Carlos Conde: «La inflación acumulada desde que gobierna Pedro Sánchez es del 19%».
El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha afeado al Gobierno de España que siga sin contemplar nuevas medidas para que las familias puedan hacer frente a la escalada continuada de precios.
“La inflación acumulada desde que gobierna Pedro Sánchez es ya del 19%”, ha subrayado Conde, quien ha advertido de que “el aumento de precios en España está por encima de la media de la Unión Europea”.
“El problema de España con inflación sigue siendo muy grave”, ha resaltado, indicando que “la cesta de la compra ha subido más de un 35% desde gobierna Sánchez”, marco en el que ha destacado que “al no existir ya compensaciones a los sobrecostes energéticos, el precio de los alimentos sigue siendo muy volátil”.
Al respecto, Conde ha destacado que “la indolencia de Sánchez con la inflación está cambiando los hábitos alimenticios de los españoles y los malagueños”, señalando que “el precio disparado del aceite de oliva, producto que se ha encarecido un 63% en el último año, hace peligrar algo tan nuestro como la dieta mediterránea”.
De este modo, el vicesecretario popular ha analizado los datos del INE sobre el IPC correspondiente al mes de mayo, que recogen una subida de precios en Málaga del 0,4% y una tasa de incremento interanual que se sitúa en el 3,6%, punto en el que ha alertado de que “la inflación ha vuelto a entrar en un ciclo de repuntes”.
Así, ha incidido en que “el coste de la vida es cada vez mayor, de manera que familias y autónomos siguen perdiendo poder adquisitivo”, indicando que “la electricidad y el combustible son un 11% más caros que hace un año en Málaga, mientras que el precio de los carburantes no baja lo suficiente”.
Por último, Carlos Conde ha subrayado que “los ciudadanos necesitan medidas estructurales que ayuden a afrontar esta subida continuada de los precios y no medidas puntuales para salir del paso”, señalando que desde las instituciones en las que gobierna el PP trabajamos para adoptar políticas que no asfixien a los ciudadanos y que les ayuden a tener un poder adquisitivo cada vez mayor, como puede ser la bajada de impuestos”, ha resaltado.
Martín Torres: «La administración provincial debe realizar las modificaciones de créditos necesarias para incrementar esta línea y no castigar a los ayuntamientos».
El Partido Popular de Sevilla va a llevar una iniciativa a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla para solicitar una inversión equitativa en políticas culturales que “sufre una disminución de casi el 80 por ciento” con respecto a la línea para actividades culturales puesta en marcha por el ente supramunicipal en el año 2022.
De esta manera, el vicesecretario de Política Municipal y Territorial del PP de Sevilla y portavoz del PP en la Diputación provincial, Martín Torres, ha explicado que la primera vez que se puso en marcha esta ayuda a ayuntamientos para actividades culturales fue en el año 2022, edición en la que contaba con un presupuesto de casi ocho millones euros (7.885.000 euros), mientras que en esta ocasión, segunda vez que se convoca, el importe es de dos millones de euros.
“Una reducción que supone un claro perjuicio para los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, que verán atacados los principios y objetivos que debiera tener la Diputación provincial con la puesta en marcha de esta línea, como son: la cooperación con los municipios para concertar actividades culturales, que permitan a los ciudadanos mejorar su formación cultura; e implementar programas y planes culturales”.
Martín Torres ha señalado que “la cultura debe ser entendida como una inversión de mejorar de la sociedad y de la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, se salta este principio y abandona a los municipios también en el ámbito cultural”.
Además, hay que tener en cuenta que en esta edición la línea cuenta con otros dos millones de euros que gestionará directamente la administración provincial, sin que estos vayan directamente a los consistorios.
En este sentido, ha defendido que “esto va a suponer una merma importante de los recursos disponibles para los municipios de la provincia, además de concentrar una gran parte de estas actividades en la propia capital, perdiendo la esencia y naturaleza de este tipo de actuaciones, que deben ser la de llevar la cultura a cada rincón de nuestra provincia”.
Es por ello, que “llevaremos a todos los ayuntamientos esta iniciativa para instar a la Diputación de Sevilla a que realice las modificaciones de crédito para ofrecer dar a la cultura la dotación presupuestaria suficiente para ofrecer la cobertura de calidad y la variedad que merecen los vecinos de la provincia”.
Barrachina: «El Gobierno de España debe dar un trato igualitario en materia de financiación a todas las comunidades autónomas».
El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha anunciado que “su grupo parlamentario va a presentar una Proposición No de Ley en la que vamos a exigir al Gobierno de España un trato igualitario en materia de financiación para todas las comunidades autónomas”.
Barrachina ha explicado que “este gobierno crea españoles de primera y españoles de segunda y desde la Comunitat Valenciana no lo vamos a permitir. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Solo reclamamos lo que nos pertenece por justicia”.
El síndic del GPP ha explicado que “la vicepresidenta Montero dijo que también se estaba trabajando para condonar la deuda a los catalanes. Es lamentable que un Gobierno pretenda beneficiar únicamente a una autonomía con el único objetivo de que mantengan a Sánchez en La Moncloa”.
Miguel Barrachina ha asegurado que “la Comunitat Valenciana es la peor financiada de España por el Gobierno de Sánchez y, además, recibimos de Ximo Puig la mayor deuda per cápita de toda España. Sin embargo, la ministra de Hacienda afirmó que una sola autonomía, la que gobiernan los separatistas, iba a tener un tratamiento especial en esta financiación y que ya trabajaban para perdonarles 15.000 millones de euros de deuda a una comunidad autónoma”.
“Por eso reclamamos una financiación común para todos los españoles por igual y que si a alguien le perdonan la deuda la primera sea la Comunitat Valenciana, la peor financiada y la más endeudada”, y ha recordado que “tal y como reclaman los técnicos mientras todo esto llega necesitamos un fondo de nivelación para que todos los servicios sanitarios, educativos y sociales tengan la misma calidad que el resto de España”.
Landáburu: «El PSOE mantiene la existencia de 17 pruebas distintas por la ausencia de una política educativa seria y rigurosa».
El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha manifestado que “la nueva EBAU debe ser más justa y garantizar la igualdad de oportunidades y no limitarse, únicamente, a un cambio de nombres, como pretende el PSOE”.
En ese sentido, Landáburu ha resaltado que “todas las comunidades del PP han alcanzado un acuerdo para diseñar una prueba común, homogénea y lógica que promueva la excelencia educativa y premie el mérito y el esfuerzo”.
“En cambio, debido la falta de liderazgo del Gobierno de Sánchez en materia educativa, se mantienen las diferencias entre las 17 comunidades autónomas”, ha criticado el diputado regional, que ha subrayado que “no necesitamos una EBAU más dura ni más sencilla, sino más justa y que garantice la igualdad de los jóvenes españoles”, ha señalado.
“Pese a la propaganda del Gobierno del PSOE, no va a existir ninguna prueba común de EBAU”, ha advertido Landáburu, sino que “se ha establecido que las comisiones organizadorasde las pruebas asegurarán la aplicación de criterios específicos de corrección y calificación, asícomo la aplicación de un mismo procedimiento de revisión en todo el territorio, pero esto ya seviene fijando todos los años”, ha explicado.
“Por tanto, sigue habiendo 17 criterios, tantos como regiones existen en España”, ha lamentado Landáburu, que ha incidido en que “el planteamiento del PSOE mantiene la existencia de 17 pruebas distintas por la ausencia de una política educativa seria y rigurosa”.
Respecto a la nueva directriz de descontar, al menos, el 10% de la calificación de cada pregunta por “faltas de ortografía, presentación deficiente, falta de coherencia o cohesión argumental, o problemas de gramática o léxico”, el parlamentario ha advertido que “el Gobierno pone un porcentaje, pero no dice cómo se van a descontar. Entonces, ¿cuántasfaltas podrán cometer los estudiantes?”, se ha preguntado.
“El único cambio real que ha introducido este Gobierno es que la Selectividad recupera el nombre de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en una vuelta al pasado que, desde luego, no soluciona nada”, ha criticado Landáburu.
“Sánchez debe paralizar cualquier reforma hasta que exista consenso”
“Lo que debería hacer el Gobierno de Sánchez es paralizar cualquier reforma sobre la EBAU hasta que no se logre un consenso mayoritario, para lo que tendría que sumarse al trabajo yainiciado por la mayoría de las comunidades”, ha pedido el diputado regional.
“En ese camino del consenso, hemos trabajado las comunidades autónomas del PP, que presentaremos en breve un acuerdo que sí va a revolucionar el acceso a la universidad”, ha anunciado Landáburu.
Landaburu ha señalado que “los alumnos de Bachillerato deben saber las reglas, criterios de evaluación y calificación antes de empezar el primer curso de Bachillerato”.
En su opinión, “las reformas que atañen a Bachillerato y a los requisitos para que con sus estudios se acceda a la universidad se deben plantear con 2 años de antelación, ya que los alumnos que terminan 4º de ESO deben saber qué les espera al término de la etapa de Bachillerato porque no se puede cambiar las reglas de juego cuando los estudiantes ya han comenzado esta etapa”.
El PP pide la comparecencia urgente de los presidentes de RENFE y ADIF ante el caos de la red de transporte ferroviario.
El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente de los presidentes de Renfe y Adif para que den cuenta del caos ferroviario en España y del empeoramiento del compromiso de puntualidad de Renfe. De igual modo, se ha presentado una batería de preguntas escritas para que el Gobierno informe de las consecuencias de su falta de acción, inversión y mantenimiento de la red ferroviaria y, por otro lado, se pedirá la comparecencia del ministro de Industria para que dé explicaciones sobre la dimisión del presidente de Anfac por la falta de compromiso del Ejecutivo con el sector.
Ya el pasado 20 de mayo, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular solicitaron a Puente la convocatoria urgente de la conferencia sectorial para tratar, además del mapa concesional de transporte por carretera que supone recortes en las prestaciones comprometidas hasta ahora, el lamentable estado de la red ferroviaria y las continuas incidencias que se producen.
En su misiva, las Comunidades del PP trasladaban al ministro que se venían observando desde hace varios meses “incidencias constantes y recurrentes en determinados servicios ferroviarios” sin que se haya producido una explicación rigurosa de lo ocurrido y sin que se adopten medidas para dar solución definitiva por parte del Ministerio.
Ejemplo de lo anterior, del caos en los servicios ferroviarios que denuncian los populares, es que solo entre el 3 de junio y el 13 de junio se produjeron más de 338 incidencias, afectando cada día a más de 67.500 pasajeros y reconociéndose más de 10.377 indemnizaciones.
“Es un escándalo que Puente no haya hecho caso a las Comunidades ni nadie dé explicaciones al respecto. Es evidente que el Gobierno no gobierna y no pueden extrañar a nadie las constantes incidencias y el caos ferroviario si el Gobierno, además de no gobernar en 6 años, ha prorrogado los presupuestos cuatro veces”, destaca el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. “Es decir, debido a su incapacidad de aprobar presupuestos, las partidas de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria se han vistos seriamente afectadas. Estos son los perjuicios directos de un Ejecutivo que no gobierna”, ha añadido.
EMPEORAMIENTO DEL COMPROMISO DE PUNTUALIDAD
En este sentido, el Partido Popular teme que el anuncio de Renfe de modificar las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en la mayoría de sus servicios ferroviarios —a partir del próximo 1 de julio, “por un retraso igual o superior a 60 minutos se devolverá el 50% del billete y, si la demora supera los 90 minutos, la devolución será del 100% del importe del billete”— tenga que ver con el caos en la que está envuelto el servicio ferroviario.
“Es decir, estamos ante un empeoramiento del compromiso de puntualidad de Renfe pues, para el reintegro del 50% del importe, el tiempo necesario de demora pasa de los 15 o 30 minutos actuales —dependiendo del servicio ferroviario de que se trate— a los 60; y para la devolución del importe íntegro del billete se pasa de los 30 o 60 minutos actuales a tener que superar los 90 minutos”, señala el vicesecretario de Economía.
“En lugar de arreglar el problema, que es para lo que les pagan, se dedican a cargar sobre los usuarios su incompetencia”, añade Juan Bravo.
El PP ha presentado una batería de preguntas para conocer si esta medida está basada en informes técnicos, si es transitoria o permanente y cuáles son los retrasos, tiempo medio de los mismos e importes de devoluciones e indemnizaciones de los últimos 6 años para evaluar correctamente la cuestión.
La Generalitat impulsa la nueva Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana con una jornada en Almassora.
El director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, ha presidido el acto de presentación de la nueva Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana en Almassora al que han asistido la alcaldesa de la localidad y diputada provincial de Transparencia y Participación, María Tormo, y representantes de ayuntamientos del territorio valenciano.
En su intervención, José Tárrega ha destacado la importancia de esta iniciativa “para fortalecer la participación ciudadana en el ámbito local”. En este sentido, se ha referido a esta nueva etapa de la Red de Gobernanza Local “que pretende convertirse en un espacio impulsor de proyectos relacionados con la participación y la transparencia, en colaboración con las entidades locales valencianas”.
Asimismo, el director general de Transparencia ha animado a los municipios valencianos a adherirse a la nueva red y ha anunciado la creación de una Escuela de Buenas Prácticas en participación y transparencia dirigida a las entidades municipales en el seno de la red “para seguir innovando en acciones que impliquen a los ciudadanos y ciudadanas”.
Durante la sesión, se han presentado las líneas de acción de la nueva Red de Gobernanza Local y se han aprobado las normas de funcionamiento, que incluyen una presidencia compartida con las diputaciones provinciales. A su vez, en la reunión se ha aprobado el nuevo texto de la Carta de adhesión para los municipios y mancomunidades que incluye ejes estratégicos en materia de transparencia.
Por otra parte, se ha creado una comisión permanente que funcione como grupo motor para el impulso de actuaciones y trabajos en el seno de la misma. Durante la reunión, se han compartido buenas prácticas en gobierno abierto, con el objetivo de inspirar a otras localidades a seguir este modelo participativo y unirse a la Red de Gobernanza Local. Actualmente, un total de 55 municipios valencianos forman parte de la Red de Gobernanza Local.
Por su parte, la alcaldesa de Almassora ha destacado que el objetivo es claro, «ya que queremos fortalecer las políticas locales de participación ciudadana, promoviendo un diálogo continuo y constructivo entre todos los niveles de la administración y la ciudadanía. Queremos que cada ciudadano se sienta escuchado y tenga un papel activo en la construcción de nuestra comunidad».
«Estamos en el umbral de una nueva era para la participación ciudadana en la Comunitat Valenciana. Una era en la que la voz de cada ciudadano cuenta y en la que trabajamos juntos, mano a mano, para mejorar nuestras comunidades», ha remarcado la alcaldesa, quien ha agradecido a todos los presentes su contribución y compromiso en esta materia.
Cristóbal Ortega: «Los socialistas sólo se acuerdan del problema de la falta de agua cuando hay elecciones».
El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez “siga de vacaciones y sin mover ni un dedo para impulsar las obras hídricas que mantiene bloqueadas en la provincia” mientras que ésta se enfrenta a uno de los veranos más difíciles por los efectos de la sequía.
De este modo, ha denunciado que el PSOE no haya impulsado durante los últimos seis años “ni una sola de las infraestructuras de competencia estatal que el Ejecutivo tiene pendientes en la provincia y cuyo importe supera los 2.000 millones de euros”.
Así, Ortega ha insistido en que “los socialistas sólo se acuerdan del problema de la falta de agua cuando hay elecciones”, afeando al Gobierno que durante la campaña de las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023 comprometiera una inversión de cien millones de euros para la desaladora de la Axarquía y que, más de un año después, no sepamos nada del proyecto”.
El dirigente popular ha lamentado el abandono inversor de Sánchez con Málaga, relegándola como la penúltima provincia en inversión por habitante, marco en el que ha subrayado “el agravio que sufre Málaga respecto a otros territorios, donde sí vemos inversiones, nuevas infraestructuras e incluso el compromiso del Gobierno, en palabras ayer de la vicepresidenta Montero, para beneficiar a Cataluña en materia de financiación y condonarle hasta 15.000 millones de euros de deuda”.
En este sentido, el coordinador general del PP malagueño ha advertido de que “este agravio a Málaga es un daño colateral de las negociaciones del PSOE con sus socios de gobierno, al beneficiar a otros territorios en detrimento del interés general de los malagueños, además de limitar el desarrollo de una de las provincias más pujantes y con mayores previsiones de crecimiento del país”, ha concluido.
Juan Bravo: «En los 6 años de Sánchez se ha pasado de una industria manufacturera que empleaba al 14,1% de la población activa, a otra que lo redujo al 12,8%».
El vicesecretario de Economía del PP lamenta la dimisión del presidente de Anfac, Wayne Griffiths, por la falta de respaldo del Gobierno de España al sector de la movilidad y automoción y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Sánchez en la asamblea de la Asociación
El Partido Popular denuncia “la falta de compromiso y la incapacidad del Gobierno” para desarrollar y poner en marcha una política industrial comprometida y audaz para ayudar al segundo productor de coches más importante de Europa
El PP traslada su compromiso con el sector, tal y como hizo el presidente Feijóo en reiteradas ocasiones y llevó al programa electoral y propone un paquete de medidas para activar el sector:
1.- Mejora del plan MOVES, bajada de impuestos y deducciones en el IRPF
2.- Implantación y aceleración de puntos de recarga
3.- Plan de renovación del parque móvil para reducir la edad de los vehículos 4.- Equilibrio entre Sostenibilidad, acceso del ciudadano al vehículo y protección de la industria
5.- Plan para fortalecer el tejido productivo y la adaptación de la industria a los compromisos europeos, así como a la mejora de la innovación
6.- Apostar por un modelo de transición ecológica y energética que sea progresivo, sin penalizar al ciudadano y al empleo y que nos permita alcanzar los objetivos comprometidos
7.- Seguir impulsando la investigación de combustibles sintéticos y el desarrollo de los biocombustibles
“Tener un presidente que solo es capaz de alcanzar acuerdos para aprobar la ley de Amnistía, que no encuentra fondos presupuestarios para reactivar un sector tan importante como el de la movilidad, pero si para intervenir empresas privadas con aportaciones superiores a los 2.300 millones de euros pone de manifiesto que estamos ante in proyecto finalizado y sin futuro”, concluye
Reprocha el alejamiento de los objetivos comprometidos con Bruselas del 25% –hemos retrocedido al 10.5%– y denuncia la proximidad o incluso el vencimiento de los planes de ayuda existentes –MITMA y MOVES III– que podrían permitir acelerar el avance en la electrificación
Explica que el mercado está en la actualidad por debajo del 2019 y con un incremento continuado del envejecimiento del parque móvil, que se encuentra por encima de los 14 años, y creciendo. “En los 5 primeros meses se han vendido 45.000 turismos electrificados, menos de la mitad para alcanzar el objetivo de 280.000 unidades en 2024 y poder cumplir con los objetivos de reducción de emisiones”, señala a modo de ejemplo.
Afirma que los puntos de recarga se han convertido en otro gran cuello de botella “con autorizaciones que se eternizan o con una falta de liderazgo absoluto del Gobierno. “Sin infraestructuras no hay desarrollo. Se están perdiendo inversiones y recaudación tributaria que permita paliar el déficit y deuda que este Gobierno está generando de una manera descontrolada”, subraya
Reprocha el fracaso del PERTE VEC que ha generado diversas convocatorias por falta de asignación de recursos, renuncia de algunos adjudicatarios por falta de seguridad jurídica o dificultad de cumplimiento de los requisitos establecidos. “Se pone de manifiesto la falta de competencia del Gobierno en la gestión de los Fondos de Recuperación y Resilencia”, enfatiza
Lamenta que “la falta de gestión, compromiso y seguridad” están detrás, por ejemplo, del anuncio del ERE por 1.800 personas en la fábrica de Almusafes en Valencia y recuerda que en el entorno del vehículo existen más de 5.000 millones vinculados al mismo además del enorme compromiso que están realizando todos los actores con inversiones millonarias
Denuncia que Sánchez mintió desde su escaño cuando afirmó que se estaba reindustrializando nuestro país cuando los datos ponen de manifiesto que España está empeorando su situación industrial. “En los 6 años de gobierno se ha pasado de una industria manufacturera que empleaba al 14,1% de la población activa, a otra que lo redujo al 12,8%”, añade
Relata que la industria ha pasado de ser el 17,6% del PIB en 2019 a reducirse al 15,9%. “La falta de gestión de este gobierno nos está llevando a un empeoramiento de nuestra economía que principalmente se sustenta en el turismo y en el gasto público”, argumenta