Sonsoles Peralta pide identificar los trámites que frenan las licencias.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado más información sobre el funcionamiento del Servicio de Licencias y ha propuesto elaborar un estudio para reducir los retrasos en la tramitación de licencias de obra mayor.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, llevará esta petición a la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos tras analizar las memorias municipales correspondientes a 2023, 2024 y 2025.
Según los datos señalados por la formación, el Ayuntamiento concedió 115 licencias de obra mayor en 2023, 144 en 2024 y 162 en 2025.
VOX pide conocer los plazos y obstáculos
VOX también ha destacado la evolución del número de viviendas con permiso de obras: 456 en 2023, 638 en 2024 y 370 en 2025.
Peralta reclama que el Ayuntamiento detalle las solicitudes recibidas por tipología, el tiempo medio de concesión, las fases que provocan más demoras y los errores más habituales cometidos durante la tramitación.
«Hay elementos que requieren una explicación más precisa», ha afirmado la portavoz.
Informes y guías para facilitar los trámites
La formación preguntará si el Ayuntamiento dispone de estudios sobre las causas de los retrasos y las posibles soluciones.
En caso de que no existan, VOX propone elaborar informes, catálogos o guías de usuario que permitan reducir errores, facilitar la presentación de documentación y agilizar la resolución de los expedientes.
«El Ayuntamiento debe valorar la elaboración de un estudio que permita agilizar la tramitación de las licencias de obra mayor», ha concluido Peralta.
Sonsoles Peralta: «No se puede desacreditar a Oviedo y después cerrar sus fiestas»
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado las nuevas declaraciones del artista Rodrigo Cuevas sobre la ciudad y el modelo de las fiestas de San Mateo.
Cuevas afirmó que en Oviedo «quitaron las barracas populares y la fiesta hizo caput», unas palabras que VOX interpreta como una nueva descalificación hacia la capital asturiana y sus celebraciones.
La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha señalado que no es la primera vez que el cantante transmite una imagen negativa de Oviedo y ha rechazado que una experiencia personal pueda utilizarse para desacreditar al conjunto de sus vecinos.
«Los ovetenses somos una sociedad acogedora, trabajadora y orgullosa de nuestras tradiciones. No aceptamos que se utilice el nombre de Oviedo para construir un relato negativo que no se corresponde con la realidad», ha afirmado.
VOX reclama unas fiestas populares y sin propaganda política
Peralta ha defendido recuperar el carácter tradicional y popular de San Mateo, con una mayor participación de peñas, asociaciones vecinales y familias.
VOX sostiene que las fiestas deben estar pensadas para los ovetenses y alejadas de cualquier utilización partidista o ideológica financiada con fondos públicos.
La formación también considera incoherente que Rodrigo Cuevas haya aceptado participar en el cierre de San Mateo después de cuestionar públicamente a Oviedo y su modelo festivo.
«Los ovetenses merecen un mínimo de respeto. No se puede desacreditar a Oviedo y después pretender poner el broche final a las fiestas de San Mateo», ha concluido Peralta.
Javier Jové critica el veto a las enmiendas de VOX sobre prestaciones sociales.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Javier Jové, ha lamentado que la Mesa de la Cámara haya inadmitido las seis enmiendas presentadas por su grupo al proyecto de modificación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
Según ha denunciado el parlamentario, esta decisión impide que la Cámara debata la incorporación del principio denominado por VOX como “prioridad nacional” en el acceso a determinadas prestaciones sociales gestionadas por el Principado.
«Lamentablemente, nos hemos encontrado en la Junta de Portavoces con que el resto de las formaciones políticas no quieren hablar de la prioridad nacional en el acceso a las prestaciones sociales», ha afirmado Jové.
VOX quería introducir criterios de arraigo y nacionalidad
Las enmiendas registradas por VOX planteaban incorporar el arraigo y la nacionalidad entre los elementos que debían valorarse para acceder a las prestaciones sociales autonómicas.
Jové ha reconocido que su grupo conocía las dificultades para conseguir el respaldo del resto de las fuerzas parlamentarias, pero ha defendido que las propuestas debían admitirse para permitir su discusión y votación.
«Sabíamos que nuestras enmiendas no iban a salir adelante porque conocemos la posición del resto de los grupos. Lo que pedíamos era que pudieran debatirse para que la sociedad asturiana conociera y contrastara las distintas posiciones», ha explicado.
La formación considera que el debate sobre la distribución de los recursos públicos debe celebrarse abiertamente en el Parlamento para que los ciudadanos conozcan los argumentos y el voto de cada partido.
Jové denuncia «tics autoritarios»
El diputado de VOX sostiene que la inadmisión de las seis enmiendas priva a la Junta General de un debate que considera «legítimo y sano».
«No podremos introducirlas ni tan siquiera entrar a valorarlas, lo que nos parece un comportamiento que tiene ciertos tics autoritarios», ha manifestado.
Jové ha cuestionado que una propuesta política pueda quedar fuera del debate antes de que los grupos tengan la oportunidad de defenderla, enmendarla o rechazarla mediante una votación.
VOX reclama que las iniciativas relacionadas con el acceso a las prestaciones puedan discutirse dentro del procedimiento parlamentario, independientemente de que cuenten o no con una mayoría suficiente para salir adelante.
«Los recursos son finitos»
Jové ha defendido que las administraciones deben establecer prioridades debido al carácter limitado de los presupuestos públicos.
«Los recursos son finitos y nosotros lo tenemos claro. Para VOX, los españoles van primero», ha subrayado.
La formación sostiene que deberían obtener preferencia quienes hayan contribuido durante años al sostenimiento del sistema mediante su trabajo, impuestos y cotizaciones.
VOX ya había anunciado anteriormente la presentación de enmiendas dirigidas a priorizar a los asturianos en el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias, argumentando que los servicios públicos afrontan una creciente presión y unos recursos limitados.
Acceso para los inmigrantes legales que hayan contribuido
El diputado ha precisado que la propuesta no planteaba excluir a todos los ciudadanos extranjeros del sistema de prestaciones.
Jové ha afirmado que los inmigrantes que residan legalmente en España, hayan trabajado, cotizado y demostrado su arraigo también deben poder acceder a las ayudas sociales.
«Hay inmigrantes legales que han cotizado, que han aportado a la sociedad española y, como tal, tienen acceso a esas prestaciones», ha explicado.
El parlamentario ha diferenciado esta situación de la de quienes, según la posición defendida por VOX, pretendan acceder a los recursos sociales sin haber contribuido previamente al mantenimiento del sistema.
«Lo que no compartimos es que quienes han venido a vivir de la generosidad de los españoles tengan prioridad sobre quienes han sostenido con su esfuerzo nuestro sistema de bienestar», ha concluido Javier Jové.
Sonsoles Peralta exige informes sobre la terraza del Quiosco de la Chucha.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para la próxima Comisión de Urbanismo con el objetivo de comprobar que la instalación de una terraza vinculada al Quiosco de la Chucha cumple toda la normativa urbanística, patrimonial, técnica y sanitaria aplicable.
La formación solicita al equipo de gobierno que acredite que la actuación dispone de los informes preceptivos y las autorizaciones necesarias, teniendo en cuenta el régimen especial de protección del Campo San Francisco.
VOX recuerda que este espacio está catalogado como Jardín Histórico e incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, por lo que cualquier intervención en su interior debe respetar las obligaciones derivadas de dicha protección.
VOX reclama todas las garantías legales
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, ha defendido la necesidad de revisar con especial atención cualquier actuación que pueda afectar a uno de los espacios más emblemáticos de Oviedo.
«El Campo San Francisco forma parte del patrimonio de todos los ovetenses y cualquier actuación que se lleve a cabo en su interior debe cumplir escrupulosamente la normativa vigente y contar con todas las garantías», ha señalado.
La formación no afirma que se haya producido un incumplimiento, sino que pide al Ayuntamiento que facilite la información necesaria para verificar la legalidad de la instalación.
Preguntas sobre Patrimonio Cultural
Entre las cuestiones registradas, VOX pregunta si la colocación de la terraza fue comunicada a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
También solicita conocer si existen informes patrimoniales previos, qué autorizaciones se han concedido y cómo encaja la actuación en la planificación municipal prevista para el Campo San Francisco.
El Grupo Municipal considera necesario determinar si las características de la terraza son compatibles con la protección del entorno y con las condiciones establecidas para la utilización de este espacio histórico.
Requisitos técnicos y sanitarios
VOX también ha pedido que el equipo de gobierno confirme si la terraza reúne todas las condiciones técnicas y sanitarias exigidas para este tipo de instalaciones.
La formación solicita información sobre la documentación presentada, las comprobaciones municipales efectuadas y el cumplimiento de los requisitos relacionados con la seguridad, la salubridad y el desarrollo de la actividad hostelera.
Peralta sostiene que la protección patrimonial debe ser compatible con la actividad económica, siempre que las actuaciones se ejecuten con pleno respeto a la normativa.
Defensa del Campo San Francisco
VOX reclama que el Ayuntamiento responda con claridad y aporte los expedientes, informes y autorizaciones vinculados a la instalación.
«Nuestro objetivo es comprobar que cualquier intervención en un espacio tan emblemático como el Campo San Francisco se realiza con pleno respeto a la legalidad y a la protección que merece este Jardín Histórico», ha concluido Sonsoles Peralta.
Centeno rechaza la expropiación de los talleres de Barros.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, ha rechazado la proposición de ley presentada por Izquierda Unida para declarar de utilidad pública los talleres de Barros y proceder a su expropiación con el objetivo de facilitar la implantación de Indra en Langreo.
Centeno considera que esta iniciativa representa un ataque a la propiedad privada y un nuevo ejemplo del intervencionismo económico promovido por la izquierda.
«¿Pero esto va en serio? ¿Quieren que participemos o les demos el visto bueno para intervenir en la actividad económica de las empresas mediante la expropiación de sus activos?», ha cuestionado el parlamentario.
El diputado de VOX ha acusado a IU de intentar dirigir por la fuerza las decisiones empresariales y ha definido su propuesta como «puro soviet».
VOX rechaza que la Administración dirija la actividad empresarial
Centeno ha defendido que las administraciones públicas deben garantizar las condiciones adecuadas para atraer inversión y generar empleo, pero no intervenir directamente en las decisiones de las empresas ni expropiar sus activos.
«El Estado tiene que promover las condiciones para que el entorno económico, fiscal y laboral sea favorable a la creación de riqueza y a la implantación de empresas, no dirigir su actividad ni expropiar sus activos», ha afirmado.
Para el representante de VOX, la propuesta de Izquierda Unida se aproxima a un modelo de colectivización que ya ha demostrado, según sostiene, sus efectos negativos en distintos sistemas económicos.
«Eso es la colectivización. Eso es el soviet. Y todos conocemos ya los resultados de este tipo de políticas», ha subrayado.
Centeno responsabiliza al socialismo del declive industrial
El parlamentario también ha rechazado que la pérdida de actividad industrial en las Cuencas pueda atribuirse a la iniciativa privada.
Centeno ha señalado que la cuenca del Nalón ha perdido, según los datos expuestos por VOX, alrededor del 80% de su industria y el 40% de su población.
A su juicio, este deterioro es consecuencia de décadas de políticas públicas socialistas que habrían favorecido el desmantelamiento industrial y la pérdida de oportunidades económicas.
«Si la desafortunada cuenca del Nalón ha perdido el 80% de su industria y el 40% de su población no es por la empresa privada», ha indicado.
El diputado ha atribuido esta situación a «cincuenta años de socialismo en Asturias» y a unas políticas económicas que considera equivocadas.
Críticas al respaldo de IU a la industria de defensa
Centeno también ha ironizado sobre el apoyo de Izquierda Unida a un proyecto relacionado con la industria de defensa.
«Resulta que ahora los señores de IU y de las siglas parecidas se han hecho belicistas. Asombroso», ha afirmado.
VOX considera contradictorio que una formación tradicionalmente crítica con la industria militar defienda ahora una iniciativa destinada a facilitar la implantación de una empresa vinculada al sector de la defensa.
VOX reclama menos expropiaciones y una fiscalidad competitiva
Frente a la iniciativa de IU, VOX propone reforzar la libertad económica, la seguridad jurídica y la competitividad fiscal de Asturias.
La formación sostiene que la región necesita menos intervencionismo y un marco estable que permita atraer empresas, recuperar la actividad industrial y crear empleo de calidad.
Centeno también ha criticado las ayudas públicas concedidas a determinadas compañías y ha reclamado una política industrial basada en condiciones fiscales favorables para todas las empresas, en lugar de subvenciones o decisiones discrecionales.
«Asturias necesita expropiar menos, regalar menos millones a elegidas de la SEPI como Duro Felguera, y más política fiscal beneficiosa y competitiva para que nuestra tierra vuelva a atraer empresas y crear empleo de calidad», ha concluido.
Álvaro Queipo exige al Gobierno de Asturias que deje de aplazar decisiones sobre residuos.
El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado al Gobierno del Principado que deje de “aplazar decisiones” y estudie con rigor la viabilidad de construir una Planta de Valorización Energética que permita dar una solución estable al combustible sólido recuperado, conocido como CSR.
Durante su intervención en el Pleno de la Junta General, Queipo defendió una Proposición No de Ley para que el Ejecutivo autonómico impulse un diagnóstico actualizado del sistema asturiano de gestión de residuos y analice la viabilidad técnica, ambiental, económica y jurídica de esta infraestructura.
El líder del PP asturiano lamentó que el Gobierno autonómico continúe sin planificación en una materia estratégica y criticó que el presidente del Principado haya vuelto a ausentarse del Parlamento para responder sobre este asunto.
“Es la quinta ocasión en la que es llamado a comparecer y no lo hace. Gobernar de espaldas al Parlamento nunca es una buena práctica y resulta profundamente preocupante que también se esté instalando en Asturias”, señaló Queipo.
El presidente del PP recordó que Asturias mantiene una elevada dependencia del vertedero y continúa sin una alternativa clara para gestionar el CSR generado en la planta de tratamiento de COGERSA.
“No podemos seguir convirtiendo un problema estructural en una sucesión de parches. Ha llegado el momento de tomar decisiones con rigor y responsabilidad”, afirmó.
Queipo subrayó que la valorización energética no pretende sustituir al reciclaje, sino complementarlo. “La prioridad siempre debe ser prevenir, reutilizar y reciclar. Pero cuando un residuo ya no tiene una salida material viable, enterrarlo en un vertedero no puede ser la única respuesta”, explicó.
En este sentido, defendió que las plantas de valorización energética de última generación “nada tienen que ver con las antiguas incineradoras”, al estar sometidas a las mejores técnicas disponibles, estrictos controles ambientales y la normativa europea más exigente.
La iniciativa presentada por el Partido Popular y Foro Asturias propone elaborar un estudio sobre el volumen de CSR generado en Asturias, la capacidad necesaria para su tratamiento, las alternativas existentes, los costes económicos, el impacto sobre el vertedero de Serín, la ubicación más adecuada y las mejores tecnologías disponibles.
Si el estudio concluye que la planta es viable desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y jurídico, el PP plantea incorporarla a la planificación autonómica de residuos e iniciar su tramitación.
Queipo defendió también que una solución estable para el CSR contribuiría a contener los costes del sistema de gestión de residuos y evitar futuras subidas de la tasa de basuras.
“Mantener la situación actual también tiene un coste. Si el sistema se encarece, esa presión termina repercutiendo sobre los ayuntamientos y sobre los vecinos. Una gestión más eficiente debe traducirse también en un menor esfuerzo económico para los asturianos”, indicó.
Finalmente, el presidente del PP de Asturias reclamó una planificación a largo plazo y una política de residuos “seria, adulta y orientada al futuro”.
“Esta propuesta no pretende imponer una solución, sino estudiar con rigor cuál es la mejor para las próximas décadas. Lo que no podemos hacer es seguir mirando hacia otro lado mientras el problema continúa creciendo”, concluyó.
Sonsoles Peralta: «Alguien tendrá que asumir responsabilidades por el caos en Licencias»
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una moción de urgencia para que los servicios jurídicos municipales emitan un informe motivado sobre la licencia concedida para la construcción de un supermercado y aparcamiento en Cerdeño y, en caso de que proceda, se reconduzca el expediente hacia la revisión de oficio.
La portavoz de VOX Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido de que la situación generada en torno a este expediente puede tener consecuencias graves para el Ayuntamiento y, por tanto, para todos los ovetenses.
“Cuando el Ayuntamiento concede una licencia, los vecinos y las empresas tienen derecho a confiar en que se ha hecho correctamente. Si meses después, esa licencia queda cuestionada y sometida a revisión, alguien tendrá que asumir responsabilidades”, ha afirmado Peralta.
El expediente se refiere a la licencia de obras concedida el 22 de agosto de 2025 para la construcción de un supermercado y aparcamiento en Cerdeño, sin el permiso de inicio, que fue otorgado posteriormente por resolución el 26 de diciembre de 2025.
Desde VOX señalan que la parcela está clasificada en el Plan General de Ordenación de Oviedo como suelo urbano bajo la Ordenanza Residencial Unifamiliar de grado 6, edificación aislada. Según la formación, dicha ordenanza establece como uso característico el residencial y contempla determinados usos compatibles en condiciones concretas, pero no ampararía la implantación de un uso comercial en edificio exclusivo.
“La parcela está sujeta a una ordenanza residencial unifamiliar que no ampara la implantación del uso comercial en edificio exclusivo”, ha sostenido Peralta.
La portavoz ha subrayado además que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias ya habría fijado una interpretación distinta a la mantenida por el Ayuntamiento de Oviedo.
VOX recuerda que desde abril de 2025 el Consistorio recibió numerosas comunicaciones, solicitudes de acceso a expedientes y denuncias de particulares alertando de posibles irregularidades urbanísticas y de una posible contradicción con las normas del Plan General de Oviedo. Como consecuencia del procedimiento de inspección, el Ayuntamiento procedió a incoar un procedimiento de declaración de lesividad sobre la licencia otorgada.
Peralta ha señalado que la Administración autonómica pidió revisar la licencia por posible nulidad o anulabilidad, sin cerrar ninguna de las dos vías. En este sentido, VOX reprocha al Ayuntamiento que haya optado por iniciar un procedimiento de lesividad sin justificar previamente por qué descarta la nulidad de pleno derecho.
“Optar por la lesividad sin haber justificado previamente por qué se descarta la nulidad radical constituye una falta de motivación relevante”, ha advertido la portavoz, reclamando que se analicen expresamente el artículo 47 de la Ley 39/2015 y el artículo 229.8 del TROTU.
La moción de urgencia registrada por VOX también solicita que se estudien medidas cautelares inmediatas, incluida la suspensión de los efectos de la licencia y la paralización de las obras, con el objetivo de evitar una situación “de difícil o imposible reversión”.
Asimismo, la formación pide un informe pericial sobre el ajuste real de las obras al planeamiento urbanístico y plantea valorar el eventual riesgo de responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento.
VOX Oviedo insiste en que la seguridad jurídica debe ser una prioridad para vecinos, empresas y administración, y exige al Gobierno municipal transparencia, rigor técnico y responsabilidades ante un expediente que, según la formación, refleja el caos existente en el área de Licencias.
Beatriz Polledo exige a Barbón pagar en plazo a las entidades sociales de Asturias.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Beatriz Polledo ha anunciado que el Partido Popular registrará una Proposición No de Ley para exigir al Consejo de Gobierno que pague en plazo las cantidades que adeuda a las entidades del Tercer Sector social asturiano y que establezca mecanismos de planificación y control para impedir que los retrasos vuelvan a repetirse.
La iniciativa surge tras la denuncia pública realizada por CERMI Asturias sobre el retraso continuado en los pagos correspondientes a la acción concertada y a los anticipos de las subvenciones nominativas, una situación que ha llevado al sector a anunciar movilizaciones.
Polledo ha advertido de que, aunque exista una promesa de pago para este jueves, “el problema no se resuelve con un ingreso puntual, sino poniendo fin a una forma de gestionar que lleva años castigando a las entidades sociales”.
“El Gobierno de Barbón les exige a las entidades que sostengan servicios que le corresponde garantizar a la propia Administración y, encima, no les paga lo que les debe. Es una gestión irresponsable que pone en riesgo la atención a las personas más vulnerables de Asturias”, ha denunciado la diputada popular.
Según ha recordado Polledo, la deuda de la Administración asciende a varios millones de euros. Solo con el sector de la discapacidad, CERMI Asturias cifró públicamente el importe pendiente en un millón y medio de euros, mientras que algunas entidades acumulan deudas superiores a los 400.000 euros.
La parlamentaria popular ha subrayado que estas cantidades resultan inasumibles para asociaciones que trabajan con recursos muy ajustados y que necesitan esos fondos para afrontar nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social y pagos como la extra de junio.
“Les deben las nóminas y la Seguridad Social, y cuentan con que las entidades jamás dejarán tirados a sus usuarios. Eso no es gestionar: es abusar de quienes cuidan”, ha afirmado.
Polledo ha acusado a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de convertir a las entidades sociales en “su financiador forzoso”.
“Saben que una asociación nunca va a cerrar la puerta de una residencia ni va a dejar sin apoyos a una persona con discapacidad. Y juegan con eso”, ha señalado.
La diputada ha criticado que las entidades tengan que abrir líneas de crédito para adelantar lo que el Gobierno no abona, pagar intereses por una deuda que no es suya y asumir costes financieros que ni siquiera pueden justificar como subvencionables.
“El Principado se financia gratis a costa de quienes cuidan y, además, les traslada el coste bancario de su morosidad”, ha denunciado.
Polledo ha recordado que no se trata de un episodio aislado, sino de un problema estructural que se repite desde hace años. En este sentido, ha señalado que en 2020 el Tercer Sector asturiano ya tuvo que manifestarse para reclamar pagos pendientes; que en 2022 CERMI Asturias cifró en más de dos millones de euros la deuda del Principado con los centros concertados de discapacidad; y que ese mismo año el sector trasladó personalmente al presidente Adrián Barbón la necesidad de que el Gobierno cumpliera sus obligaciones económicas.
“El sector lleva años repitiendo la misma palabra: asfixia. Y el Gobierno lleva años prometiendo que es la última vez. Pero los retrasos son ya su forma de gobernar”, ha afirmado.
Asimismo, Polledo ha lamentado la contradicción entre el discurso del Ejecutivo y su gestión real.
“Mientras el presidente Barbón presume de escudo social en cada discurso, su Consejería deja sin pagar a quienes sostienen ese escudo. No hay política social posible cuando la Administración es la primera morosa del sistema”, ha señalado.
La Proposición No de Ley del Grupo Popular insta al Consejo de Gobierno a garantizar el pago puntual de todas las obligaciones económicas con las entidades del Tercer Sector social, establecer calendarios de pago con mecanismos de seguimiento y control, evitar nuevos retrasos en subvenciones, conciertos y anticipos, y actualizar las cuantías conforme al coste real de los servicios que prestan.
“El Principado no puede seguir utilizando la buena voluntad del Tercer Sector como colchón de su mala gestión. A las personas vulnerables no se las protege con eslóganes. Se las protege pagando a tiempo a quienes las atienden todos los días”, ha concluido Polledo.
El Partido Popular de Asturias defiende una política social seria, responsable y eficaz, que garantice la atención a las personas más vulnerables y respalde con hechos a las entidades que sostienen servicios esenciales.