Sonsoles Peralta exige que Canteli dé explicaciones por el caso Cerdeño.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de «esconderse» detrás de los informes técnicos para evitar asumir responsabilidades políticas por la licencia concedida para la construcción de un supermercado en Cerdeño.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostiene que el Ejecutivo local no ha respondido de manera directa a las preguntas planteadas por su grupo y se ha limitado a señalar que la licencia continúa vigente y cuenta con informes municipales favorables.
«El equipo de Gobierno evita responder a las preguntas planteadas y se refugia en los técnicos, mientras la legalidad de una licencia está siendo cuestionada por el propio Principado», ha declarado Peralta.
El Principado cuestionó el expediente urbanístico
El expediente se encuentra bajo revisión después de que el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado advirtiera de una posible anulabilidad de las resoluciones que autorizaron la licencia y el inicio de las obras. El Ayuntamiento abrió posteriormente los trámites para una declaración de lesividad.
Según los datos difundidos por VOX, la licencia de obras fue concedida el 22 de agosto de 2025, mientras que el permiso de inicio de los trabajos se aprobó mediante una resolución posterior, fechada el 26 de diciembre de ese mismo año. La formación también cuestiona que el uso comercial autorizado sea compatible con la ordenación aplicable a la parcela.
La apertura del procedimiento no determina por sí misma que la licencia sea ilegal. Los actos administrativos mantienen su validez y eficacia mientras no sean suspendidos o anulados por el procedimiento correspondiente. La declaración de lesividad permite a una Administración impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto favorable que considere anulable.
VOX exige respuestas políticas
Peralta ha aclarado que las preguntas formuladas por VOX no pretendían que los responsables municipales sustituyeran el criterio de los funcionarios, sino conocer las decisiones adoptadas por quienes dirigen políticamente el Ayuntamiento.
«Nuestras preguntas no buscaban una valoración política, sino explicaciones sobre hechos concretos y relevantes que figuran en el expediente administrativo», ha señalado.
La portavoz considera que los informes técnicos no eliminan la obligación del equipo de Gobierno de explicar por qué concedió la licencia, cómo respondió a las comunicaciones recibidas y qué actuaciones adoptará ante las objeciones planteadas por el Principado.
VOX ya había solicitado un informe jurídico motivado, la valoración de una posible revisión de oficio y el estudio de medidas cautelares, incluida la suspensión de la licencia y la paralización de los trabajos mientras se resolvían las dudas existentes.
Peralta denuncia meses de pasividad
La formación afirma que el Ayuntamiento recibió durante meses comunicaciones y denuncias de particulares que alertaban de posibles irregularidades urbanísticas.
VOX reprocha al Gobierno municipal que no actuara con mayor rapidez y considera que la revisión del expediente solo se produjo después de la intervención de la Administración autonómica.
«Una vez más, el PP de Alfredo Canteli demuestra que únicamente actúa cuando no tiene otra alternativa y otras administraciones le obligan a hacerlo», ha manifestado Peralta.
Estas declaraciones representan la valoración política de VOX. La existencia de discrepancias administrativas o de un procedimiento de revisión no acredita por sí sola una actuación ilegal ni una responsabilidad personal de los integrantes del Gobierno municipal.
Riesgo económico para los ovetenses
VOX advierte de que la continuación de las obras mientras se analiza la licencia podría incrementar las consecuencias económicas si finalmente un tribunal o la propia Administración determinan que las autorizaciones no se ajustaron a la normativa.
La formación teme que una eventual anulación pueda derivar en reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. Otros grupos municipales también han solicitado explicaciones sobre este riesgo y sobre las consecuencias de mantener los trabajos durante la tramitación del expediente.
«Si finalmente se confirma que la actuación municipal no se ajustó a derecho, serán los vecinos quienes terminen asumiendo el coste de una gestión deficiente», ha advertido la portavoz.
VOX reclama que se analice el posible impacto sobre las arcas municipales antes de que las obras alcancen un grado de ejecución que dificulte revertir la situación.
Seguridad jurídica para empresas e inversores
Peralta sostiene que las dudas sobre las licencias concedidas por el Ayuntamiento también perjudican la confianza de las empresas interesadas en desarrollar proyectos en Oviedo.
La formación considera que Urbanismo debe ofrecer procedimientos previsibles, criterios transparentes y decisiones que no sean posteriormente cuestionadas por otras administraciones.
«Nadie quiere invertir donde existen dudas sobre la aplicación de la normativa o donde las decisiones administrativas acaban siendo revisadas», ha señalado.
VOX exige al Gobierno municipal que facilite toda la información disponible, explique las decisiones políticas adoptadas y determine qué medidas aplicará para proteger tanto los intereses del Ayuntamiento como los derechos de la empresa promotora.
«La seguridad jurídica, la transparencia y el buen funcionamiento de la Administración son condiciones imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y la confianza en nuestras instituciones», ha concluido Sonsoles Peralta.
Sonsoles Peralta exige explicaciones por 22.167 denuncias invalidadas de la ZBE.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para exigir explicaciones por las deficiencias detectadas en el sistema automatizado de control de accesos a la Zona de Bajas Emisiones.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostiene que el elevado número de denuncias invalidadas plantea dudas sobre la correcta integración de las matrículas, los permisos municipales y las excepciones contempladas para determinados vehículos.
Según los datos facilitados por el equipo de Gobierno en comisión y difundidos por la formación, las cámaras de la ZBE generaron 37.850 denuncias entre marzo y junio de 2026. De ellas, 22.167 tuvieron que ser invalidadas, mientras otras continuaban pendientes de revisión. Peralta también ha denunciado que vecinos autorizados habrían recibido notificaciones pese a encontrarse en alguno de los supuestos permitidos.
«El Ayuntamiento no puede obligar a los ovetenses a demostrar su inocencia por los errores de un sistema que ha costado millones de euros», ha afirmado la portavoz.
VOX cuestiona la fiabilidad del sistema automatizado
Para Sonsoles Peralta, las cifras conocidas muestran que el sistema está generando un número excesivo de registros que posteriormente deben ser descartados.
VOX quiere determinar si estos errores se producen durante la lectura de las matrículas, en la consulta de las bases de datos o en el cruce de la información con los permisos y excepciones autorizados por el Ayuntamiento.
«Estos datos evidencian que el sistema está generando un volumen inaceptable de denuncias que posteriormente son invalidadas», ha señalado Peralta.
La formación considera que esta situación contradice la imagen de eficacia que, según sostiene, el Partido Popular había trasladado desde la implantación de la ZBE.
No obstante, la cifra de 22.167 invalidaciones no significa necesariamente que todas ellas llegaran a convertirse en multas notificadas. Parte de estos registros pudo ser descartada durante el proceso previo de comprobación. La denuncia de VOX se centra tanto en ese elevado volumen de propuestas generadas automáticamente como en los casos de ciudadanos que aseguran haber recibido una notificación pese a tener autorizado el acceso.
Vecinos autorizados denuncian sanciones
El grupo municipal asegura haber recibido numerosas consultas de conductores que habrían sido denunciados pese a estar incluidos en excepciones recogidas por la regulación municipal.
Entre los casos trasladados a VOX figuran residentes y empadronados dentro de la ZBE, propietarios de plazas de garaje, titulares de vehículos históricos y clientes que accedieron a aparcamientos autorizados de supermercados situados dentro del área restringida.
Peralta mostró públicamente el cartel de uno de estos aparcamientos y aseguró que habían recibido multas tanto usuarios de estacionamientos permitidos como residentes y personas que trabajan dentro del anillo interior.
«Lo más preocupante es que el ciudadano hace exactamente lo que el Ayuntamiento le dice que puede hacer y, aun así, acaba recibiendo una denuncia», ha manifestado.
La portavoz critica que los afectados tengan que recopilar documentación, formular alegaciones y dedicar tiempo a demostrar que cumplían los requisitos establecidos por el propio Ayuntamiento.
«La Administración debe comprobar antes de sancionar»
VOX sostiene que el procedimiento debe garantizar que las matrículas autorizadas sean identificadas antes de iniciar una actuación sancionadora.
«La Administración tiene la obligación de comprobar antes de sancionar, no de sancionar primero y dejar que sea el vecino quien tenga que demostrar que el Ayuntamiento se ha equivocado», ha afirmado Peralta.
La portavoz reclama que el Gobierno municipal informe de cuántas denuncias fueron invalidadas automáticamente, cuántas se descartaron después de una revisión manual y cuántas llegaron a ser notificadas a sus titulares.
También pide conocer el número de recursos presentados, las alegaciones estimadas y los casos en los que el Ayuntamiento tuvo que anular una sanción después de comprobar que el vehículo estaba autorizado.
Según Peralta, el problema está «complicando la vida» a los ciudadanos pese a la inversión realizada en cámaras y herramientas de control.
Dudas sobre el contrato y la plataforma de gestión
La iniciativa de VOX recuerda que el contrato para implantar el sistema de gestión de la ZBE contemplaba una plataforma capaz de integrar la información necesaria para identificar exenciones, comprobar permisos y validar las denuncias.
Por este motivo, el grupo municipal quiere saber si el sistema está cumpliendo todas las condiciones técnicas previstas y si las bases de datos municipales se actualizan con la rapidez necesaria.
VOX reclama información sobre los mecanismos utilizados para comunicar las matrículas de los aparcamientos autorizados, el tiempo que tarda el sistema en reconocer una autorización y las comprobaciones que se realizan antes de enviar una notificación.
La formación también quiere conocer si se han registrado incidencias técnicas, si la empresa adjudicataria ha recibido advertencias y si el Ayuntamiento contempla exigir correcciones o responsabilidades contractuales.
Una batería de preguntas al Gobierno municipal
A través de la iniciativa registrada, VOX pide al equipo de Gobierno que detalle las diferentes infracciones detectadas por la plataforma y los motivos concretos por los que se invalidaron más de 22.000 denuncias.
El grupo municipal pregunta igualmente por las razones que explicarían la generación de denuncias contra vehículos incluidos en las excepciones y por las medidas que se adoptarán para evitar nuevos errores.
Entre las cuestiones planteadas se encuentran:
- El número exacto de registros generados, invalidados, pendientes y finalmente notificados.
- Los errores relacionados con residentes, garajes y aparcamientos autorizados.
- El funcionamiento del intercambio de datos entre comercios y Ayuntamiento.
- Las medidas correctoras solicitadas a la empresa responsable de la plataforma.
- El número de alegaciones y recursos estimados por errores del sistema.
VOX considera imprescindible que el Gobierno municipal publique datos completos y diferenciados, ya que hablar únicamente del número total de denuncias no permite conocer cuántos incumplimientos reales se produjeron.
VOX exige corregir los errores de inmediato
Sonsoles Peralta reclama una revisión técnica del sistema, la actualización inmediata de las matrículas autorizadas y un protocolo que evite trasladar a los vecinos las consecuencias de posibles fallos administrativos.
La portavoz también pide que el Ayuntamiento facilite un canal ágil de atención para los afectados y revise de oficio las denuncias que puedan haberse generado contra vehículos autorizados.
«Cuando un ciudadano incumple una norma, la Administración actúa con toda su fuerza. Cuando quien falla es la Administración, nadie asume responsabilidades», ha concluido.
VOX mantendrá la fiscalización del funcionamiento de la ZBE y exigirá explicaciones sobre la inversión realizada, las prestaciones de la plataforma y las medidas previstas para garantizar que ningún conductor autorizado tenga que demostrar que no cometió una infracción.
Carolina López denuncia el abandono de los ganaderos asturianos.
El Grupo Parlamentario VOX ha exigido al Gobierno del Principado la puesta en marcha inmediata de un Plan de Seguridad Rural ante el incremento de los robos denunciados en explotaciones agrícolas y ganaderas de Asturias.
La portavoz de VOX en la Junta General, Carolina López, considera que los habitantes de los concejos rurales se encuentran desprotegidos por la falta de patrullas, las largas distancias que deben cubrir los agentes y la ausencia de una estrategia coordinada entre el Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno. López ejerce como portavoz parlamentaria de VOX y presidenta de la formación en Asturias.
«Nuestros ganaderos no solo tienen que lidiar con los precios abusivos, el sectarismo climático y los ataques del lobo; ahora también tienen que vigilar sus fincas por las noches ante el miedo de que les roben el ganado, la maquinaria o el gasóleo», ha denunciado.
Los robos rurales aumentan un 26,79 % en Asturias
La reclamación de VOX se produce después de que la Unión de Sectoriales Agrarias y Ganaderas de Asturias alertara de un incremento del 26,79 % en los robos registrados en el campo respecto a 2024.
Según los datos difundidos por USAGA y Unión de Uniones, Asturias habría sido la única comunidad autónoma en la que aumentaron estos delitos durante el último año. De los 71 hechos denunciados, únicamente nueve habrían sido esclarecidos, lo que supondría una caída cercana al 47 % en la resolución de casos.
La organización agraria también precisa que Asturias continúa siendo una de las comunidades con menor número absoluto de robos rurales, solo por delante de Cantabria. Sin embargo, considera preocupante que la región siga una evolución contraria al descenso registrado en el conjunto de España.
VOX sostiene que estos datos confirman el deterioro de la seguridad en determinadas zonas rurales y advierte de que las cifras reales podrían ser superiores, ya que algunos afectados optan por no denunciar al considerar escasas las posibilidades de recuperar el material sustraído.
Más agentes y patrullas en los concejos rurales
Carolina López reclama un aumento inmediato de las patrullas destinadas a los concejos del interior y a las comarcas occidentales y orientales de Asturias.
La portavoz asegura que la dispersión geográfica, la distancia entre explotaciones y la obligación de cubrir varios municipios con los mismos efectivos dificultan una respuesta rápida ante los robos.
«Es inadmisible que un vecino llame para denunciar y la patrulla más cercana tarde demasiado en llegar porque tiene que cubrir varios concejos a la vez», ha manifestado.
La formación propone que el plan incluya un mapa actualizado de las zonas más afectadas, patrullas preventivas en horarios de mayor riesgo, canales directos de comunicación con cooperativas y ganaderos y dispositivos especiales ante sucesiones de robos.
También reclama mejorar la vigilancia de las vías utilizadas para trasladar ganado, combustible, herramientas y maquinaria sustraída.
Refuerzo de los equipos ROCA de la Guardia Civil
Entre las medidas planteadas por VOX figura el refuerzo de los equipos ROCA, unidades de la Guardia Civil especializadas en prevenir e investigar robos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Estos equipos forman parte del Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas impulsado por el Ministerio del Interior. Sus funciones incluyen mantener contacto con agricultores y ganaderos, analizar los delitos registrados, desarrollar labores preventivas e investigar grupos dedicados a esta clase de sustracciones.
USAGA también ha reclamado aumentar los recursos de los equipos ROCA y reforzar la vigilancia en los puntos considerados más vulnerables del campo asturiano.
VOX pide que se detalle el número de efectivos destinados actualmente a estas unidades en Asturias, su distribución territorial y los medios materiales y tecnológicos de los que disponen.
Preguntas al Gobierno de Adrián Barbón
Carolina López ha anunciado el registro de una batería de preguntas en la Junta General para conocer las actuaciones desarrolladas por el Gobierno del Principado ante el aumento de los robos.
La formación quiere saber qué reuniones se han celebrado con la Delegación del Gobierno, qué información se ha trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si existe un protocolo específico para proteger las explotaciones ganaderas.
VOX también pedirá datos desglosados por concejos sobre denuncias, tiempos de respuesta, robos esclarecidos y bienes recuperados.
La seguridad pública y el despliegue de la Guardia Civil dependen principalmente del Gobierno de España y del Ministerio del Interior. No obstante, la legislación establece principios de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones y cuerpos policiales.
Por ello, el plan reclamado al Principado debería desarrollarse conjuntamente con la Delegación del Gobierno, mientras que el aumento de las plantillas de la Guardia Civil y la reorganización de sus puestos corresponderían a las autoridades estatales.
Recuperación de la presencia de la Guardia Civil
VOX plantea recuperar y reforzar los cuarteles de la Guardia Civil en las zonas rurales más afectadas, evitando que el cierre de instalaciones o la concentración de efectivos aleje los servicios de seguridad de los pueblos.
La formación considera que la presencia territorial de la Guardia Civil tiene un efecto preventivo y permite mejorar el conocimiento de las explotaciones, los caminos, las instalaciones aisladas y los posibles puntos de comercialización del material robado.
El propio Ministerio del Interior ha destacado el papel de la Guardia Civil y de sus unidades especializadas para garantizar la seguridad, fijar población y favorecer el desarrollo económico de la España rural.
Carolina López sostiene que no puede hablarse de lucha contra la despoblación mientras los habitantes del campo carecen de servicios básicos o temen dejar sin vigilancia sus viviendas y explotaciones.
Endurecimiento de las penas para reincidentes
VOX también propone promover en el ámbito nacional un endurecimiento de las consecuencias penales para los delincuentes reincidentes y para quienes sustraigan ganado, maquinaria o herramientas esenciales para el trabajo.
La formación defiende que estos delitos no solo provocan la pérdida del bien robado, sino también la paralización de la actividad, daños en las instalaciones y nuevos gastos para reparar o sustituir los equipos.
López reclama actuar igualmente sobre los canales de venta del material sustraído para impedir que los delincuentes puedan obtener beneficios con facilidad.
«No se puede proteger el mundo rural recortando en seguridad», ha señalado la portavoz, quien pide que la defensa de las familias y de la propiedad privada sea una prioridad presupuestaria.
Seguridad para mantener vivo el campo asturiano
VOX vincula la seguridad rural con la supervivencia económica y demográfica de los pueblos.
La formación sostiene que la falta de vigilancia se suma a los problemas de rentabilidad, burocracia, relevo generacional y daños provocados por la fauna salvaje que afrontan agricultores y ganaderos.
«Si el Gobierno de Barbón quiere fijar población y defender el campo asturiano, lo primero que debe garantizar es la seguridad y la propiedad privada de quienes trabajan la tierra», ha afirmado Carolina López.
El Grupo Parlamentario VOX exigirá un plan con medidas concretas, presupuesto, plazos y mecanismos de evaluación, además de una coordinación permanente con el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.
«Desde VOX no vamos a permitir que se normalice la delincuencia en nuestros pueblos», ha concluido López.
Ainara García exige aclarar la adjudicación de FIDMA en Langreo.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Langreo ha exigido al equipo de gobierno la máxima transparencia sobre la adjudicación del contrato para organizar, decorar y atender el espacio municipal en la Feria Internacional de Muestras de Asturias de 2026.
La concejal de VOX Ainara García ha solicitado el expediente completo del procedimiento después de comprobar, según ha explicado la formación, que el único socio y administrador de la empresa adjudicataria mantiene una vinculación familiar con el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Cases.
La documentación municipal confirma que Cases tiene delegadas las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio. Ainara García forma parte de la corporación como concejal del Grupo Municipal VOX.
VOX no cuestiona de manera directa la actuación de la mesa de contratación ni afirma que se haya cometido una ilegalidad, pero considera que las circunstancias señaladas justifican el acceso inmediato a todos los documentos del expediente.
«Que una empresa vinculada familiarmente con uno de los principales miembros del Gobierno municipal resulte adjudicataria de un contrato público exige la máxima transparencia», ha manifestado García.
Un contrato para organizar el espacio de Langreo en FIDMA
El expediente 980/2026 tiene por objeto la organización, decoración y atención del espacio del Ayuntamiento de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
El presupuesto de licitación asciende a 45.454,55 euros sin impuestos. El contrato comprende la tematización y decoración del pabellón, la atención al público, el suministro de materiales y la organización del Día de Langreo durante el certamen. También incluye contenidos relacionados con la historia y la reconversión de Talleres del Conde.
La licitación se publicó el 15 de junio de 2026 y el plazo para presentar propuestas terminó el 29 de junio. Su periodo de ejecución se extiende desde la adjudicación hasta el 16 de agosto, fecha prevista para la finalización de FIDMA.
VOX ya había criticado unos días antes que la adjudicación se produjera con escaso margen respecto al comienzo de la feria. La formación acusó entonces al Gobierno municipal de falta de planificación y de obligar a las empresas participantes a preparar el servicio contrarreloj.
La adjudicataria no presentó la propuesta más barata
Ainara García ha indicado que la empresa finalmente seleccionada no presentó la oferta económica de menor importe, aunque obtuvo la mayor puntuación total al recibir la máxima valoración en los restantes criterios automáticos establecidos en el pliego.
La edil quiere analizar cómo se otorgaron esos puntos, qué documentación entregaron las empresas participantes y si se cumplieron correctamente todas las exigencias del procedimiento.
El hecho de que una empresa no haya presentado la oferta más barata no implica por sí mismo una irregularidad. La Ley de Contratos del Sector Público establece que las adjudicaciones pueden realizarse mediante una pluralidad de criterios destinados a identificar la mejor relación entre calidad y precio. La propuesta económica más baja debe ganar únicamente cuando el precio sea el único criterio contemplado.
VOX reclama, por tanto, conocer el cuadro completo de puntuaciones, las ofertas económicas, la documentación aportada para acreditar los demás criterios y las actas de la mesa de contratación.
Dieciséis días entre el cierre y la adjudicación
La formación también considera llamativo que transcurrieran 16 días entre la finalización del plazo para presentar ofertas y la adjudicación del contrato.
García critica que el procedimiento se iniciara con poco margen antes de la celebración de la feria, pero que posteriormente la resolución consumiera más de dos semanas de un calendario ya reducido.
«El Ayuntamiento ha tenido todo un año para preparar el contrato y ha vuelto a esperar hasta el último momento», había denunciado la concejal al cuestionar la planificación de la participación municipal en FIDMA.
VOX quiere conocer la cronología completa del procedimiento y determinar qué actuaciones administrativas se realizaron durante ese periodo.
Derecho de la oposición a consultar el expediente
Ainara García ha lamentado que, pese a haber solicitado la documentación, su grupo todavía no disponga de todos los elementos necesarios para fiscalizar la adjudicación.
«Si todo se ha tramitado correctamente, no existe ningún motivo para retrasar el acceso al expediente. Nuestra obligación es controlar la gestión del dinero público y para ello necesitamos conocer toda la información», ha afirmado.
La legislación de régimen local reconoce a los concejales el derecho a obtener los antecedentes, datos e informaciones que estén en poder de la corporación y resulten necesarios para desarrollar sus funciones. También establece que los miembros de las entidades locales deben abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de las causas de conflicto previstas legalmente.
Por su parte, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los órganos de contratación a adoptar medidas destinadas a prevenir, detectar y solucionar posibles conflictos de intereses, así como a garantizar la transparencia y la igualdad entre los licitadores.
La existencia de una relación familiar señalada por un grupo político no demuestra por sí sola que se haya producido una intervención indebida. Para determinarlo sería necesario conocer qué personas participaron en la preparación, valoración y adjudicación del contrato y si se produjo alguna abstención.
VOX analizará toda la documentación
El Grupo Municipal VOX ha anunciado que revisará el expediente cuando el Ayuntamiento le permita acceder a la totalidad de sus documentos.
La formación quiere comprobar las actas de la mesa de contratación, las propuestas presentadas, el sistema de puntuación, los informes técnicos, la resolución de adjudicación y las posibles declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.
García insiste en que su petición pretende despejar cualquier duda sobre la objetividad y la limpieza del procedimiento.
«Precisamente para despejar cualquier duda, el Ayuntamiento debería facilitar toda la documentación sin dilaciones», ha señalado la concejal.
VOX ha avanzado que, en función del contenido del expediente, solicitará las explicaciones oportunas y exigirá las responsabilidades políticas que pudieran corresponder. Hasta que se complete esa revisión, la formación centra su reclamación en la transparencia y en el derecho de la oposición a fiscalizar el uso del dinero público.
Queipo acusa a Barbón de vender una Asturias que no existe.
El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de presentar “una realidad paralela” tras hacer balance de sus siete años al frente del Gobierno autonómico.
“Lo que nos expuso es una Asturias que no existe. Entiendo que tenga que vendernos una Asturias que no existe porque lo que verdaderamente tampoco existe es su gestión”, ha afirmado Queipo.
El líder de los populares asturianos considera que Barbón tiene “poco que decir” sobre su gestión y que, por ello, trata de ofrecer una imagen de la comunidad que no se corresponde con los problemas reales de los ciudadanos.
Una rebaja fiscal para las clases medias asturianas
Queipo ha criticado que el Gobierno socialista se acuerde ahora de las clases medias después de siete años de políticas fiscales que, a su juicio, las han castigado de manera permanente.
“Que ahora se acuerden de las clases medias es un insulto a los asturianos. Durante siete años han sufrido unos impuestos que las han castigado y ahora, cuando llegan las elecciones, Barbón dice que va a tomar medidas”, ha señalado.
El presidente del PP de Asturias ha pedido al Ejecutivo autonómico que estudie la reforma fiscal presentada por el Partido Popular y ha destacado dos medidas concretas: la deflactación del IRPF para todos los contribuyentes y la actualización de los límites de renta que permiten acceder a las deducciones autonómicas.
“No tiene sentido que una pequeña subida salarial, provocada en realidad por el aumento del coste de la vida, deje a cientos de familias sin poder acceder a miles de euros en deducciones y ahorro fiscal”, ha explicado.
Queipo ha reprochado al Gobierno de Barbón y a Izquierda Unida que hayan preferido “castigar y exprimir a los asturianos” en lugar de impulsar rebajas fiscales dirigidas a las rentas medias.
“Si Barbón quiere ser útil, debe promover una bajada de impuestos que repercuta de verdad en las familias asturianas”, ha subrayado.
Menos burocracia para autónomos y mejores servicios públicos
El presidente popular ha defendido también la necesidad de reducir la carga administrativa que soportan los trabajadores autónomos.
“Sería muy bueno que los autónomos no estuviesen sometidos constantemente a una burocracia absolutamente inabordable”, ha afirmado.
Queipo ha incluido entre los problemas más urgentes de Asturias las demoras en la sanidad pública y las listas de espera para recibir las prestaciones de dependencia.
“No puede ser que los asturianos tengan que esperar meses para recibir atención sanitaria o, en algunos casos, hasta año y medio para acceder a una ayuda a la dependencia a la que tienen derecho”, ha denunciado.
Para el dirigente popular, estos problemas reflejan la falta de preparación y planificación del Gobierno autonómico durante los últimos siete años.
“Esta es la Asturias real: la de los problemas generados por este Gobierno. Empezaremos a solucionarlos en diez meses, cuando ganemos las elecciones y podamos gobernar”, ha asegurado.
“Asturias necesita un cambio”
Queipo ha acusado a Barbón de defender ahora lo contrario de lo que ha hecho durante sus años de gobierno.
“El verdadero engañabobos es ver a Adrián Barbón diciendo que defiende exactamente lo contrario de lo que ha hecho durante siete años”, ha señalado.
A su juicio, este cambio de discurso no responde a una nueva preocupación por los efectos de la inflación, sino a la evolución de las encuestas y al creciente descontento social.
“La clase media asturiana y Asturias en general están cansadas de las políticas de este Gobierno. Es un síntoma claro de que la comunidad necesita un cambio y el Partido Popular está preparado para hacerlo realidad”, ha sentenciado.
Respaldo a la gestión del PP en Tineo
Álvaro Queipo ha realizado estas declaraciones en Naraval, donde ha participado junto a la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, en las Jornadas del Pan y las Natas Vaqueiras.
El presidente del PP de Asturias ha felicitado a la alcaldesa por la aprobación de los presupuestos municipales y ha defendido que disponer de unas cuentas aprobadas es siempre positivo para los vecinos.
Queipo ha destacado que el equipo de Gobierno de Montse Fernández ha conseguido reducir la deuda municipal en cerca de dos millones de euros y ha abonado expropiaciones que permanecían pendientes desde hacía casi dos décadas.
También ha puesto en valor las medidas municipales de apoyo al sector productivo, al medio rural y a la ganadería.
Críticas a la respuesta del Principado ante el gusano soldado
El presidente popular ha criticado la actuación de la Consejería competente ante la reciente plaga del gusano soldado que afectó al concejo de Tineo.
“Fue el Ayuntamiento quien se puso en marcha para buscar una solución. La Consejería tardó cinco días en desplazarse a la zona afectada”, ha denunciado.
Queipo ha señalado que, mientras el Gobierno municipal coordinó la respuesta con los vecinos y trató de encontrar soluciones, el Ejecutivo autonómico no atendió las demandas de los afectados ni respondió al Ayuntamiento.
“Fue una clarísima dejación de funciones y un ejemplo de la forma habitual de actuar del Gobierno de Adrián Barbón”, ha afirmado.
El presidente del PP de Asturias ha contrapuesto esta respuesta con la gestión cercana y resolutiva de los gobiernos municipales del Partido Popular.
Una inversión de 272.000 euros en la carretera de Naraval
Por su parte, la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, ha destacado la finalización de las obras de la carretera de Naraval, una actuación demandada por los vecinos y necesaria para mejorar la conexión del municipio con la costa.
Fernández ha recordado que el proyecto formaba parte del programa electoral del Partido Popular y ha supuesto una inversión de 272.000 euros.
Javier Jové exige explicaciones por las inversiones bloqueadas en Asturias.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado Javier Jové ha cuestionado la utilidad de la Oficina Económica de la Presidencia y ha reclamado explicaciones sobre su intervención en el desarrollo de las principales inversiones industriales previstas para Asturias.
Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Jové anunció una nueva comparecencia parlamentaria del director del organismo, José Antonio Sicre. Según el diputado, será la tercera ocasión en la que el responsable de la oficina acuda a la Cámara para informar sobre su gestión.
«Estamos ante una oficina creada “ad hoc” para colocar a una persona y que, año y medio después de su puesta en marcha, sigue sin justificar ni su utilidad, ni su presupuesto, ni los resultados de su gestión», ha afirmado el parlamentario.
La Oficina Económica comenzó a funcionar en marzo de 2025 con el objetivo declarado de acelerar proyectos de inversión, facilitar la comunicación entre los promotores y el Gobierno autonómico y formular propuestas para favorecer su implantación en Asturias.
VOX reclama resultados concretos
Jové considera que el organismo no ha demostrado todavía que su actividad se traduzca en inversiones, creación de empleo o implantación efectiva de nuevas industrias.
El diputado reclama que Sicre detalle las reuniones mantenidas, los proyectos acompañados, las empresas contactadas, el presupuesto ejecutado y los resultados obtenidos desde la creación de la oficina.
«Debe aclarar su negligencia o su falta de liderazgo», ha manifestado Jové, que sitúa entre sus principales preocupaciones el desarrollo de los proyectos industriales vinculados con los terrenos de Barros.
El Gobierno del Principado ofrece una valoración distinta. En abril aseguró que la oficina realizaba el seguimiento de proyectos con un valor potencial próximo a los 6.000 millones de euros. En junio elevó a una veintena el número de iniciativas inversoras consideradas maduras y con posibilidades de materializarse a corto o medio plazo.
VOX reclama que estas estimaciones se acompañen de información verificable sobre calendarios, compromisos empresariales, inversiones ejecutadas y empleos creados.
Jové critica la falta de contactos con empresas de defensa
El parlamentario ha acusado al responsable de la Oficina Económica de no mantener reuniones de trabajo con compañías estratégicas como Indra y Santa Bárbara Sistemas.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia política de VOX y deberán ser aclaradas por el director del organismo durante su comparecencia.
Jové considera que la industria de defensa puede desempeñar un papel fundamental en la reindustrialización asturiana, especialmente por la presencia de instalaciones productivas, personal cualificado y experiencia industrial en territorios como Gijón, Langreo y Trubia.
Indra presentó al Principado un proyecto para desarrollar un nuevo centro de producción en el antiguo taller de Barros. La iniciativa plantea un modelo industrial complementario entre Gijón y Langreo para la fabricación, integración y mantenimiento de vehículos terrestres de defensa.
«Así las cosas, no nos extraña que proyectos industriales acaben instalándose en otras comunidades autónomas mientras Asturias pierde oportunidades», ha señalado Jové.
VOX pide desbloquear las inversiones de Barros
La formación exige al Gobierno de Adrián Barbón que agilice la tramitación administrativa de los proyectos industriales y ejerza una labor activa de interlocución con las empresas.
VOX sostiene que la función de una oficina creada para captar y acelerar inversiones no debe limitarse a elaborar listados o realizar estimaciones, sino que debe ayudar a resolver obstáculos administrativos, coordinar departamentos y ofrecer certezas sobre suelo, energía, permisos e infraestructuras.
Jové reclama especialmente información sobre los plazos del proyecto de Barros, las condiciones solicitadas por Indra y las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico para asegurar su implantación.
Críticas al rechazo del ancho internacional
El diputado también ha criticado la decisión del Ministerio de Transportes de no transformar la red ferroviaria convencional española al ancho estándar europeo.
El departamento considera que sustituir el ancho ibérico en aproximadamente 13.000 kilómetros costaría entre 20.000 y 30.000 millones de euros, exigiría unos 30 años de obras y tendría una rentabilidad socioeconómica muy baja. El análisis ministerial también descarta limitar la conversión a los corredores europeos o instalar de forma generalizada un tercer carril por razones técnicas, operativas y económicas.
Aunque la decisión afecta al conjunto de la red convencional española y no exclusivamente a Asturias, Jové considera que tendrá consecuencias especialmente negativas para el noroeste y sus conexiones ferroviarias.
«Una vez más vemos cómo Asturias queda relegada en las grandes inversiones del Estado mientras todos los esfuerzos se concentran en otros corredores ferroviarios», ha afirmado.
Riesgos para la logística y la industria asturiana
VOX advierte de que la falta de una red plenamente interoperable con Europa limita las posibilidades de crecimiento logístico, industrial y portuario de Asturias.
Jové sostiene que las conexiones ferroviarias resultan fundamentales para facilitar el transporte de mercancías, mejorar la competitividad empresarial y conectar los puertos y centros industriales asturianos con los principales mercados europeos.
El diputado también ha relacionado esta situación con la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado y con el deterioro que atribuye a años de inversiones insuficientes en carreteras y ferrocarriles.
«Nos encontramos con un Gobierno sin presupuestos, con inversiones que no se ejecutan y con una red ferroviaria y de carreteras que sufre las consecuencias de años de abandono y falta de mantenimiento», ha denunciado.
VOX continuará reclamando en la Junta General explicaciones sobre la Oficina Económica, calendarios concretos para las inversiones industriales y una estrategia que permita aprovechar el potencial productivo y logístico de Asturias.
Estas reivindicaciones coinciden con el programa económico nacional de VOX, que propone una reindustrialización de la economía y destinar inversiones estratégicas a modernizar las redes de transporte y comunicaciones.
Andrés Ruiz exige control parlamentario sobre las cuentas de Asturias.
El diputado regional y portavoz de Economía del Partido Popular de Asturias, Andrés Ruiz, ha exigido al Gobierno de Adrián Barbón que apruebe antes del inicio del próximo periodo de sesiones el límite de gasto no financiero para 2027 y lo remita a la Junta General del Principado para su debate y aprobación.
Ruiz ha trasladado la preocupación del Partido Popular por la situación financiera a la que, a su juicio, la falta de certidumbre del Gobierno de España está abocando a las comunidades autónomas de régimen común.
“A esta incertidumbre nacional se suma la gestión del Gobierno de Adrián Barbón, que ha iniciado la elaboración de los Presupuestos del Principado para 2027 sin despejar las principales incógnitas que condicionan las cuentas públicas”, ha advertido.
El portavoz popular ha señalado que Asturias afronta la preparación de sus próximos presupuestos en un escenario marcado por el incumplimiento de la regla de gasto, el final de los fondos europeos y un sistema de financiación autonómica insuficiente para cubrir el coste real de los servicios públicos fundamentales.
“Esta situación excepcional exige rigor, transparencia y planificación. De lo contrario, puede traducirse en una reducción de la inversión productiva, un mayor deterioro de las finanzas del Principado y el incumplimiento de compromisos adquiridos con los profesionales de la sanidad y de la educación”, ha afirmado.
El incumplimiento de la regla de gasto obliga a elaborar un nuevo plan financiero
Andrés Ruiz ha recordado que, según los datos del Ministerio de Hacienda, Asturias incumplió la regla de gasto en 2025 al registrar un incremento del gasto computable del 4,9 %.
Este incumplimiento obliga al Gobierno del Principado a elaborar un nuevo Plan Económico-Financiero para el periodo 2026-2027, un documento que resultará determinante para fijar el límite de gasto de los Presupuestos autonómicos de 2027.
El diputado popular ha explicado que la orden de elaboración presupuestaria establece un crecimiento del gasto computable del 3,4 %, mientras que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha situado la tasa de referencia en el 4 %.
“Todo ello contrasta con una previsión de crecimiento del 8 % de los recursos procedentes del sistema de financiación. Las comunidades recibirán más fondos, pero las reglas fiscales limitarán su capacidad real para destinarlos a mejorar los servicios públicos o impulsar inversiones”, ha indicado.
Ruiz ha puesto también el foco en las diferencias entre las previsiones realizadas por el Ejecutivo autonómico y el resultado definitivo del ejercicio.
El Plan Económico-Financiero 2025-2026 enviado al Ministerio de Hacienda contemplaba cerrar 2025 con un aumento del gasto computable del 3,2 %, frente al 4,9 % finalmente registrado.
“Esta desviación evidencia errores en las previsiones económicas del Gobierno del Principado, precisamente cuando la planificación presupuestaria debe ser más rigurosa que nunca”, ha señalado.
Transparencia y control parlamentario
El Partido Popular de Asturias reclama que el Consejo de Gobierno apruebe el techo de gasto para 2027 antes del inicio del periodo de sesiones de septiembre y que el acuerdo sea remitido a la Junta General del Principado.
Ruiz ha recordado que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las administraciones deben aprobar un límite máximo de gasto no financiero coherente con los objetivos de estabilidad y con la regla de gasto.
Además, la normativa dispone que este límite sea remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del 1 de agosto.
“Pedimos al Gobierno de Adrián Barbón que actúe con la transparencia y la responsabilidad que exige la situación económica. Aprobar y debatir el techo de gasto permitirá conocer el margen real de Asturias, dará seguridad a los grupos parlamentarios y a la sociedad y alineará al Principado con el procedimiento seguido por otras comunidades”, ha subrayado.
Para el portavoz popular, la situación financiera de las comunidades autónomas requiere “más transparencia, más planificación y más control parlamentario”.
“Asturias no puede permitirse unos presupuestos construidos sobre la incertidumbre”
Andrés Ruiz ha reclamado al Ejecutivo socialista que deje de improvisar y explique con claridad cuál es el margen real del que dispondrá para elaborar las cuentas de 2027.
“Asturias no puede permitirse unos presupuestos construidos sobre la incertidumbre, después de incumplir la regla de gasto, equivocarse en sus previsiones económicas y no explicar a los asturianos cuál es el margen real con el que piensa gestionar su dinero”, ha manifestado.
“Si el Gobierno considera que sus cuentas son sólidas, debe aprobar el techo de gasto a tiempo, llevarlo a la Junta General y dar la cara”, ha añadido.
Ruiz ha advertido de que no remitir el límite de gasto al Parlamento supondría intentar elaborar los Presupuestos de 2027 sin suficiente control parlamentario, sin debate y sin explicar la situación real de las finanzas autonómicas.
“Los asturianos tienen derecho a conocer nuestro horizonte económico y el Gobierno tiene la obligación de actuar con responsabilidad, en lugar de seguir escondiendo los problemas debajo de la alfombra”, ha concluido.
Sandra Camino alerta del riesgo de accidentes en la senda del Cabo de Peñas.
La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Turismo y Fondos Europeos, Sandra Camino, ha exigido una actuación urgente en la senda costera del Cabo de Peñas para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas.
“Ante el riesgo de accidentes y las situaciones de peligrosidad existentes en la senda costera del Cabo de Peñas, no hay lugar para la ironía”, ha afirmado Camino tras la respuesta del PSOE de Gozón a la denuncia formulada por el Partido Popular sobre el estado de esta infraestructura.
La representante popular ha lamentado que el Gobierno municipal haya optado por restar importancia a una situación que, según ha señalado, requiere medidas inmediatas.
“Esperábamos mucho más de un Gobierno que, lejos de priorizar la seguridad de sus vecinos, ha optado por lanzar una cortina de humo para evitar una crítica al Gobierno del Principado de Asturias”, ha señalado.
Riesgos para peatones y ciclistas
Camino ha explicado que representantes del Partido Popular pudieron comprobar directamente los problemas existentes en la senda.
La diputada ha advertido de que la estrechez de algunos tramos dificulta el tránsito simultáneo de peatones y bicicletas, generando situaciones potencialmente peligrosas.
“Ayer pudimos comprobar en primera persona cómo los ciclistas tenían que bajarse de la bicicleta para poder cruzarse con personas que caminaban por la senda o con otros ciclistas debido a su estrechez”, ha explicado.
Para la portavoz popular, esta realidad demuestra que la denuncia no responde a una disputa partidista, sino a la necesidad de mejorar una infraestructura utilizada habitualmente por vecinos y visitantes.
“La realidad aleja la discusión política y refleja la situación en la que realmente se encuentra la senda”, ha añadido.
El PP reclama una política útil
Sandra Camino ha invitado al PSOE de Gozón a abandonar la confrontación y a sumarse a las reivindicaciones para mejorar la seguridad del recorrido costero.
“Desde el Partido Popular les invitamos a sumarse a la senda de la política útil, la que reclama lo que el concejo necesita, mejora la calidad de vida de sus vecinos y defiende sus intereses”, ha afirmado.
La diputada ha considerado que las críticas del PSOE no ofrecen ninguna respuesta a los problemas planteados ni presentan alternativas para corregirlos.
“Sus críticas, vacías de peso, evidencian la falta de respuesta, porque la denuncia realizada por el Partido Popular refleja una situación real”, ha subrayado.
Petición al Gobierno del Principado
El Partido Popular reclama que el Ayuntamiento de Gozón exija al Ejecutivo autonómico una intervención urgente para corregir los puntos conflictivos, ampliar la seguridad de la senda y reducir el riesgo de accidentes.
Camino ha defendido que el Gobierno municipal debe priorizar los intereses de los vecinos y colaborar para que el Principado actúe cuanto antes.
“Lo que debería hacer el Gobierno de Gozón es sumarse a las críticas y exigir al Gobierno autonómico una actuación urgente para garantizar la seguridad de las personas que transitan por esta senda”, ha concluido.