Antelo: «Las patrullas vecinales son el reflejo de un Gobierno ausente».
José Angel Antelo, Presidente de Vox en la Región de Murcia, señaló que la situación es insostenible. Los vecinos ya no esperan a que el Gobierno actúe. Se están organizando para defender lo que es suyo: su seguridad, su trabajo, su dignidad. En La Aljorra, pedanía del municipio de Cartagena, han comenzado las patrullas vecinales ante la oleada de robos provocada por la inmigración ilegal y descontrolada. Un agricultor denuncia haber sido robado más de 40 veces. No es un caso aislado, es la realidad diaria de miles de murcianos que viven en el campo.
Desde VOX lo hemos dicho alto y claro: solo nosotros devolveremos la seguridad a los barrios y al campo murciano. Frente al buenismo de PP y PSOE, que abren las puertas a la inmigración masiva sin control, nosotros proponemos deportación inmediata y cumplimiento de condena en el país de origen.
Las leyes deben proteger al ciudadano honrado, al que se levanta cada día a trabajar, no al delincuente que entra ilegalmente y destroza la vida de nuestras familias. Mientras la izquierda y la derecha cobarde miran para otro lado, los vecinos de La Aljorra están tomando la iniciativa. Y lo hacen con valor, porque sienten que les han abandonado.
Desde VOX exigimos al Gobierno regional y al Ministerio del Interior un plan urgente para recuperar la seguridad en nuestras calles y campos, con más medios, más presencia policial y tolerancia cero con la delincuencia.
Nicasio Galván: «Si el GRS-8 no estuviera en peligro, ya lo habrían desmentido».
El grupo parlamentario VOX en Canarias ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias (que ha sido aprobada por 36 votos a favor) con el objetivo de manifestar su rotunda oposición a la disolución del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº8 de la Guardia Civil, un cuerpo fundamental para la seguridad del archipiélago canario. Esta iniciativa se presenta tras los recientes anuncios que apuntan a una posible disolución o traslado de esta unidad, decisión que ha generado gran preocupación entre las asociaciones de la Guardia Civil y la ciudadanía en general.
La GRS nº8 desempeña un papel crucial en la protección y mantenimiento del orden público, interviniendo en situaciones de emergencia, manifestaciones, y desastres naturales, así como en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Su desaparición no solo supondría un grave perjuicio para la seguridad de los canarios, sino que también dejaría en la incertidumbre a cerca de 100 familias de agentes que dependen de esta unidad.
Para Galván, las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso en el día de ayer son ambiguas y no garantizan el futuro de esta unidad. “En ningún momento el ministro dijo que el GRS vaya a permanecer”, ha señalado el portavoz de VOX en el Parlamento de Canarias.
Así, la Proposición No de Ley insta al Gobierno de Canarias a exigir al Gobierno de la nación que:
- Revise inmediatamente la decisión de disolución del GRS nº 8, garantizando la protección de personas y bienes en Canarias.
- Explique detalladamente las razones detrás de esta decisión en un contexto de alta presión migratoria y aumento de la criminalidad en la región.
- Aclare qué cuerpo o unidad asumirá las funciones del GRS-8, asegurando el mantenimiento del orden público en situaciones de inseguridad.
- Presente un plan de reubicación para las familias afectadas, garantizando sus derechos y condiciones laborales.
- Evalúe el impacto de esta medida en la seguridad nacional, especialmente con el nivel 4 de alerta antiterrorista vigente.
Este operativo es una joya para Canarias porque puede desplazarse en tiempo récord para actuar y por sus atribuciones especializadas. El diputado recalca la capacidad de los profesionales para responder en situaciones de riesgo extremo que pueden darse en las islas, dada la coyuntura actual. “Recuerden que estamos ante el nivel 4 anti terrorista, es decir, un riesgo alto de amenaza”, ha puntualizado.
Además, ha insistido, “si la intención del desmantelamiento no fuera cierta ya se habría desmentido, pero solo hemos oído palabras banas”. Galván ha defendido que a pesar de que el edificio pierda su licencia, esto no implica obstáculo alguno porque ya tiene ofrecidos varios espacios para que el GRS se pueda reubicar en otra localización del Archipiélago. Por ello, concluyen que “todo hace sospechar que lo que el Gobierno de la Nación urde es echar a la Guardia Civil del Archipiélago”.