Actualidad Política

1 de agosto de 2026

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El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha comparecido este viernes desde Ayamonte ante los medios de comunicación para denunciar que es “completamente aterrador” que el presidente del Gobierno “desconozca que los ciudadanos de un país son sus nacionales” y que “nacionalidad y ciudadanía es exactamente lo mismo”, es decir, que “los ciudadanos son los españoles”.

En este sentido, Abascal ha asegurado que es “completamente aterrador” que, las políticas impulsadas por Pedro Sánchez, “discriminen” a “los ciudadanos españoles en su propio país en el acceso tanto a las ayudas sociales como a la vivienda pública”.

A renglón seguido, el líder de VOX ha denunciado el proceso de regularización masiva promovido por el Gobierno y ha advertido que fomenta la inmigración ilegal. “No solo regularizar a todos los que han entrado ilegalmente, sino dar la bienvenida a los que continúen asaltando nuestras fronteras”, ha recalcado.

Por su parte, Abascal ha señalado directamente a Juanma Moreno, al que ha acusado de “dar la razón a Pedro Sánchez en todo esto”, al oponerse al principio de prioridad nacional y negarse a criticar el proceso de regularización. En este sentido, ha subrayado que Moreno “se opone a la prioridad nacional de los andaluces en su propia tierra” y, además, ha añadido que el Partido Popular “no quiere impuestos bajos” ni “proteger al campo frente a MERCOSUR y frente al fanatismo verde”.

En definitiva, el presidente de VOX ha asegurado que tanto el Gobierno de Sánchez como el Partido Popular “han puesto a los españoles en el último lugar”. Frente a ello, su formación concurre a las elecciones para que “eso cambie de manera radical”, ha concluido.

Preguntado por los medios de comunicación sobre la prioridad nacional, Abascal ha asegurado que, si el Partido Popular pretende “aplicar las mismas políticas de siempre”, tendrá que “buscar otro socio”, y ha recordado que durante años ha coincidido con el PSOE “en las políticas migratorias, en las políticas del fanatismo verde, en las políticas de género y en tantas otras que han aprobado conjuntamente en Europa”. Por suerte, ha añadido, “hay algunos partidos populares en algunas regiones, en Extremadura y en Aragón, que han entendido el mensaje de las urnas” y que “están dispuestos a ir poco a poco variando esas políticas”.

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha cargado contra la regularización masiva del Gobierno, que provoca un indiscutido “efecto llamada” y manda el peligroso mensaje de que “en España, entrar de manera irregular puede acabar teniendo premio”. Por eso ha pedido al Gobierno que cambie de postura y sustituya su política migratoria basada en la improvisación y el efecto llamada por una política “seria, coherente y responsable”.


El dirigente popular ha insistido en recalcar que el problema no es la inmigración en sí, sino la falta absoluta de control a causa de la presión a la que se está sometiendo a los Ayuntamientos, que tienen colapsados los servicios de atención a la ciudadanía por la falta de recursos, menor capacidad estructural y funcionarios sobrecargados que no pueden garantizar los mecanismos de control adecuados. “Lo que se está haciendo es tratar a todos por igual, sin distinguir situaciones completamente diferentes, porque no todo inmigrante irregular, por el mero hecho de serlo, es una persona vulnerable”, ha señalado.


Para el parlamentario popular, esta situación debería ser clave cuando se plantea una regularización masiva, porque “desde el PP defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada a la capacidad real de integración de nuestra sociedad”, y es en este sentido que ha defendido que las políticas públicas deben diseñarse pensando en el interés general. En este caso concreto, “defendemos que quien venga a trabajar, a aportar, a respetar nuestras normas y a integrarse, tenga oportunidades reales, pero también hay personas que han venido a aprovecharse del sistema y personas que han venido a delinquir”, y son estos últimos casos los que deberían ser objeto de control estricto. “Nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra del descontrol y defendemos que quien incumpla la ley no reciba el mismo trato que quien la respeta”, ha insistido.


Los ayuntamientos
Fernández ha explicado que la regularización masiva está colapsando los Ayuntamientos, retrasando citas durante semanas, desbordando funcionarios y, “lo más grave, vecinos que ven cómo trámites esenciales quedan bloqueados o ralentizados”, cosa que afecta a los autónomos que necesitan una licencia para abrir su negocio, a las familias que esperan ayudas o al ciudadano que simplemente quiere ser atendido en tiempo y forma.


El portavoz ha señalado que la situación actual “satura los servicios públicos, dificulta la integración, genera tensiones sociales y debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. “Se ha tomado una decisión de enorme impacto sin reforzar a los Ayuntamientos, sin dotarlos de financiación suficiente, sin aumentar plantillas, sin mejorar los sistemas de gestión, se les ha dejado solos y eso es profundamente injusto”, ha declarado.

El Partido Popular destaca que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España.

Tal y como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid ha decidido acudir a la vía judicial ante una norma que, a su juicio, genera un impacto directo en los servicios públicos sin la correspondiente financiación.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha solicitado además la suspensión cautelar del decreto.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que esta medida “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños”, al tiempo que advierte de la ausencia de mecanismos de financiación y provisión de recursos.

Asimismo, considera que el decreto podría contravenir la normativa de la Unión Europea y plantea implicaciones en materia de seguridad nacional.

El Partido Popular ha criticado la política migratoria del Gobierno y ha advertido de los riesgos de la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha calificado esta medida de “chapuza” y “coladero”, señalando que “el mismo Gobierno que genera el problema nos vende la solución”.

El Partido Popular considera que el decreto de regularización “está diseñado para convertirse en un coladero”, especialmente tras reconocer el propio Ejecutivo que las personas que no sean regularizadas no serán expulsadas. En este sentido, Ezcurra ha advertido de que se trata de “una regularización para todo el mundo”.

Asimismo, el Partido Popular ha subrayado que, bajo el actual Gobierno, la inmigración irregular ha aumentado significativamente, y ha cuestionado que sea el mismo Ejecutivo quien impulse ahora medidas para corregir una situación que, a su juicio, ha contribuido a generar.

La vicesecretaria ha recordado que el Partido Popular apoyó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular “por respeto a las más de 700.000 firmas”, pero presentó enmiendas para garantizar una regularización ordenada, con tramitación individualizada, vinculación a un contrato de trabajo y control de antecedentes.

El Partido Popular denuncia que el Gobierno no logró los apoyos necesarios y optó por aprobar la medida “por la puerta de atrás”, sin consenso ni garantías suficientes.

Frente a ello, el Partido Popular defiende un modelo migratorio basado en la legalidad, el control y la capacidad de decisión del Estado sobre quién entra y en qué condiciones, con criterios claros que garanticen la seguridad y la convivencia.

Asimismo, Ezcurra ha defendido el respeto a la independencia judicial y ha pedido que se deje trabajar a jueces y magistrados sin injerencias políticas.

El Partido Popular reafirma su compromiso con una política migratoria responsable, ordenada y basada en el respeto a la ley y a los procedimientos democráticos.

Una vez más “las políticas de efecto llamada” del PSOE “están poniendo en jaque” la frontera de Ceuta y así lo denuncia VOX tras el repunte en el número de entradas de inmigrantes ilegales que se ha producido en los últimos días. El partido afirma que “solo hay que echar un vistazo a los números para constatar el problema”: 180 entradas en 72 horas y un incremento del 378% de las llegadas a Ceuta solo en el mes de enero.

VOX tiene claro que el anuncio de la regularización masiva de inmigrantes ilegales, junto a los temporales que se están sucediendo, han provocado que muchos marroquíes intenten llegar a la desesperada a la ciudad intentando pasar desapercibidos por el mal tiempo. “No quieren quedarse atrás y buscan conseguir ser regularizados en España, pero la consecuencia son el colapso de los servicios de atención y muertes en el mar”, condena el partido.

Pero VOX advierte de que no solo el PSOE es responsable de esta situación y señala también al Gobierno del PP en Ceuta. “Llevan años contribuyendo al efecto llamada, lanzando el mensaje de que todo el que entre en la ciudad será trasladado a la península”, recuerda el partido para añadir: “Así lo han hecho exigiendo el reparto de menores extranjeros, incluso con la oposición de líderes de su propio partido”.

La formación condena “la hipocresía del PP”: “Ahora vende a bombo y platillo una supuesta preocupación por lo que ocurre en la frontera, trasladando preguntas al Congreso por el repunte de entradas de ilegales, cuando el consejero de Presidencia ha negado sistemáticamente el efecto llamada en la Asamblea a preguntas de VOX”.

Iniciativa en el Congreso
VOX no está dispuesto a aceptar esta regularización y tras el anuncio de la regularización masiva del Gobierno del PSOE, su grupo parlamentario en el Congreso registraba este martes una iniciativa que rechaza esta medida. Se trata de una Propuesta No de Ley que pide que se audite exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años y que se proceda a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación.

La iniciativa de VOX también reclama la deportación de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves, haga del delito leve su forma de vida, decida no integrarse a la cultura nacional o intente imponer la suya. Así como la reemigración de los extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles.

Por último, VOX exige que se implemente una política migratoria firme, ordenada y de acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral y suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen. Además, se pide suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de quien acceder de forma ilegal y reformar las leyes para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda empadronarse.

En su propuesta, VOX también denuncia la dinámica histórica de regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo (más de 1,2 millones autorizaciones desde desde 1985). El partido advierte de que las regularizaciones masivas sólo generan «un efecto llamada permanente», debilitan el principio de legalidad, incrementan la inseguridad en los barrios y pueblos y sobrecargan de manera terminal los servicios públicos esenciales.

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