Alicia García: «Vamos a registrar una batería de iniciativas para luchar contra la supresión de paradas en 346 municipios de Castilla y León».
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, se ha comprometido a presentar una batería de iniciativas, especialmente, a través de la Comisión General de CC.AA., para evitar la eliminación de paradas de transporte público de viajeros por carretera en 346 municipios de Castilla y León, tal y como plantea el mapa estatal de transporte de viajeros por carretera del Gobierno de Sánchez
Así lo ha explicado tras una reunión que ha mantenido en el Senado con la consejera de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, María González Corral, a la que también han asistido el portavoz de la Comisión General de CC.AA., Antonio Silván, los senadores de la comunidad, así como el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez. Durante el encuentro, Alicia García ha avanzado el compromiso de su Grupo de registrar una batería de iniciativas para luchar contra la supresión de paradas en 346 municipios de Castilla y León.
La dirigente del PP sostiene que no se trata de “rentabilidad”, sino que el Gobierno de Sánchez “vuelve una vez más a dar la espalda” a los castellanos y leoneses. En este sentido, Alicia García critica que Castilla y León “tristemente” vuelve a ser la protagonista de los “agravios” del Ejecutivo.
En este contexto, la portavoz del GPP pone el foco en el ministro Óscar Puente, que “de nuevo evidencia su abandono y falta de compromiso con sus paisanos de Castilla y León”.
El mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, como es el transporte público de viajeros, es un tema fundamental para fijar población y garantizar la cohesión social y territorial. “El autobús es la esencia de lo cercano, pero Óscar Puente es incapaz de entenderlo”, apostilla la dirigente del PP, a la vez que recuerda que “el PSOE todavía no ha entendido el mensaje de rotundo rechazo de los castellanos y leoneses en las urnas a este Gobierno: no les quieren”.
Antes de concluir, Alicia García muestra su apoyo al presidente Mañueco y ha afirmado que desde el PP “defenderán los intereses de los ciudadanos de Castilla y León donde sea necesario”.
Fernández Mañueco: «Sánchez lo que tiene que hacer es escuchar la calle, dar explicaciones en el Parlamento y ante los medios de comunicación y afrontar esta situación como han hecho en otros países de la Unión Europea».
El Presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy, a la entrada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, que se ha celebrado en Madrid, que “en Castilla y León, en las Elecciones Europeas, hemos obtenido el 44,5 por ciento de los votos y eso dice bien a las claras que los castellanos y leoneses lo que quieren es la moderación y la sensatez. Desde el Partido Popular de Castilla y León, lo prometí en campaña al Presidente Feijóo y lo he ido diciendo en todos los mítines, que íbamos a tener una aportación importante en la victoria del PP nacional y así ha sido.”
“En el conjunto de España, el Partido Popular ha ganado claramente las Elecciones Europeas por más de cuatro puntos. Habría que remontarse varios lustros para tener un resultado de similares características. Y esto se consigue porque tenemos un líder, tenemos un Partido fuerte y unido y sobre todo, nuestro Partido está al servicio de los intereses generales”, manifestó el líder popular.
Finalmente, Fernández Mañueco también señaló que “Sánchez lo que tiene que hacer es escuchar la calle, dar explicaciones en el Parlamento y ante los medios de comunicación y afrontar esta situación como han hecho en otros países de la Unión Europea. Tiene que dar la voz a los ciudadanos de nuestro país, es decir, convocar elecciones. Pero está más ocupado de sus intereses personales y de otras preocupaciones de su entorno. Hoy se publica la Amnistía, que es el mayor escándalo y el mayor ataque a la Constitución y a la democracia española”, concluyó.
Carlos Rojas: «Robles mintió en el Congreso sobre la ayuda militar a Ucrania».
El portavoz de Defensa del GPP en el Congreso, Carlos Rojas, denuncia que el Gobierno no ofrece una imagen de unidad de Estado en materia de defensa porque “está enfrascado en sus luchas internas”, y le pide a la ministra Robles que desautorice a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que tachó el acuerdo de 1.000 millones a Ucrania de acto ilegal
Acusa a Robles de mentir en el Congreso sobre la ayuda militar a Zelenski, y le exige que no “traigan de tapadillo” estos acuerdos. “Dejen de ningunear a la Cortes porque estos deben ser debatidos en Pleno con luz y taquígrafos”, apunta
Reclama que “ya va siendo hora” que el Gobierno suba el sueldo a los militares ya que cobran el salario mínimo y “hacen una entrega de valor máxima por nuestro país”
Denuncia que el PSOE llegó al Ejecutivo con una moción de censura contra la corrupción y se van a ir de un Gobierno lleno de corrupción
Violante Tomás: «El baremo es la puerta de acceso al sistema de derechos para una persona con discapacidad».
La portavoz del GPP en la Comisión de Discapacidad, Violante Tomás, exige al Gobierno “resolver todas las deficiencias y disfunciones” derivadas de la aplicación del nuevo baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad
Subraya que dicho baremo es “la puerta de acceso” al sistema de derechos para una persona con discapacidad, por lo que “es necesario facilitar el procedimiento para que este se haga en tiempo y forma, en todos los territorios y para todas las personas”
Por su parte, la diputada del GPP Sandra Moneo llama al consenso de todos los grupos para la elaboración de un macrosondeo sobre cualquier tipo de violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo la de género. “Llegamos tarde”, subraya
Reclama al Ejecutivo que declare “prioritaria” esta cuestión, al tiempo que lamenta que la renuncia a tramitar los PGE para 2024 implica que ignoremos qué recursos tiene el Ministerio para hacer efectivo este estudio clave
Con arreglo a los datos del informe de la Fundación Cermi Mujer, resalta que “también existe una discapacidad sobrevenida como resultado de la violencia de género”
Por su parte, el diputado del GPP Óscar Clavell denuncia la discriminación que sufren muchos alumnos con discapacidad en el acceso al régimen de becas y ayudas del Ministerio de Educación, como los estudiantes con sordera
Subraya que esta circunstancia se produce a raíz de la modificación del sistema ayudas para el alumnado con necesidades especiales, por lo que propone volver al baremo anterior a 2020 “que no planteaba ningún problema para ningún colectivo”
Isabel Borrego: «Exigimos la comparecencia urgente de Elma Sáiz en el Congreso y el Senado para que diga la verdad sobre el campamento del Hospital Naval».
El Partido Popular exige la comparecencia, con carácter urgente, de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para que diga la verdad sobre el campamento de inmigrantes dispuesto en el Hospital Naval de Cartagena.
La diputada del PP Isabel Borrego ha explicado que “hemos solicitado que la ministra Sáiz ofrezca explicaciones en el Congreso y el Senado y aclare cuáles son verdaderamente sus intenciones, ya que está actuando de forma unilateral con un asunto que tiene mucha importancia social”.
En la misma línea, Borrego ha indicado que “también hemos solicitado toda la documentación existente relativa a la prórroga de cesión, por un año, que han pactado los ministerios de Defensa y Migraciones de forma totalmente oscura y opaca”.
Además, diputados y senadores del PP han registrado una solicitud para visitar las instalaciones del campamento para, así, poder comprobar su estado y adoptar las medidas que resulten oportunas.
Isabel Borrego ha destacado que “todas estas actuaciones las hemos desarrollado de la mano de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que mantuvo una reunión con nuestros diputados y senadores y ha cursado varias solicitudes para entrevistarse con la ministra Sáiz para abordar los planes que tiene el Gobierno, pero todas las solicitudes siguen sin respuesta”.
En la misma línea, Borrego ha reclamado “la cesión inmediata de las instalaciones del Hospital Naval al Ayuntamiento de Cartagena para que las instalaciones se destinen a la prestación de servicios sociales y sociosanitarios que beneficien a toda la población”.
La diputada del PP ha lamentado que “el Gobierno está demostrando una enorme falta de lealtad institucional con la gestión de este campamento para inmigrantes, ya que, con anterioridad, ya amplió su capacidad y las cesiones de uso sin comunicar nada de forma oficial al Ayuntamiento”.
El PP reclama que el reparto de menores migrantes sea equitativo y fruto del acuerdo
Por otra parte, Borrego también ha defendido que el reparto de menores migrantes se realice de forma lógica, equitativa, atendiendo a los recursos de acogida con los que cuente cada comunidad autónoma y fruto del acuerdo y el consenso del Gobierno con los diferentes territorios.
La diputada ha criticado “la falta de transparencia del Ministerio de Política Territorial, al anunciar el acuerdo con Canarias sobre el reparto de los menores extranjeros sin contar con los gobiernos autonómicos, otra muestra de la imposición con la siempre actúa el Ejecutivo de Sánchez”.
Pedro Navarro: «Diana Morant debe retirar de la cátedra a Begoña Gómez y que devuelva todo el dinero».
El portavoz de Universidades del Grupo Popular, Pedro Navarro, reclama a Diana Morant que actúe para proteger el prestigio de la universidad pública de “las indebidas apropiaciones de los socios Pedro Sánchez-Begoña Gómez”.
Tras “la ocupación” de instituciones públicas por parte del presidente del Gobierno -como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Renfe, Correos y un sinfín de organismos y entidades públicas- , lamenta que “ahora es el turno de la universidad pública al regalarle a la mujer de Pedro Sánchez una cátedra sin ser licenciada”.
Resalta que el artículo 13 del Reglamento de Cátedras Extraordinarias de la Complutense recoge que “habrá que tener vinculación permanente con la universidad para dirigir una cátedra”. “Excepcionalmente el rector podrá, justificándolo, poner a alguien al frente que no tenga vinculación laboral”, agrega.
A este respecto, destaca que “la Universidad Complutense tiene 54 cátedras y solo una persona está excepcionada: la mujer de Sánchez”. “¿Y sabe cuántas personas no son licenciadas? Una: Begoña Gómez”, subraya.
Denuncia los muchos negocios de la esposa de Pedro Sánchez con empresas públicas, como Red.es, que dependen de su marido y por los que está actualmente imputad.
Miguel Barrachina: «Vamos hacerlo desde el rigor y la seriedad porque queremos saber toda la verdad. No hay oportunismo político».
El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha dado a conocer hoy el plan de trabajo que su grupo parlamentario junto con el grupo parlamentario VOX han presentado para el desarrollo de la comisión de investigación del sector público instrumental.
Barrachina ha anunciado que “se han propuesto más de 40 comparecientes, entre los que destacan los ex consellers Gabriela Bravo y Vicent Marzà y los altos cargos, José María Ángel, Enric Nomdedeu y la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”
El síndic popular ha explicado que “según se desprende de los diferentes informes hay 51 organismos públicos en los que se han detectado irregularidades”.
“El objetivo es evitar el derroche que ha sufrido el sector público instrumental durante los gobiernos del Botànic que tenía un 47% de gasto púbico y evitar las irregularidades que era la conducta normal ya que en un solo año hubo 5. 046 contratos de trabajo sin autorización de la dirección general de presupuestos, así como 247.000 contratos a dedo”.
Barrachina ha afirmado que “será una comisión viva. No llamaremos a comparecientes por aluvión, como sí que se ha hecho en la anterior legislatura. Vamos hacerlo desde el rigor y la seriedad porque queremos saber toda la verdad. No hay oportunismo político”.
En este sentido, ha anunciado que “proponemos que los primeros en comparecer sean el miembro de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y de la Sindicatura de Cuentas”.
Díaz Ayuso anuncia el arranque de la reforma de la Ley sobre drogodependencias y adicciones.
La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley para modificar la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos vigente desde 2002. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública del texto. Como ha explicado la presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en Torrejón de Ardoz, se trata de una de las muchas acciones del Plan Regional sobre Drogas en el que están trabajando las nueve consejerías.
“Vemos con absoluta preocupación los efectos demoledores que están causando en países que antes admirábamos, vemos tantas vidas perdidas, el problema social, la falta de libertad, de seguridad y, por supuesto, comprometiendo después la prosperidad, y no queremos que esto ocurra en la Comunidad de Madrid, no podemos abandonar a nuestros jóvenes”, ha apuntado.
El objetivo de esta iniciativa es proteger a los menores de la venta en establecimientos de productos derivados del cannabis, tales como aceite para vapeadores, snacks o gominolas con CBD, cuyo consumo también tiene riesgos para la salud.
En concreto, se va a prohibir la venta de derivados del cannabis a menores de edad en cualquier establecimiento a través de máquinas expendedoras, dispensadores, móviles, portátiles ni sucedáneos ni derivados. Por eso, se va a limitar la publicidad de estos productos y se va a prohibir a una distancia de 300 metros, como poco, de los centros educativos de enseñanza no universitaria.
También se va a limitar su patrocinio porque el Gobierno regional no quiere “asociar el consumo de estos productos con un falso rendimiento físico laboral o beneficio alguno para la salud”, ha apuntado Díaz Ayuso, quien ha asegurado que con estos cambios la Comunidad de Madrid “va a seguir a la cabeza en la lucha contra las drogas”.
Esta reforma supondrá la adecuación de la normativa a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023. Un texto legal que establece la prohibición de vender a los niños sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo. También, la obligación de informar de manera visible de la composición, características y uso de artículos orientados a este colectivo.
Consumo de cannabis
El cannabis, según datos del sistema regional de vigilancia de adicciones, es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años. El 27,8% lo ha hecho en alguna ocasión, el 21,8% en el último año y el 14,5% el último mes. La edad media de su inicio es 14,8 años.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está comprometido con proteger la salud física y mental de los madrileños, dando la batalla contra las drogas. Y lo hace a través de 24 Centros específicos de Atención Integral a Drogodependientes, Centros de Día y Hospitalización de Adicciones o con estrategias específicas frente a nuevos fenómenos como el chemsex.
Además, cuenta con un Plan de Salud Mental y Adicciones, dotado con 45 millones de euros y especialmente dirigido a la población joven y adolescente, que supone la incorporación de 370 profesionales adicionales. Entre ellos, psiquiatras y profesionales de enfermería que conforman los 21 equipos específicos de prevención del suicidio incorporados en los últimos meses o los 14 de atención intensiva a domicilio para niños y adolescentes con patologías complejas.