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Día 11 de octubre de 2025

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La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha acusado al PSOE de utilizar el agua como “arma política” para contentar a Castilla-La Mancha mientras castiga a la Comunitat Valenciana. La parlamentaria ha reaccionado así a las declaraciones de la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, que reclamaba acelerar la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Gómez ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez y los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha “vuelven a poner en riesgo el futuro del trasvase Tajo-Segura con decisiones arbitrarias que limitan el acceso al agua a miles de familias que dependen de este recurso para vivir”.

En vísperas de la Semana Mundial del Agua, la parlamentaria ha recordado que el trasvase “no es un capricho, sino una infraestructura esencial que desde hace 46 años garantiza agua de boca a más de 2,5 millones de personas y riego a 140.000 hectáreas en el sureste español”. En este sentido, ha advertido de que los recortes impulsados por el Gobierno central “suponen un golpe letal a nuestra agricultura, a la competitividad de nuestras empresas y a miles de empleos que dependen del agua”.

La portavoz popular ha exigido al Ejecutivo central que “escuche a los regantes, a las organizaciones agrarias y a las instituciones valencianas que llevan meses reclamando soluciones reales y no más castigos”. En este sentido, ha defendido la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que garantice “un reparto solidario y sostenible del agua en España basado en criterios técnicos y no en decisiones políticas”.

“Mientras el Consell de Carlos Mazón trabaja para asegurar el relevo generacional en el campo, el Gobierno de Pedro Sánchez pone trabas al desarrollo de nuestras tierras. No vamos a permitir que se condene a la Comunitat Valenciana a perder empleo, agricultura y futuro por motivos ideológicas”, ha concluido Gómez.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha señalado que “la verdadera anomalía democrática es tener un presidente del Gobierno que no puede pisar la calle, que viaja blindado en helicóptero para evitar el contacto con los ciudadanos y que pasa sus vacaciones encerrado en un palacete en Lanzarote rodeado de escoltas y amigos del poder”. Chulià ha contestado así a las críticas de la secretaria general del PSPV y ministra Diana Morant hacia el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

La parlamentaria ha recordado que Pedro Sánchez “no quiso reunirse con los afectados por los incendios que han arrasado miles de hectáreas en España, tardó una semana en visitar las zonas arrasadas por el fuego y se limitó a observar la tragedia desde el aire o tras los muros de La Mareta”.

Frente a ello el president de la Generalitat, Carlos Mazón, “está en la calle, con su gente, trabajando para dar respuesta a los problemas reales de los valencianos como la reconstrucción tras la dana o la financiación que necesitamos y que el Gobierno socialista nos niega”, ha defendido. En este sentido, ha destacado los últimos hitos como los más de 166 millones de euros abonados en ayudas por vehículos siniestrados o el restablecimiento de las carreteras autonómicas dañadas en un tiempo récord.

“La señora Morant, que tanto presume de vivir las fiestas a pie de calle, debería explicar a la gente sus fracasos como ministra, desde el cierre de importantes proyectos de investigación hasta la asfixia económica a nuestras universidades, pasando por el escándalo de la gestión en el CNIO”, ha subrayado Chulià. “Vivir la fiesta no puede ser el único mérito de una ministra cuya gestión es un auténtico fiasco”.

La portavoz del GPP también ha recordado que “la anomalía democrática es seguir rindiendo culto a un líder que solo se representa a sí mismo y a su círculo más cercano, rodeado de casos de corrupción como José Luis Ábalos, número dos por Valencia en las últimas elecciones generales que encabezaba la propia Diana Morant, o hasta su propia esposa, investigada por tráfico de influencias”.

Chulià ha calificado de “auténtica osadía hablar de rechazo social contra Carlos Mazón, cuando el verdadero rechazo lo sufren Sánchez y sus ministros cada vez que se aventuran a pisar la calle”.      Así, ha insistido en que “este Consell y su president están al lado de los valencianos, mientras el Gobierno socialista sigue sin cumplir ni con la dana ni con los Presupuestos”.

Por todo ello, la parlamentaria popular ha pedido a Morant “más responsabilidad con la Comunitat Valenciana” y que inste al Gobierno de Sánchez a pagar las ayudas prometidas a las personas afectadas, trabajadores, autónomos, empresas y municipios para la reconstrucción tras la riada en lugar de apropiarse de las parcelas de los agricultores. “Mientras tanto, lo único que el Ejecutivo sanchista representa es distancia, blindaje y desprecio por los problemas de la gente”, ha concluido Chulià.

La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha destacado que la Conselleria de Sanidad prioriza siempre las intervenciones quirúrgicas en función del riesgo vital. “Para el PP un paciente no es un número, nuestra máxima prioridad es salvar vidas, después resolver problemas y, en última instancia, hacer números, que es a lo que se dedicaba el gobierno del Botànic”, ha asegurado.

La diputada ha explicado que el anterior Gobierno “priorizaba la reducción global de las listas de espera sin importar nada más, y por tanto operaban más cataratas y juanetes (las especialidades con más demora actual) mientras la prioridad 1 doblaba la espera máxima establecida en normativa estatal”. Se trata de un decreto de mayo de 2003 que establece los plazos máximos y la clasificación de los pacientes para su atención en el Sistema Nacional de Salud. Este texto admite una demora de hasta 30 días en las intervenciones de los pacientes de prioridad 1, los más graves.

Martínez ha destacado que “desde el PP no ocultamos nada y no nos dedicamos a hacer trampas, los datos hablan por sí solos, y en solo dos años el Consell de Carlos Mazón ha conseguido pasar de los 61 días de espera en junio de 2023 a 27 días en 2025, lo que supone una reducción de 34 días”. Además, el número de pacientes prioridad 1 activos ha pasado de 2.967 a 1.007 en el mismo período, una reducción de más del 66% “que representa un hito significativo en la mejora del acceso a la atención sanitaria”.

Por lo que respecta a la prioridad 2, pacientes cuya situación admite una demora de hasta 90 días según el decreto de 2003, también ha habido avances importantes. El número de pacientes activos ha pasado de 17.214 en 2023 a 11.189 en 2025, lo que implica una disminución de 6.025 personas. Además, la demora estructural en este grupo también ha descendido, pasando de 81 días en 2024 a 77 días en 2025.

En el grupo de prioridad 3, donde se concentran los casos menos urgentes, se mantiene también una tendencia a la baja, pasando de 57.026 pacientes en junio de 2024 a 56.442 en el mismo periodo de 2025.

“Los datos reflejan el compromiso de la Generalitat con la atención prioritaria de los casos más críticos y una mejora directa en la calidad asistencial, basándose en criterios sanitarios y no estadísticos”, ha concluido Martínez.

El coordinador del PPCV en la comarca del Bajo Vinalopó, José Salas, ha celebrado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Elche haya desestimado las medidas cautelares solicitadas por el PSOE y el concejal del PIPN para forzar la tramitación de la moción de censura contra el alcalde popular de San Fulgencio. La resolución avala la decisión de la mesa de edad, que levantó la sesión al constatar que la moción presentada no cumplía con los requisitos legales previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

“El juzgado ha dejado claro que la moción no cumplía los requisitos legales y que la mesa de edad actuó conforme a la ley”, ha afirmado Salas, quien ha subrayado que con este auto “queda zanjado un intento de alterar la voluntad de los vecinos por la puerta de atrás”.

Asimismo, Salas ha pedido al alcalde socialista de Dolores “prudencia y respeto en sus declaraciones” tras haber acusado de prevaricación y de ser “delincuentes” al alcalde de San Fulgencio y a la mesa de edad: “Esas palabras no están a la altura de un representante público y mucho menos de un alcalde”.

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado la “inadmisible negligencia” del Gobierno de España por no haber enviado todavía ni un euro de los 500 millones prometidos para reparar el alcantarillado destruido por la dana del 29 de octubre, cuando ya han pasado diez meses desde la catástrofe. “Es una vergüenza que a estas alturas del año y con un verano tan caluroso haya municipios que siguen con un alcantarillado inservible por los retrasos y trampas de Pedro Sánchez en las ayudas por las riadas”, ha señalado.

El portavoz popular ha recordado que, pese a que el plazo de alegaciones se cerró en junio, el Ministerio lleva más de dos meses sin resolver el listado definitivo de beneficiarios, lo que mantiene a cientos de municipios y entidades de gestión del agua sin los fondos que les corresponden.

“No se puede consentir que a las puertas del otoño y con el temor a nuevas lluvias, los vecinos convivan con problemas de insalubridad y malos olores mientras Sánchez se escuda en excusas burocráticas”, ha insistido González de Zárate, quien también ha advertido de que los ayuntamientos se ven obligados a recurrir a fondos propios a causa de estos retrasos.

El diputado del GPP suma este hecho a la larga lista de incumplimientos del Ejecutivo central con las víctimas de las inundaciones. En este sentido, ha recordado que “el Gobierno de Sánchez manipula las cifras y se apropia incluso del dinero del Consorcio de Compensación de Seguros para inflar sus datos, mientras los vecinos siguen sin cobrar, los agricultores no saben cuándo ni cuánto recibirán por las tierras que han perdido y los autónomos continúan en el abandono”.

“El Gobierno de Sánchez ha convertido la gestión de las ayudas de la dana en un ejemplo de desidia, engaño y falta de sensibilidad hacia los afectados. Los vecinos de la Comunitat Valenciana merecen soluciones reales, recuperar sus vidas y sus calles y sentirse seguros en el futuro”, ha sentenciado.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha lamentado el intento del PSPV de “dar lecciones de protección de la infancia” al Consell de Carlos Mazón cuando “fueron precisamente los gobiernos del Botànic, con socialistas y Compromís, quienes protagonizaron el episodio más vergonzoso de desprotección de menores en la Comunitat Valenciana: el caso Oltra”.

La portavoz popular ha acusado al portavoz socialista de “manipular y tergiversar” y le ha sugerido “informarse antes de hablar” en referencia a las resoluciones del Síndic de Greuges. En este sentido, ha recalcado que la Conselleria contestó a la institución y deja claro que “el Síndic no condena nada; lo único condenable aquí son los hechos que el Botànic tapó y que han acabado en los tribunales. La única condena sobre la mesa es la que pesa sobre su gobierno por el escándalo con la menor tutelada”.

Bastidas ha recordado que el exmarido de la entonces vicepresidenta Mónica Oltra fue condenado a prisión por abusos sexuales continuados a una menor tutelada en un centro de la Generalitat. La propia Oltra y 14 altos cargos de su Conselleria se enfrentan a un proceso judicial por el presunto encubrimiento de estos hechos en un escándalo que llegó hasta Bruselas. “El PSPV debería tener memoria y vergüenza antes de señalar a nadie, cuando bajo su gobierno se cometió la mayor indignidad contra un menor tutelado que hemos visto en esta tierra”, ha señalado.

La parlamentaria también ha considerado “escandaloso” que el Botànic no pusiera en marcha el protocolo de detección de situaciones de riesgo para los menores, a pesar de que la propia Ley de Infancia que aprobaron les obligaba a hacerlo. Frente a esa inacción y en menos de dos años, “el actual Consell ha impulsado ese protocolo junto a la Universidad de Valencia, cumpliendo con la obligación que los anteriores gobiernos olvidaron en un cajón”.

“El actual Consell sí tiene como prioridad absoluta la protección de los menores tutelados y está trabajando con responsabilidad para reforzar los protocolos de seguridad y evitar que situaciones tan terribles como las ocurridas bajo el Botànic se repitan jamás”, ha asegurado.

“Quien tapó abusos a menores tutelados no está legitimado para dar lecciones al actual Consell en materia de protección de la infancia”, ha concluido Bastidas, quien ha advertido al PSPV que “ellos son la auténtica lista negra de la vergüenza en la Comunitat Valenciana”.

La portavoz de Economía del Grupo Popular en Les Corts, Mari Carmen Contelles, ha denunciado que “el PSPV ha roto el consenso alcanzado durante años en defensa de un nuevo modelo de financiación y ahora se pliega al parche de la condonación de deuda que propone Pedro Sánchez. Una medida, en su opinión, “injusta e insuficiente que no resuelve la discriminación histórica que sufrimos en la Comunitat Valenciana”.

Contelles ha lamentado que, “los socialistas valencianos prefirieron dinamitar la Plataforma per un Finançament Just” que integran los grupos políticos, representantes empresariales y sindicales, “y ahora miran hacia otro lado ante una propuesta diseñada para contentar a los separatistas a cambio de los votos que necesita Sánchez para aprobar los Presupuestos de 2026”.

La portavoz popular ha recordado que la Comunitat Valenciana sigue siendo la autonomía peor financiada de toda España. “La quita de deuda es un parche que no resuelve nuestra infrafinanciación”, ha señalado Contelles, quien ha insistido en que el verdadero reto es “aprobar de manera urgente un nuevo sistema de financiación basado en la igualdad, la solidaridad y la suficiencia financiera, acompañado de un fondo de nivelación transitorio que garantice los recursos necesarios mientras llega la reforma”.

La parlamentaria ha subrayado que el cálculo del Ejecutivo “es parcial y erróneo, el ahorro en intereses es mínimo y no se traduce en más recursos para Sanidad, Educación o Servicios Sociales”. Además, ha recordado que “por primera vez en 12 años el Gobierno se ha negado a aprobar un FLA extraordinario, lo que ha obligado al Consell a acudir a la banca para sostener los servicios públicos y afrontar emergencias como la dana”.

Por último, Contelles ha señalado que ni el PSPV ni Compromís “defienden de verdad a los valencianos”: “Unos se han rendido a Sánchez y otros exhiben sus divisiones internas. Frente a ellos, el PPCV defiende un sistema justo y estable para todos, porque la Comunitat Valenciana no puede seguir siendo moneda de cambio en una subasta política”.

La portavoz de Emergencias del Grupo Popular en Les Corts, Verónica Marcos, ha pedido al PSPV que “deje de utilizar el drama humano y ambiental de los incendios como arma política contra el Consell” y ha defendido la capacidad de respuesta de la Generalitat para afrontar los fuegos en la Comunitat Valenciana “al mismo tiempo que colaboramos con otras autonomías cuando lo necesitan”.

Marcos ha destacado que, “durante esta intensa ola de calor y frente a los numerosos incendios de este verano, el Consell de Carlos Mazón trabaja, invierte, refuerza, se anticipa y además es solidario con otras comunidades autónomas sin que nadie tenga que pedírselo. Del lado contrario, ha lamentado que “los socialistas valencianos, como buenos sanchistas, estén esperando a que suceda una desgracia para utilizarla políticamente”.

La parlamentaria ha recordado que, por primera vez en la historia, todas las unidades de bomberos forestales trabajan todo el año, “acabando con la estacionalidad y la precariedad que heredamos del Botànic y reforzando así la capacidad de respuesta ante incendios de gran magnitud como los de este verano”. Asimismo, ha subrayado que el Consell “ha puesto en marcha la mayor inversión de la historia para estabilizar plantillas, renovar vehículos y garantizar unidades de bomberos 365 días al año”.

Marcos ha criticado que “la oposición solo se dedica a difundir bulos y a empañar el trabajo de los que se están dejando la piel”. Frente a ello, ha señalado que “en el Partido Popular estamos muy orgullosos de nuestros dispositivos de emergencia porque representan la solidaridad del pueblo valenciano dentro y fuera de la Comunitat”. En este sentido, ha agradecido la labor de bomberos, brigadistas, voluntarios y vecinos, “que son quienes realmente están defendiendo nuestro patrimonio natural”.

Por último, la portavoz popular ha apelado a la responsabilidad y al respeto a las víctimas: “Cada incendio debería ser un motivo de unidad, no de división. Mientras bomberos, voluntarios y vecinos luchan contra el fuego, el PSPV sigue instalado en el cálculo político. El PP y el Consell responden con hechos, eficacia y resultados”.

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