Actualidad Política

Día 12 de octubre de 2025

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El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha denunciado hoy el “nuevo castigo” del Gobierno de Pedro Sánchez a Cartagena que supone su “manifiesta falta de interés por construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil”. El senador Francisco Bernabé, en una comparecencia ante los medios de comunicación, junto con los diputados nacionales Violante Tomás y Juan Luis Pedreño, la senadora, Antonia López Moya, y las ediles cartageneras, Francisca Martínez y Cristina Mora, ha exigido que se aclare el estado administrativo de todo el procedimiento.

El Ministerio del Interior derribó en 2023 el anterior cuartel y anunció disponer de 32 millones para construir el nuevo, comprometiéndose a ejecutar el proyecto en un plazo de 30 meses, pero “dos años después sólo tenemos un solar abandonado y lleno de matorrales en donde se encontraba la antigua Casa Cuartel de la calle Ángel Bruna”, ha lamentado.

En este sentido, el parlamentario del PP ha recordado que en octubre de 2024 el gobierno socialista anuló el procedimiento de urgencia para la construcción del nuevo cuartel y que desde entonces no ha habido más noticias al respecto. Es por ello que los populares sospechan que “no hay dinero para la casa cuartel y que, si ha existido alguna vez, se está dedicando a pagar los oscuros pactos que tiene el gobierno de Sánchez con sus socios separatistas y comunistas”.

Bernabé ha recordado que el Grupo Popular en el Senado solicitó hace un año explicaciones al Gobierno por la paralización del proyecto y que aún no ha obtenido respuesta alguna, lo que es el evidente ejemplo de que “el PSOE se ha olvidado por completo de las 86 familias que fueron desocupadas de sus casas y de los agentes que allí trabajaban, que ahora están repartidos por los municipios de la comarca”.

Por eso, el senador del Partido Popular ha anunciado la presentación de una nueva batería de preguntas en las Cortes Generales en la que se exige al Ministerio del Interior conocer “si hay proyecto de construcción y si dispone de presupuesto” para las nuevas dependencias. También, los plazos de licitación y ejecución de las obras “si es que los hay”, ha recalcado, “para devolver a los cartageneros unas instalaciones que garanticen la seguridad ciudadana en el municipio”.

“El ministerio debe dar pasos reales”

“Cartagena se merece un cuartel de la Guardia Civil acorde a sus características de gran ciudad y para eso el Ministerio debe dar de inmediato y de una vez por todas los pasos reales con el fin de que se convierta en una realidad”, ha insistido Bernabé, quien no obstante se muestra pesimista y ve difícil que eso se produzca porque “el gobierno de Sánchez miente continuamente y jamás cumple sus promesas”.

Finalmente, el senador popular ha terminado con un rotundo “basta ya de castigos a Cartagena y a los cartageneros, a esos castigos a los que Sánchez nos está sometiendo de continuo y que vemos a diario con la situación que estamos padeciendo con este cuartel de la Guardia Civil, con la llegada -que nunca llega- de la alta velocidad, con la ampliación -que no autoriza- del Puerto o con la construcción -que jamás empieza- de la nueva Ciudad de la Justicia”.

El portavoz de Administración Local del Grupo Popular en Les Corts, Wenceslao Alós Valls, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que traspase a la Generalitat las competencias en materia de costas para que la administración autonómica pueda prestar protección a los núcleos urbanos etnológicos y a la población que vive en ellos. El diputado ha insistido en esta reclamación ante la amenaza de derribo que pesa sobre algunas de estas viviendas en localidades como Moncofa, Nules, Cabanes o Guardamar del Segura.

El diputado popular ha recordado que la Ley de Costas de la Comunitat Valenciana, aprobada en el último período de sesiones, permite al Consell establecer una protección urbanística a este tipo de áreas urbanizadas en el litoral, en algunos casos erigidas hace casi 100 años.

Para ello es necesario que el Ejecutivo socialista traspase las competencias sobre la costa a la Generalitat, una propuesta que lleva semanas esperando a que el PSOE y Sumar-Compromís accedan a su tramitación en el Congreso. Alós Valls también denuncia que la Mesa del Congreso mantiene paralizada otra iniciativa del PP, aprobada en el Senado, relacionada con la protección de estos núcleos de edificaciones en el litoral.

Moncofa fue el primer municipio en solicitar la protección de las casetas de primera línea como núcleo de valor etnológico, una figura que reconoce el valor cultural, histórico y social de las construcciones tradicionales del litoral. El PP también lo intentó en el Ayuntamiento de Guardamar pero se topó con la negativa socialista. Aún así, la Generalitat activará esta declaración a iniciativa de la ciudadanía.

Por último, Alós Valls ha asegurado que “el Consell de Carlos Mazón, a través de su Ley de Costas, da seguridad jurídica a los vecinos y evita que se pierda nuestro patrimonio histórico, pero el Gobierno central también tiene que hacer los deberes. Estamos hablando de un modo de vida propio del litoral valenciano de norte a sur”.

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha acusado hoy al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de desaprovechar su visita a las obras del AVE Murcia-Almería, a la altura de Níjar, para aclarar si revisará los contratos de ese tramo señalados en un informe de la UCO por presuntas comisiones ilegales por parte de su antecesor, su compañero de partido, José Luis Ábalos.

El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, ve necesario que el ministro ofrezca a los ciudadanos explicaciones claras y concisas sobre esta cuestión que lleva meses esperando a ser resuelta. Además, ha recordado que este proyecto ferroviario, “clave para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia”, se está viendo empañado por sospechas de corrupción ante las cuales el “Gobierno de Pedro Sánchez está evitando ofrecer explicaciones”. 

“Es del todo lamentable que las obras de la Alta Velocidad estén inmersas en la sombra de la corrupción. Es por ello por lo que el Ejecutivo nacional tiene la obligación de revisar, auditar y aclarar cada contrato que ha sido adjudicado”, ha subrayado el diputado. 

Espera que cuanto antes, el ministerio “inicie una investigación para depurar responsabilidades sobre el proceso de contratación”, porque “mientras los murcianos llevamos años esperando el AVE, otros, presuntamente, han sacado tajada de unas obras que son absolutamente necesarias”.

Diez de Revenga ha criticado también que “esta infraestructura lleva años sufriendo reiterados retrasos por culpa de la inacción del Gobierno central”, algo que a su juicio supone un nuevo castigo para la Región de Murcia. En su opinión esta “lamentable situación” además de “frenar el avance económico y social de los ciudadanos de nuestra comunidad y de Almería, ha paralizado la línea de Cercanías a pesar de que se podían simultanear las obras”. 

La UCO vincula esos 550.000 euros con dos adjudicaciones que Acciona habría realizado en la Región. Una de ellas fue el soterramiento de las vías a su paso por Murcia, concretamente por la zona de Santiago El Mayor y que se adjudicó por más de 158 millones de euros. La otra se refiere a trabajos para la construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo comprendido entre Murcia y Almería, con hasta 121 millones de euros.

Para el senador, lo que realmente queremos todos los españoles es que Óscar Puente “se deje de fotitos y se dedique de una vez por todas a auxiliar a todos los viajeros que deja tirados en los trenes un día y otro también por culpa de su incompetencia”. 

Por último, ha advertido además que algunos de los tramos comprendidos en el trayecto del AVE entre Murcia y Almería han recibido o están pendientes de recibir fondos europeos, por lo que espera que el ministerio explique “si puede estar en riesgo la llegada de dichos fondos ante la gravedad de los hechos denunciados por la UCO”.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP recuerda que hoy en Alemania los principales mandatarios europeos celebran con EEUU una cumbre para pactar una estrategia conjunta para Ucrania y que Sánchez no ha sido invitado: “Es la consecuencia de años siguiendo el manual de Zapatero de blanqueamiento al régimen de Venezuela y de choques con la OTAN y con nuestros socios”

Afirma que “Sánchez ha hecho de España un país irrelevante en la política internacional y por eso “en vez de estar con los mandatarios internacionales, está en la playa con Zapatero”

Apunta que, en el caso de Sánchez y de Zapatero, se cumple la máxima sobre que el alumno supera al maestro: “Tenemos al peor presidente de la historia, y al Gobierno más corrupto, irresponsable e irrelevante que se recuerda en democracia”

Censura a Puente por no pedir perdón por sus mensajes sobre los incendios y advierte a Sánchez de que, si no lo cesa, “demostrará que su lucha contra los mensajes de odio es equiparable a su lucha contra la prostitución y contra la corrupción después de tener a Ábalos y Santos Cerdán como sus números 2”Subraya que en un Gobierno del PP con Alberto Núñez Feijóo al frente, el presidente habría llamado a las comunidades autónomas afectadas por los incendios para preguntarles qué necesitan. Sin embargo, con Sánchez ocurre lo contrario: “Sigue con su ‘si necesitan ayuda, que la pidan’”

Recuerda a Sánchez y Puente que no todo vale en política: “No se pueden utilizar los incendios como batalla electoral. No se puede ser ministro de España y jugar así con el dolor de la gente”

Destaca que Óscar Puente no ha sido el único ‘portavoz’ del Gobierno que ha sido noticia en las últimas horas: “Leire Díez ofrecía ayuda del Gobierno a fiscales para tratar de acabar con las investigaciones que amenazaban al PSOE, al Ejecutivo y a la familia de Pedro Sánchez”

“Cada vez está más claro que los movimientos de Leire no solo eran conocidos en Ferraz por Santos Cerdán, sino también en Moncloa por Pedro Sánchez”, sentencia

Señala que cada nuevo paso en esta investigación apunta a la Presidencia del Gobierno: “Toda trama tiene un fontanero, un contratista y su arquitecto jefe. Leire era la fontanera, Cerdán el contratista y tiene toda la pinta de que el arquitecto y número 1 de esa trama se llama Pedro Sánchez”

Echa en cara al Gobierno los datos del IPC y de la inflación subyacente, que se disparan al 2,7% y al 2,3% respectivamente: “Lleva 97 subidas de impuestos y que exprime a la clase media. Por eso pagamos más impuestos, pagamos más por lo que compramos y tenemos menos dinero en el bolsillo”Censura que el Ejecutivo vuelva a paralizar el traslado de menores desde Canarias: “Cinco meses para cumplir con un dictado del Supremo y el Ministerio anuncia que este viernes no habrá traslados… ¡porque es festivo!”Lamenta que el Gobierno esté más ocupado en intentar tapar los casos de corrupción que en gestionar nada, y concluye: “El cambio es urgente. Necesitamos un Gobierno que esté en resolver los problemas de la gente y no en defenderse de la corrupción que afecta al partido y a la familia del presidente”

El portavoz de Infraestructuras del GPP, Joserra González de Zárate, ha puesto en valor «el esfuerzo titánico del Consell para poner en marcha todas las carreteras y puentes afectados por la trágica dana de octubre» mientras que ha lamentado las críticas del PSPV a la vez que les ha recordado que «todavía estamos esperando aquellas infraestructuras que dependen del Gobierno».

El diputado popular se ha preguntado «qué pasa con el bypass, la A3 o la línea C3 de Cercanías». «Diez meses después tienen todavía multitud de obras pendientes, obras esenciales para la conexión de muchos municipios de la provincia» ha recordado el portavoz del GPP.

Joserra González de Zárate ha subrayado la vuelta de Metrovalencia «para dar servicio a miles de personas con todas las garantías de seguridad, ¿Dónde está el Cercanías? ¿Cuántos retrasos tienen que sufrir los usuarios?»

«En diez meses, la Conselleria de Infraestructuras ha conseguido reabrir todas las carreteras afectadas por la dana, y además, la reconstrucción ha incorporado principios de resiliencia y adaptación a las nuevas situaciones y a fenómenos climáticos extremos, reformando y protegiendo la cimentación para prevenir posibles socavaciones. Y lo más importante, se han reconstruido y reforzado una docena de puentes».

El portavoz de Industria del GPP, Salvador Aguilella, ha lamentado que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado “por la singularidad nuclear en Cataluña, dispuesto a ampliar el plazo para el cierre de sus centrales”, en el caso de la Comunitat Valenciana “nos está abocando a la pérdida de miles de puestos de trabajo si no hace lo mismo con Cofrentes”.

Ante ello, Aguilella ha exigido desde el parlamento valenciano que el Congreso tramite con urgencia la Proposición de Ley del Grupo Popular para garantizar la continuidad de la energía nuclear en todo el país y no sólo en Cataluña.

El diputado popular ha advertido que “el 70% de los españoles apoya revisar y posponer el cierre de las nucleares, y a pesar de ello, Pedro Sánchez negocia con los nacionalistas una continuidad exclusiva para Cataluña, dejando fuera a territorios como la Comunitat Valenciana, lo que supondría castigar otra vez a nuestra tierra y a todos los valencianos”.

La solución para por aprobar la propuesta legislativa cuya tramitación ya ha sido aprobada por mayoría en el Congreso, pero el Gobierno y sus socios ya han bloqueado el debate y votación de 41 iniciativas populares sobre vivienda, energía, protección del litoral o lucha contra la okupación ilegal. “Lo que está haciendo la izquierda es un fraude democrático para impedir que se escuchen y se aprueben leyes que sí mejoran la vida de los ciudadanos”, ha denunciado Aguilella.

“El cierre de Cofrentes sería un desastre energético y económico para los valencianos”

El portavoz popular ha calificado como “desastre energético” la hoja de ruta ideológica del Gobierno de Sánchez para cerrar las centrales nucleares sin alternativa. “Pone en riesgo la seguridad del suministro eléctrico nacional, la viabilidad de más de 12.000 empresas industriales en sectores clave de la Comunitat y el empleo de más de 180.000 valencianos”, ha señalado Aguilella.

“Cerrar Cofrentes y alargar las centrales catalanas es un nuevo privilegio para los nacionalistas, y un ataque directo a la economía y a las familias valencianas”, ha afirmado. “Exigimos el mismo trato y que se amplíe la vida útil de Cofrentes, una central que produce energía limpia, segura y estable para todo el territorio valenciano”.

Además, Aguilella ha recordado que la eliminación de la energía nuclear aumentará la factura de la luz, “el recibo de la luz puede subir hasta un 23% en hogares y un 35% en empresas sin la energía nuclear”. La Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular plantea mantener operativas las centrales nucleares bajo condiciones de máxima seguridad y como pieza clave para una transición energética equilibrada, que reduzca emisiones, garantice el suministro y baje los precios.

“No se trata de elegir entre nucleares o renovables. Se trata de apostar por nucleares y renovables. No hay transición ecológica sin un sistema eléctrico seguro, estable y asequible”, ha remarcado Aguilella. “Este Gobierno, al que le quedan dos telediarios, no puede tomar una decisión irreversible que pagaremos todos durante décadas. No se puede cerrar Cofrentes por ideología mientras Europa apuesta por mantener o ampliar sus nucleares”.

Finalmente, el dirigente popular ha reclamado “sentido común” y ha instado a PSPV y Compromís a “permitir inmediatamente el debate de esta ley en el Congreso”.

La portavoz de Juventud del GPP, Lucía Peral, ha puesto en valor las políticas de vivienda del Consell de Mazón “especialmente con los más jóvenes, quienes gracias a las diferentes medidas reales y efectivas que se han aprobado esta legislatura tienen más fácil alcanzar su propio hogar”.

Así se ha manifestado la diputada popular con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud que se conmemora este 12 de agosto. Peral ha lamentado “la dejadez del Gobierno de Sánchez y su nula apuesta por facilitar la vivienda a los más jóvenes, siguiendo la estela del Botànic, que en ocho años no incorporaron una sola vivienda al parque público en la Comunitat Valenciana”.

La portavoz de Juventud del GPP ha enumerado algunas de la medidas puestas en marcha por el Consell como el Plan Vive “mediante el cual está prevista la construcción de 10.000 viviendas en esta legislatura, 3.000 de ellas ya en ejecución”. Además de la ampliación del presupuesto para el Bono Alquiler Joven, “se han aprobado distintos beneficios fiscales y económicos como la disminución del 25% del ITP que ha permitido que 13.400 jóvenes y personas vulnerables hayan podido ahorrarse más de 17 millones de euros”.

En ese sentido, la diputada popular también ha destacado “la línea de avales aprobada para facilitar el crédito a valencianos entre 18 y 45 años, para que puedan acceder a préstamos de hasta el 95% para la adquisición de su primera vivienda. En el primer año de la medida  hay 1.475 beneficiarios y 1.022 avales que han supuesto casi 13 millones de euros para la adquisición de primera vivienda”.

“El Consell apuesta por la juventud en todos sus ámbitos, como así lo demuestra el aumento de Carnets Jove”

Lucía Peral ha apuntado que en estos dos años de gobierno “las políticas para los jóvenes han sido una prioridad, como así lo demuestran los datos del Carnet Jove, del que se han aumentado más del 100% pasando de 191.700 en junio del 2023 a 383.800 en junio de 2025”. Peral también ha señalado que “cuatro de nuestros albergues han conseguido el sello de calidad de la Red Española de Albergues Juveniles” y además “seguimos apostando por la Xarxa Jove manteniendo la subvención e implementando una APP para mejorar la consecución de los planes de juventud municipales”.

La diputada del GPP ha recordado que “el Consell ha aumentado la subvención a entidades de educación no formal y ocio educativo, pasando de 700.000 a 775.000€” y también “se han llevado a cabo diferentes campos de voluntariado junto con menores como en la zona afectada por la dana”.

Finalmente, Lucía Peral ha avanzado que “este año empezará a rodar la nueva Estrategia Valenciana de Juventud, como plan integral de políticas de juventud de la Comunitat Valenciana, para promover la inclusión activa, la participación y el empoderamiento juvenil”.

Los diputados del Grupo Popular en Les Corts por Alicante, Joserra González de Zárate y Javier Gutiérrez, han destacado la apuesta del Consell por las comarcas del Medio Vinalopó y la Marina Alta, con especial atención al impulso de la ampliación Hospital General Universitario de Elda, “tras ocho años en los que el Botànic no realizó inversión alguna desde su inauguración”.

González de Zárate ha subrayado que los presupuestos de la Generalitat para 2025 contemplan una inversión de 2,2 millones en la ampliación de urgencias del Hospital de Elda para modernizarlo y adaptarlo a las necesidades actuales, en una actuación que se ejecutará por fases para garantizar el servicio y que permitirá reorganizar espacios, mejorar la atención y ampliar la capacidad asistencial ante el crecimiento de población. Unas mejoras que la ciudadanía de la zona empezará a disfrutar el próximo año, según ha asegurado.

El también portavoz parlamentario de Infraestructuras ha resaltado otras inversiones clave en la comarca del Medio Vinalopó por más de 22 millones de euros en partidas presupuestarias, como el desbloqueo del nuevo centro educativo Santa Infancia de Elda, la modernización de polígonos industriales y la apuesta por el Plan Vive para promover vivienda asequible. En materia de agua, ha recordado las obras en conducciones y balsas para garantizar el riego y el suministro, “una prioridad para vecinos y agricultores”.

Por su parte, Gutiérrez ha remarcado que “las políticas del Consell de Carlos Mazón generan empleo, crecimiento y bienestar en toda la Comunitat”, recordando que la Generalitat ha destinado más del 80% del presupuesto al bienestar social y que la provincia de Alicante lidera la creación de empleo y el crecimiento económico gracias a la bajada de impuestos, la seguridad jurídica y la atracción de inversiones. Unas cuentas que, en palabras de González de Zárate, prestan especial atención a las poblaciones y personas afectadas por las riadas pero, a su vez, “garantizan la vertebración de la Comunitat, de sus provincias y de todas y cada una de sus comarcas y municipios”.

“El Botànic ni invirtió ni cumplió con la Marina Alta”

Por otro lado, González de Zárate también ha recordado que “el Botànic prometió revertir y mejorar el hospital de Dénia, pero ni invirtió ni cumplió, y a punto estuvo de dejar en la calle a cientos de profesionales”. En este sentido ha destacado que, gracias a una ley reciente del Consell, se garantiza la consolidación de los puestos de trabajo en hospitales que se han recuperado para el sistema público como Dénia, Torrevieja o Alzira.

Gutiérrez ha subrayado que “con Carlos Mazón, las inversiones vuelven de manera importante al conjunto de la Comunitat”, con unos presupuestos que incluyen el Plan Vive, al que se han adherido más de 330 municipios, entre ellos Elda, Aspe, Pedreguer, Benissa, Teulada o Dénia, para impulsar vivienda pública asequible en las comarcas del Medio Vinalopó y la Marina Alta. También ha defendido el compromiso con la pesca, un sector clave para la costa alicantina que “ahora recibe ayudas rápidas y eficaces”. Y todo ello con un Gobierno de España que ha dejado a la Comunitat Valenciana sin el Fondo de Liquidez Autonómica por primera vez en 12 años, en el peor momento y tras la dana.

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