Tres años del 7-O: de la masacre de Hamás al choque entre España e Israel por Gaza.
Tres años después del ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, las consecuencias de aquella jornada siguen marcando Oriente Próximo y también la política española.
Ese día murieron alrededor de 1.200 personas en Israel y 251 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza. Fue el ataque más mortífero sufrido por Israel en su historia reciente y el punto de partida de una guerra cuyas consecuencias humanas, diplomáticas y políticas siguen abiertas tres años después.
España tampoco quedó al margen de la tragedia. Dos ciudadanos españoles, Maya Villalobo e Iván Illarramendi, murieron como consecuencia de los ataques.
Desde los primeros días, el Gobierno español condenó los atentados de Hamás, reclamó la liberación de los rehenes y reconoció el derecho de Israel a defenderse dentro del Derecho Internacional, al tiempo que exigió proteger a la población civil palestina.
Pedro Sánchez reiteró posteriormente esa posición. Cuando España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, el presidente afirmó que el Gobierno mantenía un “rechazo frontal” a Hamás, recordó que España había condenado desde el primer momento los atentados terroristas del 7-O y reclamó también la liberación de los rehenes israelíes.
De la condena a Hamás al enfrentamiento con Netanyahu
Pero la evolución de la guerra modificó profundamente el centro del debate político español.
A medida que aumentaban las víctimas palestinas y se deterioraba la situación humanitaria en Gaza, el Gobierno de Sánchez endureció sus críticas hacia la actuación del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.
España terminó adoptando una posición especialmente activa en defensa del reconocimiento de Palestina y de la solución de dos Estados.
El 28 de mayo de 2024, España reconoció oficialmente al Estado palestino. Sánchez defendió entonces que la medida no se adoptaba contra Israel, sino con el objetivo declarado de contribuir a una solución política que permitiera la convivencia de Israel y Palestina en paz y seguridad.
Desde entonces, las relaciones políticas entre Madrid y Jerusalén se han visto atravesadas por sucesivos enfrentamientos diplomáticos, críticas públicas y fuertes diferencias sobre la guerra en Gaza.
Gaza desplazó el centro del debate
Con el paso de los meses, buena parte del debate público español pasó de centrarse en la masacre del 7-O a hacerlo en las consecuencias de la respuesta militar israelí.
Según las autoridades sanitarias de Gaza citadas, más de 74.000 palestinos han muerto desde el comienzo del conflicto. Esa cifra debe atribuirse expresamente a las autoridades locales y se produce en un contexto en el que la devastación de Gaza sigue siendo enorme.
Desde octubre de 2025 existe un alto el fuego impulsado por Estados Unidos, pero eso no ha supuesto el final de la violencia ni una resolución política definitiva.
Israel continúa controlando aproximadamente dos tercios de Gaza, Hamás mantiene presencia en parte del territorio y cuestiones centrales como su desarme, la retirada israelí y la reconstrucción permanecen sin resolver. Desde el comienzo del alto el fuego, más de 1.400 palestinos han muerto.
Los rehenes ya no permanecen en Gaza
Tres años después hay, sin embargo, una diferencia fundamental respecto de los aniversarios anteriores.
Ya no quedan rehenes israelíes en Gaza.
Los últimos restos de un rehén fueron recuperados en enero de 2026, cerrando uno de los capítulos más traumáticos abiertos por el 7 de octubre.
Por eso, este tercer aniversario es el primero en el que Israel conmemora la masacre sin tener ciudadanos todavía retenidos en Gaza.
España, dividida por el conflicto
El conflicto se trasladó también al debate político español.
La izquierda incrementó progresivamente sus críticas hacia Israel y hacia Netanyahu, mientras PP y Vox acusaron en distintas ocasiones al Gobierno de adoptar una posición excesivamente hostil hacia Israel o de desplazar el foco sobre la responsabilidad de Hamás en el origen de la guerra.
Al mismo tiempo, España vivió numerosas manifestaciones propalestinas, protestas universitarias, campañas de boicot y concentraciones en apoyo de Israel.
El conflicto terminó entrando de lleno en la discusión sobre política exterior, terrorismo, derechos humanos, reconocimiento de Palestina y relaciones internacionales.
El antisemitismo también creció
Otro de los efectos que merece especial atención es el aumento documentado de incidentes antisemitas.
El Observatorio de Antisemitismo registró 193 incidentes en España durante 2024 y 221 durante 2025, lo que supuso un incremento del 14,51% entre ambos años. La propia organización sostiene que el antisemitismo no ha dejado de crecer desde el 7 de octubre de 2023.
El Gobierno español, por su parte, ha reiterado que la crítica a la política del Gobierno israelí no puede traducirse en antisemitismo ni en hostilidad contra la comunidad judía.
Tres años después
El 7 de octubre de 2023 cambió Israel y cambió Gaza.
Pero también alteró las relaciones internacionales y abrió una fractura política que llegó con fuerza a España.
La posición del Gobierno español pasó por distintas fases: condena inequívoca del terrorismo de Hamás, exigencia de liberación de los rehenes, críticas crecientes a la ofensiva israelí y reconocimiento del Estado palestino.
Tres años después, Hamás no ha sido desarmado, Gaza sigue devastada, Israel mantiene presencia militar sobre buena parte del territorio y una solución política definitiva continúa lejos.
Y en España, el conflicto sigue formando parte del enfrentamiento político.
La masacre del 7-O ocurrió a miles de kilómetros.
Pero sus consecuencias terminaron llegando también hasta Madrid.
Javier De Andrés acusa al PNV de entrar en el «juego sucio» del Gobierno.
El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha criticado la decisión del Gobierno de llevar a la Diputación Permanente del Congreso los nuevos decretos sobre vivienda y ha reprochado al PNV que acepte estudiar unas medidas que, a su juicio, recurren a un procedimiento que constituye un “fraude de ley”.
De Andrés ha señalado que los dos decretos anteriores fueron rechazados por el Pleno del Congreso y ha cuestionado que, con las Cortes disueltas, los nuevos textos puedan someterse ahora a la Diputación Permanente. El dirigente popular considera que hacerlo de esta forma supone “una pérdida de calidad democrática”, al no estar representados en este órgano los 350 diputados.
El presidente del PP vasco ha extendido sus críticas al PNV por no cuestionar el procedimiento. “El PNV también monta la tienda de campaña en la Puerta del Sol”, ha afirmado, vinculando la posición de la formación jeltzale con las protestas sobre vivienda que se desarrollan en Madrid.
Sobre el contenido de los decretos, De Andrés ha sostenido que “no resuelven el modelo de vivienda” porque, según su valoración, no contemplan construir “una sola casa más” y “cuestionan la propiedad privada”.
El dirigente también ha situado este debate en el escenario de las elecciones generales del 29 de noviembre, que considera una oportunidad para modificar las políticas que, según sostiene, perjudican a la economía vasca.
De Andrés ha expresado además sospechas sobre posibles irregularidades en el voto por correo. Durante su comparecencia reconoció no recordar inicialmente los casos concretos a los que hacía referencia y posteriormente precisó que aludía a las elecciones municipales de Melilla de 2023. Sus afirmaciones sobre eventuales manipulaciones constituyen sospechas expresadas por el dirigente y la fuente facilitada no acredita irregularidades en el proceso electoral del 29-N.
Finalmente, ha avanzado que el Congreso del PP vasco, previsto inicialmente para los días 13 y 14 de noviembre, probablemente será aplazado por su coincidencia con el inicio de la campaña electoral.
Miguel Barrachina reivindica Fruit Attraction para abrir nuevos mercados.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado en Fruit Attraction 2026 la importancia de la promoción exterior para facilitar que los productos agroalimentarios valencianos lleguen a nuevos mercados y establezcan contacto directo con compradores y distribuidores internacionales.
La edición de este año reúne en IFEMA Madrid a más de 2.500 empresas expositoras y prevé superar los 121.000 profesionales procedentes de más de 150 países. La representación valenciana alcanza las 162 empresas y entidades, de las que 41 participan en el espacio agrupado de la Generalitat y otras 121 cuentan con presencia propia.
“El campo valenciano produce alimentos de enorme calidad y una feria como esta permite ponerlos directamente delante de compradores, distribuidores y operadores de todo el mundo”, ha señalado Barrachina.
El espacio de la Generalitat reúne productos de las tres provincias y una amplia representación hortofrutícola, con cítricos, aguacate, granada, uva de mesa, kaki, alcachofa, cebolla y ajo. También participan figuras de calidad como la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, la Granada Mollar de Elche, el Kaki de la Ribera del Xúquer, la IGP Cítricos Valencianos y la DOP Alcachofa de Benicarló.
Barrachina ha defendido que estos encuentros permiten a productores y empresas establecer contactos comerciales y conocer directamente las necesidades de compradores internacionales. “La mejor forma de defender la rentabilidad del agricultor es conseguir que el producto valenciano se venda más, llegue más lejos y tenga mayor valor en los mercados”, ha afirmado.
Feijóo quiere Moncloa, Abascal quiere crecer, Puigdemont vuelve y Sánchez pelea por sobrevivir.
Pedro Sánchez ha decidido que la vivienda será uno de los grandes ejes de la campaña del 29 de noviembre. Después de convocar elecciones y volver a aprobar dos decretos muy similares a los que habían caído días antes en el Congreso, el presidente intenta presentar la batalla electoral como una elección entre quienes quieren proteger a los inquilinos y quienes bloquean sus medidas. La operación política es clara: transformar una derrota parlamentaria en argumento de campaña y utilizar uno de los problemas que más preocupa a los españoles para movilizar a una izquierda que llega a las urnas con necesidad de recuperar impulso.
El problema para Sánchez es que la vivienda no empezó a ser un problema la semana pasada. Lleva años gobernando y tendrá que explicar por qué, después de tanto tiempo en La Moncloa, el acceso a una casa sigue siendo una de las mayores preocupaciones de jóvenes y familias. El Ejecutivo puede señalar a PP, Vox y Junts por haber tumbado sus decretos, pero también tendrá que responder por una política de vivienda que no ha conseguido generar suficiente oferta, contener los precios ni evitar que miles de personas sigan atrapadas entre alquileres cada vez más altos y una compra prácticamente inaccesible.
La estrategia socialista busca ahora llevar toda la discusión al terreno que más le conviene. Sánchez quiere hablar de fondos de inversión, desahucios, alquileres y protección de los inquilinos. PP y Vox intentarán mover el foco hacia otro lugar: falta de construcción, escasez de oferta, presión fiscal, seguridad jurídica y el balance de gestión de un Gobierno que lleva años anunciando soluciones sin haber logrado resolver el problema de fondo. Vox, además, tratará de incorporar a ese debate cuestiones como el acceso prioritario a la vivienda, la evolución demográfica y la presión que determinadas políticas públicas ejercen sobre un mercado ya tensionado. Ahí estará probablemente una de las grandes batallas de la campaña: el PSOE necesita que el elector llegue al 29-N pensando en quién le protege; la oposición necesita que llegue pensando en quién dejó que el problema creciera.
La posible huelga general por vivienda añade todavía más tensión. Los sindicatos preparan movilizaciones para noviembre y el asunto puede instalarse definitivamente en el centro de la campaña. Para Sánchez puede ser una oportunidad si consigue presentarse como el candidato que escucha el malestar social, pero también puede convertirse en un problema si ese mismo malestar se dirige contra el Gobierno por no haber actuado antes o por haber llegado tarde. La calle no pertenece a ningún partido y no siempre vota como espera quien intenta capitalizarla.
Mientras tanto, Feijóo y Abascal saben que no pueden regalarle al PSOE el debate de la vivienda. El PP intentará presentarse como la alternativa de gestión y aumento de la oferta, mientras Vox buscará reforzar su discurso sobre acceso a la vivienda, reducción de impuestos, seguridad jurídica y crítica a las políticas desarrolladas durante los años de Gobierno de Sánchez. Ambos necesitan sumar para desalojar al PSOE, pero también compiten por decidir quién interpreta mejor el desgaste del Ejecutivo y qué enfoque debe dominar el bloque de la derecha.
A todo esto se suma Puigdemont, que vuelve a entrar en el centro de la política nacional después del paso dado por el Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación. Para Sánchez, su regreso potencial es un arma de doble filo. Puede defender que la amnistía ha servido para normalizar Cataluña, pero también vuelve a recordar hasta qué punto su legislatura dependió de Junts y de acuerdos que fueron duramente cuestionados por la oposición. En plena campaña, PP y Vox utilizarán esa relación para insistir en que el Gobierno estuvo condicionado por el independentismo.
La clave de las próximas semanas será quién consigue imponer el marco. Sánchez quiere que las elecciones se conviertan en un plebiscito sobre vivienda, derechos sociales y protección de los inquilinos. La oposición quiere que sean un juicio sobre años de Gobierno, desgaste institucional, amnistía, pactos y falta de soluciones estructurales. Ahí se juega buena parte del 29-N.
La vivienda puede ser la gran bandera de Sánchez, pero también puede convertirse en su principal contradicción. Porque quien gobierna durante años no puede presentarse como si acabara de llegar al problema. Y esa será una de las preguntas centrales de esta campaña: si la vivienda es hoy una emergencia, ¿quién tiene que explicar por qué España llegó hasta aquí?
Pablo Arias: «Europa necesitaría construir casi 10 millones de viviendas»
El Partido Popular ha defendido en el Pleno del Parlamento Europeo que la futura legislación europea sobre vivienda asequible se centre en aumentar la oferta, agilizar las licencias, movilizar suelo y reducir la presión fiscal.
Durante el debate, el eurodiputado Borja Giménez Larraz, que según la información facilitada ha liderado el informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda, ha cuestionado el enfoque de la propuesta impulsada por la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.
Giménez Larraz ha criticado especialmente las posibles restricciones a la adquisición de segundas residencias y al alquiler temporal. Frente a estas medidas, ha defendido que el principal problema que debe abordar Europa es la insuficiente oferta de vivienda.
El eurodiputado ha utilizado España como ejemplo para cuestionar las políticas de intervención del mercado. Según los datos recogidos por el PP, el precio de compra habría aumentado un 74 % y el alquiler un 45 %, mientras existiría un déficit de oferta de 750.000 viviendas. Estas cifras corresponden a la argumentación aportada por la formación en la fuente facilitada.
El PP plantea como alternativa movilizar suelo, acelerar las licencias, reducir impuestos, impulsar la industrialización de la construcción, atraer inversión y reforzar la seguridad jurídica.
En el mismo debate, el eurodiputado Pablo Arias, coordinador del PPE en la Comisión de Mercado Interior según la fuente, ha asegurado que Europa necesitaría construir “casi 10 millones de viviendas para cubrir la demanda”.
“No podemos conformarnos con redistribuir una escasez que seguirá existiendo si no construimos más”, ha afirmado Arias, que también ha defendido incentivos fiscales para facilitar a los jóvenes la adquisición de su primera vivienda.
Ester Muñoz reclama investigar al PSOE como persona jurídica.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado que el Partido Popular, personado como acusación popular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite al PSOE en calidad de investigado como persona jurídica.
Durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Muñoz ha señalado que la solicitud se refiere a cinco presuntos delitos y ha sostenido que, según la tesis jurídica del PP, concurren los requisitos establecidos por la doctrina del Tribunal Supremo para investigar a una persona jurídica.
La portavoz popular ha relacionado esta petición con las declaraciones incorporadas durante los últimos meses a la investigación sobre las denominadas por el PP “cloacas”. Según Muñoz, esos testimonios habrían permitido conocer cómo actuaba una presunta estructura dentro del PSOE. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la acusación popular y no equivalen a hechos judicialmente probados.
Muñoz también ha abordado la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha realizado un balance muy crítico de la legislatura de Pedro Sánchez. Entre otras expresiones, ha afirmado que Sánchez “regaló la dignidad del Estado a cambio de la legislatura” y que la denominada “mayoría progresista” fue, a su juicio, “una mentira”.
De cara a las elecciones, la portavoz del GPP ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar y ha contrapuesto los modelos políticos de PSOE y PP. “No hay nada hecho y el cambio de España está en nuestras manos”, ha señalado.
Muñoz ha defendido asimismo que los ciudadanos necesitan “un presidente que use las instituciones para trabajar por ellos y no para defenderse a sí mismo” y ha insistido en la importancia de la participación electoral el próximo 29-N.
Santos Cerdán centra la petición del PP para investigar al PSOE por cinco delitos.
El Partido Popular ha solicitado, en su condición de acusación popular, que el PSOE sea citado como investigado en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre las denominadas por el PP “cloacas socialistas”.
Según el escrito descrito por el PP, la petición presentada ante el juez instructor Santiago Pedraz se refiere a presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos.
La formación sostiene en su escrito que se habría constituido una presunta “organización criminal” liderada por quien entonces era secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con el supuesto objetivo de proteger intereses del Gobierno y del PSOE ante investigaciones judiciales. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones formuladas por el PP en el procedimiento y no equivalen a hechos judicialmente probados.
El PP atribuye asimismo un papel a la gerente socialista, Ana María Fuentes Pacheco, y sostiene que medios operativos y financieros del partido habrían sido utilizados para sufragar actividades relacionadas con la supuesta trama. Entre otros nombres, el escrito menciona a Leire Díez, Jacobo Teijelo, Ismael Oliver y Gaspar Zarrías.
La formación también sostiene que se habrían realizado actuaciones dirigidas a influir sobre fiscales y miembros de la Guardia Civil y relaciona estos hechos con el funcionamiento de las investigaciones de la UCO.
A partir de estos argumentos, el PP solicita que la investigación alcance al PSOE como persona jurídica y vincula esta petición con otras causas judiciales en las que ha cuestionado la financiación socialista.
Las referencias a una “organización criminal”, “cloacas” o financiación ilegal corresponden a la tesis y terminología de la acusación popular recogida en la fuente facilitada; el texto no aporta una resolución judicial que declare probados esos extremos.
Lorena Roldán reacciona a la amnistía de Puigdemont: «Se cierra el círculo»
Lorena Roldán ha reaccionado a la decisión del Tribunal Constitucional sobre Carles Puigdemont asegurando que “se cierra el círculo” de la legislatura de Pedro Sánchez.
Roldán ha relacionado la amnistía de Puigdemont con los acuerdos políticos alcanzados al comienzo de la legislatura para la investidura de Sánchez. “La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de siete votos a cambio de la amnistía”, ha afirmado.
La dirigente popular sostiene que la decisión conocida ahora supone el desenlace de aquel acuerdo político. “Esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura”, ha señalado.
Las expresiones “chantaje”, “compra de siete votos” y “último pago” forman parte de la valoración política realizada por Roldán sobre los acuerdos de investidura y la amnistía.