Almudena Negro reduce en 2,13 millones la inestabilidad financiera de Torrelodones.
El Ayuntamiento de Torrelodones ha logrado sanear de forma significativa sus cuentas públicas, reduciendo en 2,13 millones de euros la inestabilidad financiera heredada de la etapa anterior, según refleja la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025.
Este resultado positivo es fruto de los ajustes en el gasto realizados a lo largo del año y de la aplicación del Plan Económico Financiero (PEF) puesto en marcha por el Gobierno municipal para corregir los desequilibrios detectados en las cuentas públicas.
El PEF, de obligado cumplimiento según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se aprobó con el objetivo de garantizar el equilibrio financiero del Ayuntamiento, pese a que fue rechazado en el Pleno municipal por el resto de los grupos políticos.
Desde su llegada al Gobierno municipal en 2023, el equipo de Gobierno del Partido Popular ha mantenido un compromiso firme con el saneamiento de las cuentas públicas, impulsando una política estricta de control del gasto y de gestión responsable de los recursos municipales.
Reducción del desequilibrio financiero
La suspensión de las reglas fiscales entre 2020 y 2023, motivada por la pandemia de la COVID-19 y el contexto internacional derivado de la guerra de Ucrania, provocó que en 2024 aflorara un desequilibrio en las cuentas municipales de 2,8 millones de euros.
Sin embargo, gracias a las medidas de contención del gasto aplicadas durante 2025, ese desequilibrio se ha reducido de forma notable, situándose en 674.420 euros.
Según el Informe sobre Estabilidad y Regla de Gasto 2025 elaborado por la Intervención Municipal, el Ayuntamiento de Torrelodones cumple actualmente con la regla de gasto y mejora de forma significativa los parámetros establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Mejora de ingresos y control del gasto
Esta evolución positiva responde tanto al incremento de los ingresos corrientes como a la contención de los gastos municipales.
En 2025, los ingresos corrientes alcanzaron los 29,27 millones de euros, procedentes principalmente de impuestos directos, tasas municipales y transferencias corrientes.
Por su parte, los gastos corrientes se situaron en 29,05 millones de euros, destacando el control del gasto en personal, bienes y servicios.
Gestión responsable para mejorar los servicios
La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha destacado que estos resultados reflejan la eficacia de la gestión económica del Gobierno municipal.
“Estas cifras demuestran que vamos por el buen camino. Desde que llegamos al Gobierno hemos recortado contratos y asesorías innecesarias por más de un millón de euros”, ha señalado.
Asimismo, ha subrayado que la política de contención del gasto aplicada durante 2025 permite al Ayuntamiento afrontar en mejores condiciones las reformas y mejoras necesarias para el municipio.
“Esta gestión responsable nos sitúa en una posición inmejorable para seguir avanzando en los servicios y dotaciones que necesitan los vecinos de Torrelodones”, ha concluido la alcaldesa.
Moreno Moya acusa al Gobierno de Page de abandonar la sanidad regional.
El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha denunciado que la sanidad de Castilla-La Mancha es “insostenible por el abandono y la dejadez de los socialistas”.
Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa de hoy en Toledo, donde el diputado regional se ha mostrado contundente con el Gobierno de García-Page por la situación que atraviesa la sanidad en la región que, a su juicio, se está convirtiendo en “insostenible por el abandono y la dejadez de los socialistas”.
“Cabe preguntarse si cuando una persona pide una cita con su médico de cabecera le atienden antes que hace diez años o tiene que esperar más días; si cuando necesita un especialista le atienden antes o tiene que esperar más semanas; o si cuando requiere una operación es operado antes o tiene que esperar más”.
Moreno Moya ha afirmado que el Gobierno regional ha olvidado a pacientes y a profesionales. “Tras más de diez años de gestión socialista en la comunidad autónoma, ahora hay más gente esperando para ser atendida, más tiempo de espera, más colapso en el sistema sanitario y unos profesionales que no pueden hacer frente a la carga asistencial”.
“No es cuestión de números ni de si hay mejor o peor gestión de las listas de espera; es cuestión de vida, de calidad de vida y, en muchos casos, de salvar la vida”, ha sentenciado.
Además, ha criticado que los profesionales sanitarios “llevan más de diez años siendo engañados por los socialistas con la recuperación de la carrera profesional”, destacando que la política sanitaria debería ser la principal prioridad del estado del bienestar del Gobierno autonómico y en diez años “no ha sido capaz de hacer frente a las necesidades del sistema”.
Asimismo, Moreno ha lamentado que el Ejecutivo regional haya optado por “la política de titulares y no soluciona la problemática. “Hay personas que necesitan un diagnóstico, pacientes que viven en la incertidumbre por conocer sus patologías y a las que los tiempos de demora pueden perjudicar enormemente su estado de salud”.
Respecto a la Atención Primaria, Moreno Moya ha denunciado que, en el caso del mundo rural, “cada día hay más consultas cerradas, profesionales que no son sustituidos y, por tanto, pacientes que no son atendidos”, lo que obliga a muchos ciudadanos a desplazarse a otras localidades para poder ver a un médico. En los centros de salud urbanos, ha añadido, “los pacientes tienen que ser atendidos por médicos distintos al suyo porque no se sustituyen las bajas”, lo que provoca que algunos facultativos “tengan que atender entre 70 y 80 pacientes diarios”.
“Estamos encontrando pacientes que tienen que esperar 12 días para ser atendidos de manera presencial por su médico de cabecera y hasta 22 días para una cita telefónica”.
Moreno Moya también se ha referido al incumplimiento de la Ley de Tiempos Máximos de Atención Sanitaria, recordando que esta normativa fija los plazos máximos en los que los pacientes deben ser atendidos en consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. En este sentido, ha denunciado que “la realidad es que estos plazos no se están cumpliendo en Castilla-La Mancha”, lo que demuestra, “el fracaso de la gestión sanitaria del Gobierno de Page y la falta de soluciones reales para reducir las listas de espera”.
Por todo ello, el diputado regional ha asegurado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con “una Atención Primaria colapsada que ha perdido su propósito preventivo, debido a la incapacidad de las políticas sanitarias que está aplicando el PSOE en la región. Ni pacientes, ni profesionales necesitan lecciones morales o discursos mediáticos, necesitan gestión y soluciones que no llegan de la mano de los dirigentes socialistas”, ha zanjado.
Díaz-Pache: «Están cambiando presos por votos a espaldas de todos»
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid llevará al próximo Pleno una Proposición No de Ley (PNL) con la que exige al Gobierno de España transparencia e información detallada sobre los beneficios penitenciarios concedidos a miembros de la organización terrorista ETA.
Así lo ha anunciado el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, quien ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está cambiando presos por votos a espaldas de todos”, calificando esta situación como “corrupción de Estado”.
La iniciativa de los populares reclama frenar lo que consideran una política penitenciaria basada en “indultos encubiertos” motivados por razones de oportunidad política y solicita al Gobierno central que haga público el número de etarras que han recibido en los últimos siete años el tercer grado penitenciario o se han beneficiado del régimen de flexibilización, así como el número de permisos ordinarios y extraordinarios concedidos.
“Es inadmisible que quienes causaron el terror en nuestro país se estén beneficiando ahora de decisiones adoptadas por un Gobierno que solo busca mantenerse un minuto más en La Moncloa”, ha afirmado Díaz-Pache.
Exigencia de cumplimiento de la ley
El texto presentado por el Grupo Popular también exige que se acredite si los presos de ETA que han recibido estos beneficios penitenciarios cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, entre ellos el abandono efectivo del terrorismo, la colaboración real con las autoridades, el repudio expreso de la violencia y la petición de perdón a las víctimas.
Según el portavoz popular, si esta situación resulta “insoportable para todos los españoles”, lo es especialmente para las víctimas del terrorismo.
Asimismo, la iniciativa subraya la necesidad de garantizar la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre las administraciones que han asumido competencias en esta materia para evitar prácticas que puedan desvirtuar la legislación vigente.
Refuerzo del control judicial
El Grupo Popular propone también dotar a la Fiscalía y a los órganos judiciales de vigilancia penitenciaria de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en este ámbito.
Finalmente, el PP insta a impulsar reformas legislativas que impidan la utilización de instrumentos excepcionales para conceder indultos encubiertos y que garanticen que la ejecución de las penas se rija exclusivamente por criterios legales, técnicos y objetivos.
Celso Delgado critica el bloqueo socialista a la transferencia de la AP-9.
El Partido Popular de Galicia ha denunciado que el PSOE continúa bloqueando en el Congreso de los Diputados la tramitación de la proposición de ley orgánica para la transferencia de la autopista AP-9 a la Comunidad gallega, una reivindicación histórica de miles de gallegos que utilizan a diario la Autovía del Atlántico.
Según han señalado los populares, los socialistas han vuelto a impedir en la Comisión de Transportes la constitución de la ponencia encargada de tramitar esta iniciativa legislativa, lo que supone un nuevo retraso en un proyecto que permitiría a Galicia gestionar directamente esta infraestructura estratégica y avanzar en la reducción del coste de los peajes.
El diputado del PP y vicepresidente de la Comisión de Transportes, Celso Delgado, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez continúe “boicoteando” el debate parlamentario de esta ley, recordando que, pese a que el Congreso acordó tramitarla por el procedimiento de urgencia en 2024, la Mesa de la Cámara ha ampliado hasta en 60 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas desde la llegada de Sánchez al Gobierno —45 de ellas en la actual legislatura—.
Incumplimientos del PSOE en la Comisión
Delgado ha denunciado además el incumplimiento de los plazos reglamentarios por parte de la presidenta de la Comisión de Transportes, la socialista Ester Peña, a quien acusa de no convocar en tiempo y forma las reuniones de la Mesa y de los portavoces de la Comisión, a pesar de los recordatorios realizados por los grupos parlamentarios.
“Hasta la fecha, la representante socialista no ha querido dar explicaciones sobre su comportamiento arbitrario, impropio de alguien que ocupa un cargo institucional dentro del Congreso”, ha señalado el diputado popular.
Ante esta situación, los diputados del Grupo Popular en la Comisión registraron el pasado 28 de noviembre de 2025 un escrito dirigido a la Presidencia de la Comisión para denunciar el incumplimiento de los acuerdos adoptados y solicitar la convocatoria de la Mesa y de los portavoces para abordar la constitución de la ponencia.
Sin embargo, dicha convocatoria no se produjo y, posteriormente, en la reunión de la Mesa del 11 de febrero, Celso Delgado volvió a solicitar la constitución inmediata de la ponencia, petición a la que el PSOE volvió a oponerse.
Los miembros de la Comisión acordaron entonces fijar el 25 de febrero como fecha para decidir sobre la constitución de dicha ponencia, pero los socialistas tampoco convocaron la reunión, lo que, según el PPdeG, supone un nuevo incumplimiento del reglamento parlamentario.
Reivindicación histórica para Galicia
El diputado popular ha insistido en que la transferencia de la AP-9 a Galicia es una demanda histórica respaldada por el Parlamento gallego y por la sociedad de la Comunidad, al tratarse de una infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo económico de Galicia.
El PPdeG ha subrayado que la gestión autonómica de la autopista permitiría aplicar un modelo similar al de otras autopistas dependientes de la Xunta, que cuentan con algunos de los peajes más bajos de España.
Por ello, los populares gallegos han exigido al Gobierno central que deje de bloquear la tramitación de la ley y permita avanzar en la transferencia de la AP-9 a Galicia.
Antonio Luengo denuncia que 33 presas en Murcia llevan más de 20 años sin revisión profunda.
El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Antonio Luengo ha exigido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, que aclaren en el Senado cuál es el estado real de las presas en la Región de Murcia y qué actuaciones se han llevado a cabo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Hace semanas se solicitó en la Asamblea Regional la comparecencia de ambos, pero “aún no han querido dar explicaciones, por eso queremos que las explicaciones que los murcianos nos merecemos las den aquí en la Cámara Alta”, ha indicado.
Además, la petición se formula tras la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien en su intervención ante el Senado “no aclaró absolutamente nada”, ha denunciado Luengo. “Lo único que sí sabemos es que la Región de Murcia no tiene ni una sola presa donde esté implantado el plan de emergencia. No están invirtiendo absolutamente nada”, ha lamentado el parlamentario.
Luengo ha asegurado que ya son “ocho años de inacción absoluta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para el mantenimiento de las presas. No sabemos si la población está segura o no”.
Hace semanas, el PP nacional y el PP regional denunciaron la “grave dejación de funciones del Gobierno de España en materia de seguridad hidráulica”, alertando de que la falta de mantenimiento y de implantación de planes de emergencia en presas de titularidad estatal “pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, tanto en la Región como en el conjunto de España”.
El senador ha recordado que son numerosas las presas dependientes del Estado que no disponen de un plan de emergencia plenamente implantado. En el ámbito de la CHS, ha asegurado, “no hay ni una sola donde se haya llevado a cabo una implantación completa y adecuada de un plan de seguridad”.
Además, ha vuelto a subrayar que en la Región de Murcia existen 33 presas y embalses que llevan más de dos décadas sin una revisión en profundidad, una situación “absolutamente inaceptable”. “La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica, es una cuestión de Estado. Estamos hablando de infraestructuras críticas cuya correcta conservación puede marcar la diferencia entre prevenir una catástrofe o lamentar daños personales y económicos irreparables”, ha afirmado.
Marino Aguilera: «La Junta invertirá 120 millones para reparar caminos rurales y regadíos en Jaén»
El presidente del Consejo de Alcaldes provincial del PP de Jaén, Marino Aguilera ha agradecido “enormemente la diligencia que ha tenido la Junta de Andalucía para ayudarnos a los ayuntamientos tras el tren de tormentas”. Los alcaldes y alcaldesas “hemos visto muchos de nuestros caminos destrozados”, y mientras que otras administraciones están dejando pasar el tiempo sin entenderla urgencia que requieren muchos arreglos, “el Gobierno andaluz ha vuelto a demostrar, no solo una gestión eficaz, sino también su gran sentimiento municipalista”.
Aguilera ha afirmado que “frente al ruido mediático que otros pretendíanhacer, a pesar del oportunismo político del PSOE que va tan en detrimento delos intereses de los jiennenses”, la Junta de Andalucía no ha tardado encumplir con los municipios para reparar los caminos rurales e infraestructurascolectivas de riego dañados por las borrascas en Jaén.
Una vez más, en opinión del dirigente popular, el Gobierno andaluzestá donde debe estar, junto a los jiennenses a los que destinará una inversiónde 120 millones de euros para caminos rurales y para comunidades de regantes.“Muchos de nuestros caminos quedaron intransitables tras las borrascas y losAyuntamientos no tenemos la capacidad de asumir el coste de tantosdesperfectos, por lo que aprobar esta ayuda incluida en el Plam Andalucía Actúaes estar junto a los ciudadanos, usarlo para confrontar como hace el PSOE esestar en contra de los vecinos de esta provincia, el PSOE prefiere estar encontra de los agricultores y ganaderos con la única intención de hacer malapolítica”.
La Junta de Andalucía ya ha hecho su trabajo, ahora es el turno de losediles enviar las casuísticas de sus municipios antes del próximo 10 de marzo.“Ahora veremos a ver en qué lado están los alcaldes socialistas, si en la delos intereses partidistas, en la defensa del PSOE de Pedro Sánchez, o junto alos jiennenses”, ha manifestado Aguilera. Los alcaldes del PP “lo tenemosclaro, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, con lealtadinstitucional, para que en nuestros pueblos volvamos a la normalidad lo másrápido posible”.
Y esa lealtad se ve siempre reflejada en el Gobierno de Juanma Moreno. Esaapuesta por el municipalismo, la defensa de los intereses ciudadanos “la vemosen ejemplos como estos, la apuesta de este Gobierno andaluz por estar siempredonde el ciudadano lo necesita, junto al sector agrícola, “algo que no ocurríacuando gobernaba el PSOE”. Y ha puesto un claro ejemplo el dirigente popular.Cuando antes se daban ayudas para caminos rurales, éstas no cubrían latotalidad de la ejecución y los ayuntamientos tenían que aportar una importantecuantía. Sin embargo, en estos años de gobierno del Partido Popular, losdistintos programas que se han puesto en marcha para conceder ayudas para laconstrucción y la mejora de caminos rurales han sido, o bien concediendo unasubvención al ayuntamiento del 100 por 100 del coste de la obra, o bienasumiendo directamente la Junta la ejecución y, por tanto, sin coste ningunopara los ayuntamientos. Esto ha permitido en esta legislatura la intervenciónen 171 caminos de 88 municipios distintos que corresponden a unos 400 kilómetros de caminos municipalesacondicionados que han supuesto una inversión de 32,9 millones, solo en Jaén
Es así como el Partido Popular y el Gobierno andaluz “están es las cosasimportantes para los andaluces, solucionando sus problemas, atendiendo susdemandas”. Como este Plan Andalucía Actúa que impulsa la Junta y comprende eldesarrollo de la fase de recuperación, ya en marcha, tras la emergenciameteorológica con una dotación de más de 1.780 millones de euros que sedirigen, de forma principal, a agricultores, ganaderos, autónomos, pequeñas ymedianas empresas y ayuntamientos.
Bendodo exige al Gobierno acelerar las obras del AVE tras el talud en Álora.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha criticado la falta de reacción y la “lentitud” del Gobierno de España para arreglar el talud que mantiene a Málaga sin AVE directo con Madrid desde hace más de un mes. Una situación que sigue provocando pérdidas millonarias para la provincia, ha recalcado.
Así lo ha expuesto durante una visita a Álora, donde el pasado 4 de febrero cayó un muro de contención de cinco metros que ha prolongado el corte de la Alta Velocidad entre Málaga y Madrid, iniciada por el accidente de Adamuz el 18 de enero.
De este modo, el dirigente popular ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Óscar Puente que agilice los trabajos que mantienen en vilo al sector turístico malagueño, que ya acusa pérdidas millonarias de cara a la Semana Santa, y le reprocha que no diera orden de intensificar las obras hasta tres semanas después de la caída del talud.
“El Gobierno de España, y el Ministerio de Óscar Puente en particular, no reaccionó a tiempo y no fue hasta tres semanas después cuando ordenó que se intensificaran los trabajos”, ha explicado, al tiempo que ha lamentado que “el retraso en esta obra le está haciendo un daño brutal al sector turístico de Málaga, de la Costa del Sol y de Andalucía”.
Bendodo ha recordado que el sector “habla ya de pérdidas que superan los 200 millones de euros porque esta obra no avanza al ritmo adecuado y el Gobierno no actuó hasta pasadas tres semanas”, ha incidido, y ha reclamado al Ejecutivo central que acelere la fecha de apertura “para evitar que se pierda el tirón de Semana Santa y todas las reservas que están previstas en estas fechas”.
Este aislamiento, ha añadido Bendodo, “está perjudicando seriamente la reputación de Málaga y el conjunto de su economía provincial ya que son muchos los que usan el tren para ir o venir a trabajar”.
Por ello, ha incidido en que es imperativo que, tras más de un mes sin AVE directo, este servicio recupere la normalidad total lo antes posible y con plenas garantías para pasajeros y tripulaciones y que el Gobierno de España se tome en serio de una vez la movilidad y ponga en marcha un plan integran de inversiones en infraestructuras ferroviarias que garantice el mantenimiento y la modernización de la red, con especial atención a la seguridad, la reducción de incidencias y la mejora de la puntualidad como era habitual hace unos años.
Cristóbal Ortega pide una respuesta «inmediata» al PSOE por las amenazas denunciadas en Mijas.
El coordinador general del Partido Popular de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, una respuesta “inmediata y contundente” ante la denuncia por amenazas interpuesta por una trabajadora municipal de Mijas contra un concejal socialista en esta localidad.
Así, ha criticado la “preocupante deriva socialista” y ha instado a Aguilar a dar la cara ante los ciudadanos por unos hechos que ya están bajo investigación de la Guardia Civil, después de que una trabajadora de un punto limpio presentara una denuncia contra el socialista Juan Antonio Carrasco por dirigirse a ella de forma intimidatoria y aludir a la posibilidad de perder su trabajo.
“El PSOE de Málaga debe aclarar si esta actitud agresiva hacia los empleados públicos forma parte de la nueva estrategia de su partido”, ha sostenido, al tiempo que ha calificado de “gravedad extrema que un representante público amenace a una persona con la pérdida de su empleo”.
El dirigente popular provincial ha señalado que «no se puede uno presentar como el presunto defensor de la plantilla municipal y, al mismo tiempo, permitir que sus cargos públicos amedrenten a una empleada por cumplir con su deber de control de acceso».
Por todo ello, ha respaldado la petición de dimisión inmediata de Carrasco que ya ha solicitado el edil de Limpieza del Ayuntamiento de Mijas y ha insistido en que la dirección provincial del PSOE debe dar “explicaciones urgentes”.