Gonzalo de Oro acusa a ERC y PSC de limitar la participación ciudadana en Barcelona.
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha alzado la voz contra la última maniobra de Esquerra Republicana (ERC), que pretende modificar el reglamento de participación para bloquear las iniciativas ciudadanas que no se alinean con su agenda ideológica. Esta reforma busca invalidar la recogida de firmas impulsada por numerosos vecinos que se oponen al cambio de nombre de la Plaza Virrei Amat.
VOX ha denunciado que esta propuesta de ERC nace de una transacción con el PSC, señalando a los socialistas como responsables directos de este atropello democrático. Para la formación, el PSC vuelve a ejercer de muleta del separatismo, permitiendo que se amordace a los barceloneses a cambio de favores políticos.
El presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha sido tajante al señalar la hipocresía de esta pinza entre socialistas y separatistas: «La democracia es respeto a la pluralidad y ustedes ahí se cortocircuitan«, ha afirmado durante su intervención. El líder de VOX ha denunciado que la propuesta de ERC y PSC establece una especie de «ley del más rápido«, donde la primera iniciativa presentada bloquea cualquier alternativa posterior.
Para Gonzalo de Oro, esta medida es un ataque directo a la libertad de expresión: «Cambiar el reglamento para impedir opinar no es silenciar, ¿verdad? Lo que proponen en la práctica es que el primero que presenta una iniciativa se quede con el tema y que los demás ya no puedan plantear una alternativa«. De Oro ha recordado que existe una iniciativa ciudadana «totalmente respetable» que reunió 1.200 firmas para defender el nombre actual de la plaza, una propuesta que no costaría dinero a las arcas públicas ni exigiría cambios administrativos traumáticos para los vecinos.
«Cuando la participación ciudadana coincide con su posición es válida, y cuando se cuestiona hay que cambiar las reglas«, ha sentenciado el concejal, subrayando que la democracia consiste en «confrontar posiciones y escuchar a todos, y especialmente a quienes discrepan».
Finalmente, desde VOX también se ha criticado la postura del Partido Popular, cuya abstención demuestra una preocupante tibieza frente a esta alianza entre el PSC y el separatismo. Para la formación, es inaceptable que el PP se ponga de perfil ante un atropello a los derechos de los vecinos de Nou Barris, renunciando a dar una batalla frontal contra las reglas de juego que la izquierda y los separatistas pretenden imponer. VOX reafirma su compromiso con la identidad de los barrios y seguirá apoyando a los españoles frente a cualquier intento de borrar su historia y silenciar su opinión.
García Narros acusa al Gobierno de usar el SER como herramienta de ingresos.
Durante el debate, el Gobierno municipal sostuvo que se estaba hablando de “algo que no existe” y que, por tanto, no tenía sentido debatirlo. Sin embargo, el proyecto de Zona de Bajas Emisiones aprobado inicialmente por el propio Ayuntamiento sí contempla expresamente la implantación de un Servicio de Estacionamiento Regulado, al que atribuye un carácter ambiental, mayores tasas para los vehículos más contaminantes y la capacidad de reducir los vehículos-kilómetro recorridos e impulsar un cambio modal en Coslada.
A juicio del portavoz del Grupo Municipal de VOX en Coslada, Isaac García Narros, “es muy grave que el Ayuntamiento justifique el SER por razones climáticas en documentos oficiales y, cuando se le pide explicaciones, se niegue a debatirlo en el Pleno”. García Narros ha subrayado que “en Coslada no existe ninguna emergencia climática ni episodios de alta contaminación que justifiquen una ZBE ni un SER ambientalizado” y ha advertido de que “cuando esa base no existe, la medida acaba siendo en la práctica puramente recaudatoria”.
García Narros ha advertido de que la implantación de un SER en estas condiciones supondría un nuevo incremento de la presión fiscal sobre los vecinos. “Estamos hablando de cobrar por el uso del espacio público y convertir la movilidad cotidiana en una fuente permanente de ingresos para el Ayuntamiento, con un efecto claramente confiscatorio”, ha afirmado el portavoz
Isaac García Narros ha querido dejar claro que “VOX no rechaza el estacionamiento regulado como herramienta en abstracto”, pero ha precisado que “solo tendría sentido si se diseña para evitar que los vecinos paguen las consecuencias”. En este sentido, ha señalado que “si existe un problema real de saturación del aparcamiento por la afluencia de visitantes externos, especialmente durante eventos en el Estadio Metropolitano, las medidas deben dirigirse a proteger al residente, no a castigarle con nuevas tasas”.
El portavoz de VOX también ha respondido a las declaraciones del alcalde, quien llegó a afirmar que su grupo está “obsesionado” con la Zona de Bajas Emisiones. “No se trata de ninguna obsesión, sino de hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar la acción del Gobierno y defender a los vecinos frente a decisiones que pueden suponer más restricciones y más cargas fiscales”, ha señalado.
“Si exigir transparencia, proporcionalidad y protección del vecino frente a nuevas cargas fiscales se interpreta como una obsesión, entonces algunos parecen entender la fiscalización democrática como un estorbo y no como una obligación”, ha concluido García Narros.
VOX frena una planta solar que «sacrifica» tierras agrícolas en Mazarrón.
La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad la iniciativa presentada por VOX para rechazar la construcción de una planta solar fotovoltaica vinculada a la desaladora de Valdelentisco sobre terrenos de regadío en el municipio de Mazarrón.
El diputado regional de VOX, Pascual Salvador, ha defendido la iniciativa denunciando “un nuevo intento de sacrificar suelo agrícola productivo en nombre de una política energética mal planificada”, y ha alertado de la creciente “invasión fotovoltaica del suelo agrícola de regadío”, que está generando un “rechazo social totalmente justificado”.
Durante su intervención, Salvador ha subrayado que VOX defiende todas las tecnologías de generación eléctrica “siempre que no destruyan el suelo productivo, que es el activo más valioso para garantizar la soberanía alimentaria”. En este sentido, ha criticado que los agricultores “ya soportan suficientes cargas derivadas del Pacto Verde Europeo, el fanatismo climático y la Agenda 2030” como para añadir ahora la pérdida de sus tierras de cultivo.
A renglón seguido, ha denunciado además la falta de soluciones para los afectados, señalando que la Confederación Hidrográfica del Segura “no está autorizando la permuta de derechos de riego”, lo que implica que “lo que se pierda, se ha perdido definitivamente”.
El proyecto promovido por ACUAMED contempla la instalación de una planta solar de más de 50 MW de potencia para autoconsumo de la desaladora de Valdelentisco, lo que, según Salvador, “no es casual”, ya que permite que la autorización dependa directamente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Estamos ante un caso de ‘yo me lo guiso y yo me lo como’, donde el propio ministerio se autoriza a sí mismo”, ha denunciado.
Según la documentación del expediente, la planta afectaría a unas 80 hectáreas de regadío, lo que representa el 77% de la superficie del proyecto. “Resulta incomprensible que, en una región donde solo el 15% del suelo es de regadío, no se busquen alternativas en terrenos degradados o de baja productividad”, ha señalado.
Salvador ha recordado que este caso es similar al proyecto fotovoltaico previsto en Lorca y Puerto Lumbreras, donde el propio Ministerio de Transición Ecológica rechazó ocupar terrenos de regadío con inversiones públicas destinadas a su modernización. “Aplicando ese mismo criterio, deberían excluirse también en Mazarrón todos los suelos de regadío declarados de interés general”, ha afirmado.
Asimismo, ha criticado la incoherencia del Gobierno central, recordando que el Ministerio de Agricultura elaboró un anteproyecto de ley para proteger las zonas regables de interés general frente a este tipo de instalaciones. “No se puede defender el regadío como motor económico y herramienta contra la despoblación, y al mismo tiempo permitir su destrucción”, ha lamentado.
El diputado de VOX también ha señalado que el propio estudio de impacto ambiental contempla alternativas viables en terrenos de secano de bajo valor productivo, “lo que demuestra que no existe ninguna necesidad de ocupar tierras fértiles”.
Además del impacto agrícola, Salvador ha advertido de las consecuencias urbanísticas y paisajísticas del proyecto, ya que su ubicación afectaría al desarrollo futuro entre Mazarrón y Puerto de Mazarrón, interfiriendo con infraestructuras estratégicas como el desdoblamiento de la RM-332.
Finalmente, ha destacado que el proyecto ha generado un amplio rechazo social e institucional, contando con la oposición del Ayuntamiento de Mazarrón, la Comunidad de Regantes y los propios propietarios afectados.
“Hoy la Asamblea Regional ha enviado un mensaje claro: no se puede seguir sacrificando el mejor suelo agrícola de Europa. Es imprescindible buscar ubicaciones alternativas donde el regadío no sea la actividad principal”, ha concluido el parlamentario.
Buxadé acusa al Gobierno de sustituir agricultores por molinos.
VOX ha expuesto en la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo la incoherencia del PSOE respecto de los campos de Teruel. Mientras imponen parcelas de molinos y placas solares que inhabilitan las tierras que antes generaban riqueza y puestos de trabajo, habrían estado manipulando a su favor declaraciones de impacto ambiental.
«Cientos de familias ven cómo se instalan estas infraestructuras fabricadas y supervisadas por empresas extranjeras en terrenos donde antes labraban la tierra y se ganaban el pan», ha declarado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en Bruselas, en la sesión parlamentaria.
Tanto populares como socialistas llevan décadas imponiendo una agenda ambiental basada en el fanatismo que ha supuesto la ruina de comarcas enteras. VOX ha exigido durante años que se priorice el abastecimiento energético a la ideología, pero la exministra Teresa Ribera hizo oídos sordos y siguió licitando parques eólicos, algunos incluso con previa manipulación administrativa, presuntamente: «Al parecer para esos proyectos no importa ni la flora ni la fauna ni el paisaje ni la vida del ser humano», ha añadido el eurodiputado.
VOX ha denunciado que durante años se han arrancado olivos y puesto molinos. Una deriva basada en la obsesión ecológica que terminó en apagón. «Con la bandera de la transición ecológica se han justificado prácticas opacas, concentraciones empresariales y poderes degradados. Pero sus corruptelas energéticas no solo conducen a la ruina del campo, sino también a otro lado oscuro: por ese fanatismo dejaron a España sin luz durante un día entero», ha apuntado Buxadé.
Para VOX, la destrucción paulatina del campo por parte de la Comisión Europea, dirigida por populares y socialistas, exige una reparación inmediata. Además, la formación celebra que el enésimo brazo de la corrupción sanchista haya llegado a Bruselas y trabajará para que no quede impune. «Por supuesto, nuestro grupo pide que se mantenga abierta la petición y se exijan responsabilidades e información al Gobierno de España», ha cerrado Buxadé.
Martínez Alpañez carga contra quienes «no sueltan el sillón» tras dejar el partido.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha acusado hoy a José Ángel Antelo y a Virginia Martínez de “traicionar la voluntad de los ciudadanos de la Región de Murcia y, especialmente, de los votantes de VOX”, tras su salida del Grupo Parlamentario, en lo que ha calificado como un caso de “transfuguismo puro y duro”.
Martínez Alpañez ha sido especialmente contundente al señalar que “VOX está hoy en día más fuerte que nunca” y que quienes abandonan el proyecto “predican mucho pero no practican nada”, acusándoles de mantener una actitud contraria a la responsabilidad política que exigieron los ciudadanos en las urnas.
En este sentido, ha afirmado que “cumplir con los votantes es renunciar al acta cuando se deja de confiar en el proyecto que te trajo aquí”, y ha subrayado que “no tienen legitimidad moral ni política para seguir ocupando sus actas”.
A renglón seguido, el portavoz ha remarcado que “todos los que han salido de VOX tienen un patrón común: presumen de aquello de lo que carecen”, insistiendo en que “no sueltan el sillón” y que su comportamiento contradice el discurso que públicamente defienden.
En relación con la supuesta moción de censura en Cartagena, Martínez Alpañez ha asegurado que VOX no ha participado en ningún tipo de negociación en ese sentido, al tiempo que ha explicado que “jamás me he sentado con ningún partido político a preparar o hablar de una moción de censura”, y ha calificado como “ridículo” cualquier intento de atribuir a VOX acuerdos de ese tipo, especialmente con el Partido Socialista o con otros partidos de la oposición.
En este contexto, ha recordado que “VOX no se va a sentar a hacerse una moción de censura a sí mismo”, subrayando que el partido ha mantenido siempre una posición clara y coherente en todas las instituciones.
El parlamentario también ha sido crítico con la labor de los diputados que han abandonado el grupo, afirmando que “la actividad parlamentaria de estas dos personas no ha sido contundente”, y ha cuestionado su dedicación institucional. En esa línea, ha reprochado prácticas que, a su juicio, no se corresponden con la responsabilidad del cargo, asegurando que algunos se limitan a “estar cinco minutos delante del micrófono y para casa”.
Finalmente, Martínez Alpañez ha querido trasladar un mensaje de continuidad del proyecto político de VOX en la Región de Murcia, afirmando que el partido “no va a detener ni un solo segundo su trabajo” y que sigue “más fuerte y más comprometido que nunca” con los ciudadanos.
“El proyecto de VOX no lo va a romper ningún tránsfuga”, ha concluido.
Gómez Molina destaca la importancia de verificar la identidad en trámites públicos.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Álamo ha conseguido la aprobación en Pleno de una moción destinada a regular el acceso a las dependencias municipales cuando no sea posible la identificación visual del rostro. La iniciativa fue debatida y aprobada durante la sesión celebrada el pasado mes de marzo.
La medida establece que toda persona que acceda o permanezca en instalaciones municipales deberá permitir su correcta identificación, lo que implica no portar prendas que cubran total o parcialmente el rostro, como el burka, el niqab u otras similares. El objetivo es garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.
Asimismo, desde el grupo municipal han subrayado que esta regulación no responde a motivos religiosos, sino a una norma general aplicable a cualquier ciudadano. “Se trata de una exigencia básica en cualquier trámite administrativo”, han explicado fuentes del partido.
Por su parte, el portavoz municipal, Antonio Gómez Molina, ha destacado que “en cualquier gestión pública, como recoger documentación o realizar trámites, es imprescindible poder verificar la identidad de la persona que accede a las instalaciones”.
Por otro lado, la moción limita su aplicación exclusivamente al ámbito de las dependencias municipales, sin afectar al uso de la vía pública ni a la libertad individual fuera de estos espacios. Además, contempla excepciones justificadas por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral.
Finalmente, desde VOX El Álamo han insistido en que la medida tiene carácter general y no discriminatorio, ya que se aplicará a cualquier prenda que impida la identificación facial, independientemente de su origen. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento avanzará en la elaboración de una normativa interna que refuerce la seguridad jurídica, la convivencia y el correcto desarrollo de los servicios municipales.
María García Fuster cuestiona los criterios aplicados en el caso Noelia Castillo.
VOX ha pedido las comparecencias en el Senado de todos los miembros de la Comisión de Garantías y Evaluación de Cataluña que participaron en la decisión de ejecución de Noelia Castillo “por existir un manifiesto conflicto de intereses y una falta completa de neutralidad en la toma de decisiones”, ha anunciado la portavoz nacional de sanidad, María García Fuster.
María Fuster, portavoz Nacional de VOX en materia de Sanidad ha anunciado que en la formación no descartan “iniciar las acciones legales pertinentes», si lo llega a considerar oportuno”, y ha denunciado la “ejecución” de Noelia Castillo, una joven de 25 años con trastorno límite de la personalidad y síndrome depresivo mayor, a quien se le había reconocido un 67% de discapacidad. Según ha explicado, la joven presentaba ideas suicidas y paranoides y “una patología curable y tratable, en absoluto terminal, cuya única clínica consistía precisamente en desear la muerte”.
Según ha dicho Fuster, esta Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, compuesta por 19 miembros designados por la Generalitat, “emitió un informe favorable que permitió aplicar la eutanasia en este caso”. Este órgano “no garantiza el bien del individuo ni vela por sus intereses, actúa como un pelotón de ejecución al servicio de una agenda ideológica con un sesgo ideológico claro entre sus integrantes que les incapacita para tomar decisiones éticas”.
La portavoz de VOX ha advertido de que este caso refleja “un sistema que abandona a los más vulnerables y les ofrece la muerte como única salida”, comparando la situación de la joven con la de personas con adicciones: “De la misma manera que un alcohólico desea alcohol o un drogadicto desea droga, no se puede considerar libre una decisión condicionada por la enfermedad”.
Asimismo, ha reiterado que VOX derogará la ley de eutanasia cuando llegue al Gobierno, defendiendo un modelo basado en los cuidados paliativos y en el acompañamiento integral del paciente. “Existe un abanico inmenso de tratamientos para paliar el dolor y el sufrimiento sin necesidad de acabar con la vida de una persona”, ha explicado, diferenciando entre eutanasia y limitación terapéutica en fases terminales.
Por último, ha asegurado que su formación “seguirá luchando sin descanso” para que ninguna persona en situación de sufrimiento quede sin alternativas terapéuticas, sociales o asistenciales, y ha concluido: “Vamos a dejarnos la piel para que no haya ninguna Noelia más”.
Carmen Rouco defiende el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos.
La portavoz adjunta de VOX en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha manifestado que hoy en la Junta de Portavoces “se ha vuelto a constatar el adoctrinamiento ideológico y totalitarismo que la izquierda y la extrema izquierda tratan de imponer en las aulas”, en respuesta a la rueda de prensa conjunta de PSOE, CHA, TE e IU, quienes se oponen a la concertación del Bachillerato.
Rouco ha afirmado que VOX defiende un modelo “en el que las familias tengan la libertad para elegir la educación que desean para sus hijos”. Por el contrario, ha acusado a la izquierda de “maltratar y discriminar a las familias que no optan por su modelo”.
Se ha referido a las palabras del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, en las que ha expresado que “PP y VOX se han criado en los mismos colegios”. En respuesta, Rouco ha incidido en que “precisamente los dirigentes de izquierda son quienes llevan a sus hijos a los colegios privados más elitistas”.
Rouco ha invitado a la izquierda a “leer y aprender el reglamento” de las Cortes de Aragón, en concreto el artículo 144. Ha reflejado que “es la Mesa quien tiene la potestad de acordar la urgencia para la celebración de un pleno”, por lo que ha recordado que “VOX no forma parte de la Mesa”, la cual se encuentra conformada íntegramente por PP y PSOE. “VOX no rehúye ningún debate”, ha trasladado.
Del mismo modo, Rouco ha recordado que “seguimos siendo críticos con la gestión del Gobierno de Aragón del PP”, porque “la concertación del Bachillerato ya estaba firmada en agosto de 2023”. Ha lamentado que esta medida “llega 3 años tarde” y que “buscaron meter el miedo a las familias con el bulo de que, si VOX no les aprobaba un presupuesto a ciegas, no podrían concertar el Bachillerato”. La portavoz adjunta ha recalcado que “esta estrategia del PP era mentira”. “Azcón y la consejera Hernández priorizaron su cálculo electoral antes que tomar una medida tan positiva como la concertación del Bachillerato para las familias aragonesas”, ha concluido.