Actualidad Política

16 de octubre de 2026

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El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha cuestionado al presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, sobre el impacto económico de las políticas de inmigración en los servicios públicos de la Comunidad Valenciana.

Durante la sesión de control, Llanos ha preguntado por las consecuencias de la inmigración en ámbitos como la sanidad, la vivienda y el sistema de acogida de menores, advirtiendo del riesgo de colapso si no se adoptan medidas.

En su intervención, el portavoz de VOX ha afirmado que “no es aceptable que nos dediquemos a exportar médicos y profesionales sanitarios y a importar pacientes”, en referencia a lo que ha calificado como “turismo sanitario”. Asimismo, ha señalado que esta situación repercute en los recursos disponibles para los ciudadanos valencianos.

Llanos también ha abordado la situación de la vivienda, indicando que los jóvenes encuentran dificultades para acceder a un hogar, mientras que, según ha señalado, se favorecen dinámicas como la ocupación ilegal.

En materia sanitaria, ha advertido sobre las listas de espera y la presión asistencial, defendiendo que las políticas públicas deben priorizar la atención a los ciudadanos que sostienen el sistema.

Finalmente, el portavoz ha instado al Gobierno autonómico a centrarse en medidas que respondan a las necesidades de los valencianos, subrayando la importancia de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

El diputado de VOX en la Junta General Gonzalo Centeno ha defendido hoy en el Pleno la enmienda a la totalidad presentada por su grupo al proyecto de ley de vivienda del Gobierno autonómico, solicitando su devolución al Consejo de Gobierno al considerar que “agravará la crisis habitacional en lugar de resolverla”.

Durante su intervención, Centeno ha criticado que el texto es un “copia-pega” de la ley estatal de vivienda y de normativas similares aplicadas en otros territorios, cuyas consecuencias han sido la reducción de la oferta y el aumento de los precios. “La experiencia ya ha demostrado que estas políticas intervencionistas provocan exactamente el efecto contrario al que dicen perseguir”, ha señalado.

El diputado de VOX ha insistido en que el problema de la vivienda es, fundamentalmente, un problema de oferta. “La vivienda es un bien esencial, sin sustitutos, cuya demanda no desaparece aunque suban los precios. Si la oferta no crece, los precios seguirán subiendo y los jóvenes seguirán sin poder acceder a una vivienda”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el déficit de vivienda en España alcanza las 600.000 unidades y que Asturias no es una excepción, tras años de escasa construcción. Centeno ha alertado especialmente de la baja producción de vivienda protegida en la última década, con cifras que, según ha indicado, apenas representan una pequeña parte del total.

Asimismo, ha señalado que otras causas de la escasez son también conocidas, entre ellas la burocracia, la inseguridad jurídica, los elevados costes de construcción y la falta de inversión. A ello ha añadido el impacto de la fiscalidad, que puede suponer entre un 25% y un 30% del coste final de una vivienda.

“El Estado es el primero que se beneficia de la subida de precios, porque recauda más cuanto más caro es el acceso a la vivienda”, ha afirmado, criticando la acumulación de impuestos, tasas y cargas administrativas durante todo el proceso de construcción.

Centeno también ha advertido de que las políticas actuales están provocando una reducción del mercado de alquiler, debido a la inseguridad jurídica y a la sobreprotección del inquilino, lo que lleva a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o destinarlas a otros usos.

En el caso de Asturias, ha destacado el incremento de los precios de venta y alquiler en los últimos años, así como la caída de la oferta, lo que, a su juicio, evidencia el fracaso del modelo actual.

Frente a ello, VOX propone actuar sobre la raíz del problema mediante el aumento de la oferta de vivienda, tanto pública como privada, la liberación de suelo edificable, la reducción de la burocracia y de la carga fiscal, así como el refuerzo de la seguridad jurídica.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona presentará esta semana en las comisiones municipales una proposición contundente para acabar con el despilfarro ideológico en materia de cooperación internacional. La formación denuncia que, bajo el paraguas de la ayuda al desarrollo, se están financiando estructuras puramente ideológicas y algunas con posibles vínculos con el terrorismo islamista, mientras se desatienden las necesidades básicas de los barceloneses.

En su iniciativa, el grupo municipal pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Barcelona concede actualmente subvenciones directas en cooperación y ayuda por un importe de 2.338.067,11 euros, una cifra que consideran injustificable dada la existencia de duplicidades con organismos estatales y autonómicos. Además, VOX exige la eliminación inmediata de cualquier colaboración con la agencia UNRWA por sus posibles vínculos con el terrorismo de Hamás, según se desprende de diferentes informes publicados, así como el cese del apoyo financiero a entidades como Proactiva Open Arms, que directa o indirectamente puedan estar facilitando las actividades relacionadas con redes ilegales de tráfico de personas. 

Además, el gobierno de Jaume Collboni lleva a comisión una propuesta para otorgar 160.000 euros, de forma directa, a URNWA. 

Gonzalo de Oro, presidente del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, ha criticado duramente que se destinen más de dos millones de euros a estos fines cuando la ciudad atraviesa una emergencia social. Según ha declarado de Oro, «es inadmisible que el Ayuntamiento siga regando con millones de euros a organizaciones sospechosas de colaborar con grupos terroristas«. Para el líder municipal, la prioridad es clara: «No podemos pretender ayudar a construir un hogar en el exterior cuando nuestro propio hogar está en riesgo por la falta de recursos y de control«.

El presidente del grupo ha insistido en que la cooperación actual padece un «evidente sesgo ideológico» basado en el fanatismo climático, la ideología de género y el fomento a asociaciones y entidades vinculadas al islamismo radical. Por ello, de Oro defiende que «conviene priorizar la ayuda a nuestros conciudadanos españoles, sobre todo en estos tiempos de crisis y emergencia social«, instando a que todo recurso público tenga un impacto directo y tangible en la calidad de vida de los vecinos de Barcelona.

Finalmente, la proposición reclama la implantación de un sistema de control externo e independiente que fiscalice el impacto real de estas ayudas. VOX defiende que el gasto público debe regirse por criterios de transparencia y eficiencia, garantizando que el dinero de los contribuyentes se invierta exclusivamente en servicios públicos esenciales y en la seguridad de los barrios, abandonando cualquier proyecto que fomente la inmigración masiva e ilegal o la inestabilidad social.

VOX Ceuta anuncia que contribuirá activamente a la ofensiva política y jurídica que la formación desplegará a nivel nacional para frenar la reciente medida de regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. El partido señala que es “arbitraria, destructiva y profundamente lesiva para los intereses nacionales” y por ello actuará para frenarla.

El presidente y portavoz de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, avisa de que es “una decisión irresponsable” que “pone en riesgo la identidad, la soberanía y la propia estabilidad institucional del Estado”. “No es solo una acción relacionada con la política migratoria, es un acto de descomposición nacional impulsado por el socialismo más antiespañol”, señala tajante.

Para VOX está claro que la medida “no responde al interés general”, sino que nace “forzada por aquellos grupos políticos que han hecho de la desnaturalización de España su hoja de ruta”. En este sentido, Redondo afirma que “se trata de una cesión ideológica que solo busca debilitar las estructuras del Estado y romper los equilibrios sociales”.

VOX advierte además de las consecuencias directas que esta política ya está teniendo en la ciudad. “Ceuta lleva años soportando una presión migratoria insostenible, y decisiones como esta no hacen más que agravar una situación que ya es límite”, apunta el líder de la formación en la ciudad.

Ceuta, punto de permanente emergencia
“Estamos viendo un efecto llamada demoledor que colapsa nuestros servicios públicos, tensiona la convivencia y desborda la capacidad asistencial y económica de la ciudad”, añade Redondo. Por ello califica esta como política migratoria como “suicida” y asegura que “convierte a Ceuta en un punto permanente de emergencia”.

VOX ha denunciado en reiteradas ocasiones que la ciudad “vive en un constante reclamo de auxilio” ante la falta de respuesta eficaz por parte del Gobierno central. “Mientras en Madrid se toman decisiones ideológicas, en Ceuta sufrimos las consecuencias reales; saturación, inseguridad y colapso institucional”, condena el presidente del partido en la ciudad

Un escenario ante el que Redondo reitera el compromiso de su formación en línea con la estrategia nacional; “No vamos a quedarnos de brazos cruzados. VOX Ceuta estará en primera línea de la ofensiva política y jurídica para frenar esta medida, plantando cara en las instituciones y en los tribunales”.

VOX Ceuta concluye reafirmando su decidida apuesta por “una política migratoria firme y en defensa de nuestras fronteras”, frente a lo que consideran “una deriva irresponsable que compromete el futuro y la estabilidad de Ceuta y de España”.

La diputada del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Julia Llopis, ha denunciado durante su intervención en el Pleno que «no es tolerable que existan diferencias salariales de hasta 680 euros de un docente según la Comunidad Autónoma donde trabaje. Al igual que tampoco es tener 17 modelos educativos distintos, creando una desigualdad entre españoles y entre docentes y alumnos de las diferentes regiones. Una vez más VOX tiene razón: el sistema de autonomías no funciona, duplica los gastos y crea desigualdades.»

A continuación, la diputada se ha dirigido a Compromís y ha criticado que «su moción plantea un aumento de recursos y mejoras salariales pero no concretan ni mecanismos de financiación, ni plazos ni reformas estructurales, ni tampoco ninguna propuesta que beneficie a los alumnos o que mejore la calidad educativa.»

Por otro lado, Llopis recordado que «el 23 de mayo de 2024 la Comunidad Valenciana tuvo la primera gran huelga educativa en doce años, la primera fue en 2012 cuando gobernaba el PP. Durante esos años, mientras gobernaba PSOE y Compromís, esos sindicatos estaban ‘escondidos y callados’ cobrando subvenciones.»

«Me resulta llamativo que en 12 años a los docentes no les preocupaba la discriminación salarial, el aumento de agresiones en las aulas, los problemas con la ratio, con la imposición lingüística y el adoctrinamiento en las aulas.»

El cabeza de lista de VOX por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas, Javier Cortés, ha denunciado que el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno, que contempla la regularización de 600.000 inmigrantes ilegales, “provoca un efecto llamada sin precedentes”.

Cortés, acompañado por miembros de la candidatura de VOX al Parlamento andaluz como Cristina Peláez, Juan Antonio Aguado y Ana Ruiz, ha criticado tanto al PSOE como al PP, señalando el papel del “bipartidismo” en la gestión de la inmigración.

En este sentido, el candidato ha afirmado que la inmigración ilegal tiene “consecuencias devastadoras”, asegurando que contribuye al colapso de los servicios sociales y afecta especialmente a los españoles con menos recursos.

Cortés ha advertido de un impacto directo en el sistema sanitario andaluz, al que considera ya deteriorado, así como en la seguridad y la convivencia en los barrios. Asimismo, ha vinculado la inmigración ilegal con el aumento de la presión sobre la vivienda, mencionando la proliferación de pisos compartidos en condiciones precarias y dificultades de acceso para los jóvenes.

El candidato también ha señalado efectos en el mercado laboral, apuntando a una mayor precariedad derivada de la competencia, con salarios más bajos y peores condiciones laborales.

Por último, Cortés ha asegurado que VOX continuará defendiendo medidas para frenar la inmigración ilegal, apelando a la “justicia y el sentido común”, y reclamando el fin de lo que ha calificado como inmigración “ilegal y masiva”.

El diputado de VOX por Córdoba en el Congreso, José Ramírez del Río, ha denunciado la destrucción de patrimonio cultural y religioso en España durante el periodo comprendido entre 1931 y 1939, señalando la pérdida de numerosas bibliotecas y fondos documentales de gran valor histórico.

Durante su intervención, Ramírez del Río ha afirmado que existió “una auténtica catarata de crímenes” que afectaron al legado cultural, destacando la quema de conventos, iglesias y edificios religiosos, así como la destrucción de bibliotecas episcopales y conventuales.

En este sentido, el diputado ha recordado los hechos ocurridos el 11 de mayo de 1931, cuando se produjeron incendios en distintos edificios religiosos. Entre ellos, ha mencionado la destrucción en Madrid de la Casa Profesa de los Jesuitas, que albergaba una de las mayores bibliotecas de España, con la pérdida de más de 80.000 volúmenes, incluyendo incunables y primeras ediciones de autores como Lope de Vega.

Asimismo, ha señalado la desaparición de otros importantes fondos bibliográficos, como los del Colegio de los Jesuitas de Chamartín y el Colegio del Sagrado Corazón, así como la quema de la Biblioteca Diocesana de Málaga, donde se perdieron archivos y obras de gran valor.

Ramírez del Río también ha hecho referencia a la destrucción de bibliotecas conventuales, como la del convento de Santo Domingo, donde, según ha indicado, se perdieron manuscritos únicos e irrecuperables, además de otros elementos de valor artístico y religioso.

El diputado ha subrayado la importancia de preservar la memoria histórica y el patrimonio cultural de España, destacando la magnitud de las pérdidas sufridas durante ese periodo.

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha destacado el compromiso de su formación con las personas con discapacidad y sus familias durante su asistencia a la gala “Derechos con Voz Propia”, organizada por Plena inclusión.

Arranz ha subrayado la importancia de respaldar de manera activa a este colectivo, poniendo en valor el papel fundamental que desempeñan tanto las personas con discapacidad como su entorno familiar. En este sentido, ha señalado la necesidad de escuchar de forma activa sus demandas y contar con su experiencia y criterio en el diseño de políticas públicas.

Asimismo, ha incidido en que la inclusión efectiva requiere no solo reconocimiento, sino también la adopción de medidas que garanticen la participación real de las personas con discapacidad en la sociedad.

El representante de VOX ha valorado positivamente iniciativas como esta gala, que contribuyen a dar visibilidad a los derechos del colectivo y a reforzar la concienciación social sobre la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

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