Marisa Gayo: «La ley consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y de toda violencia política».
La ponente del GPP de la Ley de Concordia Democrática, la diputada Marisa Gayo, ha pedido al PSPV “menos mentiras y engaños” y ha lamentado el uso espurio de una contestación al Gobierno de España por parte de tres relatores de una agencia de la ONU con fines partidistas. La ley consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y de toda violencia política”.
Gayo ha respondido así a las declaraciones del síndic del PSPV, José Muñoz, en las que ha llegado a amenazar con una posible salida de la ONU de la Comunitat Valenciana. “Pedimos que deje de hacer el ridículo y tenga más rigor y seriedad; menos alarmismos, mentiras y engaños” tras aclarar la propia ONU que la carta de sus relatores es una «opinión» no vinculante elaborada a instancias del Gobierno español”.
La diputada popular ha aclarado que “el famoso “informe” no es ninguna recomendación a las comunidades autónomas sino una contestación a una comunicación del Gobierno de España pidiéndoles que investiguen esas normas que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ni siquiera está aprobada. Ellos lo que hacen es pedir información. No es en ningún caso un informe vinculante, ni un dictamen, ni unas recomendaciones de Naciones Unidas. Son tres relatores pidiendo información porque así se lo ha pedido un Gobierno”.
Marisa Gayo ha insistido en que “la contestación al Gobierno no es ningún toque de atención. Es un procedimiento que ha iniciado el Gobierno de España de forma partidista y haciendo uso de los mecanismos de Naciones Unidas. Y como toda solicitud conlleva una solicitud de información por parte de las personas que han sido reclamadas a investigar. No hay más. Solo hay que leer el final que dice que se le hagan aclaraciones por parte del Gobierno”.
La diputada popular ha señalado que “basta con echar un simple vistazo al texto dirigido literalmente a “Su Excelencia” Pedro Sánchez para percatarse de su falta de objetividad y rigor. Está lleno de insinuaciones, errores e inexactitudes que no se corresponden con el texto de la norma valenciana que se está tramitando ni son producto de ninguna investigación seria. En realidad, la Proposición de ley que tramita Les Corts trata con exquisita precisión la igualdad de todas las víctimas de la intolerancia, tanto las víctimas de la dictadura franquista como las del terrorismo”.
En este sentido, Marisa Gayo ha desvelado que “en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez descalificó un informe de la ONU pidiendo la liberación de los golpistas independentistas presos y su indemnización. Entonces el Gobierno cuestionó su imparcialidad, despreció sus argumentos y cargó duramente contra la credibilidad y honestidad del grupo de trabajo que lo redactó”.
“Quienes ahora se llenan la boca esgrimiendo esta contestación en ningún caso vinculante de tres relatores de la ONU para atacar al Consell de Carlos Mazón son los mismos que en 2019 no tenían ningún problema en despreciarlo, atacarlo e incluso llegaban a alertar de la necesidad de evitar la utilización de esos informes con fines espurios”, ha concluido.
Marián Cano: «Vamos a impulsar los intereses de los sectores productivos valencianos en Europa».
Marián Cano defenderá en Europa “los intereses del tejido industrial valenciano” y su inclusión en la candidatura popular “permite otorgar visibilidad desde una óptica profesional a los sectores estratégicos de la Comunitat Valenciana”.
Desde el número 26 en la lista acompañará a Esteban González Pons (número 4) y a la diputada Lucía Peral (33) en la candidatura del PP a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio.
Cano se ha mostrado satisfecha de formar parte de la lista del Partido Popular para las próximas elecciones europeas y ha agradecido a la formación popular “la oportunidad de defender en Europa los intereses del tejido industrial en general y del calzado en particular”.
“Para mí es un apasionante reto en mi carrera profesional y una oportunidad para hacer de puente entre la industria y las empresas españolas y el parlamento europeo, más aún en un momento crucial como es el que nos encontramos con una complicada situación geopolítica y con los cambios que van a llegar con todos los nuevos reglamentos de sostenibilidad, cambios a los que deben hacer frente las Pymes y creo que la voz de las Pymes puedo aportar”, ha añadido.
La nueva candidata ha señalado que “espero poder contribuir en el europarlamento a mejorar la competitividad de nuestras empresas y poder salvaguardar e impulsar los intereses de los sectores productivos valencianos en Europa como se merecen”.
Marián Cano es una profesional de amplia preparación y muy bien valorada entre los sectores productivos valencianos, con una dilatada experiencia en el mundo de las organizaciones empresariales, tanto al frente de la patronal autonómica, como en la nacional. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (AVECAL) y secretaria general de las Federación de Industrias de Calzado Español (FICE). Además, es además vicepresidenta de CEV Alicante y ha trabajado en el IVEX en Nueva York.
Miguel Barrachina: «Es un informe muy poco serio que deja mal a la ONU».
El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha señalado que “el informe de la ONU a petición de Sánchez es una broma que ni siquiera acierta con el nombre de la Comunitat Valenciana. Carece de valor porque está lleno de insinuaciones, errores e inexactitudes”.
Barrachina ha señalado que “la respuesta “al Gobierno de su Excelencia” Pedro Sánchez está dirigida a complacer al denunciante en lugar de reconocer a todas las víctimas por igual”.
El síndic popular ha indicado que “del texto del informe se desprende un desconocimiento por completo de la realidad de nuestra tierra y del funcionamiento de nuestra autonomía: nos rebautiza como “Comunidad de Valencia”; atribuye un proyecto de ley al gobierno de Mazón, cuando lo que existe es una proposición de dos grupos; no tiene en cuenta que el texto actual es una propuesta abierta a enmiendas, que posteriormente hay un desarrollo reglamentario; todos los párrafos están llenos de juicios de intenciones, y además se dedica a lanzar sospechas arbitrarias utilizando el condicional “podrían”, “pueden”, “podrán”, y otras suposiciones que parecen más bien dirigidas a complacer al denunciante, ‘su Excelencia’ Pedro Sánchez, autor junto a Bildu de la ley de memoria democrática, que a dar una visión objetiva del texto”.
“También se equivoca cuando afirma que se incluye a la segunda República por primera vez, cuando ya estaba recogido en el texto de PSPV y Compromís. Y resulta paradójico que los relatores se preocupen reiteradamente por las subvenciones que reciben algunas entidades, a la vez que desprecia a las víctimas del terrorismo etarra”, ha añadido.
Para Miguel Barrachina, “es asombroso que solo hable del pasado que nos dividió ignorando un presente en el cual hay partidos políticos que niegan la existencia del terrorismo y de más de mil asesinados por la banda terrorista ETA, casualmente el partido que niega ese terrorismo es socio preferente del denunciante Pedro Sánchez”.
El síndic popular ha afirmado que “es un informe muy poco serio que deja mal a la ONU. La Proposición de ley que tramita Les Corts trata con exquisita precisión la igualdad de todas las víctimas de la intolerancia. Las de antes las de ahora, las de un lado y las de otro. Lo cierto es que por primera vez una Ley Concordia Democrática recoge a todas las víctimas de la violencia política y social de nuestro país y a las víctimas del terrorismo, a las que reconoce nuevos derechos. De hecho, reconoce el derecho a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas. Y el actual Consell ya ha iniciado 422 procesos de exhumación”.
“En realidad, la ley de Concordia no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política”, ha concluido.
Jesús Albiol: «La energía nuclear es una fuente de energía limpia y sostenible, imprescindible dentro de nuestro mix energético».
El Grupo Parlamentario VOX Cortes Valencianas ha presentado una iniciativa para que se prorrogue y garantice la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes.
El diputado Jesús Albiol ha explicado que “El objetivo es también promover la extensión de la vida útil de todas las centrales nucleares existentes en España y cancelar el calendario de cierres previstos, siempre que la seguridad y los costes lo permitan. Hay que tener en cuenta y reconocer que la energía nuclear es una fuente de energía limpia y sostenible, imprescindible dentro de nuestro mix energético”.
En la PNL (Proposición No de Ley) VOX pide también que se elabore un Plan Nacional de Soberanía Energética que persiga alcanzar la soberanía energética de España, aprovechando todas las fuentes de energía y recursos disponibles que contribuyan a dicho objetivo mediante una planificación estructurada y en línea con el interés nacional.
Cabe recordar que el Gobierno de España aprobó durante la Legislatura XIV el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 que establece el cierre progresivo de todas las centrales nucleares españolas entre 2025 y 2035. Este plan contempla el cese de operaciones de siete reactores nucleares ubicados en Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). Para VOX esto es un error porque las centrales nucleares representan un pilar fundamental en el sistema eléctrico actual, generando el 20,3% de la energía eléctrica consumida en España.
En relación con la central nuclear de Cofrentes, su cierre está previsto para el día 30 de noviembre de 2030, condenando a toda una región, el Valle de Ayora-Cofrentes que depende económicamente de esta central nuclear.
María Gómez: «La política de agua debería de dejar de ser un arma de confrontación política entre territorios».
El GPP ha solicitado al Gobierno de España aplicar la solidaridad hídrica, realizar las aportaciones de agua necesarias para garantizar el equilibrio ecológico en l´Albufera, así como la aprobación del Plan de Emergencia para el parque natural.
El GPP ha presentado una propuesta en Les Corts en la que exige al Gobierno de España respeto a los derechos hídricos de los ciudadanos y los sectores productivos de la Comunitat Valenciana y de nuestros espacios naturales protegidos; que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en criterios técnicos y a través de un grupo de trabajo entre todas las comunidades autónomas; y avanzar en la modernización de las infraestructuras hídricas para mejorar en reutilización.
Además, en la PNL se solicita alcanzar un Plan Nacional del Agua junto con las comunidades autónomas y la aplicación del principio de igualdad entre regiones, así como la resolución de la deuda hídrica contraída desde hace años con la Comunitat Valenciana.
La portavoz de Agua del GPP, María Gómez, ha señalado que “la política de agua debería de dejar de ser un arma de confrontación política entre territorios. Solicitamos con esta propuesta en defensa del agua necesaria para la Comunitat Valenciana que se practique a nivel nacional la misma solidaridad interterritorial que practicamos en la Comunitat Valenciana”.
Gómez ha indicado que “no puede ser que la disminución de agua provocada por los recortes del trasvase Tajo-Segura de los últimos años esté provocando pérdidas económicas importantes no solo para nuestra región sino que también se le perjudica el conjunto del territorio nacional. Y todo ello sin tener en cuenta todavía la sequía que nos amenaza actualmente en las cuencas hidrológicas tanto del Sur de España como de Cataluña”.
La diputada popular ha afirmado que “no es un capricho. La Constitución Española reconoce que el agua es dominio público de todos los españoles, por lo que es necesario impulsar una política nacional que aplique la solidaridad interterritorial y que pueda equilibrar y repartir este recurso fundamental entre todos los territorios de España y que redunda en beneficio de todos”.
María Gómez ha afirmado que “el presidente Carlos Mazón señaló esta misma semana la necesidad de sentarse a hablar del problema del agua en España con rigor, porque es un tema que compete a todos a nivel nacional. Por eso pedimos que se emprendan todas estas iniciativas en defensa del agua necesaria para la Comunitat Valenciana”.
González de Zárate: «Las inversiones anunciadas por el Gobierno de Sánchez en la línea Xàtiva-Alcoy no representan absolutamente nada».
El portavoz de Obras Públicas del GPP, Joserra González de Zárate ha afirmado que “el Ministerio de Transportes debería de asegurar un tiempo de viaje entre Xàtiva-Ontinyent y Ontinyent-Alcoi en el entorno de media hora cada tramo para poder hablar de un servicio de calidad para todos los ciudadanos de las comarcas afectadas por esta línea ferroviaria”.
Así, el diputado popular ha explicado que “las inversiones anunciadas por el Gobierno de Sánchez en la línea Xàtiva-Alcoy no representan absolutamente nada sino saben los ciudadanos de las cuatro comarcas afectadas cuantos trenes van a circular al día y que tiempo de recorrido se va a ofrecer a los ciudadanos”.
González de Zárate ha explicado que “hay que trabajar para que la línea Xátiva- Alcoi sea una alternativa real al uso del automóvil y así luchar de verdad contra el cambio climático”.
El diputado popular ha exigido al Gobierno de Sánchez que “además de cambiar traviesas tienen que haber trenes adecuados, mejora de trazado, una señalización moderna, eliminación de las curvas y conversión de las estaciones en intermodales que permitan satisfacer la movilidad de todos los núcleos de la comarca”.
“Poner nuevas vías y traviesas sin un plan integral es una chapuza más de este gobierno que ya entra en su tiempo de descuento. Gastar dinero sin que sirva para el progreso de comarcas claves de nuestro sistema productivo y de nuestro territorio”, ha asegurado.
El portavoz de Obras Públicas del GPP ha recordado que “esta línea con orden de cierre en 1984 por el Gobierno de Felipe González ha persistido gracias a las ayudas de la Comunidad Valenciana. Es hora de que el Gobierno trace un plan concertado con la Generalitat y las comarcas afectadas para una verdadera solución a esta línea”.
Nieves Martínez: «El Gobierno de Sánchez debe 926 millones de euros a la Comunitat Valenciana».
La portavoz de Sanidad del GPP, Nieves Martínez, ha exigido el pago de los 926 millones de euros a la Comunitat Valenciana que el Gobierno de Sánchez debe a la Comunitat por el gasto sanitario derivado de los desplazados”.
Martínez ha exigido “el pago inmediato de esos casi 1.000 millones de euros porque cada año que pasa el gasto se dispara todavía más. Desde que Sánchez entró de presidente se ha incrementado en 600 millones de euros y sigue sin abonar nada”.
La portavoz de Sanidad ha recordado que, “como hemos visto esta Semana Santa, la Comunitat Valenciana acoge a miles de turistas que hacen uso de la sanidad pública. El número de visitantes crece cada vez más, y no pagar esa deuda supone un agujero para los recursos de la atención sanitaria. Lamentablemente los valencianos ya nos hemos acostumbrado a que el Gobierno de Sánchez nos castigue y da igual que sea con el agua, la financiación o los desplazados sanitarios”.
“Es necesario dejar de posponer todavía más esa deuda que el Gobierno Sánchez tiene con los valencianos. No es tolerable ese ninguneo y resulta urgente resolver la situación”, ha añadido.
La diputada popular ha recordado que “la primera consellera de Sanidad botánica, Carmen Montón, reclamaba al Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 318 millones de euros y ponía el grito en el cielo por su impago. Luego fue ministra, enterró el tema y no abonó nada. La deuda fue creciendo progresivamente con el silencio cómplice del Ximo Puig y sus consellers que apenas lo reclamaban con la boca pequeña, hasta hoy en que asciende a casi mil millones de euros. A ver si Diana Morant empieza a ejercer de valenciana y consigue que su Gobierno pague una cantidad que es de justicia”.