Actualidad Política

10 de noviembre de 2026

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El diputado del Partido Popular Tomás Cabezón ha exigido al Gobierno que cumpla los compromisos incluidos en la Ley de Movilidad Sostenible y ha criticado la situación que atraviesa la red ferroviaria española, marcada, según denunció, por retrasos, falta de mantenimiento e incumplimientos normativos.

Durante la defensa de una Proposición No de Ley del Grupo Popular en el Pleno del Congreso, Cabezón reprochó al Ejecutivo, y especialmente al ministro de Transportes, Óscar Puente, no haber puesto en marcha medidas contempladas expresamente en la legislación aprobada.

“No se puede recaudar como un país nórdico y prestar servicios como un país tercermundista”, afirmó.

El PP denuncia incumplimientos de la Ley de Movilidad

El parlamentario popular señaló que el Gobierno sigue sin aprobar el plan de choque ferroviario ni el plan de atención urgente a los pasajeros, además de no haber recuperado las compensaciones de Renfe por retrasos de 15 y 30 minutos.

“Eso no está en un tuit, está en la ley y publicado en el BOE. No es una recomendación, es una obligación”, subrayó.

Cabezón recordó que durante la tramitación parlamentaria se incorporaron medidas destinadas a garantizar servicios de transporte en zonas rurales, mejorar las frecuencias de autobús, corregir desequilibrios territoriales y reforzar la calidad del servicio ferroviario.

Críticas a la gestión ferroviaria

El diputado alertó de que la red ferroviaria española acumula actualmente más de mil limitaciones temporales de velocidad, una situación que atribuyó a la falta de mantenimiento y planificación.

Según afirmó, estas deficiencias afectan directamente a miles de usuarios que utilizan diariamente el tren para desplazarse.

“España necesita un ministro que gestione, mantenga, planifique, dé explicaciones y cumpla”, aseguró.

Asimismo, criticó que el titular de Transportes dedique más atención al debate político en redes sociales que a resolver los problemas de las infraestructuras ferroviarias.

El caso de Soria

Tomás Cabezón puso como ejemplo la situación de Soria, que, según denunció, lleva cerca de quince meses sin conexión ferroviaria directa con Madrid.

A su juicio, esta circunstancia refleja los desequilibrios territoriales que persisten en determinadas provincias pese a la existencia de grandes infraestructuras de transporte.

“La Alta Velocidad cruza la provincia, pero Soria sigue sin estar conectada”, lamentó.

Investigación y responsabilidades

Durante su intervención, el diputado popular también tuvo un recuerdo para las víctimas de los sucesos ocurridos en Adamuz y Gelida y reclamó que se investiguen todas las circunstancias relacionadas con estos hechos.

Finalmente, defendió la necesidad de priorizar la gestión de los servicios públicos y reforzar las inversiones en mantenimiento e infraestructuras.

“España necesita menos corrupción y más gestión; menos mordidas y más mantenimiento; menos redes sociales y más redes ferroviarias”, concluyó.

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha destacado la importancia de la nueva estrategia regional destinada a fortalecer los municipios madrileños y afrontar los desafíos derivados del crecimiento demográfico y territorial.

Durante su intervención, Sánchez recordó que la Comunidad de Madrid ya supera los siete millones de habitantes y que las previsiones apuntan a que la población podría acercarse a los ocho millones en los próximos años.

“La cuestión es cómo conseguimos que ese crecimiento genere más oportunidades, más cohesión y más equilibrio territorial”, señaló.

Cinco grandes objetivos estratégicos

El viceconsejero explicó que el plan parte de un análisis detallado de la realidad municipal madrileña y establece cinco grandes objetivos para orientar la acción pública.

Entre ellos figuran la mejora de los servicios públicos, el impulso al desarrollo económico local, el reequilibrio territorial, la fijación de población y la atracción de nuevos residentes, así como el fortalecimiento institucional de los ayuntamientos.

Según Sánchez, la estrategia busca ofrecer a los municipios herramientas eficaces para responder a las necesidades de los ciudadanos y afrontar los retos del futuro.

Una nueva visión del municipalismo

El responsable regional subrayó que el municipalismo no debe limitarse únicamente a la transferencia de recursos económicos.

“Consiste en dar herramientas a los gobiernos locales para que puedan responder mejor a las necesidades de los ciudadanos”, afirmó.

Además, destacó que los desafíos territoriales actuales requieren una actuación conjunta de todas las administraciones públicas y una mayor coordinación institucional.

Un marco estratégico pionero

José Antonio Sánchez avanzó que la estrategia se encuentra en una fase muy avanzada de elaboración y que supondrá un hito para la Comunidad de Madrid.

Será la primera vez que la región disponga de un marco estratégico integral destinado a coordinar las políticas públicas orientadas al fortalecimiento municipal y al reequilibrio territorial.

El viceconsejero definió esta iniciativa como una auténtica hoja de ruta compartida que servirá para orientar la acción pública en todo el territorio madrileño durante los próximos años.

Con esta planificación, la Comunidad de Madrid busca preparar a sus municipios para afrontar el crecimiento poblacional, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible en toda la región.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido una profunda reforma fiscal para favorecer el crecimiento de las empresas familiares, impulsar la inversión y aumentar la creación de empleo en la comunidad autónoma.

Durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Núñez destacó el peso estratégico de este modelo empresarial en la economía regional.

“Más del 91% de las empresas de Castilla-La Mancha son familiares y generan el 85% del empleo y del valor añadido bruto de la región”, recordó.

Según afirmó, sin estas empresas “la economía de Castilla-La Mancha se pararía”, por lo que las definió como “la columna vertebral y el alma de la economía regional”.

Reforma fiscal para favorecer la actividad económica

El líder popular explicó que la propuesta presentada por el PP en las Cortes regionales contempla una reforma integral del sistema tributario autonómico.

Entre las medidas planteadas figuran la reducción de los tipos máximos y mínimos del IRPF, la deflactación del tramo autonómico para compensar la inflación acumulada y la eliminación de impuestos como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio.

Además, la iniciativa incluye rebajas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y bonificaciones destinadas a favorecer la compra de suelo industrial.

Núñez aseguró que estas medidas permitirían devolver cerca de 400 millones de euros al tejido productivo de Castilla-La Mancha.

Menos burocracia y más competitividad

El presidente regional del PP insistió también en la necesidad de reducir la carga burocrática que soportan empresas y emprendedores.

En este sentido, apostó por reformar procedimientos administrativos, ampliar el uso de declaraciones responsables y revisar la normativa existente para eliminar duplicidades y simplificar trámites.

Según explicó, el exceso regulatorio dificulta la implantación de nuevas actividades económicas y reduce la capacidad competitiva de las empresas.

Apoyo a la empresa familiar

Núñez destacó igualmente la importancia de facilitar la continuidad de las empresas familiares y anunció que el PP ha incorporado a su propuesta la ampliación hasta el sexto grado de consanguinidad de los beneficios fiscales aplicables a este tipo de negocios.

A su juicio, favorecer el relevo generacional resulta esencial para garantizar la continuidad de miles de proyectos empresariales y mantener el empleo en el territorio.

Un modelo basado en libertad económica

El dirigente popular puso como ejemplo las políticas aplicadas en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Andalucía o Extremadura, donde —según afirmó— la combinación de menos impuestos, menor burocracia y una legislación más flexible ha favorecido el crecimiento económico.

Por último, defendió una administración pública orientada a facilitar la actividad empresarial y acompañar a quienes generan riqueza y empleo.

“La administración debe estar al servicio de la actividad económica porque la economía está al servicio de la sociedad”, concluyó.

El Ayuntamiento de Torrelodones se ha convertido en el primer municipio de España en ratificar formalmente su compromiso contra el antisemitismo mediante la adopción de la definición de trabajo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), una herramienta reconocida internacionalmente para prevenir y combatir esta forma de discriminación.

La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha firmado la declaración junto a la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, en un acto que también contó con la presencia de representantes de la Asociación Judía Europea.

Con esta iniciativa, el municipio madrileño refuerza su compromiso con la defensa de la convivencia, la libertad religiosa y los derechos humanos.

Una respuesta frente al odio y la discriminación

Durante su intervención, Almudena Negro advirtió sobre distintas manifestaciones de antisemitismo que, a su juicio, continúan presentes en la sociedad actual.

La alcaldesa rechazó actitudes que supongan discriminación hacia ciudadanos judíos o israelíes por motivos de origen, religión o nacionalidad, y defendió que la convivencia democrática exige combatir cualquier forma de intolerancia.

“No se puede impedir la entrada de judíos en locales por llevar una estrella de David, ni pedir la expulsión de deportistas o artistas por el mero hecho de ser israelíes”, afirmó.

Asimismo, alertó sobre el auge de determinados discursos de odio y sostuvo que las administraciones públicas deben actuar para prevenir cualquier forma de discriminación.

El papel de los ayuntamientos

Negro defendió que los municipios desempeñan un papel fundamental en la promoción de la convivencia y el respeto mutuo.

“Los ayuntamientos somos la primera línea de batalla en defensa de la libertad y contra el odio”, señaló.

La regidora consideró que la lucha contra el antisemitismo no es una cuestión lejana ni exclusivamente internacional, sino un compromiso que debe asumirse también desde el ámbito local.

Compromiso con la convivencia

La definición de antisemitismo adoptada por Torrelodones fue aprobada por consenso por la IHRA en 2016 y ha sido respaldada por más de 45 países y 1.266 organizaciones internacionales. España la incorporó oficialmente en 2020.

Mediante esta adhesión, el Ayuntamiento se compromete a promover el conocimiento de esta definición, incorporarla a sus mecanismos internos de prevención de la discriminación y desarrollar iniciativas destinadas a combatir el antisemitismo.

La presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, agradeció la iniciativa y expresó su deseo de que otros municipios españoles sigan el mismo camino.

La alcaldesa concluyó asegurando que el objetivo es impedir que el odio vuelva a abrirse paso en la sociedad y fortalecer una cultura basada en el respeto, la libertad y la fraternidad entre todos los ciudadanos.

El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Luis Santamaría, ha anunciado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá próximamente ante la Comisión de Investigación del caso Koldo, donde, según advirtió, deberá responder a las cuestiones que quedaron sin aclarar durante su intervención en la Comisión de Interior.

“Hoy ha elegido no contestar, más pronto que tarde lo tendrá que hacer en la Comisión Koldo”, afirmó Santamaría durante la comparecencia de González en la Cámara Alta.

El senador popular añadió que, en ese contexto, la directora general estará obligada a responder con veracidad. “Allí tendrá que decir la verdad, ya que si miente será un delito”, señaló.

El PP cuestiona las explicaciones de Mercedes González

Santamaría recordó que esta era la primera comparecencia parlamentaria de Mercedes González desde que se conocieran diversas informaciones que afectan a su gestión al frente de la Guardia Civil.

A juicio del portavoz popular, la directora general acudió al Senado sin ofrecer las explicaciones que, según el PP, demandan los ciudadanos sobre los hechos conocidos en las últimas semanas.

El senador reprochó además que ni González ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan asumido responsabilidades políticas por esta situación.

“Ni usted ni el ministro Marlaska han mostrado la dignidad de dimitir y asumir unas responsabilidades políticas que son más que evidentes”, afirmó.

Preguntas sobre reuniones y decisiones internas

Durante su intervención, Santamaría planteó diversas cuestiones relacionadas con reuniones mantenidas por Mercedes González y con actuaciones desarrolladas en el ámbito de la Guardia Civil.

Entre ellas, preguntó por los encuentros mantenidos con Leire Díez y por distintas decisiones internas conocidas a través de investigaciones e informaciones publicadas recientemente.

El portavoz popular sostuvo que la directora general no ofreció respuestas suficientes y acusó al Gobierno de alimentar una creciente desconfianza institucional.

Defensa de la UCO y petición de responsabilidades

El representante del PP reivindicó el trabajo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y aseguró que las informaciones que han motivado las preguntas de su grupo proceden de investigaciones desarrolladas por esta unidad.

Asimismo, reclamó explicaciones sobre posibles contactos, decisiones internas y medidas adoptadas en el seno del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil.

Santamaría concluyó reclamando responsabilidades políticas y defendiendo la necesidad de preservar la independencia de las instituciones encargadas de investigar posibles casos de corrupción.

Según afirmó, la situación actual exige transparencia, explicaciones y un compromiso firme con el Estado de derecho y con el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La diputada Cristina Agüera defendió una iniciativa destinada a mejorar las condiciones laborales y la capacidad de contratación del sector turístico.

La parlamentaria popular alertó de las dificultades que afrontan numerosas empresas para encontrar trabajadores cualificados, a pesar de los elevados niveles de desempleo existentes en España.

Según trasladó, dos de cada tres empresarios turísticos tienen problemas para contratar personal y una parte importante de las vacantes queda sin cubrir.

La propuesta popular incluye incentivos para atraer y retener talento, así como la elaboración de un plan nacional de formación coordinado con comunidades autónomas, empresas e instituciones.

Entre las competencias prioritarias figuran los idiomas, la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad.

El diputado Guillermo Mariscal defendió también una iniciativa orientada a mejorar la competitividad del sector del aluminio mediante una reducción de la carga fiscal y de los costes energéticos.

Mariscal advirtió de las dificultades que atraviesa la industria debido a las limitaciones de acceso a la red eléctrica y a los elevados costes de producción.

A su juicio, la política energética del Gobierno está generando problemas para sectores estratégicos y poniendo en riesgo la capacidad industrial del país.

El Grupo Popular sostiene que la transición energética debe compatibilizarse con la protección del tejido industrial, la creación de empleo y el mantenimiento de la competitividad económica.

Las propuestas presentadas buscaban reforzar la actividad productiva, favorecer la inversión y mejorar las oportunidades laborales en sectores considerados clave para el crecimiento económico de España.

El Partido Popular ha reclamado en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso una batería de medidas para mejorar las condiciones laborales en el sector turístico, reforzar la competitividad de la industria española y garantizar la viabilidad del sector del aluminio.

Las tres iniciativas defendidas por el Grupo Popular fueron rechazadas por los partidos que integran el Gobierno, PSOE y Sumar.

Conde pide energía más barata para la industria

El portavoz de Industria del Grupo Popular, Francisco Conde, criticó que el Ejecutivo continúe aplicando medidas temporales para aliviar los costes energéticos de las empresas.

Según explicó, el PP propone convertir en permanentes instrumentos como la bonificación de peajes eléctricos o la suspensión de determinados impuestos energéticos para mejorar la competitividad industrial.

Conde denunció además que España soporta costes energéticos superiores a los de algunos de sus principales competidores europeos.

“En España el precio de la energía es el doble que en Francia”, afirmó.

Asimismo, acusó al Gobierno de mantener una política industrial intervencionista y de carecer de una estrategia real para impulsar el tejido productivo.

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