Abascal: «VOX no va a descolgar el teléfono a este Gobierno en estado terminal»
El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha atendido este miércoles a los medios de comunicación en Treviño (Burgos), donde participa en la campaña para las elecciones de Castilla y León de este domingo. Desde allí ha defendido la identidad del Condado de Treviño frente a los intentos del nacionalismo vasco de alterar su pertenencia administrativa y su historia.
“Conozco perfectamente los intentos permanentes del separatismo vasco por colonizar pueblos, comarcas y provincias, intentando cambiarles su propio nombre, su historia y su identidad”, ha denunciado Abascal, quien ha explicado que VOX está en Treviño “para exigir respeto a la identidad, a la historia de esos pueblos, de esas comarcas, y para denunciar a los que promueven el enfrentamiento”. Asimismo, ha advertido que “los que quieren levantar fronteras interiores dentro de España son también los que están intentando destruir todas nuestras fronteras exteriores”.
Preguntado por la posibilidad de contactos con el Gobierno tras las declaraciones del ministro Félix Bolaños, Abascal ha rechazado cualquier interlocución con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Nosotros no vamos a descolgar el teléfono a este Gobierno. Este es un Gobierno en estado terminal que responde únicamente a los intereses del capo que se atrinchera en el búnker de la Moncloa”, ha afirmado.
El líder de VOX también ha criticado al Partido Popular por su actuación política en distintos territorios. “Es muy difícil saber qué es lo que va a hacer el Partido Popular porque hace una cosa distinta en todas partes”, ha señalado, insistiendo en que VOX quiere “hablar de medidas, de plazos de cumplimiento y de garantías”.
Por último, Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de fomentar el enfrentamiento entre españoles. “El presidente del Gobierno precisamente lo que lleva promoviendo desde hace mucho tiempo es el odio y el enfrentamiento”, ha concluido.
Martínez Portillo: «Nunca hubo un Gobierno tan opaco en 50 años de democracia»
El senador del Partido Popular por La Rioja, Luis Martínez Portillo, ha denunciado que en los casi 50 años de democracia “nunca ha habido en España un Gobierno tan opaco como el que preside Pedro Sánchez”, asegurando que existe “una total falta de transparencia, de rendición de cuentas y de información pública”.
Durante una interpelación en el Pleno del Senado al ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Martínez Portillo ha reprochado al Ejecutivo “su absoluta falta de compromiso real con la rendición de cuentas y su política de acceso sesgado e interesado a la información pública, solo respecto de aquello que quieren que se conozca”.
El senador riojano ha afirmado que los españoles “tienen derecho a saber la lista de los 900 asesores que trabajan para el presidente y sus ministros”, así como “la verdad sobre la estancia de Delcy Rodríguez en Barajas en enero de 2020” o el contenido de los acuerdos alcanzados con independentistas catalanes y con Bildu para garantizar la permanencia del Gobierno en La Moncloa.
Martínez Portillo ha calificado como “la tormenta perfecta” el anuncio de un anteproyecto de ley de transparencia por parte del Ejecutivo mientras, según ha denunciado, “no practican lo que predican” y levantan parcialmente el secreto sobre hechos ocurridos hace casi 50 años como el 23F. “Una vez más, una cortina de humo para difuminar la realidad que de verdad interesa a los españoles”, ha señalado.
Asimismo, ha defendido que cualquier nueva normativa debe garantizar que los ciudadanos conozcan “dónde van sus recursos, a qué campañas de información y a qué medios de comunicación”, denunciando como ejemplo la renovación de un contrato en la televisión pública por valor de 31,5 millones de euros hasta 2028 pese a no existir Presupuestos aprobados.
El senador ha recordado que, según el informe de Transparency International publicado en febrero de 2026, España ha descendido un punto (55/100) y tres puestos en el índice global de percepción de la corrupción, y ha denunciado que el Gobierno incumplió aproximadamente una de cada diez resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante 2025.
Entre los ejemplos de opacidad, Martínez Portillo ha citado los viajes en Falcon y la falta de información sobre sus costes; el caso del hermano del presidente; el rescate de Plus Ultra; la inexistencia del comité de expertos durante la pandemia; la falta de explicaciones sobre el gran apagón; el accidente de Adamuz y la retirada de material por ADIF; así como el caso Pegasus, cuya investigación sigue sin aclararse.
“El Gobierno más opaco de la democracia recurre con frecuencia a la Seguridad Nacional o al secreto de Estado para eludir respuestas sobre asuntos relevantes”, ha concluido el senador popular.
Pepa Pardo denuncia un nuevo agravio del Gobierno a la Justicia gallega.
Los senadores del Partido Popular de Galicia han presentado una batería de preguntas en el Senado para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones sobre el reparto de las 500 nuevas unidades judiciales anunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el pasado 26 de enero.
De las 500 unidades previstas, únicamente 19 corresponden a Galicia, lo que supone el 3,8 % del total, un porcentaje que el PPdeG considera claramente insuficiente y que no respeta el criterio poblacional. Además, esta decisión no fue previamente consultada con la Comisión Mixta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Con la senadora Pepa Pardo al frente, el Partido Popular de Galicia reclama conocer los verdaderos motivos de lo que califican como una “nueva queja contra Galicia”, especialmente si se tiene en cuenta que otras comunidades autónomas, como Cataluña, recibirán el 19 % de las nuevas plazas.
Los populares preguntan también qué criterios específicos justifican la no creación de nuevas plazas judiciales en municipios como Vilagarcía de Arousa, Ponteareas, Viveiro, Sarria o Carballo, que presentan necesidades objetivas derivadas del volumen de asuntos que tramitan.
Asimismo, lamentan que no se haya atendido la solicitud de creación de una plaza de magistrado en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pese al nivel de retrasos acumulados, ni de una segunda plaza en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo.
El PPdeG cuestiona además cómo se compensará el perjuicio causado por la creación de las Secciones de Violencia sobre la Mujer en A Coruña y Vigo en detrimento de los juzgados de instrucción, dado que las nuevas plazas comenzarán sin expediente en ambas ciudades.
Igualmente, los senadores populares han preguntado si el Ejecutivo central tiene previsto crear una plaza de magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, en caso negativo, cuáles son las razones que lo justifican.
Incumplimiento en la creación de nuevas plazas
Por otra parte, el Partido Popular recuerda que en junio de 2025 el ministro de Justicia anunció la creación de 1.440 nuevas plazas de jueces y fiscales hasta 2027, mediante convocatorias anuales de 360 plazas por oposición y 120 por el turno de juristas de reconocida competencia.
Sin embargo, el 1 de noviembre el BOE publicó únicamente la convocatoria de 200 plazas —120 para jueces y 80 para fiscales—, muy por debajo del compromiso anunciado. Por ello, la senadora Pepa Pardo exige explicaciones sobre este incumplimiento y solicita una respuesta urgente a todas las cuestiones planteadas.
“El volumen de entrada de asuntos en numerosos órganos judiciales gallegos supera ampliamente el módulo fijado por el Consejo General del Poder Judicial. Necesitan nuevos titulares y las medidas adoptadas por el Gobierno son claramente insuficientes”, subrayan desde el PPdeG.
El Partido Popular de Galicia reitera su compromiso con la defensa de una Justicia eficaz, cercana y dotada de los recursos necesarios para garantizar un servicio público de calidad para todos los gallegos.
Cuca Gamarra denuncia el caos generado por la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Cuca Gamarra denuncia colapso, inseguridad jurídica y desprotección de los ciudadanos tras la implantación precipitada de la conocida como ‘Ley Bolaños’
El Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia urgente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el desconcierto, colapso y caos que está provocando la implantación de su Ley de Eficiencia de la Justicia, una reforma que impone un nuevo modelo de organización de los tribunales y cuyos efectos negativos ya habían sido advertidos por el PP y por los profesionales del sector judicial.
La situación se ha agravado tras la implantación obligatoria de la tercera fase de los tribunales de instancia, ejecutada al cierre del año conforme a un calendario “poco realista” y marcado por la precipitación, lo que ha generado graves consecuencias en el funcionamiento de la Justicia. Apenas quince días después, el Partido Popular denuncia un atasco generalizado, así como desconcierto y colapso en los órganos judiciales, fruto de la improvisación y el descontrol absoluto del Gobierno.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que “el Gobierno quería llegar al 1 de enero de 2026 con una foto, aunque le diera igual que la Justicia funcionara”. En este sentido, ha reprochado al ministro Bolaños haber intentado reorganizar la Justicia de espaldas a jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que son quienes sostienen el sistema cada día.
Gamarra ha exigido explicaciones urgentes al ministro de Justicia y que detalle qué medidas piensa adoptar de forma inmediata para corregir los problemas generados por su ley. “Esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa”, ha denunciado.
Bloqueo, inseguridad y desprotección al ciudadano
El Partido Popular lleva meses alertando de la inseguridad jurídica, el bloqueo del sistema, las dificultades entre operadores jurídicos y las disparidades interpretativas que está provocando la implantación de esta norma, con retrasos, disfunciones y vulneraciones de los derechos de los ciudadanos. Todo ello está llevando a situaciones absurdas en materia de reparto, custodia y separación de tareas dentro de los juzgados.
Ya en el mes de octubre, el Grupo Popular impulsó una iniciativa para exigir al Ejecutivo la modificación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el objetivo de evitar que se convirtieran en un nuevo elemento de bloqueo y garantizar unidad de criterios en todo el territorio nacional, mediante protocolos claros, directrices homogéneas y formación específica para los operadores jurídicos.
Más recursos para el sistema judicial
Para Cuca Gamarra, la Ley de Eficiencia Judicial impulsada por Bolaños constituye “otro desastre legislativo del Gobierno” y ha reclamado eliminar obstáculos y reforzar medios para mejorar la Justicia, frente a una legislación que está generando inseguridad jurídica y a un Ejecutivo que no dota al sistema de los recursos humanos y presupuestarios necesarios.
Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno esté pactando y troceando la financiación autonómica con un separatista que ni siquiera gobierna, mientras no ofrece recursos ni acuerdos a las comunidades autónomas para mejorar los servicios públicos esenciales, entre ellos la Justicia, o para paliar la situación crítica de determinados juzgados, como los de violencia contra la mujer.
Precisamente en esta materia, el PP alerta de que la ‘Ley Bolaños’ está teniendo un efecto disuasorio en las víctimas, ya que en muchos casos las mujeres se ven obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros para interponer una denuncia o declarar contra su agresor. Tanto el Partido Popular como asociaciones y profesionales del ámbito judicial han denunciado reiteradamente estos efectos perversos, sin que el ministro haya adoptado medida alguna.
Javier Ortega Smith: «Estamos ante una demolición controlada del Estado de Derecho».
El diputado nacional de VOX, Javier Ortega Smith, ha denunciado en el Congreso lo que considera una “sistemática, progresiva e indisimulada destrucción del Estado de Derecho” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el portavoz de VOX, el Ejecutivo socialista busca imponer “un nuevo sistema político de tintes totalitarios”, desmantelando los contrapoderes y colonizando las instituciones del Estado.
Durante su intervención, Ortega Smith señaló que el Ejecutivo está llevando a cabo una ocupación ideológica de los tres pilares del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— con el objetivo de eliminar toda disidencia. En este contexto, acusó al Gobierno de controlar los medios de comunicación, empezando por RTVE, mediante subvenciones millonarias, vetos a periodistas y presión sobre aquellos que no se alinean con la narrativa oficial.
Además, denunció que esta estrategia de control se extiende también al ámbito judicial, concretamente mediante la limitación del papel de la acusación popular. El diputado de VOX subrayó que su formación ha sido clave en casos como la causa contra los responsables del golpe separatista en Cataluña, así como en procesos por corrupción que afectan a altos cargos del actual Gobierno, incluida —según dijo— “la familia del presidente del Gobierno y su propio partido”.
VOX advirtió que este intento de limitar la participación de acusaciones populares busca “silenciar las voces incómodas” y “proteger a los afines del régimen sanchista de la acción de la justicia”.
Desde la formación se reitera el compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la libertad de información, como pilares esenciales de la democracia española, frente a lo que Ortega Smith calificó como un “asalto institucional en toda regla”.
Ester Muñoz: «Mientras ellas tienen miedo, el PSOE habla de cohetes y prostitución».
La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, señala en el Pleno del Congreso se pidieron explicaciones a varios ministros y mientras que Bolaños desvió la atención hablando de que ‘la economía va como un cohete’, la vicepresidenta Montero terminó hablando de prostitución. “Es incomprensible”, asevera
Subraya que hay muchas mujeres que han estado muy inquietas, que siguen así y que piensan que las pueden volver a agredir en cualquier momento, por lo que reprocha al Ejecutivo que no hubiera tomado medidas mucho antes
Sobre la afirmación de Sánchez de querer repetir como candidato a La Moncloa indica que “es una persona que necesita ser presidente del Gobierno para poder seguir controlando Fiscalía, Abogacía General del Estado, etc”. “Tiene muchos casos en su familia de los que tiene que defenderse y necesita hacerlo desde la Presidencia del Ejecutivo”, remarca
Considera que “es una cuestión de autodefensa” que Sánchez quiera seguir, porque “cualquier otra persona que no tiene una mayoría parlamentaria, que no es capaz de traer leyes, que sus propios socios se las tumban una semana y otra también y que su propia mayoría parlamentaria se rompe cada dos por tres, diría, oiga, elecciones, que venga otro y que lo intente”
Sentencia que “en el caso de Begoña Gómez y en el de David Sánchez se han valido de la condición de hermano y de mujer, y de las administraciones que gobierna Sánchez, para beneficio personal”
“Es imposible que con este Partido Socialista y con este presidente del Gobierno podamos llegar a ningún acuerdo, desde luego en materia de corrupción, cuando la corrupción sale a borbotones de su Ejecutivo”, destaca, al tiempo que explica que es “como si Ábalos fuese el ponente de la Ley de abolición de la prostitución”
Comparte “al 100%” las palabras de ayer de Su majestad el Rey en su discurso ante la ONU, pidiendo que el Gobierno de Israel pare la masacre en Gaza y añade que, en opinión del PP, para la resolución del conflicto “lo primero sería el alto el fuego, que se devuelvan los rehenes, que se sienten en la mesa y que Hamás no forme parte de la solución”
Jorge Buxadé: «Europa debate la corrupción en España sin PP ni PSOE».
Ningún eurodiputado español del PP ni del PSOE, ni el ministro de Justicia de España, Félix Bolaños, han acudido al debate que se ha celebrado en Bruselas sobre el Estado de Derecho. El único diputado español que ha estado presente ha sido Jorge Buxadé, jefe de la Delegación de VOX en Europa.
Buxadé ha denunciado que el “problema de la corrupción en España está en cómo se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, en cómo se nombra a los miembros del Tribunal de Cuentas, en cómo se nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial”. En definitiva, “en todo eso que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista desde hace 50 años”. Y que “pactó González Pons con Bolaños” también en Bruselas.
El jefe de la Delegación de VOX en Europa ha destacado que el ministro de Justicia de España no ha acudido a un debate sobre el Estado de Derecho “el mismo día que el juez Peinado acuerda la transformación en procedimiento ante el Tribunal del Jurado por malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, la mujer del presidente”.
Por su parte, como “intelectual de la izquierda para defender a Sánchez” ha estado Joaquín Urias, quien, ha recordado Buxadé, es un “activista político que se ha dedicado a insultar a los jueces, a insultar a los fiscales, a insultar a todos aquellos que defendemos la ley y el Estado de Derecho”. Del mismo modo, ha acudido un fiscal que ha considerado que «no hay nada que mejorar».