Daniel Portero: «Madrid es la comunidad autónoma con el transporte más económico para sus usuarios».
El diputado del GPP Daniel Portero ha preguntado al Gobierno por el impacto de las políticas puestas en marcha en materia de transportes en el primer año de legislatura y ha destacado que Madrid es la comunidad autónoma con el transporte más económico para sus usuarios”.
El este primer año de legislatura, el Gobierno ha construido un 75% de la ampliación de la Línea 3 de Metro a Getafe, un 10% de la línea 11 en el tramo Plaza Elíptica – Conde Casal, un 60% del intercambiador de Valdebebas y está realizando las obras de accesibilidad a las estaciones de Metro de Begoña (60%) y de Avenida de América.
En contraposición, el popular ha afirmado que el Gobierno central no construye en Madrid, sino que destruye”. “Destruye el abastecimiento del agua y las pequeñas presas, y dinamitan el crecimiento de la región ahogándola sin suministro eléctrico”, ha señalado.
Para concluir, Portero se ha dirigido a la bancada de la izquierda y les ha reprochado que “proyecten el estercolero que llevan dentro en el adversario político”. “La libertad podrá con ustedes y con su dictadura encubierta en la que entramos desde la aprobación de la amnistía”, ha señalado al terminar su intervención.
José Antonio Monago: «Es sorprendente y muy llamativa la amnesia selectiva de Germán Rodríguez en el Caso Koldo».
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, revela que el jefe de Gabinete de Salvador Illa sí figura entre los contactos de Koldo García, a pesar de que Germán Rodríguez haya negado conocerle en varias ocasiones durante su comparecencia en la Comisión de Investigación por la trama Koldo del Senado.
El ex director de Gabinete del Ministerio de Sanidad figura en la lista de personas citadas por la Comisión puesta en marcha por el PP, para informar sobre su grado de conocimiento de los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19 relacionados con la intermediación de Koldo García, así como los posibles casos de relacionados con las actividades y contactos de las personas, que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme.
Monago ha cuestionado las afirmaciones de Rodríguez, quien ha insistido en que desconocía quién firmaba los contratos firmados en el seno del Ministerio de Sanidad, por valor de 260 millones de euros para la compra de mascarillas, firmados por directora de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, a pesar de la cercanía y estrecho contacto laboral que mantenían y que él mismo ha explicado.
“Es sorprendente y muy llamativa esta amnesia selectiva”, afirma Monago para referirse a la línea de argumentación del subordinado de Illa e insiste en que “no es creíble” que una persona que llevaba la agenda del ministro, preparaba sus comparecencias semanales y definía la línea de comunicación del Ministerio de Sanidad “en lo más crudo de la pandemia y donde se gestó esta trama de corrupción no se acuerde de nada y no conozca a nadie”, apostilla.
Monago ha vuelto a reclamar que “las personas que estaban en ese momento en el centro de las decisiones de contratación” expliquen por qué no eligieron una empresa especializada en material sanitario, “en vez de una empresa de al lado del pueblo de Illa, con una gerente condenada”.
Sin embargo, Rodríguez ha reiterado que “nunca escuchó el nombre” de la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión, que no participaba en los procesos de contratación, ni conoce a ninguna de las personas relacionadas con la trama como Koldo o Víctor de Aldama.
CINCO DÍAS PARA CONTRATAR “COMO CONVENÍA”
El dirigente popular denuncia que “abrieron una ventana de cinco días para permitir que las contrataciones se realizasen cómo convenía” y repasa los principales hitos en las órdenes de contratación desde la declaración del estado de alarma en 2020: el 5 de marzo, se centralizan las compras en INGESA; el día 10, se prohíbe comprar a las CC.AA.; el día 20, se permiten las compras a INGESA hasta 12M€ y, a partir de esa cifra, el organismo de dirigido por Patricia Lacruz; y el día 25, vuelve a centralizarse en INGESA.
Así, a través de sus preguntas, Monago ha arrinconado al ex director de Gabinete de Illa, que ha acabado reconociendo que “es aquellos días se mantenían muchas reuniones” en el Ministerio.
Tanto es así que Rodríguez ha asegurado no conocer cómo se gestó el Acuerdo Marco de contratación de material sanitario, dotado con 2.500 millones de euros, y tras la insistencia del senador por Badajoz, el ex director de Gabinete de Sanidad ha dejado claro que acudían los responsables de los ministerios de Hacienda, Economía y Comercio.
Ante estos datos, José Antonio Monago, concluye que los hechos vuelven a apuntar claramente a una trama donde el Partido Socialista de Cataluña aparece como protagonista y “está por ver” el alcance final, y las conexiones reales con el Gobierno de Sánchez.
Ester Muñoz: «García Ortiz debe dimitir por instar a un compañero a la comisión de un presunto delito».
La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP apunta que Exteriores sería otro de los ministerios presuntamente implicados en la trama de corrupción que anida dentro del Gobierno socialista, tras conocerse que el departamento de Albares usó una salvedad excepcional para nombrar consul al comisionista de Koldo
Respecto a las citaciones judiciales de Begoña Gómez y el rector de la UCM, asevera que, por un lado, se ven los intereses del Gobierno que amenaza a periodistas y jueces, y por otro, quienes están haciendo su trabajo con la investigación judicial. “Asusta ver que en cualquier otro país esto supondría una crisis y aquí no pasa nada”
Exige la dimisión de García Ortiz por instar a un compañero a la comisión de un presunto delito: “el fin nunca justifica los medios” y denuncia que si ya es cuestionable que, quien se comporta como “el Fiscal General del Gobierno quiera imponer su relato”, más lo es que pida a otras personas que cometan presuntos delitos
Pide al Congreso que habilite el mes de julio para no retrasar más la tramitación de la Ley ELA y se muestra sorprendida por el comportamiento del PSOE cuando se ha tratado este asunto en el hemiciclo: “Se están pasando todos los límites en el fango en el que nos quiere meter el sanchismo”
Ironiza con las prioridades del Ejecutivo, ya que mientras el PP pretende agilizar la tramitación de una ley que puede beneficiar a miles de enfermos de ELA, el Gobierno se dedica a hablar de la Fundación Franco
No entiende por qué el Gobierno se empeña en ampliar la brecha que ha abierto con un país hermano, con intereses comunes, como es Argentina: “Ya lo hicieron antes de las elecciones europeas con un cálculo político, estaría bien que dejasen de abrir fracturas políticas”, concluye
Mirina Cortés: «La Consejería de Educación sigue apostando por la cultura del esfuerzo, mérito y por recuperar los contenidos de los currículos».
La diputada del GPP en la Asamblea de Madrid, Mirina Cortés, ha asegurado que “frente a la cruzada de la izquierda y su ariete ideológico, la Consejería de Educación sigue apostando por la cultura del esfuerzo, por el mérito, por recuperar los contenidos y saberes de los currículos, por la calidad, la igualdad de oportunidades y por la libertad”. Así lo ha hecho durante el pleno en la Cámara Regional.
Durante su intervención, la popular ha cuestionado a la izquierda “que vuelve a esta cámara para erigirse en la voz de una mayoría de madrileños a los que no representa” que esa mayoría de madrileños “han dado su confianza al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a sus políticas educativas; que no a ustedes. Y que les gusten o no, sitúan a la Comunidad de Madrid a la cabeza de España”.
En ese sentido, Cortés ha defendido el modelo educativo de la región frente “al que desea imponernos una izquierda que intenta arrastrarnos hacia una sociedad vacía de valores, que lamina y erosiona día a día la vida social y política en la que se ha basado la convivencia y el progreso de España desde 1978”.
“Frente a la cruzada de la izquierda y su ariete ideológico, la Consejería de Educación sigue apostando por la cultura del esfuerzo, por el mérito, por recuperar los contenidos y saberes de los currículos, por la calidad, la igualdad de oportunidades y por la libertad”, ha defendido.
María Gómez: «La política de agua debería dejar de ser un arma de confrontación política entre territorios y entre partidos».
La portavoz de Agua del GPP, María Gómez, ha lamentado que “PSPV y Compromís hayan votado en contra de la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente de una PNL en la que se solicita al Gobierno de España aplicar la solidaridad hídrica y realizar las aportaciones de agua necesarias para garantizar el equilibrio ecológico en l´Albufera, así como la aprobación del Plan de Emergencia para el parque natural”.
María Gómez ha señalado que “los socialistas ni siquiera están dispuestos a pactar nada. No son capaces de alcanzar ningún acuerdo en cuestiones objetivas sobre el tema del agua. El PSOE se mueve en unos mantras sobre la cuestión hídrica que ya nadie se cree. Es increíble que el PSPV defienda las siglas socialistas antes que los intereses de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.
La portavoz popular ha indicado que “la política de agua debería dejar de ser un arma de confrontación política entre territorios y entre partidos. Solicitamos con esta propuesta en defensa del agua necesaria para la Comunitat Valenciana que se practique a nivel nacional la misma solidaridad interterritorial que practicamos en la Comunitat Valenciana”.
En la propuesta aprobada se exige al Gobierno de España respeto a los derechos hídricos de nuestros espacios naturales protegidos; que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en criterios técnicos; avanzar en la modernización de las infraestructuras hídricas para mejorar en reutilización; alcanzar un Plan Nacional del Agua junto con las comunidades autónomas y la aplicación del principio de igualdad entre regiones, así como la resolución de la deuda hídrica contraída desde hace años con la Comunitat Valenciana.
Guillermo Mariscal: «La Central Nuclear de Almaraz no se puede ni se debe cerrar, porque pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico español».
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que acuerde de manera inmediata una moratoria del cierre de la Central Nuclear de Almaraz y en la que le exige que especifique la cuantía económica que supondría para la comarca el fin de la central y el impacto en el sistema energético español.
Así lo ha anunciado el coordinador de la Ponencia del Congreso de los Diputados encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, Guillermo Mariscal, que ha visitado esta mañana la central. “La Central Nuclear de Almaraz no se puede ni se debe cerrar porque pone en riesgo no solo la economía local, no solo el desarrollo social de esta región y de esta comarca, sino, además, la estabilidad del sistema eléctrico español”.
Esta PNL pide también cambios normativos para que los titulares de las instalaciones puedan pedir la prórroga de la actividad de las centrales nucleares en plenas condiciones técnicas y de seguridad. También solicita que se determinen las medidas regulatorias más adecuadas para facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones que decidan acogerse a la moratoria.
El Grupo Parlamentario Popular también pide que se solicite informes a los organismos especializados de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE) y del gestor de la red de transporte (REE) en los que se evalúen el impacto económico en el mercado eléctrico del cierre nuclear programado.
En este sentido Guillermo Mariscal ha recordado que esta central supone el 7% de la demanda eléctrica de toda la España peninsular. “Para ser más concreto, 4.000.000 de hogares españoles se suministran de energía eléctrica de Almaraz, esa es la dimensión, 4.000.000 de hogares que no emiten CO2”.
Además, la propuesta del Partido Popular también demanda que se adopten las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas.
El diputado popular ha estado acompañado en su visita a Almaraz por sus compañeros extremeños en el Congreso: Cristina Teniente, Carlos Floriano, Antonio Cavacasillas y Alfonso Macías. También han estado el presidente Provincial del Partido Popular, Laureano León; el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, y la portavoz del PP en la localidad, Joanna González.
Cristina Teniente ha destacado “la unidad absoluta del Partido Popular” en contra del cierre porque el plan de cierres de centrales nucleares empieza aquí, en Extremadura. “Tenemos que lanzar un SOS casi, porque no hay tiempo, no podemos permitirnos una decisión que es totalmente lesiva para Extremadura, que es letal para los municipios del entorno de la central, pero es que además va en contra de la estrategia europea en materia energética y que daña el sistema energético en España”.
La diputada cacereña afirma que no entiende por qué el Gobierno irresponsable de Pedro Sánchez ha tomado una decisión unilateral que va en contra de todos los criterios, de informes del Consejo Internacional de Energía.
En este sentido ha recordado que el PP hará todo lo que tenga que hacer para evitar el cierre, pero ha demandado que el PSOE haga lo mismo. “Señor secretario General del Partido Socialista, no hay alternativa en la zona, ni para Extremadura, ni para el sistema energético español”.
También se ha referido a las contradicciones del delegado del Gobierno en sus declaraciones recientes. “Decir que la decisión no está tomada, para decir inmediatamente que sí y que son las empresas, y que si no sale rentable paran el reactor es algo absolutamente inaceptable en boca de un delegado del Gobierno”.
Óscar Medina: «Sánchez prometió en las municipales del año pasado 100 millones para Málaga, menos de la mitad de lo que ya ha destinado a Marruecos».
El vocal del Comité Ejecutivo del PP de Málaga y alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha denunciado hoy el “grave agravio” que supone que el Gobierno de Sánchez haya destinado 250 millones de euros para financiar una desaladora en Marruecos, cuyas obras ya han comenzado, tras aprobarse en el último Consejo de Ministros de 2023 un crédito dirigido a impulsar esta infraestructura.
Medina ha señalado “la cobra de Sánchez a los agricultores de la comarca de la Axarquía y del conjunto de la provincia en beneficio de los productores de Marruecos”, preguntando al PSOE si “es así como piensa garantizar la producción local y no incrementar la dependencia de terceros países”.
De este modo, el dirigente popular ha exigido al Ejecutivo un plan de actuación urgente para impulsar la desaladora de la Axarquía, “que sigue bloqueada por la falta de impulso y de financiación”. Así, ha recordado que se cumplen 13 meses desde que el Gobierno anunciara en la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales el compromiso de destinar 100 millones de euros a esta necesaria infraestructura. “Es menos de la mitad de lo que ya ha destinado al país vecino”, ha apostillado.
“Los socialistas se dedican a tratar de justificar esta inacción confundiendo a la opinión pública, pese a que el propio Gobierno ha confirmado por escrito, en respuesta parlamentaria, que esta obra de interés general del Estado es de su competencia y que, un año después de anunciarla, todavía no ha realizado la encomienda de gestión a la empresa pública estatal que debe ejecutar el proyecto”.
“El abandono del Gobierno de Sánchez a Málaga y a la Axarquía es inadmisible”, ha manifestado Medina, quien ha señalado al PSOE que “es por cuestiones como esta por la que los malagueños les niegan su apoyo en cada proceso electoral”.
“Los socialistas se estarán preguntando por qué pierden las elecciones en Málaga y por qué las gana el PP, pues yo se lo explico”, ha abundado el alcalde popular, quien ha criticado que el Ejecutivo lleva seis años de abandono inversor a la provincia, donde mantiene sin ejecutar obras hídricas por más de 2.000 millones de euros.
En este sentido, Medina ha contrapuesto la apuesta inversora del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que ha destinado 400 millones de euros a obras hídricas en Málaga en estos cinco años, frente a la “nula inversión” del Ejecutivo. “Esto no es nuevo, ya lo vimos con los anteriores gobiernos socialistas en la Junta, que nos dejaron obras sin ejecutar desde el año 1995”, ha aseverado.
Por ello, el vocal del Comité Ejecutivo Provincial del PP ha pedido “el mismo trato para los agricultores malagueños y andaluces que para el resto de territorios, incluido Marruecos”, marco en el que ha alertado de que “los agravios de Sánchez hacia esta provincia no tienen fronteras”, cuestionando “qué intereses tiene el Gobierno para favorecer esta inversión mientras mantiene bloqueada desde hace más de un año la desaladora de la Axarquía”.
Por último, el alcalde popular también ha censurado el centenar de multas que el Ejecutivo ha impuesto a los agricultores malagueños por las movilizaciones del pasado mes de febrero. “Unas reivindicaciones justas para salvar el campo andaluz y malagueño cuya respuesta por parte del Gobierno ha sido mano dura y falta de diálogo”, ha advertido Medina, quien ha recordado la petición de la formación para que se retiren estas multas, cuya cuantía alcanza los 800 euros.
Barrachina: «Hace pocos días se rompía la igualdad legal con la amnistía, ahora pretenden quebrar la igualdad económica al querer privilegiar a una autonomía sobre las otras».
El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha señalado que el próximo curso 24-25 supondrá un salto cualitativo en la calidad de la educación en la Comunitat Valenciana.
Barrachina ha señalado que “en el próximo pleno se debatirá la ley de libertad educativa que nos permitirá iniciar el próximo curso con una educación gratuita de 0-3 años, con el distrito único, con la rebaja de la ratio rural de 6 a 4, más de mil docentes nuevos y casi 500 trabajadores no docentes más. Además, se disfrutará de libertad para poder elegir centro y lengua en la educación. Supone un cambio cualitativo tanto en la calidad como en la cantidad”.
El síndico popular también se ha referido al debate de la financiación autonómica. “Apostamos por una financiación sin privilegios porque comprar votos con dinero es corrupción política. Apostamos porque la negociación sea multilateral tal y como piensan la mayoría de dirigentes socialistas, aunque no los de esta Comunitat”.
Miguel Barrachina ha señalado que “hace pocos días se rompía la igualdad legal con la amnistía, ahora pretenden quebrar la igualdad económica al querer privilegiar a una autonomía sobre las otras”.
El síndico popular ha indicado que “desde el PPCV tenemos tres reivindicaciones: un sistema nuevo de financiación autonómica, un fondo de nivelación que ha sido técnicamente exigido en cuatro CCAA, y -en tercer lugar- si hay condonación de deuda ha de ser común para todos, equivalente al sacrificio hecho por los valencianos. La Comunitat Valenciana tiene dos singularidades: es la peor tratada y también es la que presenta un peor endeudamiento por cápita entre todas las comunidades. Aspiramos a un trato justo donde se tengan en cuenta todas las peculiaridades, pero con un único sistema de financiación”.
El síndico popular ha afirmado que “los apuros de Pedro Sánchez con siete graves imputaciones en su entorno familiar le hacen más débil y, por tanto, el precio por mantenerse en el gobierno cada vez será más alto y no tenemos por qué sufragarlo los valencianos”.
Por último, Miguel Barrachina ha recordado que el texto de la Ley de concordia de la Comunitat Valenciana “no solo preserva los derechos de todas las víctimas reconocidas, sino que amplía ese reconocimiento y trato a los crímenes después en democracia. Las familias de víctimas de ETA tienen el mismo derecho a seguir peleando por la memoria de sus familiares. Es una norma tremendamente respetuosa con todas las víctimas”.