Almassora celebra la XIV Ruta de la Tapa en abril.
El Ayuntamiento de Almassora, a través del área de Promoción Económica, ha presentado la XIV edición de la Ruta de la Tapa, que se celebrará del 2 al 19 de abril bajo el lema “En abril, tapas mil”, con el objetivo de dinamizar la hostelería local y poner en valor la calidad gastronómica del municipio.
La iniciativa contará con la participación de siete establecimientos de la localidad: La Tasqueta del Mercat, Duo Gastro Bar, Casa María, Casa Elena, Bar Miami, Kebab Manhatan y Bar Restaurante Villahermosa, que ofrecerán propuestas culinarias elaboradas y creativas para vecinos y visitantes.
La concejala de Promoción Económica, Silvana Rovira, ha destacado que esta ruta gastronómica representa “una oportunidad perfecta para disfrutar del talento de los hosteleros locales”, al tiempo que contribuye a generar actividad económica y reforzar el tejido empresarial del municipio.
Como en ediciones anteriores, los participantes podrán votar sus tapas favoritas a través de un sistema de cuños, optando además a distintos premios. Aquellos que completen los cuños establecidos podrán entrar en sorteos de vales por valor de hasta 300 euros y cenas en establecimientos colaboradores.
Asimismo, un jurado profesional será el encargado de elegir la mejor tapa de la ruta y la mejor tapa Tambor, ambas dotadas con premios económicos, lo que refuerza el carácter competitivo y de calidad del certamen.
El Gobierno local reafirma así su compromiso con el impulso del comercio y la hostelería, apostando por iniciativas que fomentan el consumo local, la promoción turística y la dinamización económica de Almassora.
José María Llanos: «VOX lleva el Caso Oltra a Europa mientras otros callan»
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, José María Llanos, ha anunciado que, gracias a la iniciativa de su formación, el Parlamento Europeo celebrará el próximo mes de mayo un debate sobre el denominado ‘Caso Oltra’.
Llanos ha destacado este hecho como un avance en la visibilización de este asunto a nivel europeo, subrayando el papel de VOX en impulsar este debate en las instituciones comunitarias.
Por otro lado, el portavoz ha alertado sobre el impacto económico de la inmigración irregular en el sistema sanitario, señalando que, según los datos manejados por su formación, el gasto asociado asciende a 555 millones de euros en los últimos siete años. Según ha indicado, esta cantidad representaría un porcentaje significativo de los recursos que podrían haberse destinado a mejorar la atención sanitaria y reducir las listas de espera.
En este sentido, Llanos ha advertido de un escenario de presión sobre la sanidad pública, vinculado, a su juicio, al incremento de la población y a la gestión de los recursos disponibles.
Asimismo, VOX ha anunciado que llevará al Parlamento iniciativas orientadas a la protección de la dignidad de la mujer y la seguridad en los espacios públicos. En este ámbito, la formación ha manifestado su rechazo a prácticas que, según ha señalado, suponen un trato denigrante hacia las mujeres, defendiendo la necesidad de garantizar la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales.
Desde VOX se insiste en la necesidad de abordar estos asuntos tanto a nivel nacional como europeo, con el objetivo de reforzar los servicios públicos y garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
Antonio Ortolá plantea ampliar la prohibición del burka a autobuses.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que su grupo municipal propondrá ampliar la prohibición del uso de prendas que oculten completamente el rostro, como el burka, el niqab o cualquier vestimenta de efecto equivalente, al transporte público de la ciudad, tras el éxito de su reciente aprobación en edificios municipales. Una medida que, según ha señalado, “ha supuesto un avance claro en la defensa de principios fundamentales y que ahora debe tener continuidad en otros ámbitos de la vida pública donde también se producen interacciones constantes entre ciudadanos”.
Ortolá ha valorado positivamente la decisión adoptada en el pleno ordinario de febrero de prohibir el burka en edificios municipales, subrayando que “Castellón ha dado un paso firme en la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, en la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos, con una medida valiente, coherente y necesaria que sitúa a nuestras instituciones del lado de la igualdad real”. En este sentido, ha insistido en que “la actuación del Ayuntamiento no puede quedarse en un ámbito limitado, sino que debe proyectarse hacia otros espacios públicos donde la presencia de estas prendas genera las mismas problemáticas”.
En esta línea, el portavoz ha explicado que “el siguiente paso es lógico y responde a una cuestión de coherencia institucional: extender esta regulación al transporte público, un entorno de uso intensivo en el que miles de ciudadanos conviven diariamente y donde deben garantizarse plenamente tanto la seguridad como la correcta identificación de las personas”. “No tiene sentido exigir el rostro visible en edificios municipales y, sin embargo, no hacerlo en autobuses u otros servicios públicos, donde las necesidades de identificación y control son igualmente evidentes”, ha añadido.
Ortolá ha reiterado que “el burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir, sino que en muchos contextos constituyen la expresión de una imposición que invisibiliza a la mujer, la aparta del espacio público y diluye su identidad. No podemos aceptar como normal ni integrar en nuestra convivencia símbolos que representan desigualdad, subordinación y negación de la identidad personal, especialmente cuando afectan directamente a la dignidad de la mujer”.
El portavoz también ha destacado que la propuesta responde a criterios objetivos de seguridad y correcto funcionamiento de los servicios públicos, señalando que “en el transporte público resulta fundamental que los usuarios puedan ser identificados con normalidad, tanto para prevenir posibles situaciones de riesgo como para facilitar la labor de los profesionales y garantizar el buen funcionamiento del servicio”.
Finalmente, VOX instará al Gobierno de España a adoptar una regulación a nivel nacional que prohíba el uso de este tipo de prendas en todos los medios de transporte, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y garantizar un marco común en todo el país. “No puede haber diferencias en una cuestión tan relevante. La igualdad, la seguridad y la dignidad deben protegerse con las mismas garantías en toda España, sin excepciones ni ambigüedades”, ha concluido Ortolá.
Pastor carga contra Luna por usar Les Corts para sus propias quejas.
El portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha criticado la actuación del Síndic de Greuges, Ángel Luna, al considerar que ha utilizado su comparecencia en la Cámara autonómica para exponer cuestiones propias en lugar de centrarse en las demandas de los ciudadanos.
Pastor ha recordado que la función del Síndic es atender las quejas de la ciudadanía y ha instado a la institución a “centrarse en su labor” y no en cuestiones que, según ha señalado, ya están resueltas desde el punto de vista jurídico.
En este sentido, ha defendido que la comparecencia del Síndic se ajusta al Reglamento de Les Corts y a los informes técnicos, por lo que ha pedido “no generar debates innecesarios”.
El dirigente popular ha abierto además la puerta a una posible reforma de la ley de la Sindicatura, con el objetivo de reforzar la autonomía institucional y mejorar la gestión de los recursos públicos.
Entre las propuestas, ha planteado que los remanentes de fondos no utilizados por órganos estatutarios, como la Sindicatura de Greuges, sean devueltos a la hacienda autonómica para su uso en políticas prioritarias.
Pastor ha señalado que actualmente la institución dispone de un remanente cercano a 1,5 millones de euros, una cantidad que, a su juicio, podría destinarse a necesidades sociales o servicios públicos.
Asimismo, ha criticado la existencia de infraestructuras sin uso vinculadas a la institución, cuyo mantenimiento sigue generando costes para las arcas públicas.
El portavoz popular ha defendido la necesidad de alcanzar acuerdos para mejorar el funcionamiento de las instituciones, aunque ha lamentado las dificultades existentes para avanzar en la renovación de órganos estatutarios.
El Partido Popular defiende una gestión eficiente de los recursos públicos, el fortalecimiento institucional y la atención prioritaria a las necesidades de los ciudadanos.
Carlos Gil exige frenar los recortes al trasvase Tajo-Segura en Alicante.
El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha instado al nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante a “pasar de las palabras a los hechos” en la defensa del trasvase Tajo-Segura, reclamando una posición firme ante el Ejecutivo central.
Gil ha señalado que, si el trasvase es realmente “irrenunciable”, el representante del Gobierno debe trasladarlo “alto y claro” al presidente del Gobierno y trabajar para frenar los recortes aplicados en los últimos años.
El dirigente popular ha denunciado que, desde 2018, se han producido 32 recortes al trasvase, lo que supone, a su juicio, un impacto directo en la agricultura, el empleo y la economía de la provincia de Alicante.
Asimismo, ha advertido de que estas reducciones, junto a las previsiones de nuevos recortes, están encareciendo el agua y poniendo en riesgo el futuro de más de 100.000 familias que dependen del sector agrícola.
Gil ha criticado que mientras se limita el agua en España, el Gobierno esté impulsando infraestructuras hídricas en otros países, lo que considera un agravio para los agricultores valencianos.
En este sentido, ha defendido una política hídrica basada en la equidad, la planificación y el rigor técnico, que combine trasvases, reutilización y desalación.
El secretario general del PPCV ha puesto en valor las inversiones realizadas por el Consell en materia hídrica, que superarán los 140 millones de euros para garantizar el abastecimiento y modernizar regadíos.
Por último, ha reclamado una política hídrica solidaria y la ejecución de infraestructuras pendientes que aseguren el futuro de la Comunitat Valenciana.
El Partido Popular defiende una gestión del agua basada en la solidaridad entre territorios, el rigor técnico y la protección del sector agrícola .
Beatriz Gascó defiende los avances educativos frente a las críticas del PSPV.
La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha acusado al PSPV de “falsear la realidad educativa” y de construir “un relato interesado” frente a los avances impulsados en la Comunitat Valenciana en materia de profesorado, infraestructuras y calidad educativa.
Gascó ha subrayado que “los datos son muy claros”, destacando que en los últimos años se ha producido un incremento de más de 10.000 docentes, lo que supone un aumento del 16%, frente a la falta de planificación en etapas anteriores.
En materia retributiva, ha recordado que las últimas mejoras salariales fueron impulsadas por gobiernos del PP y ha señalado que actualmente se ha abierto un calendario de negociación con los sindicatos para seguir mejorando las condiciones del profesorado.
Asimismo, ha destacado la mejora en la cobertura de sustituciones docentes, que ahora se realizan en un plazo de entre cuatro y siete días, agilizando el funcionamiento de los centros educativos.
En cuanto a infraestructuras, ha criticado la gestión del anterior Consell, señalando que “se presupuestaban 300 millones de euros y apenas se ejecutaban 120”, mientras que en la actualidad se trabaja con planificación y ejecución real.
La portavoz popular también ha puesto en valor el refuerzo de la educación inclusiva, con 82 nuevas unidades específicas, 600 nuevos puestos de personal especializado y aumentos significativos en recursos como fisioterapia, intérpretes de lengua de signos y educadores sociales.
Gascó ha denunciado que “mientras algunos utilizan la educación para hacer política, hay quienes trabajan para mejorarla con hechos”, defendiendo una gestión basada en resultados, planificación y mejora continua del sistema educativo.
El Partido Popular reafirma su compromiso con una educación de calidad, inclusiva y con más recursos, centrada en mejorar las condiciones del profesorado y el aprendizaje del alumnado.
Luis Martínez critica la política hídrica del Gobierno y reclama más inversiones.
El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha reclamado al Gobierno de España un cambio de rumbo en su política hídrica, exigiendo “más ayudas y menos recortes al trasvase Tajo-Segura” para garantizar el futuro del campo valenciano.
Martínez ha valorado las medidas anunciadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra de Irán, a las que ha dado la bienvenida, aunque ha advertido de que “llegan tarde” y no responden a todas las necesidades del sector.
El dirigente popular ha señalado que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana esperan del Gobierno no solo ayudas puntuales, sino una política hídrica justa que no discrimine al territorio. En este sentido, ha denunciado que ya se han producido 32 recortes al trasvase Tajo-Segura, lo que pone en riesgo el futuro agrícola de amplias zonas del sur de la Comunitat.
“Existe un riesgo real de que los campos de Alicante pasen de ser tierras de cultivo a convertirse en desierto si no se garantiza el agua necesaria”, ha advertido.
Asimismo, Martínez ha criticado que mientras se limita el acceso al agua en la Comunitat Valenciana, el Gobierno destine recursos a infraestructuras hídricas en otros países, lo que considera una muestra de falta de prioridad hacia el campo español.
El portavoz ha defendido una política hídrica basada en criterios técnicos, que garantice el suministro de agua para el desarrollo económico y agrícola, y proteja a las más de 100.000 familias que dependen directa o indirectamente del sector.
En este sentido, ha exigido la ejecución de infraestructuras pendientes como el proyecto Vertido 0 de reutilización de agua depurada, así como una mayor inversión en recursos hídricos.
El Partido Popular reafirma su compromiso con el campo valenciano, apostando por una gestión del agua eficaz, solidaria y orientada a garantizar el futuro del sector agrario.
José Muñoz alerta de una crisis en el campo valenciano por el recorte del 22% de la PAC.
El portavoz de Agricultura de VOX en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha exigido a la Conselleria de Agricultura la adopción de medidas urgentes para contrarrestar las consecuencias del recorte del 22 % en la Política Agraria Comunitaria (PAC), advirtiendo de que, de no actuar, el sector primario valenciano podría entrar en una grave crisis económica.
Durante su intervención, Muñoz ha señalado que estas políticas “impuestas desde Bruselas” están poniendo en riesgo la viabilidad de agricultores y ganaderos, y ha criticado especialmente el papel de las denominadas salvaguardas en los tratados de libre comercio, que, según ha indicado, no ofrecen una protección efectiva.
En este sentido, ha afirmado que estas medidas llegan tarde y no evitan el impacto negativo de la competencia exterior, lo que agrava la situación del campo valenciano. Además, ha cuestionado la eficacia de los mecanismos actuales frente a la entrada de productos extracomunitarios que no cumplen los mismos estándares sanitarios y de calidad.
El diputado también ha planteado la necesidad de revisar determinadas restricciones derivadas de las políticas medioambientales europeas, especialmente en relación con el uso de fitosanitarios, al considerar que son herramientas fundamentales para hacer frente a plagas que afectan a la producción agrícola.
Asimismo, Muñoz ha preguntado al conseller sobre la posibilidad de establecer líneas de ayudas para sectores especialmente afectados, como el de la uva de mesa y los cítricos, en un contexto que ha calificado de especialmente delicado para el campo.
VOX ha advertido además del impacto de esta situación en el relevo generacional, señalando el aumento de tierras abandonadas en la Comunidad Valenciana, que alcanzaron las 179.000 hectáreas en 2025, como un indicador de la pérdida de rentabilidad y atractivo del sector.
Desde la formación se insiste en la necesidad de proteger el sector primario mediante políticas que garanticen su viabilidad económica, frente a lo que consideran un exceso de regulación y una falta de apoyo efectivo a agricultores y ganaderos.