Maricarmen, vivienda y ocho años de Moncloa: el relato de Sánchez entra en tensión.
Pedro Sánchez ha decidido que la vivienda será su gran bandera para el 29-N. El problema es que llega tarde, y llega como presidente de un Gobierno que lleva ocho años acumulando anuncios sin haber resuelto una de las mayores angustias de jóvenes y familias. Ahora Moncloa quiere presentar el choque parlamentario de los últimos días como una batalla sencilla entre un Ejecutivo que propone soluciones y una oposición que las bloquea. Pero la realidad es bastante más incómoda: la crisis de vivienda no empezó con la caída de los últimos decretos y tampoco puede explicarse únicamente por quienes votaron en contra.
El caso de Maricarmen ha dado un rostro humano a un problema que durante demasiado tiempo se explicó con porcentajes, informes y promesas. Su muerte ha vuelto a colocar los desahucios, la vulnerabilidad residencial y la dificultad de acceder a una vivienda en el centro de la conversación pública. Sánchez intentará utilizar ese clima para reforzar su discurso social, pero también tendrá que responder a la pregunta que la campaña no le va a perdonar: si la vivienda era tan urgente, ¿por qué el Gobierno esperó hasta las puertas de unas elecciones para convertirla en prioridad absoluta?
La estrategia socialista es evidente. Sánchez quiere que el votante llegue al 29-N pensando en alquileres, ayudas, protección al inquilino y fondos de inversión. Feijóo y Abascal intentarán que llegue pensando en otra cosa: oferta insuficiente, falta de construcción, impuestos, seguridad jurídica y años de gestión sin resultados suficientes. Ahí estará uno de los grandes choques de la campaña. El PSOE necesita transformar una debilidad en bandera; la oposición necesita convertir esa misma bandera en balance.
El problema para Moncloa es que la vivienda admite poca propaganda cuando el ciudadano compara el discurso con su bolsillo. Quien paga un alquiler cada vez más alto o ve imposible comprar una casa no necesita que le expliquen que existe una crisis. La vive. Y cuanto más intente Sánchez presentarse como quien llega ahora a solucionarla, más fácil será para la oposición recordarle que gobernaba mientras el problema se agravaba.
A eso se suma otro frente incómodo: Puigdemont. Su posible regreso vuelve a recordar una legislatura marcada por la dependencia de Junts y por una amnistía que el PSOE negó antes de las anteriores elecciones y terminó aprobando después. Sánchez quiere llevar la campaña al terreno social; PP y Vox harán todo lo posible por devolverla a los pactos, la credibilidad y la gobernabilidad. El presidente podrá intentar cambiar de tema, pero no podrá borrar el recorrido de la legislatura.
Feijóo y Abascal, por su parte, tampoco tienen una campaña simple. Ambos necesitan sumar para abrir una alternativa a Sánchez, pero compiten por quién interpreta mejor el desgaste del Gobierno y por quién marca el rumbo del bloque de la derecha. El PP buscará vender gestión y estabilidad; Vox intentará demostrar que el cambio no puede limitarse a sustituir un presidente por otro, sino que debe afectar también a políticas de fondo.
La campaña, en definitiva, se está convirtiendo en una pelea por el marco. Sánchez quiere que el 29-N se vote sobre vivienda y protección social. Feijóo quiere que se vote sobre ocho años de Gobierno. Abascal quiere que se vote sobre el rumbo político del país. Y Puigdemont volverá a estar presente como recordatorio de hasta qué punto el Ejecutivo dependió de sus socios.
La vivienda puede ayudar a Sánchez a movilizar a una parte de la izquierda. Pero también puede convertirse en su principal contradicción electoral.
Porque una cosa es presentarse ahora como quien trae las soluciones.
Y otra muy distinta explicar por qué, después de ocho años en La Moncloa, el problema sigue ahí y pesa más que nunca.
Borja Sémper presenta las propuestas del PP sobre vivienda, inmigración y clases medias.
El portavoz nacional y de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha presentado las principales líneas del proyecto político de su formación para las elecciones generales del 29 de noviembre, con especial atención al acceso a la vivienda, la inmigración, el poder adquisitivo de las clases medias y la regeneración institucional.
Durante una conferencia en el Club Siglo XXI, presentada por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, Sémper ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política y ha cuestionado el balance de los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
El dirigente popular ha reclamado “reconstruir la esperanza a través de un proyecto común y compartido, que vuelva a unir a los españoles”, y ha definido la propuesta de su partido como reformista, ambiciosa y orientada a la regeneración institucional.
Un millón de viviendas durante la próxima legislatura
La vivienda ha ocupado un lugar central en la intervención de Sémper, quien ha defendido un cambio de enfoque en las políticas públicas para aumentar la oferta residencial.
El portavoz ha anunciado el compromiso del PP de sentar las bases para construir un millón de viviendas a lo largo de la próxima legislatura.
Para ello, ha planteado tres medidas principales:
- Movilizar suelo público para facilitar nuevas promociones residenciales.
- Conceder avales a los jóvenes para afrontar la entrada de su primera vivienda.
- Sustituir la normativa actual por una nueva ley que, según el PP, refuerce la seguridad jurídica.
Sémper ha cuestionado las políticas centradas en limitar precios o intervenir el mercado y ha defendido priorizar la ampliación de la oferta.
“Dejar de hablar de limitar y empezar a hablar de construir; dejar de hablar de topar y hablar de ampliar”, ha afirmado.
El dirigente popular ha vinculado estas propuestas con las dificultades de emancipación de los jóvenes y ha defendido que el acceso a una vivienda en propiedad vuelva a ser una posibilidad real para quienes trabajan y ahorran.
Inmigración: orden y capacidad de acogida
En materia migratoria, Sémper ha señalado que la propuesta del PP se fundamenta en el orden y en la planificación de los flujos migratorios.
“Nuestra propuesta en inmigración es orden”, ha manifestado.
El portavoz ha sostenido que España no puede absorber más inmigración irregular sin contrato de trabajo y ha relacionado su posición con la presión que, a su juicio, experimentan los servicios públicos, el mercado de la vivienda y las administraciones.
Estas afirmaciones expresan el diagnóstico político del PP; el comunicado no aporta datos que permitan evaluar de manera independiente la capacidad de acogida ni la relación entre inmigración y disponibilidad de servicios.
Las clases medias, eje de la política económica
Sémper también ha situado la recuperación del poder adquisitivo entre las prioridades de su formación.
El dirigente ha advertido de un deterioro de las condiciones económicas de las clases medias y ha defendido que estas deben ocupar un lugar central en las futuras políticas públicas.
“Sin clases medias no hay progreso social ni esperanza para las familias. Y sin clases medias prósperas no hay fe en el futuro”, ha afirmado.
Aunque ha presentado esta orientación como un compromiso político, la intervención facilitada no concreta nuevas medidas fiscales, laborales o salariales en este apartado.
Independencia institucional y buen gobierno
En el ámbito institucional, Sémper ha anunciado que el PP pretende reforzar la autonomía de los reguladores y organismos públicos.
Ha defendido lo que denomina “descolonizar las instituciones”, con el objetivo de que los nombramientos respondan a criterios profesionales y no a afinidades partidistas.
“Al frente de los organismos públicos habrá personas competentes, elegidas por su trayectoria profesional”, ha asegurado.
Una campaña centrada en propuestas de futuro
El portavoz nacional ha reclamado que la campaña electoral no se limite a revisar las controversias de los últimos años.
A su juicio, el debate debe centrarse en los problemas cotidianos de los ciudadanos, la recuperación de consensos y las propuestas de gobierno.
Sémper ha defendido mejorar la calidad de la conversación pública y superar la confrontación política, al tiempo que ha reiterado sus críticas a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La conferencia ha situado así la vivienda, la inmigración, el poder adquisitivo y la independencia institucional entre los principales asuntos que el PP pretende abordar durante la campaña del 29N.
Díaz Pache advierte contra la normalización de las amenazas y la violencia política.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha protagonizado una intervención en la que ha acusado a la izquierda de guardar silencio ante las informaciones sobre un supuesto plan contra la jueza que investigó al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Díaz-Pache ha reprochado a sus adversarios políticos que no hayan dedicado tiempo a comentar unas acusaciones que atribuye a investigaciones de la Guardia Civil.
El portavoz popular ha vinculado este asunto con lo que considera un deterioro de las prácticas políticas y ha reclamado que no se normalicen las amenazas ni la violencia contra quienes resulten incómodos para el poder.
Reproches por el supuesto plan contra una magistrada
Durante su intervención, Díaz-Pache ha sostenido que existirían informaciones sobre un intento de actuar violentamente contra la magistrada que investigó al hermano de Sánchez.
También ha afirmado que el supuesto plan se habría gestado en un inmueble vinculado al PSOE, una acusación cuya veracidad y alcance no pueden establecerse a partir de la declaración facilitada.
El portavoz ha pedido a la izquierda que condene cualquier amenaza o intento de violencia contra integrantes del poder judicial.
“No nos hagan acostumbrarnos a la amenaza y a la violencia física contra las personas que le resultan incómodas”, ha declarado.
Críticas al Gobierno durante el periodo electoral
Díaz-Pache ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de desarrollar una estrategia política durante los 52 días anteriores a las elecciones generales.
Según su interpretación, distintas decisiones gubernamentales, movilizaciones sindicales y actuaciones institucionales formarían parte de una estrategia para condicionar el debate público.
Entre los asuntos mencionados figuran una acampada que califica de ilegal, convocatorias de huelga, una protesta educativa en Madrid, decisiones relacionadas con Carles Puigdemont y la aprobación de decretos que, según ha señalado, habían sido rechazados previamente por el Congreso.
Estas afirmaciones constituyen valoraciones políticas del portavoz y no acreditan por sí mismas la existencia de un plan coordinado ni de actuaciones ilegales.
Acusaciones sobre el censo y las candidaturas electorales
El representante popular también ha planteado sospechas sobre una posible modificación irregular del censo electoral y ha afirmado que el PSOE podría incorporar a Begoña Gómez a sus listas electorales para modificar su situación procesal.
No obstante, el material facilitado no incluye documentos ni anuncios oficiales que confirmen esos supuestos planes.
La intervención concluye con una defensa de la fortaleza de las instituciones democráticas españolas y una crítica a la actuación del Gobierno.
Feijóo se juega La Moncloa y Ayuso puede terminar ganando Génova.
Isabel Díaz Ayuso no compite en las elecciones generales del 29 de noviembre. No encabeza ninguna lista nacional, no se juega la Presidencia del Gobierno y tampoco pone en juego todavía la Comunidad de Madrid. Sus elecciones llegarán en 2027. Y precisamente por eso puede ser una de las dirigentes que más tenga para ganar con el adelanto electoral.
El foco inmediato estará puesto sobre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, pero en política también importa quién observa la batalla desde una posición relativamente protegida. Ayuso llega a este nuevo escenario sin tener que exponerse directamente y con un calendario propio por delante.
Para Feijóo, en cambio, estas elecciones pueden convertirse en definitivas. En 2023 ganó las generales, pero no logró formar Gobierno. Si el 29 de noviembre vuelve a quedar primero y consigue llegar a La Moncloa, su liderazgo quedará reforzado y cualquier debate sucesorio en el PP desaparecerá durante años. Pero si gana nuevamente y vuelve a ser incapaz de reunir una mayoría para gobernar, la situación será completamente distinta.
Una vez puede explicarse como una anomalía parlamentaria. Dos veces comenzarían a parecer un problema político.
Feijóo no tendría obligación automática de abandonar la presidencia del PP, pero después de dos victorias electorales sin Gobierno sería inevitable que dentro del partido apareciera una pregunta incómoda: ¿puede seguir liderando el proyecto quien consigue ganar las elecciones pero no consigue transformar esas victorias en poder?
Y es ahí donde aparece Ayuso.
La presidenta madrileña dispondría además de una oportunidad que ningún otro aspirante tendría con tanta claridad: acudir pocos meses después a sus propias elecciones autonómicas. Si en 2027 vuelve a obtener un resultado contundente en Madrid y conserva el Gobierno regional con comodidad, podría presentarse ante el PP con un argumento extremadamente difícil de combatir: ella no sólo gana elecciones, también gobierna después de ganarlas.
Ese contraste podría convertirse en su principal activo.
Feijóo habría ganado dos generales sin alcanzar La Moncloa. Ayuso podría exhibir una nueva victoria en Madrid, una organización territorial poderosa, una enorme notoriedad nacional y una capacidad probada para competir también por una parte del electorado situado a la derecha del PP.
Por eso el adelanto electoral contiene una paradoja. Sánchez pretende resolver su propio problema político adelantando las urnas, pero podría terminar acelerando también un debate que hasta ahora permanecía aplazado dentro del Partido Popular: la sucesión de Feijóo.
Naturalmente, para Ayuso el mejor escenario institucional para su partido sería que Feijóo gobernara. Pero la política tiene su propia lógica. Si el líder popular vuelve a quedarse a las puertas de La Moncloa, el 29-N podría convertirse no sólo en el final de una etapa, sino en el comienzo de otra.
Ayuso tampoco necesitaría precipitarse. De hecho, su mejor estrategia sería probablemente la contraria: respaldar públicamente a Feijóo, concentrarse en Madrid, ganar sus elecciones en 2027 y dejar que sean los propios dirigentes y militantes del PP quienes comiencen a reclamar una alternativa.
Entonces la discusión ya no sería si Ayuso quiere Génova.
La discusión sería si Génova puede permitirse ignorar a Ayuso.
El adelanto electoral puede, por tanto, producir un efecto que Pedro Sánchez seguramente no buscaba: acortar el calendario político del PP y acercar el momento en el que Isabel Díaz Ayuso tenga que decidir si su proyecto termina en la Puerta del Sol o comienza a mirar definitivamente hacia la calle Génova.
Porque el 29 de noviembre Ayuso no se presenta.
Pero puede terminar jugando una de las partidas más importantes de su carrera.
Héctor Carracedo muestra el estado del Parque Central prometido por Jurado: «Esta es la realidad»
El portavoz y candidato a la alcaldía de Parla, Héctor Carracedo ha denunciado el incumplimiento de las promesas del alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, sobre la construcción de un gran Parque Central en el casco antiguo del municipio. En un vídeo difundido desde el espacio donde estaba previsto desarrollar el proyecto, Carracedo acusa al regidor de llevar años anunciando una actuación que, según sostiene, todavía no se ha materializado.
“En Nueva York tienen Central Park. En Londres tienen Hyde Park. Y en Parla tenemos esto, el gran Parque Central que lleva Ramón Jurado prometiéndonos cuatro años”, afirma con ironía mientras muestra el estado actual de los terrenos.
Carracedo sitúa el origen de las promesas en enero de 2023 y recuerda que el alcalde volvió a incluir el proyecto entre sus compromisos durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año.
Carracedo acusa a Jurado de incumplir sus promesas electorales
El dirigente ha recuperado declaraciones y material de la campaña municipal de 2023 para cuestionar la gestión del Gobierno de Parla.
Según explica, Ramón Jurado anunció entonces la creación de un gran espacio verde destinado a transformar una zona del casco antiguo de la ciudad.
En las imágenes que incorpora a su vídeo se recoge una declaración del alcalde sobre el proyecto: “Queremos crear un gran espacio verde en el casco antiguo de la ciudad”.
Carracedo sostiene que aquel compromiso se presentó a los vecinos acompañado de planos, maquetas y distintas propuestas urbanísticas que generaron expectativas sobre la transformación de la zona.
Sin embargo, denuncia que el resultado no se corresponde con lo anunciado.
“De todas las promesas, los planos, las maquetas y las presentaciones que nos enseñaste, la realidad que tenemos es esto”, afirma mientras señala los terrenos.
El Parque Central, nuevo motivo de crítica al Gobierno de Parla
El proyecto del Parque Central vuelve así al centro de la confrontación política municipal.
Carracedo reprocha a Jurado que anunciara la actuación en 2023 y que la presentara como uno de los grandes proyectos de transformación urbana para los siguientes cuatro años.
A su juicio, la falta de resultados demuestra una distancia entre los compromisos electorales del alcalde y la situación que encuentran los vecinos.
“El alcalde Ramón Jurado lleva mintiéndonos desde enero de 2023”, asegura Carracedo, que responsabiliza directamente al regidor socialista del estado actual del proyecto.
Se trata de una acusación política del dirigente, que utiliza las imágenes del emplazamiento y las declaraciones anteriores del alcalde para sostener su crítica.
«Un gran proyecto convertido en una gran mentira»
Carracedo termina su intervención con una nueva acusación contra el alcalde de Parla.
“Una vez más, lo que se presentaba como un gran proyecto para la ciudad de Parla se ha vuelto a convertir en una gran mentira del alcalde Ramón Jurado”, concluye.
El vídeo no aporta una fecha actualizada para el inicio de las obras ni recoge una respuesta del Gobierno municipal sobre el calendario del Parque Central.
La denuncia de Carracedo sitúa el foco en el grado de cumplimiento de los compromisos electorales de 2023 y en el futuro de uno de los espacios verdes anunciados para el casco antiguo de Parla.
Lorena Roldán acusa al Govern de favorecer la okupación en Cataluña.
La portavoz del Partido Popular de Cataluña (PPC) en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado al Govern de Salvador Illa de favorecer la ocupación ilegal y perjudicar el mercado del alquiler mediante unas políticas de vivienda que, a su juicio, castigan a los propietarios y reducen la oferta disponible.
Durante una intervención en el pleno del Parlament, Roldán ha cuestionado la intención del Ejecutivo catalán de impulsar medidas que, según ha señalado, ya habían sido rechazadas por la Cámara.
La diputada ha preguntado a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, si el Govern pretende gobernar “contra el Parlamento”, y ha establecido un paralelismo con las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda.
Críticas a la regulación del alquiler
Roldán ha acusado a los gobiernos socialistas de responsabilizar a los propietarios particulares de una crisis habitacional que, según sostiene, no han sabido resolver.
“Después de ocho años de Sánchez y dos de Illa tenemos menos vivienda en el mercado, más okupaciones y más desahucios”, ha afirmado.
La portavoz popular ha criticado especialmente las medidas de control de precios, la intervención del mercado del alquiler y el aumento de la regulación.
A su juicio, estas políticas han contribuido a reducir la oferta residencial y han generado inseguridad entre quienes alquilan sus inmuebles.
Roldán también ha defendido a los pequeños propietarios, entre ellos personas que han heredado una vivienda o que utilizan los ingresos del alquiler para complementar su pensión.
Defensa de la propiedad privada
La dirigente del PPC ha denunciado lo que considera un trato desigual entre los propietarios y quienes ocupan ilegalmente una vivienda.
Según ha expresado, el actual marco de protección genera una situación injusta para las familias que cumplen sus obligaciones y han destinado sus ahorros a adquirir un inmueble.
“Proteger al usurpador no es justicia social, es desproteger a las familias que cumplen las reglas”, ha señalado.
Roldán ha defendido que el respeto a la propiedad privada debe formar parte de cualquier política pública de vivienda y ha reclamado al Govern que revise las medidas que, en su opinión, desincentivan la oferta de alquiler.
Reproches al procedimiento legislativo
La portavoz del PPC también ha cuestionado que el Ejecutivo catalán busque vías alternativas para impulsar propuestas previamente rechazadas por el Parlament.
En este contexto, ha mencionado el recurso a la Diputación Permanente del Congreso por parte del Gobierno central, aunque su intervención se ha desarrollado en la Cámara autonómica catalana.
Roldán ha concluido reclamando un cambio en la política de vivienda que refuerce la seguridad jurídica de los propietarios y permita aumentar la oferta residencial.
Martínez Almeida acusa a Más Madrid de politizar la muerte de Maricarmen.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha protagonizado una dura intervención contra Más Madrid a raíz de la muerte de Maricarmen y del minuto de silencio celebrado en su memoria.
Durante su intervención, Almeida ha acusado a sus adversarios políticos de utilizar el fallecimiento con fines partidistas y ha criticado que el homenaje, según ha afirmado, durase únicamente 40 segundos.
“¿Son ustedes tan miserables? ¿Desprecian tanto la memoria de Maricarmen?”, ha preguntado el alcalde, que ha considerado contradictorio reclamar respeto por la fallecida y no completar el minuto de silencio.
Cruce de acusaciones por los desahucios
Martínez-Almeida ha defendido que lamentar profundamente la muerte de Maricarmen es compatible con debatir las responsabilidades políticas relacionadas con los desahucios.
En ese contexto, ha atribuido el desahucio a la normativa impulsada por sus adversarios y ha señalado que, durante los ocho años de Gobierno a los que se refiere, se produjeron 290.000 desahucios en España.
Se trata de afirmaciones realizadas por el alcalde durante su intervención. La transcripción no aporta documentación que permita comprobar la situación jurídica concreta de Maricarmen ni la cifra citada.
Referencias a otro caso en Cataluña
El alcalde también ha mencionado el caso de Olga, una mujer que, según sus declaraciones, murió por suicidio en Cataluña después de haber sido desahuciada.
Almeida ha cuestionado que sus adversarios no hubieran mostrado públicamente la misma reacción ante aquel fallecimiento y ha utilizado esta comparación para denunciar lo que considera un tratamiento desigual de ambos casos.
Estas referencias corresponden a las declaraciones del regidor y no permiten establecer por sí solas las circunstancias de los fallecimientos ni responsabilidades individuales.
Almeida rechaza retirar sus críticas
En el tramo final de su intervención, el alcalde ha elevado el tono de sus reproches y ha rechazado pedir disculpas por sus declaraciones.
“Ni vamos a dar un paso atrás, ni vamos a agachar la cabeza, ni vamos a pedirles perdón”, ha afirmado.
Martínez-Almeida ha concluido reivindicando las urnas como el ámbito en el que deben resolverse las diferencias políticas.
Criterio editorial: dada la sensibilidad del asunto, conviene evitar presentar como hechos acreditados las acusaciones sobre responsabilidades en los desahucios o utilizar los fallecimientos como elemento de confrontación en los titulares. La noticia debe centrarse en las declaraciones verificables del alcalde y el debate municipal.
Carmen Crespo exige mantener las ayudas de la PAC para el campo español.
La eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo ha defendido la necesidad de reforzar el apoyo europeo al sector hortofrutícola español durante su participación en la feria Fruit Attraction, donde ha destacado su importancia económica, su capacidad exportadora y su contribución al empleo.
Crespo ha señalado que las exportaciones españolas de frutas y hortalizas han crecido un 5,3%, según los datos mencionados en su intervención, y ha reclamado que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea preserve los instrumentos de financiación necesarios para mantener la competitividad del sector.
La representante popular ha explicado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está defendiendo ante las instituciones europeas la protección de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y de la industria agroalimentaria.
Mantener los fondos de la PAC
Una de las principales reivindicaciones de Crespo es que España conserve, como mínimo, la dotación presupuestaria que recibe actualmente a través de la Política Agraria Común (PAC).
La eurodiputada ha pedido, además, garantizar a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas el 4,1% del valor de la producción al que ha hecho referencia como instrumento de financiación del sector.
Según ha explicado, estos recursos han contribuido a impulsar la innovación y las inversiones de las organizaciones de productores durante los últimos años.
Industria agroalimentaria y financiación del agua
Crespo también ha reclamado que el futuro Fondo Europeo de Competitividad incorpore expresamente a la industria agroalimentaria.
A su juicio, el sector debe figurar entre las prioridades industriales europeas por su peso económico y su capacidad para generar actividad y empleo.
En materia de agua, ha pedido que los fondos comunitarios contemplen recursos específicos para afrontar la escasez hídrica que afecta a numerosas explotaciones agrícolas.
La eurodiputada ha situado la disponibilidad de agua entre los factores fundamentales para garantizar la continuidad y competitividad de la producción hortofrutícola española.
Simplificación normativa y productos fitosanitarios
Otra de las prioridades expuestas por Crespo es la simplificación de las normas europeas mediante iniciativas legislativas conocidas como paquetes ómnibus.
En particular, ha defendido avanzar en el reconocimiento mutuo de sustancias y autorizaciones fitosanitarias para evitar diferencias regulatorias que, según ha señalado, han perjudicado a productores españoles frente a competidores de otros países europeos, como Francia.
Crespo ha concluido que el sector necesita financiación, acceso al agua y herramientas fitosanitarias adecuadas para continuar innovando, generando empleo y manteniendo su capacidad exportadora.