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Día 11 de octubre de 2025

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La portavoz de Educación del GPP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha puesto en valor que “el Consell de Carlos Mazón ha situado a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la innovación educativa con la Evaluación de Diagnóstico: una herramienta útil, rigurosa, transformadora y reconocida internacionalmente, gestionada con eficacia y planificación desde el primer día”.

Esta evaluación, según ha añadido la diputada popular, “se ha convertido en una pieza clave para mejorar la calidad de la enseñanza y ofrecer a los centros escolares un diagnóstico real”. Más de 112.000 alumnos de 4.º de Primaria y 2.º de ESO han participado en este curso pasado en unas pruebas completamente digitales que evalúan competencias en matemáticas, valenciano, castellano, inglés y (por primera vez) francés.

“Gracias a esta evaluación -ha continuado- cada centro educativo cuenta ya con informes individualizados y comparativos, con resultados anonimizados del curso 2023-2024, una aplicación digital pionera que permite organizar los turnos de evaluación con eficacia, formación específica y sesiones presenciales para interpretar los datos y diseñar mejoras reales, así como recursos prácticos y accesibles: manuales, infografías y vídeos explicativos y materiales para las familias”.

Gascó ha indicado que “la cultura de la evaluación que promueve el actual gobierno permite detectar desigualdades, orientar recursos y elevar el nivel académico del alumnado. Y lo hace con transparencia, profesionalidad y responsabilidad”.

Una apuesta reconocida a nivel internacional

La diputada popular ha apuntado que “esta apuesta no solo ha transformado la forma de evaluar en la Comunitat Valenciana” sino que “también ha sido reconocida a nivel internacional con uno de los galardones más prestigiosos del sector: el premio “Best Transformational Project” en los International e‑Assessment Awards 2025 por la digitalización integral y exitosa de su sistema de evaluación educativa”.

“Un reconocimiento distingue la buena gestión técnica, pedagógica y organizativa de un sistema que ha sido capaz de evaluar a más de 100.000 alumnos de forma segura, eficiente y con impacto real en las aulas” ha remarcado Gascó.

“Esta forma de hacer las cosas contrasta con los gobiernos del Botànic, en los que no se ofrecían herramientas útiles a los centros. La mejora de la calidad educativa fue sustituida por la improvisación y el relato. Mientras otras comunidades avanzaban, la Comunitat Valenciana permanecía estancada, sin datos, sin análisis y sin dirección” ha indicado la portavoz de Educación del GPP.

Finalmente, Beatriz Gascó ha hecho hincapié en que “el Consell de Carlos Mazón ha cambiado esa realidad. Hoy, la Comunitat Valenciana evalúa con rigor, gestiona con solvencia y mejora con propósito”.

El portavoz de Vivienda del GPP en Les Corts, Fernando Pastor, ha señalado que “quienes han estado ocho años de vacaciones en materia de vivienda no entienden que hasta en agosto el Consell trabaje en materia de vivienda. La modificación de la de la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana busca evitar la ocupación ilegal para garantizar la función social de la vivienda”.

Pastor ha salido así al paso de las críticas de la socialista María José Salvador a los tiempos las modificaciones de la ley de función social de la vivienda que ya ha iniciado el trámite de consulta previa. “Lo único que tiene que objetar es que la modificación salga en verano lo que es coherente con lo que hicieron durante ocho años del Botànic: cero viviendas sociales”.

El diputado popular ha explicado que “la modificación persigue evitar la ocupación ilegal mediante la agilización de los procesos de recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente, evitando la duplicidad de trámites y mejorando la gestión del parque público de viviendas para priorizar su adjudicación a las familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda. Para ello se excluye   a los promotores públicos de vivienda —como la EVha— del concepto de “gran tenedor de vivienda” en los procedimientos judiciales de desahucio”.

Según Pastor “esta modificación de la ley es esencial para reforzar la lucha contra la ocupación ilegal, proteger el patrimonio público y garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan. Se trata de no tolerar nuevas ocupaciones ilegales y recuperar las viviendas públicas para quienes las necesitan de forma legítima”.

El portavoz popular ha señalado que “los socialistas permitieron la ocupación ilegal creciente en los años del Botànic. En 2017, la propia Consellera María José Salvador reconocía 500 viviendas ocupadas ilegalmente y al final de los gobiernos del Botànic, la cifra se había triplicado”.

“La Generalitat -ha continuado- está haciendo una apuesta decidida por la recuperación del parque público, desde todos los ámbitos, con el fin de ofrecer vivienda a las personas más vulnerables mientras los socialistas valencianos viven instalados en la mentira y la confrontación, incapaces de aportar soluciones”.

En ese sentido, el diputado popular ha recordado que “en los ocho años del Botánic no sumaron al parque público ni una sola vivienda social pública, mientras que el Consell de Mazón en solo dos años ya tiene en marcha 3.000”.

Por último, el portavoz del GPP ha subrayado que “esta es la legislatura de la vivienda, de los avances sociales y de las ayudas fiscales para que todos puedan tener acceso a una vivienda digna”.

La portavoz de Emergencias del GPP, Verónica Marcos, ha señalado que “el PSPV solo ofrece confrontación y mentiras para confundir a la población e intentar sacar rédito político de las catástrofes. No ofrece soluciones, hasta el extremo de salir a criticar también hasta la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos presentada por la Generalitat como ha hecho la socialista Alicia Andújar.

Para Marcos, resulta llamativo que “ahora quieran atribuirse el mérito de una guía que, según afirman, ya elaboraron en 2023 bajo el título “Guía de municipios seguros”. Si tan consolidada estaba, sorprende que sus propios alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas no la conozcan ni la apliquen. Más que presumir, deberían preguntarse por qué su trabajo no ha llegado a quienes debían aplicarlo”.

La portavoz popular ha explicado que la nueva Guía ofrece criterios claros, homogéneos y prácticos para alcaldes y responsables municipales. La guía detalla, en función del nivel de alerta (amarillo, naranja o rojo), las medidas preventivas que se deben adoptar: desde restringir actividades al aire libre, hasta suspender clases, cancelar espectáculos o reforzar la seguridad vial. Además, introduce consideraciones sociales y prácticas como el impacto en el transporte escolar, la conciliación familiar y la atención a colectivos vulnerables”.

“Con esta guía -ha continuado- un alcalde no se ve obligado a improvisar ante una alerta meteorológica, se le ofrece criterios claros, homogéneos y avalados técnicamente para que puedan tomar decisiones rápidas y seguras, siempre pensando en la protección civil”.

Para la diputada popular, “afirmaciones como “esta guía no aporta nada nuevo” no solo son desacertadas, sino que demuestran una falta de responsabilidad institucional. En lugar de generar confusión e inseguridad entre la ciudadanía, lo que necesitamos es ejemplaridad, coordinación, cooperación y sentido común. Los socialistas vuelven a demostrar que están al servicio del sanchismo, no de los valencianos”.

“Este es el nivel de la oposición, totalmente alejado del sentir de la calle. Ahora que por fin, en boca de Morant, el PSPV ha reconocido el fracaso de Sánchez con las ayudas tras la catástrofe, deberían reclamar al Gobierno la celeridad necesaria para que las 37.500 familias afectadas por la catástrofe puedan cobrar de una vez unas ayudas que siguen sin llegar diez meses después. En lugar de colaborar y estar a lo que importa, los socialistas siempre buscan el choque. Mientras el Consell de Mazón se preocupa por la prevención, otros están solo por la confrontación”, ha concluido.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina Ros, ha reafirmado el compromiso del Consell con el sector ganadero de la Comunitat, destacando la importancia de mantener y reforzar esta actividad tanto en el plano económico como en el ambiental.

“Nos gustan las ganaderías y nos gustan los ganaderos, por eso en la Comunidad Valenciana hemos derogado normas que expulsaban a nuestros ganaderos a construir granjas en comunidades autónomas vecinas”, señaló Barrachina.

El conseller subrayó que la Generalitat ha destinado más de 5 millones de euros anuales a programas de modernización de explotaciones, con el objetivo de garantizar la viabilidad del sector, mejorar su competitividad y fomentar el relevo generacional.

Barrachina destacó que el apoyo a la ganadería no se limita a la producción de alimentos, sino que también responde a criterios ambientales y de sostenibilidad, puesto que las explotaciones ganaderas contribuyen a la conservación del territorio y a la gestión del medio rural.

“Queremos que haya más ganaderos y más ganaderías, no solo por motivos alimentarios, sino también por cuestiones ambientales”, concluyó el responsable autonómico, reivindicando el papel esencial del sector en la identidad y el futuro de la Comunitat Valenciana.

El diputado popular en la Asamblea de Madrid, Ángel Alonso, ha cargado contra la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse las previsiones de Adecco que sitúan el desempleo en España por encima de los 2,6 millones de personas al cierre del verano.

“📺 Expertos VS propaganda sanchista. 📈 La realidad contra la ficción de un Gobierno que sólo ha luchado contra el paro cambiando la manera de contarlos para que sumen menos”, denunció Alonso en su cuenta de X.

Según el dirigente popular, la estrategia del Ejecutivo ha sido maquillar las cifras mientras España sigue encabezando la tasa de paro más alta de la Unión Europea, muy por encima de la media comunitaria.

Los informes de mercado laboral alertan de que el tercer trimestre del año traerá un incremento de 74.000 parados más y que la tasa de desempleo se elevará al 10,5%, el segundo aumento más elevado desde la pandemia.

Alonso ha señalado que la raíz del problema es un modelo económico que castiga a autónomos, empresas y sectores productivos: “Gobernar contra quienes pueden generar empleo nos ha llevado a ser el país de la UE con más alta tasa de paro”.

El parlamentario del PP exige al Gobierno que abandone la propaganda y adopte reformas reales que favorezcan la creación de puestos de trabajo, en lugar de seguir cargando el peso de la crisis sobre los mismos ciudadanos.

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado que “la Confederación Hidrográfica del Júcar lleva años retrasando proyectos que hoy son urgentes y condena a los vecinos a vivir con miedo cada vez que llueve”. El parlamentario ha acusado a este organismo estatal de pasividad e inacción respecto a las obras hidráulicas antirriadas pendientes en la Comunitat Valenciana, especialmente en el barranco del Poyo.

González de Zárate ha recordado que algunas de esas actuaciones estaban previstas desde 2006 y que su paralización ha agravado la vulnerabilidad de municipios como Chiva, Cheste o Buñol. Si estas infraestructuras se hubieran ejecutado en su momento, los efectos devastadores de la dana del pasado 29 de octubre podrían haber sido menores al reducir la violencia del agua. “Los informes estaban listos, los proyectos redactados y la declaración ambiental favorable, pero nunca se ejecutaron”, ha lamentado.

El diputado popular ha reprochado que, “mientras la Generalitat ha actuado con rapidez reparando puentes, pasarelas y reforzando cauces, la CHJ se limita a limpiezas superficiales y parches que no aportan seguridad real”. Como consecuencia, los alcaldes de la zona ya han advertido de su preocupación ante futuros episodios de lluvias.

En su opinión, el propio plan de actuaciones de la CHJ refleja un grado de ejecución “ridículo”, que no alcanza ni el 2% en 2024, lo que evidencia la falta de voluntad del Gobierno de España. “No podemos esperar otra catástrofe para reaccionar. Cada día que se pierde en estas obras es un día que la ciudadanía de la Comunitat Valenciana vive en riesgo”, ha añadido.

Por ello, el portavoz del GPP ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHJ que ejecuten de inmediato las obras hidráulicas pendientes en el barranco del Poyo, la rambla de la Saleta y el río Magro, entre otros. “No se trata de promesas ni de informes, se trata de garantizar la seguridad de miles de familias valencianas”, ha concluido González de Zárate.

La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la ministra Morant debería avergonzarse de usar a los menores como moneda de cambio con los independentistas y dejar de utilizarlos como mercancía”.

Bastidas ha contestado así a la socialista Morant a quien le ha recomendado “documentarse antes de hablar sobre la capacidad de recepción porque el sistema valenciano está colapsado, funcionado un 160% de su capacidad tras aumentar un 66% las plazas en el último año y sin apenas aportación del Gobierno. Los valencianos no necesitamos que venga con su argumentario sanchista y racista desde Madrid a aleccionarnos”.

“Sánchez no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias sino mercadear con los menores no acompañados para seguir resistiendo en el momento de más debilidad de un gobierno centrado en la corrupción que les rodea. Usan a los menores como moneda de cambio con los independentistas de Cataluña”, ha indicado.

La diputada popular ha afirmado que “no podemos aceptar un modelo ineficaz, insostenible y que pone en riesgo el interés superior del menor. Pero eso a Morant le da igual, distribuyendo a los menores como si no fueran personas, y sin ninguna previsión seria ni coordinación con las comunidades”.

Bastidas ha señalado que “el reparto del Gobierno Sánchez supone un trato indigno, discriminatorio y dañino hacia los menores. Lo que están haciendo es colapsar la capacidad del sistema autonómico de protección, eximiendo a una comunidad en detrimento del resto que no están pudiendo recibir a los niños con la dignidad que se merecen”.

Elena Bastidas ha recordado que la norma “va a ser recurrida y se ha solicitado su suspensión cautelar. Si el Estado no tiene capacidad para atenderlos no puede cargar con esa responsabilidad a las comunidades autónomas que no tienen dinero ni recursos”.

“Solo hay incapacidad de gestión del Gobierno Sánchez ante una crisis migratoria que dura demasiados años. Los mismos que no pagan el FLA, que siguen castigando a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada, pretenden ahora que destrocemos el sistema de protección de menores acogiendo a un número injustificadamente alto de menores, sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen, solo para trasladar su inacción a las CCAA”, ha añadido.

Por último, Bastidas ha señalado que “la Comunitat Valenciana ha demostrado esfuerzo y solidaridad real, aumentando plazas, asumiendo menores llegados por mar y atendiendo incluso a menores que llegan “por la puerta de atrás”, con el cupo de adultos de los envíos que realiza el Gobierno desde Canarias. Hemos hecho un esfuerzo que algunas comunidades ni siquiera han iniciado, y ahora se nos castiga con más carga y sin medios. Y encima hay que soportar los insultos y el desprecio de los sanchistas, que solo pretenden romper el modelo de acogimiento y asfixiarnos”.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, afirma que “el Gobierno, que ha tenido ministros que contrataban prostitutas, ha amañado contratos, está de corrupción por arriba y por abajo, y tiene un secretario de organización del partido que hoy duerme en prisión, no puede liderar ningún plan contra la corrupción”

Sobre las comparecencias de los miembros del Ejecutivo pedidas hoy durante la Diputación Permanente, asegura que los ministros “tienen que dar explicaciones”. “Hemos visto durante estos días de incendios cómo el Gobierno no daba las capacidades, y decía que por qué pedíamos más medios, cualquier gobierno serio ante una situación así, da una respuesta clara”, sentencia

“Que los socios no quieran que comparezca Pedro Sánchez porque no quieren que hable de corrupción, es comprensible , porque les hemos visto y están instalados en mirar a ver cómo se hacen más cesiones y cuanto más corrupto y más corrupción salga del Gobierno de Sánchez, más pueden pedir”, añade

Tilda de “hipocresía y demagogia” la actitud del PSOE, al hacer creer que el Partido Popular pide las comparecencias para “desgastar” al Gobierno. “Intentan hacer ver que lo que hace el PP está fuera de la democracia, cuando el fiscalizar a los miembros del Ejecutivo y a los ministros, no solo no es un ataque, sino que forma parte del juego democrático y es nuestra obligación”, asevera

Ironiza al hablar sobre el encuentro “entre dos grandes amigos sin pinganillos, el representante de Bildu y el de Esquerra Republicana”. “Es descorazonador ver que la gobernabilidad de España está en manos de gente que lo único que piensa es en cómo subir el precio, porque cuanta más corrupción sale del Ejecutivo y más bloqueado está, más le pueden sacar”

Respecto a las críticas del Gobierno ante el Plan antiincendios presentado por Núñez Feijóo, asegura que Sánchez únicamente acierta cuando “copia” a nuestro partido. “Nos atacan igual por hacer propuestas que por no hacerlas”, remarca

Recuerda que no tienen Presupuestos Generales del Estado, “dicen que sí, que los van a traer, igual que el año pasado, y que el anterior, pero aquí nadie trae el Proyecto y no se aprueba absolutamente nada”

En cuanto a la petición del PSOE, para que no se celebre el Pleno el próximo 11 de septiembre, explica que “no sé si se refiere única y exclusivamente a la fiesta de ese día, o a una norma para todas las fiestas autonómicas; o porque no quieren un Pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno. El año pasado en 2024, entre otras, la fiesta de mi comunidad, 23 de abril de 2024, hubo y no se suspendió”, concluye

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