas del Estado de derecho para proteger la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo.
Según ha señalado, las propuestas del PP también pretenden frenar la política de acercamientos y excarcelaciones de presos de ETA que la formación atribuye a las exigencias de la izquierda abertzale.
“Escuchen a las víctimas”
“Escuchen a las víctimas”, ha reclamado Carballedo desde la tribuna del Congreso.
La diputada ha recordado que distintas asociaciones de víctimas están denunciando una “amnistía encubierta al gusto de Bildu” y ha pedido al Defensor del Pueblo que atienda sus advertencias y no se mantenga al margen de sus reivindicaciones.
El Partido Popular considera que cualquier decisión relacionada con la política penitenciaria debe respetar la legalidad, garantizar el cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos y tener presente la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista.
Defensa de las instituciones democráticas
Carballedo ha rechazado que se le reproche hablar del deterioro de la democracia y ha asegurado que sus críticas también se sustentan en los informes elaborados por la institución del Defensor del Pueblo.
La diputada del Grupo Popular ha pedido a Ángel Gabilondo que actúe ante una crisis institucional marcada, según ha sostenido, por los ataques a jueces, fiscales y unidades policiales encargadas de investigar presuntos casos de corrupción.
El Partido Popular reclama instituciones independientes, transparencia, respeto a la separación de poderes y una defensa firme de quienes garantizan la seguridad y el cumplimiento de la ley.
Carballedo ha reiterado que el Defensor del Pueblo no puede limitarse a observar los acontecimientos, sino que debe defender los derechos de los ciudadanos, escuchar a las víctimas y responder ante cualquier actuación que debilite la confianza en las instituciones democráticas.
Díaz Ayuso: del rechazo de Sánchez al independentismo a su dependencia política.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado el cambio de posición de Pedro Sánchez respecto al independentismo catalán y ha advertido de las consecuencias que sus acuerdos pueden tener para la igualdad entre los españoles, la solidaridad territorial y el Estado de derecho.
Durante una intervención pública, Díaz Ayuso ha recordado unas declaraciones anteriores de Sánchez en las que criticaba que el independentismo diera la espalda a una parte de la sociedad catalana y provocara un profundo deterioro institucional.
La presidenta madrileña ha subrayado que el propio dirigente socialista llegó a definir la causa independentista como “excluyente, aislacionista, regresiva e insolidaria”.
“Pedro Sánchez criticaba que nadie había hecho tanto daño a las instituciones catalanas como el independentismo. No podemos estar más de acuerdo y él también lo sabe”, ha afirmado.
Del rechazo al independentismo a la dependencia parlamentaria
Díaz Ayuso ha cuestionado que el independentismo haya dejado de ser considerado incompatible con los principios de solidaridad y redistribución que tradicionalmente reivindicaba el Partido Socialista.
“Ahora resulta que el independentismo ya no es insolidario ni enemigo del socialismo y del reparto justo de la riqueza”, ha señalado.
La presidenta considera que este cambio no responde a una evolución ideológica razonada, sino a la necesidad de Sánchez de mantener los apoyos parlamentarios que sostienen a su Gobierno.
Según ha denunciado, los partidos independentistas y Bildu se han convertido en los principales aliados del presidente del Ejecutivo durante la fase final de la legislatura.
Cesiones para permanecer en La Moncloa
Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno central de adaptar las leyes y las instituciones a las exigencias de sus socios.
La presidenta ha citado las reformas del Código Penal, la tramitación de la Ley de Amnistía y las negociaciones sobre financiación autonómica como ejemplos de una política basada, a su juicio, en las cesiones al independentismo.
La Comunidad de Madrid ya expresó oficialmente su rechazo a los acuerdos bilaterales que puedan otorgar privilegios fiscales a Cataluña y anunció acciones legales para defender la igualdad entre comunidades autónomas.
Ayuso ha advertido de que estas decisiones no responden al interés general de los españoles, sino a la supervivencia política de Pedro Sánchez.
La financiación autonómica, “el último golpe”
La presidenta madrileña ha señalado que la nueva negociación sobre financiación constituye otro capítulo de una estrategia basada en las mismas causas y argumentos utilizados para justificar anteriores concesiones.
“Ahora se suma el último golpe: otra vez la financiación, otra vez con las mismas mentiras y otra vez por las mismas causas”, ha manifestado.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende que cualquier reforma del sistema debe negociarse de manera multilateral, con transparencia y garantizando la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos.
Díaz Ayuso ha advertido anteriormente de que un sistema diseñado bilateralmente con los independentistas podría reducir los recursos disponibles para otras comunidades y afectar a la financiación de servicios esenciales.
Defensa del Estado de derecho
La presidenta ha reafirmado su compromiso con la Constitución, la separación de poderes y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Ayuso ya ha denunciado en anteriores intervenciones que los pactos con el independentismo debilitan las garantías constitucionales y subordinan las instituciones a la estabilidad política del Gobierno central.
El Partido Popular defiende un modelo territorial basado en la solidaridad, la cohesión y la lealtad institucional, frente a cualquier acuerdo que establezca privilegios dependiendo del territorio de residencia.
Díaz Ayuso ha reclamado coherencia política a Pedro Sánchez y ha sostenido que quien anteriormente denunciaba el carácter insolidario del independentismo no puede ahora presentarlo como su principal aliado sin ofrecer explicaciones a los españoles.
Miguel Ángel Miralles: «Quien promete, pero no presupuesta, abandona»
El diputado regional del Partido Popular Miguel Ángel Miralles ha denunciado que la reforma de la Ley de Dependencia promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez “llega tarde y mal” y no compensa los más de 600 millones de euros que, según ha señalado, el Ejecutivo central adeuda a la Región de Murcia en esta materia.
Miralles ha cuestionado la credibilidad del compromiso del Gobierno de España de asumir el 50 % del coste del sistema cuando, según ha recordado, no existen unos Presupuestos Generales del Estado que garanticen esa financiación.
“¿Cómo nos vamos a creer que el Gobierno de Sánchez va a asumir ahora el 50 % del gasto en dependencia cuando no hay Presupuestos ni lo ha hecho en sus ocho años en el poder?”, se ha preguntado.
“Quien promete, pero no presupuesta, abandona”
El parlamentario popular ha defendido la posición responsable del Partido Popular ante una reforma que, a su juicio, no cuenta con una memoria económica suficiente.
“Quien deja abandonadas a las personas con discapacidad es quien promete, pero no presupuesta”, ha afirmado Miralles.
El diputado ha explicado que el Partido Popular no puede respaldar una iniciativa que no detalle de forma clara los recursos necesarios para garantizar su aplicación presente y futura.
Miralles ha advertido de que las personas dependientes y sus familias necesitan certezas, financiación estable y servicios adecuados, no anuncios sin respaldo presupuestario.
Sin garantías para 2027 y los próximos años
El diputado regional ha señalado que el decreto anunciado contempla un incremento de 2.218 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, pero únicamente para el ejercicio actual.
Miralles ha criticado que el Gobierno central no haya aclarado cuánto aportará en 2027 ni cómo garantizará la sostenibilidad del sistema en los años siguientes.
“Estamos una vez más ante promesas sin soporte real”, ha manifestado, antes de preguntar al Ejecutivo central cómo piensa garantizar la dependencia sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Murcia recibiría 19 millones adicionales
Miralles ha indicado que la Región de Murcia podría recibir este año 19 millones de euros adicionales mediante el nuevo decreto, una cantidad con la que, según ha explicado, la aportación estatal apenas alcanzaría el 40 % del gasto.
El diputado ha advertido de que este incremento no soluciona la deuda acumulada de más de 600 millones que atribuye al Gobierno central desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
También ha cuestionado que pueda garantizarse una financiación estatal del 50 % en 2027 sin contar con unas cuentas públicas que respalden ese compromiso.
El Estado solo asumiría el 30 % del gasto actual
“Si el Gobierno de España cumpliera la actual Ley de Dependencia, en la Región de Murcia podríamos acabar con la lista de espera, crear las plazas necesarias y llegar mejor a quienes más lo necesitan”, ha asegurado Miralles.
Sin embargo, el diputado popular ha denunciado que el Ejecutivo central solo estaría asumiendo actualmente alrededor del 30 % del coste del sistema en la Región de Murcia.
El Partido Popular reclama un modelo de financiación justo, estable y suficiente que permita atender con mayor rapidez a las personas dependientes, aumentar los recursos disponibles y aliviar el esfuerzo económico asumido por la Administración autonómica.
La lista de espera baja un 21 %
Miralles ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el Gobierno de la Región de Murcia pese a la infrafinanciación autonómica y a la insuficiente aportación del Estado.
Según ha destacado, las listas de espera de dependencia en la Región se han reducido un 21 % durante el último año gracias a las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo regional.
“Este es el camino que debemos seguir. Solo falta que el Gobierno de Sánchez deje de castigar a la Región y cumpla con las personas en situación de dependencia”, ha concluido.
El Partido Popular de la Región de Murcia seguirá reclamando una financiación suficiente que garantice una atención ágil, digna y de calidad para las personas dependientes y sus familias.
Beatriz Dorado presidirá el Comité de Alcaldes de Nuevas Generaciones.
La alcaldesa de Fernán Caballero, Beatriz Dorado, ha sido nombrada presidenta del Comité de Alcaldes de Nuevas Generaciones de España durante la celebración del XVI Congreso Nacional de la organización juvenil del Partido Popular en Valladolid.
Con esta nueva responsabilidad, Dorado pasa a formar parte del Comité de Dirección Nacional de Nuevas Generaciones y representará a los jóvenes alcaldes que desarrollan su labor al frente de municipios de toda España.
El nombramiento supone un reconocimiento a su trabajo, compromiso y vocación de servicio público, así como al papel fundamental que desempeñan los jóvenes dirigentes municipales dentro del proyecto político del Partido Popular.
Ciudad Real gana presencia en la dirección nacional
El Partido Popular de Ciudad Real ha expresado su satisfacción y orgullo por una designación que sitúa a una representante de la provincia en uno de los principales órganos de dirección de Nuevas Generaciones de España.
La elección de Beatriz Dorado refuerza la presencia de Ciudad Real en la estructura nacional de la organización juvenil y pone en valor el talento, la preparación y la capacidad de gestión de los jóvenes del Partido Popular de la provincia.
Desde el PP provincial han destacado que esta nueva etapa permitirá trasladar al ámbito nacional la experiencia adquirida por Dorado desde la Alcaldía de Fernán Caballero.
El municipalismo, eje del proyecto del Partido Popular
El nombramiento pone de manifiesto la importancia que el municipalismo tiene tanto para Nuevas Generaciones como para el conjunto del Partido Popular.
Los alcaldes y concejales son quienes mantienen un contacto más directo con los ciudadanos, conocen de primera mano sus necesidades y trabajan diariamente para ofrecer soluciones eficaces desde la cercanía.
El Partido Popular cuenta con una amplia representación de alcaldesas y alcaldes jóvenes repartidos por toda la geografía española, comprometidos con la mejora de los servicios públicos, la creación de oportunidades y el desarrollo de sus municipios.
La voz de los jóvenes alcaldes
Como presidenta del Comité de Alcaldes, Beatriz Dorado tendrá la responsabilidad de coordinar, representar y reforzar la participación de los jóvenes que ejercen responsabilidades de gobierno municipal.
Su trabajo contribuirá a compartir experiencias de gestión, impulsar propuestas comunes y trasladar a la dirección nacional de Nuevas Generaciones las necesidades de los municipios españoles.
El objetivo será reforzar la voz del municipalismo y reconocer el papel de quienes, desde los ayuntamientos, trabajan diariamente para mejorar la vida de sus vecinos.
Compromiso, cercanía y servicio público
Beatriz Dorado afronta esta nueva responsabilidad con el compromiso de seguir defendiendo una política cercana, útil y centrada en resolver los problemas reales de los ciudadanos.
El Partido Popular de Ciudad Real considera que su nombramiento representa también un reconocimiento a todos los jóvenes que deciden dar un paso adelante, asumir responsabilidades públicas y ponerse al servicio de sus municipios.
Nuevas Generaciones refuerza así su apuesta por el municipalismo y por una nueva generación de dirigentes preparada para gobernar desde la responsabilidad, la cercanía y la eficacia.
Almudena Negro: «No se puede ganar en las calles lo que han negado las urnas»
La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha defendido la aplicación firme del Estado de derecho ante cualquier intento de alterar la convivencia democrática.
Negro ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que determinados sectores pretendan trasladar a las calles una confrontación política después de perder el respaldo de los ciudadanos.
La dirigente popular ha recordado las advertencias realizadas por Isabel Díaz Ayuso ante el próximo ciclo electoral y ha planteado la necesidad de estar preparados frente a cualquier estrategia basada en la agitación o la alteración del orden público.
Respeto absoluto a la decisión de los ciudadanos
Almudena Negro ha defendido que los resultados democráticos deben ser aceptados por todas las formaciones políticas, con independencia de que sean favorables o contrarios a sus intereses.
“No puedes pretender ganar en las calles lo que te han negado las urnas”, ha afirmado.
El Partido Popular defiende que la alternancia política forma parte de la normalidad democrática y que ninguna organización puede cuestionar la voluntad popular mediante la presión, la intimidación o los disturbios.
Las discrepancias políticas deben canalizarse a través de las instituciones, el debate parlamentario y los mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes.
Firmeza ante cualquier episodio de violencia
Ante la posibilidad de que se produzcan actos violentos o intentos de alterar la convivencia, Negro ha reclamado una respuesta basada en la legalidad.
“Habrá que aplicarles con toda la dureza del Estado de derecho, porque no puede ser”, ha manifestado.