Actualidad Política

10 de noviembre de 2026

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El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha anunciado hoy un plan de acción urgente contra el crimen organizado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, impulsará cuando llegue al Gobierno de España.

Durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, Sémper ha explicado que este plan incluye medidas “contundentes y urgentes” para reforzar la lucha contra el narcotráfico y proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre las principales iniciativas, el Partido Popular propone restaurar la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico, Ocon Sur, desmantelada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022; dotar al Servicio Marítimo de armas no letales para neutralizar narcolanchas; reformar la protección jurídica de los funcionarios de prisiones; declarar al Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como zona de especial singularidad operativa; y reformar el Código Penal para endurecer las penas contra el crimen organizado.

Sémper ha recordado que, dos años después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha, “la situación no ha mejorado” y ha lamentado especialmente “la ausencia del presidente del Gobierno y de varios ministros en el funeral de los agentes”.

“La Guardia Civil necesita respaldo real, medios suficientes, protección jurídica y una estrategia sostenida contra el crimen organizado. Defender a la Guardia Civil es defender la libertad, la seguridad y la convivencia”, ha subrayado.

El portavoz popular ha reprochado además al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haber eliminado Ocon Sur “sin justificación suficiente y sin una alternativa real”, pese a que la unidad logró miles de detenciones y cientos de toneladas de droga incautadas en apenas cuatro años.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno mantenga bloqueada desde hace 69 semanas en el Congreso la ley aprobada en el Senado para que los delitos de crimen organizado en el Estrecho sean juzgados por la Audiencia Nacional y no por juzgados locales “sometidos a amenazas y presiones de los narcos”.

El plan del Partido Popular también contempla considerar profesión de riesgo a los agentes de la Guardia Civil y reforzar los medios tecnológicos y humanos en el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz.

Durante su intervención, Borja Sémper también ha alertado sobre el aumento de los problemas de salud mental entre jóvenes y adolescentes en España, reclamando una respuesta coordinada y preventiva desde las instituciones públicas.

“Más de la mitad de los jóvenes españoles reconoce haber sufrido algún problema de salud mental en el último año. La ansiedad y el ciberacoso no dejan de crecer y los poderes públicos tienen la obligación de anticiparse”, ha afirmado.

En este contexto, ha recordado que el Partido Popular ha impulsado en el Senado jornadas sobre acoso escolar y violencia entre menores y que Alberto Núñez Feijóo mantendrá reuniones con expertos y colectivos especializados para abordar el impacto de las redes sociales, el ciberacoso y la salud mental juvenil.

Sémper ha insistido además en la necesidad de activar de forma urgente la Agencia Estatal de Salud Pública y el plan estatal de preparación frente a amenazas sanitarias graves, criticando que “un año después de su aprobación, la Agencia siga sin sede”.

Por último, el portavoz popular ha puesto en valor la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, asegurando que representa “todo lo que el Partido Popular quiere para España: estabilidad frente al bloqueo, moderación frente al frentismo y gestión frente a la propaganda”.

“Juanma Moreno es un presidente que gobierna para todos”, ha concluido.

La Comisión de Economía de Les Corts Valencianes ha aprobado una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular que permitirá que todas las familias con menores con discapacidad puedan beneficiarse de desgravaciones fiscales en la declaración de la renta de 2025, incluyendo también aquellos casos en los que la discapacidad se encuentre en revisión.

La portavoz de Economía del Grupo Popular, Mari Carmen Contelles, ha explicado que esta modificación “recoge el criterio del CERMI y garantiza que ninguna familia con menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo pierda los beneficios fiscales que venía disfrutando”.

“A través de esta enmienda se incorpora la discapacidad en revisión para que todas las familias puedan deducirse estos gastos en la renta de este año”, ha señalado Contelles.

La Comisión de Economía ha debatido y votado las enmiendas a la Ley de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, conocida como Ley Simplifica II.

El Grupo Popular ha presentado un total de 34 enmiendas y once transaccionales, de las que prácticamente todas han salido adelante, quedando únicamente una enmienda viva para su debate en el pleno.

Mari Carmen Contelles ha defendido que esta reforma “es urgente y necesaria” para combatir la burocracia que “genera incertidumbre y agobio a empresas, ciudadanos y familias”, consolidando además “un modelo distinto al del Botànic basado en la simplificación administrativa y la agilización de procesos”.

La portavoz popular ha criticado también la postura de PSPV y Compromís, asegurando que “han intentado poner más trabas y más burocracia a una ley que precisamente busca reducir la hiperregulación y evitar retrasos administrativos”.

“Durante ocho años no hicieron nada para simplificar la administración y ahora pretenden bloquear una reforma clave para agilizar procedimientos y evitar la parálisis”, ha afirmado.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana defiende una administración más ágil, eficaz y cercana, que facilite la vida de las familias y garantice apoyos reales a quienes más lo necesitan.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado hoy ‘Vallecas Abierto’, el proyecto de transformación integral del entorno del Puente de Vallecas que permitirá mejorar y conectar este espacio estratégico de la ciudad, eliminando el efecto frontera entre los distritos de Puente de Vallecas y Retiro.

Acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y los concejales de Puente de Vallecas y Retiro, Ángel Niño y Andrea Levy, Almeida ha destacado que esta actuación responde a “una demanda largamente esperada por los vecinos” en un entorno degradado por décadas de tráfico intenso y barreras urbanas.

“El futuro de Madrid pasa por el sur y por Puente de Vallecas”, ha afirmado el alcalde, defendiendo la capacidad del Ayuntamiento para impulsar “proyectos reales, posibles y que mejoren la calidad de vida de los vecinos”.

El proyecto supondrá la mejora de 23.900 metros cuadrados de espacio público y permitirá ganar 3.770 metros cuadrados para el peatón, gracias a nuevas conexiones peatonales, la reorganización del tráfico y la peatonalización de la calle Monte Oliveti.

Uno de los principales objetivos de ‘Vallecas Abierto’ será favorecer la conexión accesible entre Puente de Vallecas y Retiro, creando cinco nuevos pasos de peatones y nuevos itinerarios peatonales que eliminen la actual fragmentación urbana bajo el puente de la M-30.

Además, el proyecto contempla una profunda renaturalización del entorno con la plantación de 48 nuevos árboles, más de 10.000 arbustos, jardines verticales y vegetación en pilares, mejorando notablemente la calidad ambiental y el confort urbano de la zona.

La actuación incluirá también nuevo mobiliario urbano, iluminación led de alta eficiencia energética y la reorganización de las dársenas de autobús, eliminando las actuales marquesinas bajo el puente para facilitar los recorridos peatonales y ampliar las zonas estanciales.

En paralelo, Madrid Calle 30 llevará a cabo una rehabilitación integral del propio puente, con nuevas pantallas antirruido más eficientes, pavimentos fonoabsorbentes para reducir el ruido del tráfico y mejoras estéticas y funcionales en la infraestructura.

Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos y Madrid Calle 30, supondrán una inversión global superior a los 11,5 millones de euros.

Almeida ha subrayado que el proyecto no solo mejorará la movilidad y la accesibilidad, sino que también recuperará la memoria histórica del antiguo arroyo Abroñigal, integrando elementos paisajísticos y de diseño que recuerdan el origen histórico de Puente de Vallecas.

“‘Vallecas Abierto’ es un proyecto pensado para unir barrios, generar nuevos espacios de convivencia y transformar uno de los principales accesos de Madrid en un entorno más humano, accesible y sostenible”, ha concluido el alcalde.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido hoy explicaciones inmediatas al PSOE de Castilla-La Mancha tras las últimas informaciones conocidas sobre el caso Ábalos-Koldo y la supuesta participación de personas estrechamente vinculadas al entorno político de Emiliano García-Page en los hechos ocurridos en el Parador de Teruel.

Agudo ha señalado que las informaciones publicadas en las últimas horas sitúan al segundo del director general de la Policía Nacional, Paco Pardo, como “el encargado de solucionar y limpiar lo sucedido en aquel episodio bochornoso del Parador de Teruel”, unos hechos que ha calificado de “gravísimos, asquerosos y moralmente repugnantes”.

La dirigente popular ha recordado que Jesús Rodríguez, mencionado en dichas informaciones, “no es una persona ajena al socialismo castellanomanchego”, ya que fue responsable de Comunicación Parlamentaria durante la primera legislatura de García-Page y forma parte del entorno político del actual director general de la Policía Nacional, “uno de los históricos del PSOE de Castilla-La Mancha”.

“Los españoles estaban confinados en sus casas durante la pandemia mientras altos cargos del Gobierno de España presuntamente celebraban fiestas pagadas con dinero público, utilizando además estructuras del Estado y contactos policiales para tapar lo ocurrido”, ha denunciado Agudo.

En este sentido, la secretaria general del PP regional ha subrayado que “esto no es una anécdota privada”, sino que “estaríamos hablando de la utilización de resortes públicos, cargos policiales y estructuras del Estado para ocultar comportamientos impropios de un ministro del Gobierno de España”.

Por ello, Carolina Agudo ha preguntado públicamente “qué tuvo que solucionar, borrar o tapar el entorno de Paco Pardo tras los hechos del Parador de Teruel”, así como “qué conocimiento tenía Emiliano García-Page de todo lo sucedido”.

“Desde el Partido Popular no acusamos sin pruebas, pero sí tenemos la obligación y el derecho de exigir explicaciones cuando aparecen vinculados a estos hechos dirigentes estrechamente relacionados con el PSOE de Castilla-La Mancha”, ha asegurado.

Asimismo, ha advertido de que el PSOE regional “no puede esconderse ni mirar hacia otro lado”, ya que “no estamos hablando de personas vinculadas al PSOE de Madrid o de Valencia, sino de personas que han formado parte del núcleo político socialista de Castilla-La Mancha durante décadas”.

“Los castellanomanchegos merecen saber en qué consistió esa supuesta limpieza y qué se intentó ocultar. Porque si esto ha ocurrido presuntamente en un caso conocido, cabe preguntarse qué otras cosas se habrán estado tapando durante años”, ha concluido Agudo.

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr, ha criticado hoy la estrategia del Partido Nacionalista Vasco en materia lingüística, asegurando que el PNV “está actuando con desesperación” en su competencia política con EH Bildu.

“Vemos a un Partido Nacionalista Vasco un tanto desesperado, compitiendo con Bildu para ver quién da una vuelta de tuerca más a las políticas impositivas”, ha señalado Garrido, quien considera que el PNV “se ha equivocado claramente de estrategia”.

La dirigente popular ha apuntado además que el Partido Nacionalista Vasco “pensaba que su socio le iba a acompañar”, en referencia al Partido Socialista de Euskadi, aunque ha advertido de que ese distanciamiento “es ficticio”.

“El Partido Socialista de Euskadi ha sido cómplice absoluto de todas las políticas lingüísticas que se han puesto en marcha en Euskadi y además ha tenido responsabilidades directas en áreas relacionadas con estas políticas”, ha afirmado.

En este contexto, Laura Garrido ha reivindicado el papel del Partido Popular del País Vasco como “la garantía de la salvaguarda de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos vascos frente a los excesos lingüísticos impulsados por los sucesivos gobiernos del PNV y del PSE”.

“El Partido Popular Vasco seguirá defendiendo la libertad, la convivencia y el respeto a los derechos lingüísticos sin imposiciones ni políticas excluyentes”, ha subrayado.

La portavoz popular ha insistido en que Euskadi necesita “políticas centradas en la convivencia y la libertad de elección”, alejadas de “estrategias identitarias que generan división y presión social”.

“El Partido Popular del País Vasco seguirá siendo la voz de quienes defienden una Euskadi abierta, plural y respetuosa con los derechos de todos”, ha concluido.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido hoy el papel del Hospital Enfermera Isabel Zendal como una infraestructura sanitaria “adaptable y estratégica” preparada para responder a situaciones excepcionales y para reforzar la capacidad asistencial del sistema sanitario madrileño y nacional.

Serrano ha explicado que el Zendal “es un hospital adaptable que está, sobre todo, para descongestionar esos picos que puedan producirse ante pandemias o situaciones de presión asistencial”, recordando además que “Madrid atiende diariamente a muchísimas personas procedentes de otras comunidades autónomas, tanto para intervenciones habituales como para tratamientos complejos”.

“El Hospital Zendal está al servicio de Madrid y también de toda España”, ha afirmado.

El dirigente popular ha señalado asimismo que el Partido Popular de Madrid siempre ha defendido la necesidad de actuar con transparencia y coordinación institucional, especialmente en cuestiones sanitarias de relevancia internacional.

En este sentido, ha reclamado información al Gobierno central sobre los informes técnicos que han motivado determinadas decisiones adoptadas por el Ministerio de Sanidad, en referencia al traslado de personas desde Cabo Verde a España.

“Hemos sido críticos y lo único que hemos pedido siempre es información y coordinación. Queremos conocer cuáles son los informes y los criterios técnicos que han llevado al Ministerio a tomar determinadas decisiones”, ha explicado.

No obstante, Serrano ha querido dejar claro que la Comunidad de Madrid “siempre estará disponible para colaborar y actuar con solidaridad cuando se le solicite apoyo”.

“Madrid nunca ha dicho que no. Lo que pedimos, como cualquier comunidad autónoma, es coordinación, información y colaboración institucional. Precisamente eso fue una de las grandes lecciones que aprendimos durante la pandemia”, ha subrayado.

Por último, el secretario general del PP madrileño ha defendido que la cooperación entre administraciones “es fundamental para responder con eficacia ante cualquier emergencia sanitaria o situación extraordinaria”, reiterando el compromiso de la Comunidad de Madrid con una sanidad pública preparada, flexible y al servicio de todos los españoles.

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha asegurado que la Conselleria de Educación “mantiene la mano tendida y la disposición al diálogo y al acuerdo”, y ha señalado que “ahora son los sindicatos docentes quienes deben decidir si quieren negociar o bloquear el final de curso”.

Ante la convocatoria de huelga indefinida prevista para la próxima semana, Gascó ha apelado a la “responsabilidad” del profesorado y de las organizaciones sindicales para evitar perjuicios a los más de 840.000 alumnos valencianos.

“La Conselleria no ha roto las negociaciones en ningún momento y todavía hay margen para alcanzar acuerdos si existe voluntad real de negociar. La pelota está ahora en el tejado de los sindicatos”, ha afirmado.

La diputada popular ha advertido de que una huelga indefinida “genera enorme preocupación entre miles de familias valencianas”, especialmente en un momento clave del curso escolar marcado por evaluaciones decisivas y preparación de exámenes finales.

“No es razonable trasladar a las familias la incertidumbre de si sus hijos podrán acudir con normalidad a clase o afrontar sus pruebas finales en condiciones adecuadas”, ha señalado.

Asimismo, Gascó ha mostrado su preocupación por los mensajes difundidos desde algunos sectores que animan a los alumnos a no acudir a las aulas. “Las familias tienen derecho a decidir libremente, pero no se puede utilizar a los estudiantes como instrumento de presión en un conflicto laboral”, ha defendido.

En este sentido, la portavoz popular ha recordado que el actual Consell “ha demostrado más predisposición al diálogo en unos meses que el Botànic durante años”, destacando además medidas impulsadas por el Gobierno valenciano como la subida salarial del 13,5% para los docentes más jóvenes y el incremento de más de 8.000 profesores en la plantilla educativa durante la última legislatura.

“Mientras algunos prefieren esconderse detrás de la pancarta, desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana seguimos apostando por una educación pública, de calidad y centrada en el interés de alumnos y familias”, ha concluido Gascó.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha denunciado hoy la “falta absoluta de lealtad institucional” del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las comunidades autónomas, criticando que el Ejecutivo central utilice la ausencia de Presupuestos Generales del Estado como excusa para “mantener secuestradas financieramente” a las regiones.

“Desde la Comunidad de Madrid queremos denunciar la falta de lealtad del Gobierno del señor Sánchez con las comunidades autónomas. No puede ser que, bajo la excusa de no tener presupuestos, nos tenga secuestrados y pretenda además que paguemos sus medidas electoralistas”, ha afirmado Albert.

La consejera madrileña ha acusado al Ejecutivo central de aplicar una política basada en el “yo decido y tú pagas”, trasladando a las autonomías el coste de iniciativas impulsadas por el Gobierno “sin financiación ni diálogo previo”.

“Pretenden que las comunidades autónomas acabemos financiando la campaña electoral de Pedro Sánchez”, ha advertido.

En este sentido, Rocío Albert ha cifrado en 12.367 millones de euros la deuda acumulada del Gobierno central con la Comunidad de Madrid desde el año 2019, una situación que, según ha señalado, “lastra la capacidad financiera de las autonomías y dificulta la prestación de servicios públicos esenciales”.

La dirigente madrileña ha reclamado al Ejecutivo central “responsabilidad, estabilidad y respeto institucional”, insistiendo en la necesidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que garanticen seguridad jurídica y financiación suficiente para las comunidades autónomas.

“El Gobierno de España no puede seguir instalado en el bloqueo permanente mientras exige a las comunidades asumir decisiones que no han sido consensuadas ni financiadas”, ha concluido.

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