Jacobo Robatto: «La población inmigrante con acceso a ayudas crecería más de un 13%»
El diputado nacional de VOX por Granada, Jacobo Robatto, ha alertado de las consecuencias que tendrá para la provincia el proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, después de conocerse que 16.629 ilegales han solicitado regularizar su situación en Granada.
Robatto ha denunciado que esta cifra supone “un auténtico disparate” y ha advertido de que estas solicitudes representan un aumento inmediato de más del 13% sobre la población extranjera ya existente en la provincia, que actualmente se sitúa en 123.481 personas nacidas en el extranjero, según los últimos datos del INE.
“El Gobierno está premiando la inmigración ilegal y lanzando un mensaje peligrosísimo de que entrar ilegalmente en España acaba teniendo recompensa”, ha señalado el diputado de VOX.
Robatto ha recordado que Granada ya soporta una fuerte presión sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación, vivienda y ayudas sociales. A su juicio, esta regularización agravará todavía más la situación de muchas familias españolas.
“Mientras miles de granadinos tienen dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes o conseguir una cita médica, el Gobierno sigue destinando recursos públicos a quienes han entrado ilegalmente en nuestro país”, ha afirmado.
Seguridad y convivencia
El diputado nacional de VOX por Granada ha insistido en que el incremento masivo de población extranjera también está teniendo consecuencias directas sobre la seguridad y la convivencia en los barrios.
En este sentido, Robatto ha advertido de la creciente presencia de “culturas incompatibles con nuestros valores y nuestras normas de convivencia” y ha subrayado el aumento de determinados delitos en la provincia.
Según ha señalado, con datos del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual han aumentado en Granada un 45,8% respecto al mismo periodo de 2025; las violaciones han crecido un 14,3%; y el resto de delitos contra la libertad sexual se han disparado un 55,9%.
“Los datos hablan por sí solos. Las políticas de fronteras abiertas tienen consecuencias reales sobre la seguridad de los españoles y sobre la tranquilidad en nuestras calles”, ha subrayado Robatto.
Medidas de VOX
Jacobo Robatto ha recordado que VOX ha impulsado una batería de medidas para frenar este proceso de regularización masiva, entre ellas la presentación de un recurso formal ante el Tribunal Supremo contra el decreto aprobado por el Gobierno.
Asimismo, la formación ha presentado iniciativas parlamentarias en el Congreso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos para exigir el rechazo a esta regularización masiva.
VOX también reclama una auditoría exhaustiva de todas las nacionalidades concedidas a inmigrantes en los últimos años, con el objetivo de revisar posibles irregularidades y reforzar el control sobre los procesos de adquisición de la nacionalidad española.
Por último, Robatto ha concluido señalando que “VOX seguirá defendiendo unas fronteras seguras, la prioridad nacional para los españoles y una inmigración legal, ordenada y compatible con nuestra cultura y nuestras leyes”.
Javier Diego pide convertir el mar en motor económico de Melilla.
VOX Melilla ha reclamado una estrategia marítima integral y ambiciosa para la ciudad, al considerar que el futuro económico de Melilla pasa necesariamente por aprovechar mucho mejor su condición portuaria, su situación geográfica y su vinculación histórica con el mar.
El secretario de VOX Melilla, Javier Diego Ferrero, ha señalado que “Melilla no puede seguir viviendo de espaldas a una de sus mayores oportunidades: el mar”. En este sentido, ha defendido que la ciudad debe dejar de tratar el ámbito marítimo como un asunto secundario y empezar a considerarlo un sector estratégico de desarrollo, empleo, formación, industria auxiliar y presencia institucional.
“Hablar de futuro en Melilla sin hablar del mar es no entender Melilla. Nuestra ciudad necesita un proyecto económico serio y duradero, y ese proyecto debe tener una pata marítima muy potente”, ha afirmado.
Preocupación por el futuro de los trabajadores españoles de Armas
VOX Melilla ha trasladado también su preocupación por la inquietud existente entre trabajadores de la naviera Armas ante la posibilidad de que la nueva propiedad de la compañía pudiera modificar la bandera de sus buques, trasladándolos del Registro español de Canarias a registros de otros países como Malta o Chipre.
Desde VOX recuerdan que se trata de buques que realizan cabotaje nacional, conectando puertos españoles como Melilla con Almería, Motril o Málaga. Por ello, la formación considera fundamental preservar el empleo, las condiciones laborales y la presencia de tripulaciones españolas en estos servicios.
“Cuando un buque presta un servicio entre puertos españoles y transporta a españoles, lo lógico, lo justo y lo conveniente es que el personal embarcado sea mayoritariamente español”, ha defendido Diego Ferrero.
El secretario de VOX Melilla ha subrayado que no se trata solo de empleo, sino también de calidad del servicio, idioma, cercanía, conocimiento de las costumbres españolas y atención adecuada a los pasajeros.
“Melilla no puede mirar hacia otro lado si se pone en riesgo empleo español en una actividad esencial para nuestra conectividad”, ha advertido.
Una ampliación portuaria solo tiene sentido si se llena de contenido
VOX Melilla ha señalado que la ampliación del puerto, tantas veces anunciada o debatida, solo tendría sentido si responde a una planificación seria y si los nuevos espacios se destinan a actividades reales, útiles y generadoras de actividad económica.
“La ampliación por sí sola no es un proyecto; es solo obra pública. Lo importante es saber para qué se amplía, qué se va a instalar, qué empleo va a crear y qué actividad va a traer a Melilla”, ha explicado Diego Ferrero.
En este sentido, VOX propone que los futuros espacios portuarios se orienten a usos marítimos e industriales adecuados, como una posible terminal de gas con planta de regasificación, zonas para actividades que deban quedar alejadas del núcleo urbano, instalaciones energéticas, depósitos de combustibles o una solución moderna para el tratamiento de residuos con salida directa por vía marítima hacia la Península.
Diego Ferrero ha puesto como ejemplo positivo el nuevo muelle de cruceros, al considerar que responde a una lógica correcta: primero se ha creado una necesidad atrayendo cruceros a Melilla y después se acomete una inversión para consolidar e incrementar esa actividad.
“Esa es la forma sensata de invertir: no hacer obras vacías, sino infraestructuras al servicio de una actividad real”, ha afirmado.
Formación marítima, administración y actividad náutica
VOX Melilla defiende que la ciudad debe aspirar también a convertirse en un punto de referencia en formación marítima especializada. Para ello, propone estudiar la implantación de un centro de formación en materias como lucha contra incendios, salvamento marítimo, electrónica naval, maniobras portuarias, seguridad marítima y respuesta ante emergencias.
“España cuenta con centros de referencia como el Jovellanos, en Asturias. Melilla puede y debe aspirar a desarrollar un centro similar, ya que hay demanda real”, ha señalado Diego Ferrero.
Asimismo, VOX recuerda que ya ha propuesto en anteriores ocasiones centralizar en Melilla la tramitación de expedientes sancionadores en materia de marina civil de toda España. Esta medida permitiría atraer a la ciudad un grupo estable de funcionarios especializados, junto con sus familias, generando empleo cualificado, actividad administrativa y población arraigada.
Del mismo modo, VOX Melilla se ha mostrado favorable a impulsar un registro especial de embarcaciones de recreo, con facilidades administrativas e incluso fiscales, para atraer actividad náutica, mantenimiento, servicios auxiliares y economía vinculada al mar.
“Melilla necesita mirar al mar con ambición”
VOX Melilla considera igualmente necesario estudiar la instalación de polígonos de piscifactorías en aguas próximas a la ciudad, siempre con las debidas garantías ambientales, sanitarias y de seguridad. La acuicultura marina representa un sector en crecimiento, capaz de generar empleo, tecnología, actividad portuaria y servicios auxiliares.
Para Diego Ferrero, Melilla no debe quedar al margen de una industria que puede contribuir a diversificar su economía desde una perspectiva plenamente vinculada al mar.
“Melilla tiene que dejar de pensar en pequeño. Tenemos puerto, tenemos posición geográfica, tenemos historia marítima y tenemos necesidad de crear empleo y actividad. Lo que falta es voluntad política, imaginación y una estrategia de ciudad”, ha afirmado.
Melilla, pieza clave de la España marítima
Diego Ferrero ha concluido destacando que Melilla forma parte esencial de la España marítima. Su puerto, su posición en el mar de Alborán y su vinculación histórica con la navegación deben ponerse al servicio de un proyecto nacional de futuro, generador de empleo, formación, actividad económica y presencia estratégica.
El desarrollo marítimo de Melilla debe incluir actividades portuarias, energéticas, formativas, administrativas, pesqueras, acuícolas y de servicios auxiliares, siempre orientadas a crear empleo estable y a reforzar la presencia de España en una zona estratégica.
“VOX defiende que Melilla mire al mar con ambición, no como una ciudad aislada, sino como una pieza imprescindible de la política marítima española. El futuro de nuestra ciudad pasa por aprovechar mejor su puerto, proteger sus comunicaciones, crear empleo cualificado y desarrollar actividades marítimas útiles para Melilla y para el conjunto de España”, ha concluido.
Juan Francisco Rojas denuncia falta de control del PP sobre la contrata de limpieza.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha anunciado esta mañana que solicitará la convocatoria de un Pleno extraordinario para que el equipo de gobierno del Partido Popular dé explicaciones por las presuntas contrataciones irregulares y el supuesto enchufismo de familiares que estarían cobrando sin acudir a trabajar en la contrata municipal de limpieza gestionada por Acciona.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha recordado que su formación ha pedido en múltiples ocasiones una auditoría externa sobre este contrato, una solicitud que, según ha denunciado, “el Partido Popular siempre ha rechazado”.
“Durante años nos dijeron que la auditoría no hacía falta. Hoy las noticias demuestran que era imprescindible”, ha afirmado Rojas, quien ha señalado además que el descontento de los almerienses con el servicio de limpieza urbana es “más que visible”.
El portavoz de VOX ha explicado que, a mediados de mayo, el equipo de gobierno de María del Mar Vázquez volvió a adjudicar el contrato a Acciona por más de 27 millones de euros al año durante siete años, lo que supone un importe total superior a los 190 millones de euros.
Rojas ha subrayado que este nuevo contrato “aumenta su importe en más de 10 millones de euros anuales respecto al anterior”, y ha criticado que el PP decidiera incrementar el gasto sin comprobar previamente cómo se había ejecutado el contrato vigente hasta ese momento.
“El PP decidió aumentar el gasto sin comprobar antes cómo se había ejecutado el que ya existía. Pensaron que la solución era poner más dinero cuando lo que hacía falta era controlar mejor cómo se estaba gastando”, ha manifestado.
Además, Juan Francisco Rojas ha calificado de “hecho gravísimo” que el máximo responsable del contrato por parte de la empresa aparezca citado como investigado en la Audiencia Nacional dentro del caso Leire Díez, SEPI y ENUSA, una causa que investiga presuntos amaños, favores y comisiones en operaciones públicas.
Por todo ello, VOX exige al equipo de gobierno del Partido Popular explicaciones claras sobre lo ocurrido. “Queremos saber qué grado de conocimiento tenían y qué inspecciones y controles se realizaron”, ha señalado Rojas, quien también ha reclamado conocer “qué medidas se van a adoptar a la vista de los hechos”.
El Grupo Municipal de VOX exige, además, una auditoría externa, urgente e independiente sobre la ejecución del contrato de limpieza urbana desde 2014 hasta la actualidad.
“Esto no es un asunto interno, tal y como dijo el concejal de área. Estamos hablando de un contrato público de más de 27 millones de euros al año que pagan los almerienses”, ha concluido Juan Francisco Rojas.
Buxadé denuncia que el BEI destine 365 millones a infraestructuras de Marruecos.
El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé ha denunciado la asignación de 365 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones para reforzar la resiliencia y la seguridad de las redes viarias y ferroviarias de Marruecos, una financiación anunciada por la presidenta del organismo, Nadia Calviño, el pasado 30 de junio de 2026.
Durante su intervención, Buxadé ha defendido la necesidad de incluir una enmienda para lamentar esta decisión del Banco Europeo de Inversiones, al considerar que estos recursos deberían destinarse prioritariamente a mejorar las infraestructuras de transporte dentro de la Unión Europea.
VOX recuerda que en los últimos años se han producido graves accidentes ferroviarios que han puesto de manifiesto las deficiencias existentes en el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras de transporte en varios Estados miembros.
En este sentido, Buxadé ha señalado que la financiación anunciada para Marruecos no se ajusta a la misión principal del Banco Europeo de Inversiones, recogida en el artículo 309 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que el organismo debe contribuir al desarrollo equilibrado y constante del mercado interior en interés de la Unión.
Desde VOX se insiste en que las instituciones europeas deben priorizar las necesidades de los ciudadanos europeos y garantizar que los fondos disponibles se dirijan a reforzar la seguridad, la calidad y la modernización de las infraestructuras dentro de los Estados miembros.
La formación considera inadmisible que, mientras existen carencias evidentes en la red ferroviaria y viaria europea, se destinen cientos de millones de euros a infraestructuras de terceros países, en lugar de atender las necesidades urgentes de los europeos.
Gonzalo de Oro exige responsabilidades políticas por el hundimiento de tierra en el Putxet.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Gonzalo de Oro, junto con Carlos Oliva, consejero de la formación en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, ha denunciado esta mañana a pie de calle la “absoluta irresponsabilidad e incompetencia” del equipo de gobierno municipal tras el grave hundimiento de tierra registrado en el barrio del Putxet, que ha obligado a desalojar de urgencia cuatro fincas.
El incidente, previsiblemente provocado por los trabajos de la tuneladora en las obras de la Línea 9 del metro, ha generado un socavón de ocho metros de diámetro que ha afectado al patio interior y a las estructuras de los inmuebles situados en las calles Rubinstein y Teodora Lamadrid.
Desde VOX han calificado lo sucedido de “extrema gravedad” y han advertido de que la inacción municipal ha puesto en riesgo real la vida de los barceloneses.
Carlos Oliva ha recordado que VOX ya había advertido formalmente de esta situación hace menos de un mes. En el último consejo de distrito, el consejero de VOX interpeló directamente al equipo de gobierno tras recibir las quejas de numerosos vecinos, que ya denunciaban la aparición de grietas alarmantes en los aparcamientos, desajustes en las puertas de sus viviendas y movimientos extraños en el suelo de sus casas.
Según ha denunciado VOX, la respuesta del consistorio no fue la adopción de medidas preventivas, ni la paralización inmediata de los trabajos de perforación, sino el silencio y la minimización del riesgo.
Posteriormente, en el consejo de barrio, VOX volvió a preguntar directamente a la teniente de alcalde y concejala del distrito, la señora Gay, quien aseguró a los vecinos que la zona era segura y que no había nada de qué preocuparse.
Por su parte, el presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, ha calificado de “lamentable y vergonzosa” la actitud del gobierno municipal y ha exigido la dimisión inmediata de la señora Gay y del alcalde Jaume Collboni por su incapacidad para gestionar las infraestructuras de la ciudad sin poner en peligro a los propios barceloneses.
“Nos parece una falta de respeto intolerable hacia los vecinos y una absoluta irresponsabilidad por parte de la concejala del distrito y del alcalde. Hoy en el Putxet podría haber muerto gente, y mucha gente. Exigimos desde hoy mismo la dimisión inmediata de la señora Gay por mentir a los vecinos, y señalamos la responsabilidad del alcalde Collboni”, ha afirmado Gonzalo de Oro.
El portavoz de VOX ha denunciado que el gobierno municipal “es incapaz de garantizar ya no la seguridad ante los delincuentes, sino algo tan básico como la seguridad física de las personas en el interior de sus propias casas”.
“Barcelona no se merece a estos políticos. ¡Fuera de aquí de inmediato!”, ha concluido De Oro.
Antonio Sevilla: «La sanidad es uno de los grandes problemas que tenemos en Málaga»
Antonio Sevilla, diputado de VOX por Málaga en el Parlamento de Andalucía, ha advertido de que la sanidad es “uno de los grandes problemas” que sufren los malagueños debido a los retrasos en las listas de espera, las demoras en consultas, pruebas diagnósticas y operaciones, así como por la falta de profesionales en atención primaria.
Sevilla ha señalado que existe una presión asistencial “cada vez más creciente” sobre un servicio público esencial para todos los ciudadanos. Por ello, ha defendido la necesidad de aplicar medidas concretas para reforzar el sistema sanitario, aumentar los recursos, auditar las listas de espera y mejorar la gestión.
En este sentido, ha explicado que el acuerdo contempla un aumento del presupuesto sanitario para reforzar el sistema público andaluz, así como un plan de choque contra las listas de espera con medidas dirigidas a reducir las demoras quirúrgicas, en consultas externas y en pruebas diagnósticas.
El diputado de VOX ha insistido en la importancia de auditar las listas de espera para conocer la situación real y detectar los fallos de gestión que están perjudicando a los pacientes. “Se trata de garantizar una respuesta rápida y clara a las necesidades de todos los malagueños”, ha afirmado.
Entre las medidas planteadas, Sevilla ha subrayado el refuerzo de la atención primaria, especialmente en aquellos centros de salud que soportan una mayor presión asistencial, así como la mejora de la estabilidad laboral del personal sanitario, la reducción de la temporalidad y una mejor planificación de las plantillas.
También ha defendido la necesidad de aumentar el número de profesionales sanitarios, con especial atención a médicos, enfermeros y especialistas en aquellas áreas donde existe un mayor déficit.
Sevilla ha hecho referencia, además, a la mejora de las infraestructuras sanitarias, tanto hospitalarias como de atención primaria, así como al impulso de nuevas infraestructuras pendientes y a la modernización de los equipamientos.
Otro de los puntos clave es la reducción de los tiempos de espera en pruebas diagnósticas como resonancias, TAC, ecografías, colonoscopias y otras pruebas esenciales. En este ámbito, ha destacado la incorporación de un circuito rápido para pacientes con sospecha de cáncer, con el objetivo de agilizar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
Asimismo, el acuerdo contempla el refuerzo de los programas de cribado, especialmente aquellos vinculados a la detección precoz del cáncer, y una mejor coordinación sanitaria para evitar retrasos entre el diagnóstico, la consulta con el especialista y el inicio del tratamiento.
Antonio Sevilla también ha señalado la importancia de poner en marcha un plan especial de salud mental, con más recursos y profesionales, situando la prevención del suicidio como una línea prioritaria dentro de la política sanitaria. Además, ha defendido el refuerzo de la atención a menores y jóvenes en materia de salud mental.
El acuerdo incluye igualmente una auditoría de los costes sanitarios para analizar el gasto real del sistema y mejorar su gestión, así como el control del gasto sanitario vinculado a la asistencia prestada a extranjeros, con el objetivo de conocer su coste y reclamar lo que corresponda.
Por último, Sevilla ha destacado la necesidad de mejorar la gestión hospitalaria, apostar por la digitalización y modernización del sistema sanitario, agilizar citas, pruebas e historiales, reforzar la transparencia en los datos de listas de espera y evaluar periódicamente los resultados de las medidas aplicadas.
“Queremos comprobar que estas medidas son eficaces y que sirven para reducir la presión que soporta actualmente el sistema sanitario andaluz”, ha concluido.
Ángel Alda: «El PP dice renegar de VOX, pero vota sus propuestas»
El Partido Popular quiere hacer creer que reniega de VOX, pero los hechos demuestran lo contrario. Durante el último curso político en el Parlamento de La Rioja, comprendido entre septiembre de 2025 y junio de 2026, el PP ha apoyado casi el 40% de las propuestas presentadas por VOX, al votar a favor de nueve de las veinticinco proposiciones no de ley registradas por el Grupo Parlamentario.
Entre las iniciativas respaldadas por el Partido Popular se encuentran la convocatoria inmediata de elecciones generales ante los graves casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez; la declaración de las plazas de toros de Haro y Calahorra como Bien de Interés Cultural; y la creación de un estatuto médico propio.
Desde VOX denunciamos la falta de coherencia del Partido Popular, que dice una cosa y hace la contraria. Así quedó demostrado cuando el PP rechazó en el Parlamento de La Rioja, el pasado 12 de marzo, oponerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales, mientras que una semana después los diputados riojanos Cuca Gamarra y Javier Merino votaron a favor de esa medida en el Congreso. Lo mismo ocurrió con el acuerdo de Mercosur: en La Rioja, el PP se mostró en contra de su entrada en vigor el 11 de febrero, pero la eurodiputada riojana Esther Herranz lo apoyó en el Parlamento Europeo.
Pese a su discurso público, el Partido Popular ha respaldado durante este curso político varias propuestas de VOX que han salido adelante en la Cámara riojana. Entre ellas figuran iniciativas para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, ampliar el número de plazas MIR para corregir el déficit de médicos, reprobar al ministro Óscar Puente por el mal estado de la red ferroviaria, rechazar la prohibición de la munición de plomo en la caza, poner en marcha una nueva estrategia nacional de prevención de incendios forestales y elaborar un plan de choque de inversión en la Red de Carreteras del Estado en La Rioja.
Hay otra forma de hacer las cosas
A la hora de hacer balance del curso político, VOX destaca que ha cumplido la palabra dada por su portavoz en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, de “combatir la mafia socialista y desenmascarar la estafa del Partido Popular”.
Desde VOX defendemos que hay otra forma de hacer las cosas, una alternativa que ya se ha abierto paso en más de la cuarta parte de la población española, el 27,4%, tras los acuerdos de gobierno alcanzados con el Partido Popular en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Una alternativa que, si así lo quieren los riojanos, podrá extenderse también a La Rioja tras las elecciones autonómicas de 2027.
A pesar de ello, VOX considera que este último curso político ha sido decepcionante. El Partido Popular ha desaprovechado una nueva oportunidad para impulsar el “cambio necesario” que el presidente Gonzalo Capellán prometió en su discurso de investidura. En lugar de hacerlo, ha optado por continuar con el seguidismo de las políticas del Partido Socialista.
VOX recuerda que el PP no ha derogado la Ley de Memoria Democrática, no ha eliminado las subvenciones a los sindicatos, no ha puesto freno al reparto de menas, no ha acabado con el Pacto Verde Europeo y no ha solucionado el problema de la falta de vivienda. Las consecuencias de esa falta de valentía política las pagan todos los riojanos.
Por todo ello, VOX seguirá trabajando en el Parlamento de La Rioja para defender los intereses de los riojanos, denunciar la corrupción del Gobierno de Sánchez y señalar las contradicciones de un Partido Popular que, aunque diga renegar de VOX, termina apoyando buena parte de sus propuestas.
Pollán Fernández rechaza las 833 plazas para menores extranjeros impuestas por el Gobierno.
Carlos Pollán Fernández, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, ha denunciado la decisión del Gobierno de España de volver a modificar la capacidad operativa de las comunidades autónomas en materia de protección y tutela de menores, elevando para Castilla y León la cifra hasta 833 plazas, una cantidad que ha calificado como “absolutamente inasumible”.
Pollán ha recordado que Castilla y León ya se encuentra actualmente por encima de su capacidad, situada en 153 plazas, por lo que multiplicar por más de cinco esa cifra supone, a su juicio, una imposición imposible de gestionar.
“Como ya he comentado, para Castilla y León es inasumible. Ahora mismo ya estamos por encima de la capacidad que tenemos, que es de 153 plazas. Multiplicarla por cinco, unilateralmente, sin consenso ni participación de las comunidades autónomas, que son las que tienen que gestionar esos recursos, es absolutamente imposible”, ha afirmado.
En este sentido, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha subrayado que la oposición de VOX no responde únicamente a una cuestión de financiación, recursos o plazas, sino a un rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha advertido, está provocando el colapso de los servicios sociales en toda España y también en Castilla y León.
“No es una cuestión ni de financiación, ni de recursos, ni de plazas. Es oponernos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, que está suponiendo el colapso de los servicios sociales en toda España”, ha señalado.
Pollán ha defendido que esta posición responde a “principios” y a “responsabilidad política”, y ha asegurado que Castilla y León no participará en lo que ha definido como una “estafa migratoria” impulsada por el Ejecutivo central.
Además, ha recordado que esta postura forma parte del pacto de gobierno suscrito en Castilla y León, concretamente en el punto 10.1, donde se recoge la oposición frontal a cualquier política relacionada con la inmigración ilegal en la comunidad.
Asimismo, Carlos Pollán ha anunciado que, siguiendo la línea de trabajo iniciada en comunidades como Extremadura y Aragón, y previsiblemente también en Andalucía, se comenzará a trabajar en planes de retorno y repatriación, así como en la verificación de la edad de los supuestos menores extranjeros no acompañados.
En este punto, ha señalado que, según los datos conocidos en Aragón, “casi el 80%” de los supuestos menores sometidos a pruebas de edad no lo serían realmente. Por ello, ha considerado inadmisible que se destinen recursos públicos de una comunidad autónoma a atender como menores a personas que, tras las comprobaciones pertinentes, no lo son.
“Estar destinando recursos públicos para atender a menores que no lo son no es de recibo”, ha afirmado.
Pollán también ha destacado que en Extremadura se ha comprobado que un 18% de los menores extranjeros no acompañados tendría familiares directos en España, una circunstancia que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar el sistema y actuar con sentido común.
“Estamos atendiendo como menores no acompañados a personas que tienen familia directa en territorio español. Es una circunstancia absolutamente inasumible”, ha advertido.
Por último, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha anunciado que se auditará todo el gasto público de la Comunidad de Castilla y León vinculado a la inmigración ilegal, y ha avanzado que se trabajará para no habilitar ni rehabilitar más espacios destinados a estos centros.
Asimismo, Pollán ha defendido la necesidad de endurecer el régimen interno de los centros de menores, garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección del trabajo que realizan los funcionarios y el personal encargado de estos servicios.
“Tenemos que valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios y el personal de esos centros, y evitar que sigan sufriendo las situaciones que están sufriendo”, ha concluido.