Laura Chulià: «Se está afrontando desde todos los ámbitos, para dar una solución completa a la problemática de la vivienda».
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha puesto en valor el trabajo del gobierno del cambio de Carlos Mazón en materia de vivienda y ha defendido que «desde el primer momento el Consell se ha puesto a trabajar, a gestionar y dar de verdad una respuesta y una solución lo más amplia posible ante este problema».
Chulià ha recordado que «el Botànic es el menos indicado para hablar de la situación del suelo porque en ocho años no dispusieron de nada de suelo para la construcción de viviendas públicas».
La diputada popular ha destacado el Plan Vive puesto en marcha por la Conselleria de Vivienda «al que ya se han adherido más de 260 ayuntamientos en toda la Comunitat Valenciana», con el objetivo de «alcanzar la construcción de 10.000 viviendas durante la legislatura». En ese sentido ha avanzado que «en noviembre se van a licitar los suelos para la construcción de 1.000 viviendas y en enero se van a empezar a edificar otras 1.200 específicas para alquiler».
Para Laura Chulià, la apuesta del Consell «es fiable, segura y rigurosa» y entiende «el problema que tiene la gente joven de la Comunitat Valenciana para acceder a la vivienda». Ante esto, ha remarcado «la rebaja al 6% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales», una de las primeras medidas fiscales aprobadas por el gobierno de Mazón.
Chulià ha subrayado que el asunto de la vivienda «se está afrontando desde todos los ámbitos, no solo a nivel fiscal o de disposición de suelo» sino que se trata de «dar una solución completa a esta problemática».
Fernando Pastor: «Todos sabemos a qué se dedicaba el ministro Ábalos en lugar de construir viviendas sociales».
El portavoz de vivienda del GPP en Les Corts, Fernando Pastor, ha señalado que “el PSOE es el responsable de la actual situación de la vivienda”.
“Quienes tuvieron el dudoso honor de ser líderes en desahucios y prometieron con Ábalos de ministro 15.000 viviendas en régimen de alquiler para la Comunitat e hicieron cero hoy se suman a las manifestaciones intentando desviar sus responsabilidades. Lo del PSPV con la vivienda es un tremendo acto de cinismo e hipocresía. Todos sabemos ahora a qué se dedicaba Ábalos, ilustre socialista valenciano, en lugar de construir viviendas sociales”, ha añadido.
“Más les valdría a los socialistas valencianos convencer a la ministra Rodríguez de que colaborara con la Comunitat Valenciana en lugar de escabullirse y señalar a otros”.
Nando Pastor ha señalado que “el PSOE es el responsable de la situación en vivienda en la que nos encontramos, después de ocho años de desgobierno en los que hicieron cero viviendas sociales y aprobaron un decreto de espaldas a los promotores que implicó la paralización de la construcción. Los valencianos todavía nos preguntamos qué pasó con las miles de viviendas de la Sareb que Puig prometió”.
Para Pastor, “esta pasividad contrasta con las políticas del Consell de Carlos Mazón con la puesta en marcha de medidas como el Plan Vive con la construcción de 10.000 viviendas esta legislatura, 1.500 este año; 516 viviendas entregadas en un año a colectivos vulnerables; más aportaciones de fondos propios al Bono Joven, con 9,1 millones de euros para 5.640 beneficiarios; 256 operaciones avaladas por el IVF por valor de 2 millones para la adquisición de primera vivienda para jóvenes; la reducción del ITP al 6%… la realidad es que el Consell de Mazón ha hecho más en un año por la vivienda pública en la Comunitat que Puig en ocho años”.
Por último, el diputado popular ha indicado que “la ministra Rodríguez debería tomar nota y atender las reivindicaciones de los manifestantes porque la vivienda debe ser política de Estado. En la última Conferencia Sectorial, desde la Comunitat Valenciana se le propuso recuperar las ayudas a la compra y alquiler, aumentar los fondos, atajar el problema de la ocupación y trabajar de la mano para solucionar el problema de vivienda y ha hecho caso omiso. Siguen empeñados en el enfrentamiento con las autonomías y en continuar con una política que se ha demostrado fracasada”.
González de Zárate: «Puente pone en peligro la ayuda al transporte gratuito de medio millón de jóvenes valencianos».
El portavoz de Infraestructuras del GPP, Joserra González de Zárate, ha denunciado que “medio millón de jóvenes de la Comunitat Valenciana se verán perjudicados por el fin de las ayudas al transporte público por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”.
El diputado popular ha lamentado que “el ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa desmantelando el transporte público” y a su vez “impide el desarrollo de la movilidad en España y en la Comunitat Valenciana”. “Después de una nefasta gestión en el sistema de cercanías y provocar el caos en la Alta Velocidad, ahora pone el broche de oro con el fin de las ayudas al transporte público que no se renovarán el próximo año”.
González de Zárate ha señalado que “desde el Consell de Carlos Mazón se va a continuar apostando por promover este tipo de movilidad” y ha añadido que “la Comunitat Valenciana está soportando el 70% de la inversión destinada a cubrir el Bono Joven Gratuito, cuando el Gobierno ya quiere dejar de asumir el 30%”.
En ese sentido ha recordado que “desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se ha solicitado al Ministerio mediante una carta su posición sobre el fin de estas ayudas y no se ha obtenido respuesta”.
El portavoz popular ha tildado de “vergonzosa” la actitud del ministro en este asunto, puesto que “en vez de apoyar y poner en marcha iniciativas que incrementen el uso del metro, autobús o tren, como medios de transporte sostenibles, está dando pasos atrás en una medida que ha contado con una gran acogida entre nuestros más jóvenes”.
Almassora bajará el IBI en 2025 para aliviar a los almassorins la presión fiscal por la tasa de basura impuesta por el Gobierno.
El Ayuntamiento de Almassora ha decidido rebajar el impuesto sobre bienes e inmuebles (IBI) a los vecinos el próximo año para mitigar el impacto que tendrá la nueva tasa única de basura impuesta por el Gobierno central. Por tanto, desde el equipo de gobierno, tras un amplio análisis de la coyuntura impositiva, se ha optado por aplicar una reducción del IBI del 2% en el recibo de 2025, apostando por reducir la presión fiscal que viene marcada por el Ayuntamiento.
Esta rebaja se produce a pesar de que Almassora sigue siendo el municipio de la provincia con el IBI más bajo en relación al número de habitantes, es decir, es el municipio más poblado con este tributo más reducido. En concreto, de las 135 localidades de Castellón, solo 39 de ellas, poblaciones pequeñas, cuentan con un coeficiente menor al de Almassora.
Así se lo ha comunicado la alcaldesa, María Tormo, al resto de portavoces de los grupos municipales, a los que se les ha informado de las acciones que se van a llevar a cabo para amortiguar esta nueva fiscalidad obligada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Tenemos la obligación, como institución pública, de cumplir la ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Gobierno central, pero no estamos de acuerdo en su planteamiento, porque nos obliga a repercutir el mayor coste del servicio de basuras en el bolsillo del contribuyente”, ha lamentado la alcaldesa. En este sentido, Tormo ha recriminado al Ejecutivo central que haya optado por esta vía para desarrollar una directiva de la Unión Europea (UE) que exige que el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos apunte al déficit cero.
“El Gobierno debería haber sido más flexible en esta transición y debería habernos prestado ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, logrando así que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa”, ha insistido la primera edila, quien ha agradecido al concejal de Hacienda, José Claramonte, el trabajo realizado en las últimas semanas para intentar ajustar los números cara al presupuesto de 2025, aplicando esta rebaja del IBI.
Declaración responsable
Para intentar ayudar a las familias almassorinas también se ofrecerá a los vecinos la posibilidad de rubricar una declaración responsable sobre el cumplimiento de la nueva normativa que entrará en vigor el próximo mes de abril. Aquellas personas que se comprometan a reciclar, bajo la posible supervisión de un educador ambiental, podrán beneficiarse de hasta un 15% de rebaja en el recibo de la basura.
Próximamente desde el Ayuntamiento se informará del mecanismo que se deberá seguir para beneficiarse de esta medida que persigue que quien más recicle menos pague, impulsando la separación en origen en los hogares y los comercios.
“Confíamos enormemente en la concienciación de los almassorins, sabemos que debemos reciclar, contribuyendo cada uno de nosotros al respeto del medio ambiente y a construir un entorno sostenible, dejando a las generaciones venideras un mundo mejor”, ha señalado la alcaldesa.
Actualmente, el Ayuntamiento de Almassora está trabajando en un nuevo contrato de recogida de basura para adecuarse a las normativas medioambientales, que prevé la colocación de islas de reciclaje en todo el término municipal.
Bonificaciones establecidas en ordenanzas fiscales
En cuanto a la situación impositiva municipal, en estos momentos, hay establecidas, en las ordenanzas fiscales, diversas bonificaciones en el impuesto de construcciones (ICIO) para obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, así como por adaptar el acceso a viviendas y habitabilidad de discapacitados o por instalar sistemas de aprovechamiento de energía solar.
En cuanto a las bonificaciones del IBI, estas se recogen para viviendas de protección oficial, familias numerosas, por domiciliación bancaria en el caso del urbano, por inmueble destinados a alquiler de vivienda social titularidad de la administración pública o viviendas en los que se instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, entre otros supuestos.
En relación al impuesto de actividades económicas, se bonifica hasta un máximo del 50% de la cuota tributaria por creación de empleo y un 30% por instalación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración para el autoconsumo.
En el caso del impuesto de vehículos, hay una exención del 100% por minusvalía en grado superior al 33%, una bonificación para vehículos históricos, eléctricos e híbridos.
En el apartado de la tasa de deportes, existen tarifas diferenciadas por edades, con importes más reducidos para mayores, personas con discapacidad, personas en situación de paro, menores en situación de acogida.
En las tasas de escuelas populares y cultura hay tarifas diferenciadas para personas que sean miembros de familia numerosa, familia monoparental, y menores que se encuentren en familias de acogida o familias educadoras y para titulares del carnet joven.
También hay tarifas diferenciadas en las pruebas selectivas, espectáculos, actividades de juventud y escoletes.
Laura Chulià: «La energía nuclear es una fuente fiable, eficiente y ya amortizada. No podemos permitirnos el lujo de malgastar recursos que ya tenemos a nuestra disposición».
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha señalado el “cinismo” y la “hipocresía” de los socialistas respecto a la central nuclear de Cofrentes. “Mientras la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, se opone a la energía nuclear, el gobierno del Botànic dejó un atasco de 400 expedientes de renovables por tramitar”, asegura. Un parón que el Consell de Carlos Mazón está tratando de resolver agilizando aquellos proyectos de energías renovables que sean más beneficiosos para la Comunitat Valenciana.
Chulià ha afirmado que las declaraciones de Morant “demuestran una total desconexión con la realidad energética y económica de la Comunitat Valenciana”, y ha instado al PSOE a “dejar de demonizar la energía nuclear” y centrarse en proteger los intereses de los valencianos. En este sentido, ha recordado que la central nuclear de Cofrentes genera el 45% de la energía producida en la Comunitat Valenciana, lo que equivale al consumo de más de dos millones de hogares. Además, más de 2.000 familias dependen de la planta entre empleos directos e indirectos.
“Cerrar esta planta en 2030, como propone el Gobierno, no solo supondrá un golpe devastador para nuestra economía, sino que también pondrá en peligro miles de empleos directos e indirectos en el Valle de Ayora-Cofrentes”, advierte la diputada del GPP. “La energía nuclear es una fuente fiable, eficiente y ya amortizada. No podemos permitirnos el lujo de malgastar recursos que ya tenemos a nuestra disposición”, ha añadido.
Chulià también ha criticado las contradicciones del PSOE en materia energética, ya que, mientras Morant se opone a la energía nuclear, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, la defiende en Bruselas. La parlamentaria popular ha calificado de “irónico” que en Europa la tendencia sea prolongar la vida útil de las centrales nucleares, mientras aquí el PSOE sigue con su campaña para cerrarlas”.
La portavoz popular ha insistido en la “hipocresía” de los socialistas valencianos, ya que la inacción y la mala gestión del Botànic en materia de renovables han provocado que la Comunitat Valenciana apenas cuente con un 8% de la potencia fotovoltaica que necesita. “Es hora de que el PSOE deje de poner trabas y empiece a trabajar de verdad por un modelo energético que combine todas las fuentes de energía disponibles, en beneficio de los ciudadanos y el futuro de la Comunitat Valenciana”, reclama Chulià.
Salvador Aguilella: «La Comunitat Valenciana necesita ser energéticamente independiente».
El PPCV ha presentado una proposición en Les Corts solicitando al Gobierno de España que prolongue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá del cierre previsto para 2030.
El portavoz de Industria del GPP, Salvador Aguilella, ha calificado de “arbitraria” la decisión del cierre por parte del gobierno Sánchez. “No tienen en cuenta las necesidades reales de la Comunitat Valenciana ni del conjunto de España. Cerrar la central supone encarecer considerablemente las facturas energéticas para hogares e industrias, y elevar la emisión anual de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera”.
Para Aguilella, “la energía nuclear está acreditada como una energía limpia, puesto que no produce emisiones de gases de efecto invernadero, generando en cambio altas cantidades de energía. Países como Reino Unido, Suecia, Bélgica, Estados Unidos o Italia ya han anunciado que van a aumentar su capacidad nuclear. Hasta la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, ya muestra su apoyo a la energía nuclear”.
“Pedimos en esta proposición no de ley evitar un cierre que nos privaría de nuestra principal fuente de energía, lo que generaría incertidumbre en la planificación industrial y amenazaría la competitividad de nuestras empresas. La central genera 650 empleos directos y miles de forma indirecta en la comarca. No tiene sentido su cierre”, ha añadido.
Por último, Salvador Aguilella ha señalado que “la Comunitat Valenciana necesita ser energéticamente independiente. Si en 2030 se consuma el cierre de la central nuclear de Cofrentes, la Comunitat perderá el 45 % de su energía y no podemos permitírnoslo”.
Elena Bastidas: «Los datos demuestran que el gobierno de Carlos Mazón es el más social de la historia».
La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado la reducción de la lista de espera en dependencia en la Comunitat Valenciana en el último año en un 20%, pasando de 18.029 a 14.407 según las últimas cifras oficiales. “Los datos demuestran que el gobierno de Carlos Mazón es el más social de la historia”.
Elena Bastidas ha señalado que la Comunitat Valenciana cuenta “con una cifra récord de 161.500 personas atendidas en el sistema de dependencia, frente a las 140.000 del año anterior. El gobierno del cambio de Carlos Mazón ha destinado solo este año 680 millones de euros que contrasta con los recortes del 11,4% del anterior Consell del bloque de izquierdas”.
Bastidas ha comparado la actual situación con el fracaso del Plan Convivint de PSPV, Compromís y Podemos, “un plan fantasma sin presupuesto ni gestión. Ahora reprochan recortes en derechos quienes dejaron la dependencia temblando, sin crédito, peor valorada y con una lista de espera desorbitada con 15.000 expedientes de responsabilidad patrimonial sin resolver y más de 18.000 personas en lista de espera sin crédito. La izquierda convirtió a la Comunitat Valenciana en el territorio que más recortó a los dependientes, a las familias vulnerables y a los menores”.
La portavoz popular ha recordado que “el Consell de Puig consiguió reducir las plazas residenciales de financiación pública para los mayores de 70 años en casi un 40%. En ese periodo, el sector privado aumentó el número de plazas un 43%. El Botànic era mucha propaganda, pero cobertura efectiva a los vulnerables cero. Su gestión se resume en la triple erre: recortes, rebajas y retrasos”.
Por último, Elena Bastidas ha señalado que “esta gestión contrasta con la efectividad del Consell actual, a pesar de la deuda pendiente de pago por parte del Gobierno de Sánchez con la atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana que asciende a más de 3.000 millones de euros”.
Andrés Martínez: «La pesca forma parte de nuestro ADN y se trata de defender lo nuestro, promocionar lo que nos une y dar a probar nuestra riqueza».
La Diputación Provincial de Castellón defiende el sector pesquero y fomenta el consumo de pescado de Castellón con una ayuda de 30.000 euros a las cinco cofradías que conforman la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores (Fedcopesca).
«Desde la institución provincial mostramos nuestro total respaldo a un sector tan tradicional, singular y estratégico en la provincia como es la pesca». Con estas palabras, el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Pesca, Andrés Martínez, ha mostrado el compromiso de la Diputación en su defensa al sector pesquero y ha destacado la importancia de las cinco cofradías castellonenses «a la hora de hablar, dar a conocer y promocionar» los productos de Castellón y nuestro sector primario.
«La pesca forma parte de nuestro ADN y se trata de defender lo nuestro, promocionar lo que nos une y dar a probar nuestra riqueza», ha señalado el vicepresidente, quien ha añadido que «para el equipo de gobierno de la Diputación apoyar al sector pesquero de Castellón es una acción prioritaria, en nuestra agenda y en nuestra estrategia política para el desarrollo de la provincia».
Prueba de ello, ha resaltado Andrés Martínez, «son estas ayudas que se destinarán a la realización de programas o actividades de formación, promoción o similares, como es la mejora de la comercialización, con repercusión provincial que fomente el conocimiento y consumo de la pesca de proximidad o Peix de Llotja entre la ciudadanía y la restauración».
«Ayudamos a los profesionales a que sigan ejerciendo su trabajo y también a seguir promocionando la calidad de los productos pesqueros de Castellón como pilar básico de la gastronomía autóctona de nuestra provincia», ha indicado el diputado de Pesca.
En este sentido, el vicepresidente ha explicado que la Diputación de Castellón pretende a través de esta línea de ayudas mejorar la competitividad de las actividades relacionadas con la pesca y dar respuesta a las necesidades de un sector que tanto lo necesita.
«Fruto de la escucha activa del equipo de gobierno con las cofradías de la provincia nace esta línea de ayudas para dar respuesta a una de las necesidades como es fomentar e incrementar el consumo de pescado de proximidad», ha expresado Andrés Martínez.
Así pues, tal y como se establece en las bases de la convocatoria ya aprobadas por parte de la institución provincial, se subvencionarán aquellas actividades cuyo objetivo sea dar a conocer el pescado de proximidad o de Llotja o incrementar su venta. Además, se destinarán ayudas a la realización de jornadas técnicas o de difusión sobre especies, valor nutricional, técnicas de preparación o maridaje o cualquier otra temática que pueda favorecer el incremento del consumo.
En cuanto a la cuantía de la subvención no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 6.000 euros, salvo en aquello casos especiales que, en su caso, sean apreciados por la comisión de valoración, de los que se dejará constancia expresamente en la resolución.
Podrán beneficiarse de estas ayudas las cofradías de pescadores registradas en el Registro de Pescadores de la Comunitat Valenciana de la Provincia de Castellón que, en esta ocasión son cinco: la cofradía de pescadores San Telmo de Benicarló, la cofradía de pescadores de Burriana, la cofradía San Pedro de Castellón, la cofradía San Pedro de Peñíscola y, por último, la cofradía San Pedro de Vinaròs.
Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
«Trabajamos para potenciar el consumo de nuestros productos como motor dinamizador de la economía provincial y mostramos, una vez más, nuestro apoyo a uno de los sectores más importantes de esta tierra. La pesca es sinónimo de identidad, de familia y de nuestras raíces y desde la Diputación de Castellón seguiremos luchando, defendiendo y trabajando de la mano de nuestros pescadores», ha rematado el vicepresidente y diputado de Pesca, Andrés Martínez.