Actualidad Política

23 de octubre de 2026

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha presentado los ocho ejes del Plan contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado que el PP plantea desarrollar con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno.

Tras reunirse en Sevilla con una veintena de organizaciones, entre ellas representantes de Vigilancia Aduanera, sindicatos de la Guardia Civil y la Policía y funcionarios de prisiones, Gamarra ha señalado que el objetivo es reforzar la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales.

“El objetivo es que España sea un país seguro y que el Estado tenga la fortaleza para luchar contra las amenazas que nos asedian”, ha afirmado.

Gamarra ha atribuido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una situación de “abandono e inacción” durante los últimos ocho años y ha sostenido que el narcotráfico y el crimen organizado han aumentado su actividad, especialmente en Andalucía. También ha criticado la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el desmantelamiento de unidades especializadas como OCON-Sur.

El plan presentado contempla, en primer lugar, incrementar los medios materiales y humanos de Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y funcionarios de prisiones. A ello se suma la recuperación y refuerzo permanente de unidades especializadas contra el crimen organizado.

Otro de los ejes se centra en mejorar la protección y las condiciones profesionales de los agentes, incluyendo el reconocimiento como profesión de riesgo, retribuciones, incremento de plantillas y reformas para reforzar su protección jurídica.

En materia penal y judicial, la propuesta plantea un Código Penal “más firme” y una Justicia “más fuerte”, junto con reformas legislativas. También apuesta por combatir económicamente a las organizaciones criminales mediante actuaciones sobre su patrimonio.

Los tres últimos ejes pasan por blindar al Estado frente a posibles infiltraciones criminales, impulsar programas de prevención y sensibilización y reforzar la cooperación internacional contra unas organizaciones cuya actividad supera las fronteras nacionales.

“El plan Feijóo pretende poner freno y poner coto al crimen organizado”, ha resumido Gamarra.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha presentado las principales líneas del proyecto sanitario que el PP plantea para un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, situando el refuerzo de la Atención Primaria entre sus primeras actuaciones.

Durante el VII Simposium del Observatorio de la Sanidad, Fúnez ha defendido que la sanidad sea “un pilar fundamental y esencial” y ha reclamado reformas que permitan adaptar el Sistema Nacional de Salud al envejecimiento de la población, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades asistenciales.

“El mayor riesgo para la sanidad española no es reformarla, sino dejarla tal y como está y no hacer nada”, ha afirmado. La dirigente plantea una hoja de ruta con un horizonte de diez años y con la cohesión territorial como uno de sus principales ejes. “Tenemos 17 servicios de salud, pero solo tenemos un Sistema Nacional de Salud”, ha señalado.

Fúnez ha situado a los profesionales sanitarios en el centro de las reformas y ha propuesto actualizar el Estatuto Marco para abordar cuestiones como jornadas, guardias, clasificación profesional, conciliación y estabilidad. También ha defendido adaptar las plazas MIR a las necesidades futuras, incrementar la capacidad docente y mejorar las condiciones laborales.

En Atención Primaria, propone aumentar la capacidad diagnóstica, reducir burocracia, potenciar los equipos multidisciplinares e incorporar tecnología. “Es columna de nuestro Sistema Nacional de Salud”, ha subrayado.

El proyecto expuesto incluye además una financiación específica para el SNS dentro del futuro modelo de financiación autonómica, reforzar la prevención y los cribados, acelerar el acceso de los pacientes a la innovación y garantizar una reserva estratégica de medicamentos.

En salud mental, Fúnez ha reiterado la propuesta atribuida a Feijóo de incorporar 10.000 profesionales, con una inversión de 700 millones de euros anuales hasta alcanzar ese objetivo.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha solicitado al Consorcio de Compensación de Seguros que amplíe o suspenda, más allá del próximo 29 de octubre, el plazo para reclamar indemnizaciones por los vehículos perdidos durante la dana que todavía no han sido localizados.

Según la información facilitada por la Generalitat, centenares de vehículos continúan sin localizarse, una circunstancia que impide a sus propietarios acceder a las compensaciones correspondientes.

Mérida ha trasladado esta petición mediante una carta dirigida al presidente del Consorcio de Compensación de Seguros, José Antonio Fernández de Pinto. En ella solicita que se valore la situación de estos afectados y se traslade al Gobierno central la necesidad de evitar que expire el plazo, estudiando además un régimen transitorio específico.

“Estamos dando voz a un colectivo muy perjudicado por la riada”, ha explicado Mérida, que recuerda que estas personas perdieron sus vehículos y, al no haber sido localizados, tampoco han podido beneficiarse de las ayudas vinculadas a ellos.

El comisionado ha señalado que la imposibilidad de localizar los coches responde, en la mayoría de los casos, a circunstancias ajenas a sus propietarios. Algunos vehículos fueron achatarrados y otros quedaron sepultados bajo el lodo sin que hayan podido encontrarse.

La Generalitat plantea por ello estudiar medidas extraordinarias dentro del marco jurídico vigente. “Nuestro objetivo con esta iniciativa es tratar de garantizar que ninguna persona afectada por la catástrofe de hace dos años quede desprotegida por circunstancias ajenas a su voluntad”, ha afirmado Mérida.

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha criticado durante la sesión de control la propuesta de la Generalitat para facilitar la compra conjunta de viviendas entre la Administración catalana y particulares, con la posibilidad, según la información facilitada, de que el inmueble quede en manos de la Generalitat transcurridos 40 años.

Fernández ha asegurado que esta iniciativa resume las “verdaderas intenciones” del Govern en materia de vivienda y ha cuestionado tanto sus políticas sobre compraventa como las aplicadas al mercado del alquiler.

A juicio del dirigente popular, las condiciones impuestas dificultan la construcción de vivienda nueva y reducen los incentivos para que los propietarios incorporen sus inmuebles al mercado del alquiler. Fernández sostiene que el resultado es una disminución de las alternativas disponibles para acceder a una vivienda.

El presidente del PPC ha centrado especialmente sus críticas en el modelo de compra compartida. “Convertir a la Generalitat en la gran inmobiliaria de Cataluña”, ha afirmado al describir el papel que, a su juicio, asumiría la Administración.

Fernández ha llegado a calificar la propuesta como una “expropiación a plazos” y ha afirmado que sería “peor que la expropiación, porque al menos en la expropiación algo te pagan. Aquí pagas y a los 40 años te lo quitan”. Esta descripción corresponde a la valoración política realizada por el dirigente sobre el funcionamiento de la propuesta.

Finalmente, Fernández ha defendido una política de vivienda que, según su planteamiento, conceda mayor margen de decisión a los ciudadanos y ha concluido reclamando al Govern: “Dejen a la gente en paz, déjennos vivir libres”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de “huelga política” la convocatoria sindical y ha sostenido que está “manejada desde las instancias del Gobierno y del poder”.

En una entrevista en Espejo Público, Muñoz ha relacionado su valoración con las palabras de María Jesús Montero y ha afirmado que “la propia directora de campaña del PSOE ya dice que es una campaña contra el PP y no contra el Gobierno”.

La portavoz parlamentaria ha cuestionado además el momento elegido para la convocatoria. “No es casualidad que en ocho años los sindicatos no hayan convocado ninguna huelga general” y que lo hagan ahora “en plena campaña electoral”, ha señalado.

Muñoz también ha criticado la situación económica de las clases medias y ha sostenido que existen “millones de personas trabajando que no llegan a final de mes”. Ante las elecciones del 29-N, ha insistido en la importancia de acudir a las urnas.

En materia de vivienda, la dirigente popular ha cuestionado las políticas del Ejecutivo al considerar que las medidas destinadas a proteger a los colectivos vulnerables terminan restringiendo la oferta y perjudicando su acceso a una vivienda.

Muñoz ha puesto como ejemplo Cataluña y ha cuestionado asimismo que el Gobierno recurra a un real decreto por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”. La portavoz sitúa el posible “fraude de ley” en que, según explica, un decreto de contenido similar, aunque con correcciones técnicas, acaba de ser rechazado por el Parlamento.

Las referencias a una huelga “manejada” desde el Gobierno, a la “destrucción” de la clase media o a un posible “fraude de ley” corresponden a las valoraciones realizadas por Muñoz en la entrevista.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha avanzado que un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo pondría en marcha un “gigantesco plan de infraestructuras” destinado a renovar las redes del país, incluidas las carreteras.

Durante su intervención en el V Observatorio del Vehículo Industrial de Faconauto, Nadal ha defendido que este programa recurra a la colaboración público-privada y ha reclamado un incremento de la inversión en infraestructuras.

En materia de transporte, ha propuesto además un plan de renovación de la flota de vehículos industriales, cuya edad media sitúa en torno a los 15 años. Según Nadal, el envejecimiento del parque repercute en la eficiencia, las emisiones, el desgaste de las carreteras y la seguridad.

El dirigente popular también ha avanzado que un eventual Gobierno del PP estudiaría incentivos fiscales como la libertad de amortización para favorecer nuevas inversiones. “Todo aquello que incremente la inversión debe ser favorecido fiscalmente”, ha defendido.

En política energética e industrial, Nadal ha abogado por aplicar el principio de neutralidad tecnológica al proceso de descarbonización y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría acelerar la transición sin disponer de tecnología, infraestructuras y demanda suficientes.

También ha defendido inversiones en las redes eléctricas, mantener las centrales nucleares y orientar la política energética hacia la reducción del coste de la electricidad para hogares y empresas.

Por último, Nadal ha puesto el foco en la falta de profesionales en el transporte por carretera, cifrando en 30.000 los conductores de camión que necesita el sector, y ha reclamado reforzar la formación profesional.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado la celebración este miércoles, 7 de octubre, de una manifestación en plaza Universidad convocada por Samidoun, coincidiendo con el tercer aniversario de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Según la información recogida por la formación sobre la convocatoria, el acto emplea el lema «Tufan al-Aqsa», denominación utilizada por Hamás para referirse al ataque del 7 de octubre de 2023, en el que, según los datos aportados en el texto, murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.

El presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, ha reclamado explicaciones al Gobierno municipal de Jaume Collboni y ha cuestionado las condiciones bajo las que puede celebrarse la convocatoria en el espacio público.

VOX pone el foco en Samidoun

La formación centra parte de sus críticas en la organización convocante y señala que Samidoun ha sido considerada organización terrorista por países como Estados Unidos, Canadá, Alemania e Israel.

El texto difundido por VOX sostiene asimismo que Bélgica y Grecia mantienen actuaciones policiales relacionadas con integrantes de la organización y señala sus vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

«Mientras países occidentales como Estados Unidos, Canadá o Alemania han actuado contra Samidoun por sus vínculos con grupos terroristas islamistas, en Barcelona se permite que esta organización convoque un acto en plena vía pública coincidiendo con el aniversario de la matanza del 7 de octubre», ha denunciado De Oro.

De Oro reclama explicaciones a Collboni

El portavoz municipal considera que la convocatoria supone, a juicio de VOX, una legitimación de los ataques del 7 de octubre y pide conocer cuál ha sido la intervención del Ayuntamiento en relación con el uso del espacio público.

«Es una aberración que Barcelona pueda convertirse en escenario de una convocatoria que presenta como motivo de celebración el aniversario de una masacre en la que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas y cientos fueron secuestradas», ha afirmado.

De Oro exige a Collboni que explique qué papel ha tenido el Ayuntamiento en la autorización o cesión del espacio y qué medidas se han establecido para evitar posibles conductas que puedan constituir apología o legitimación del terrorismo.

«Barcelona debe ser una ciudad que condene el terrorismo»

«El PSC-PSOE y Collboni deben explicar por qué se permite este acto y qué controles se han aplicado. Barcelona debe ser una ciudad que condene el terrorismo y proteja la convivencia, no un lugar donde se pueda celebrar el aniversario de una matanza», ha señalado De Oro.

VOX sostiene que los derechos de libertad de expresión y manifestación no amparan automáticamente cualquier conducta y reclama que las administraciones competentes actúen dentro del marco legal si aprecian indicios de enaltecimiento del terrorismo o legitimación de actos terroristas.

El grupo municipal pide finalmente al Gobierno de Barcelona que haga públicas las condiciones bajo las que se ha permitido la convocatoria y aclare si se han evaluado los antecedentes y la situación jurídica de Samidoun.

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha calificado de “disparate democrático” la decisión del Gobierno de llevar a la Diputación Permanente los decretos de vivienda que, según la información facilitada, fueron rechazados por el Pleno del Congreso una semana antes.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Sémper ha advertido de que esta fórmula puede sentar “un precedente inquietante” y ha cuestionado que el Ejecutivo desacredite al Congreso cuando su propia investidura procede de la mayoría parlamentaria. “Esto es una especie de utilización de quita y pon de la legitimidad del Congreso de los Diputados”, ha afirmado.

El dirigente popular también ha criticado la actuación de los sindicatos y ha considerado que su movilización en plena campaña electoral tiene una motivación política. Sémper sostiene que “ha habido motivos más que suficientes para manifestarse en defensa de los derechos de los trabajadores” durante los últimos años y cuestiona que la convocatoria se produzca ahora.

En este contexto, ha respondido a María Jesús Montero y ha asegurado que “la utilización partidista del movimiento sindical hace un flaco favor a la credibilidad de los sindicatos”. La consideración de que la huelga busca favorecer políticamente a Pedro Sánchez corresponde a la valoración expresada por Sémper.

El portavoz popular también se ha referido a la amnistía, que ha definido como un “profundo error político”, y ha pedido que el debate público vuelva a centrarse en los problemas de los ciudadanos.

Ante las elecciones del 29-N, Sémper ha reclamado una amplia participación: “Que la gente vaya a votar por tierra, mar y aire”, ha señalado.

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